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El 2 de julio de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó el informe A/HRC/44/20 denominado “Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela”, el cual ha contado con el cuestionamiento de las autoridades venezolanas por exhibir de manera inconsistente supuestas situaciones en materia de DDHH que no se corresponden con la realidad.
Las objeciones del estado venezolano hacen constar que, pese a la presencia en el país de una comisión especial de la OACNUDH, esta omitió en su reciente informe muchos de los datos ofrecidos oportunamente por las autoridades de los distintos poderes y en lugar de ello “respaldaron” su informe acorde a informaciones provenientes de instancias seriamente cuestionadas, algunas de ellas beneficiarias de financiamiento extranjero (con fuentes como la USAID y NED) y que han tenido un rol abiertamente comprometido en realizar acciones infundadas de descrédito de las instituciones nacionales con fines políticos.
A pesar de esto, se hace necesario destacar las diferencias sustanciales de este informe con respecto a los anteriores emitidos por la misma oficina. En esta oportunidad el informe explica el avance de las relaciones de cooperación y asistencia técnica entre la OACNUDH y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, reforzadas a partir de la Carta de Entendimiento firmada el pasado 20 de septiembre de 2019 entre ambas instancias.
Uno de los resultados más evidentes de esta colaboración yace en el carácter general del documento, el cual se distancia notablemente del desacertado y altamente cuestionado informe sobre Venezuela presentado por la Alta Comisionada en julio de 2019 (A/HRC/41/18). Este nuevo documento podría considerarse un poco más ajustado a la realidad en aspectos significativos y, en efecto, en buena parte de sus ítems hay una contrastación de sus análisis empleando información sólida y oficial.
El nuevo informe tiene una tímida pero destacable intencionalidad en la profundización del conocimiento de la OACNUDH sobre los detalles y excepcionalidades de la situación económica, política y social de Venezuela, que tradicionalmente se han conocido puertas afuera del país de manera sesgada, incompleta y sin rigor. Lo cual refiere un levantamiento más fidedigno de esta instancia internacional, de los eventos y causales de la situación integral de los DDHH en el país.
Reconocimiento del impacto de las medidas coercitivas y unilaterales (MCU) contra la población
El documento por momentos refiere datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), adscrita al Sistema de Naciones Unidas, para señalar que en 2019 la economía se contrajo un 25,5% y se prevé que en 2020 se contraiga entre un 13% y un 28%. Entre las causas de esta caída, reconocen el impacto de las MCU contra la totalidad de la economía venezolana, agregando que el estado actual de la misma obedece a causas “multisectoriales” siendo las MCU de las más citadas en este documento.
Taxativamente refieren que “el aumento de las sanciones económicas y financieras ha exacerbado la crisis económica y social preexistente al mermar recursos que podrían haberse utilizado para proteger más adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos”, dejando de manera clara el carácter criminal y de lesa humanidad de las MCU como generadoras de privaciones a la población venezolana.
El informe indica textualmente a las acciones “formales” del gobierno estadounidense en el bloqueo íntegro a la economía venezolana. Las referencias son precisas sobre el congelamiento de bienes venezolanos en EEUU durante 2019, la inhabilitación de PDVSA del mercado petrolero internacional, el congelamiento de cuentas y haberes y las medidas específicas sobre la aerolínea estatal Conviasa.
Textualmente, los funcionarios de la OACNUDH dicen:
“En agosto de 2019, el Gobierno de los Estados Unidos de América promulgó un decreto presidencial por el que se bloqueaban los bienes y los intereses financieros del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en aquel país, se prohibía a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y se autorizaban sanciones financieras a personas de otras nacionalidades que asisten o apoyan al Gobierno de Venezuela o a la corporación estatal de petróleos PDVSA. En el primer semestre de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos de América adoptó sanciones secundarias contra la aerolínea estatal Conviasa y las empresas extranjeras que compran y distribuyen petróleo venezolano en mercados no estadounidenses”.
Pero por otro lado la OACNUDH ha dado por cierta la existencia de estragos más allá de las medidas “formales”, es decir, la aplicación de un bloqueo “informal” sobre la economía venezolana que se erige a expensas de las presiones e intimidación a empresas estatales y privadas de muchos países para que no realicen negocios con Venezuela.
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha afirmado que el exceso de cumplimiento (over-compliance), especialmente en el sector financiero, se ha traducido en controles más estrictos, retrasos administrativos y costos de transacción para las importaciones”, señalan.
En referencia a las MCU contra PDVSA y el veto de Venezuela del mercado petrolero, el informe señala que “estas sanciones sectoriales han afectado a la economía de la República Bolivariana de Venezuela en su punto más débil, ya que el 88,5%, aproximadamente, de sus exportaciones totales son productos petrolíferos”.
Consideración de las medidas efectivas del gobierno venezolano para estabilizar la economía
El informe ha referido textualmente que las medidas aplicadas por el gobierno venezolano en materia monetaria desde el año 2019 han servido para “contener ligeramente la hiperinflación y aumentar la disponibilidad de bienes”. Este es un salto narrativo significativo en comparación con el informe anterior, el cual solo refería una “ineficaz” política económica de las autoridades venezolanas.
En una referencia negativa que indicaba el bajo valor del salario mínimo en Bolívares Soberanos al cambio frente al dólar, el informe también explica los esfuerzos en materia de ajuste nominal del salario mencionando su aumento “en un 1.200% desde el mes de julio de 2019 al mes de mayo de 2020”.
De la misma manera, en el informe presentado, valoran positivamente las políticas de inversión social, el subsidio de los servicios públicos y las modalidades de asignación económica del Estado.
“En enero de 2020, el Gobierno informó que el gasto social representaba el 76% del presupuesto nacional y que había mantenido la distribución de alimentos subvencionados a unos 6,2 millones de hogares. También informó de que seguía transfiriendo dinero periódicamente a unos 17 millones de personas, titulares del ‘Carnet de la Patria’, y manteniendo un alto nivel de subvención de la mayoría de los servicios públicos”.
Gestión del gobierno venezolano frente a la pandemia Covid-19 e impacto de las MCU
El documento refrenda la posición de Venezuela como uno de los países con menos casos confirmados de Covid-19 en el continente, reconociendo tácitamente la efectividad de las medidas aplicadas en el país en el marco de esta crisis sanitaria “gracias a la cuarentena temprana, la identificación anticipativa de casos positivos y las campañas de información”, refiere el informe citando al gobierno venezolano.
También explican los impactos de las MCU en la lucha del gobierno y la sociedad venezolana contra la pandemia actual.
“Las sanciones han obstaculizado la importación de combustibles y disolventes lo cual ha agravado la escasez de combustible, lo que a su vez ha perturbado la producción y distribución de alimentos y restringido el acceso a los servicios de transporte y de salud, complicando aún más la respuesta a la COVID-19”.
De esta manera el informe deja como precedente oficial por parte la OACNUDH el significado y gravedad de las MCU como delitos de lesa humanidad en el marco de vulnerabilidad y riesgo que ha generado la actual crisis sanitaria. Este es un elemento de alto valor. Para el Sistema de Naciones Unidas queda sentado en uno de sus informes oficiales el grado de peligrosidad que reviste para Venezuela el sostenimiento de la política de “máxima presión” que sigue ejecutando la Administración Trump en tiempos de la pandemia más grave en el planeta en los últimos 100 años.
En referencia a los pueblos indígenas, la pandemia y las MCU indicaron que “la escasez de combustible ha impedido el acceso al tratamiento médico fuera de sus territorios, a menudo aislados, y ha exacerbado el problema del acceso a los alimentos”.
El informe indica el proceso de regreso y repatriación de migrantes venezolanos provenientes de países vecinos en el marco de la pandemia refiriendo la labor del ejecutivo venezolano en su atención. Otro punto de atención que marca distinción con respecto al informe anterior, el cual solo desglosó detalles falsificados y destemplados de la diáspora venezolana y en base a datos y fuentes poco confiables.
Reconocimiento y rechazo de acciones mercenarias y sedición contra la seguridad y estabilidad del país
El informe refiere los eventos de la “Operación Gedeón”, indicando textualmente:
“Durante el período al que se refiere el presente informe, el Gobierno declaró que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia habían frustrado varios intentos de insurrección, rebelión y asalto a bases militares, entre ellos una incursión de antiguos miembros de las fuerzas armadas venezolanas y dos antiguos miembros de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América en el estado Vargas, los días 3 y 4 de mayo de 2020”.
Este elemento es un referente del alcance político de las denuncias de Venezuela ante las instancias internacionales, que a diferencia de otros momentos en que fueron menoscabadas, son reseñadas ahora como una preocupación desde el gobierno de Venezuela, con énfasis en la estabilidad interna, la paz nacional y la seguridad estratégica del país sudamericano y la región.
Este punto entonces deja registro ante instancias internacionales e instituciones del Sistema de Naciones Unidas sobre las amenazas concretas a la paz en Venezuela y los riesgos de situaciones bélicas, sedición y conflicto interno que colocan en riesgo la situación integral de los DDHH en el país.
También hay una legitimación al derecho del estado venezolano en proteger la seguridad interna actuando contra estos elementos perniciosos avocados a la sedición y a la fabricación de un conflicto bélico en el país. Sobre ese ítem, dice el documento en una de sus conclusiones:
“El ACNUDH condena los varios intentos reportados de insurrección armada contra el Gobierno y reconoce su derecho a impedir esos actos, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos, y a procesar con justicia a los implicados”.
Sobre la labor policial frente a los derechos ciudadanos
En un salto narrativo importante, a diferencia del informe anterior publicado en julio de 2019, la misión de la ACNUDH en Venezuela dio reconocimiento, aunque con otras objeciones, al rol de las instancias del orden público en el país para el manejo de situaciones de conflictividad y desorden público.
Indican que “los oficiales de seguridad actuaron por lo general de manera contenida y, en la mayoría de los casos, respetaron las normas y estándares internacionales en materia de control de multitudes. El Gobierno organizó programas de capacitación para las fuerzas de seguridad sobre el uso de la fuerza y las normas de derechos humanos”.
Reconocen los esfuerzos por desarrollar políticas de seguridad apegadas a los DDHH, incluyendo la reforma policial. “El ACNUDH reconoce los anteriores esfuerzos del estado por desarrollar políticas de seguridad coherentes con el derecho internacional, que culminaron con la creación en 2006 de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL)”, señalan.
El informe menciona expresamente la Gran Misión Cuadrantes de Paz y citan la disminución de los homicidios en el país. “Entre 2016 y 2019 la tasa de homicidios se redujo de 56 a 21 por cada 100.000 habitantes”, indica el texto.
Por otro lado, y aun con señalamientos contra cuerpos como las Fuerzas de Actividades Especiales (FAES), el informe refiere la lucha institucional desde las fuerzas policiales e instancias de justicia para el respeto a los DDHH. Indica el texto que
“entre 2017 y el primer trimestre de 2020, se acusó de homicidio a un total de 731 miembros de las fuerzas de seguridad; 492 de ellos fueron imputados, 436 fueron privados de libertad y 117 condenados por el delito de homicidio. En ese mismo período, el Ministerio Público inició 4.890 investigaciones por las muertes violentas en el marco de las operaciones de seguridad, de las que en marzo de 2020, 4.861 se encontraban en su fase preliminar, 15 en su fase intermedia y 13 en juicio”.
Cabe resaltar que este nuevo informe no repite su recomendación de disolver las FAES. En cambio, recomienda restringir las funciones de las fuerzas especiales y reforzar los mecanismos de supervisión.
Sobre el sistema de justicia y sistema penitenciario
El documento menciona las medidas adoptadas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios para garantizar los derechos humanos, incluyendo la inversión en infraestructura y la implementación del nuevo régimen penitenciario. Reconoce la disminución de la violencia en los centros penitenciarios.
Acorde al informe, el levantamiento de la información sobre este ítem se realizó directamente por los integrantes de la comisión.
“Se efectuaron 13 visitas a 11 centros penitenciarios, 10 de ellos administrados por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y uno por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. El ACNUDH entrevistó a 134 personas detenidas con ocasión de dichas visitas. El ACNUDH manifiesta su agradecimiento por la cooperación positiva de las autoridades que permitieron el acceso a los centros en cuestión”, indican.
Aunque el informe refiere la gravedad del problema del retardo procesal como principal causa del hacinamiento carcelario, reconocen las medidas adoptadas por las instituciones venezolanas para degradarlo.
Sobre los temas de política interna nacional
El referido documento ha tenido una variación narrativa importante desde el informe anterior en este punto. En este documento se refuerza el reconocimiento del Sistema de Naciones Unidas al gobierno legítimo y en funciones liderado por el presidente Nicolás Maduro, así como a las instancias que componen el tejido institucional del país.
A contracorriente de una parainstitucionalidad y pseudodiplomacia que ha pretendido ser construida fuera de Venezuela mediante la formulación de un gobierno paralelo con factura estadounidense, la institucionalidad venezolana única y legítima refuerza sus vínculos con estas instancias internacionales como la OACNUDH, lo que ha quedado ampliamente ratificado por ella mediante la relación de colaboración institucional que ha hecho posible este informe.
En segundo lugar, hay una sólida valoración en el documento sobre la necesidad de un diálogo político interno, con referencia a la necesidad de que esto allane las posibilidades de un mejoramiento en la situación económica y social del país.
“La grave crisis económica y social y el estancamiento político están afectando a millones de venezolanos y exigen el que todas las partes interesadas adopten medidas urgentes. El ACNUDH reitera su llamamiento en favor de un diálogo político y social inclusivo basado en un programa integral de derechos humanos, y está dispuesta a prestar su apoyo para conseguir que los derechos humanos de todos los venezolanos estén en el centro de una solución negociada y pacífica”, indica el documento.
Adicionalmente, hay una valoración positiva por los acuerdos que el chavismo ha consagrado con diversos sectores de la oposición política venezolana, en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional.
Para los elaboradores del informe es positivo el saldo de la Comisión de la Verdad, Justicia, Paz y Atención a las Víctimas de la violencia política, por lo cual “el poder judicial ha concedido la libertad condicional a 43 personas (36 hombres y seis mujeres)”.
Sobre el tema de los detenidos por el estado venezolano, al ser muchos de ellos señalados de participar en actividades lesivas a la República, ha sido uno de los principales denominadores del argumentario adverso al chavismo en materia de DDHH en el extranjero y que ha sido instrumentado por instancias no gubernamentales e instituciones, como el propio Consejo de DDHH de la ONU en una eventualidad. Sin embargo, aún en los tonos de objeción y referencias específicas donde señalan “arbitrariedades”, hay reconocimiento al estado de “avances” en esta materia.
El informe indica que “en mayo de 2020, se concedió la libertad condicional a 24 personas detenidas en la DGCIM de Boleíta y el SEBIN de Helicoide. Esto ocurrió tras la liberación de 62 personas de conformidad con los compromisos adquiridos con ocasión de la visita a la República Bolivariana de Venezuela de la Alta Comisionada, figurando entre ellos los casos calificados de arbitrarios por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria”.
Hay que puntualizar también que la categoría de “presos políticos” desapareció en este informe. Esta es sustituida por la categoría de personas detenidas “de manera arbitraria o ilegal”. Ese elemento no es un dato menor.
Sobre el caldeado tema de la situación de los detenidos por las instancias judiciales y que han sido privados de libertad, sobre sus procesos judiciales y derechos elementales, la palabra “violaciones” prácticamente desaparece de este informe y es sustituida por otros adjetivos claramente matizados.
Valoración de conjunto que realiza el ACNUDH
La Oficina de la Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a diferencia de su informe de julio de 2019, en esta oportunidad refrenda los atributos de la colaboración institucional que han tenido con el Gobierno Bolivariano y que hizo posible la realización del nuevo informe. Lo hicieron de manera reiterada en el documento, superando con ello la tesis de un gobierno y un país amurallado y de espaldas a la institucionalidad internacional como en ocasiones se ha pretendido hacer ver.
Ello tiene el atributo político de reseñar de manera tácita que Venezuela no tiene nada que esconder en esta materia y que el ejercicio de una institucionalidad transparente y avocada al resguardo de los derechos humanos y garantías sociales son elementos vigentes y congruentes en el estado democrático venezolano.
Puede leerse como una valoración significativamente favorable, la posición diligente del estado en atender recomendaciones que han sido emanadas desde el ACNUDH, que ha quedado referida en el documento de la siguiente manera, como la primera de sus conclusiones:
“El ACNUDH acoge con agrado el aumento de la cooperación con las autoridades para promover el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos gracias a su presencia en el país. El ACNUDH también manifiesta su satisfacción con los esfuerzos del Gobierno para comprometerse aún más con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular con el sistema de procedimientos especiales, y mediante el establecimiento de un mecanismo nacional de presentación de informes y seguimiento. La ampliación del acceso del ACNUDH a los centros de detención y a las personas detenidas y la consolidación del mecanismo establecido para remitir a las autoridades los casos individuales constituyen instrumentos de protección fundamentales que podrían servir de catalizadores de las reformas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos”.
Otro aspecto a subrayar es el cuido en la redacción del documento que puede percibirse transversalmente. El tono es en efecto respetuoso en comparación a la semiótica del informe anterior, da más espacio a insumos y datos emanados desde las instituciones venezolanas y su tono de recomendaciones es congruente con la tonalidad de una institución como el ACNUDH, es decir, más apartada de una tonalidad injerencista.
De esta manera, señalan, aunque sostienen que la mayor parte de las recomendaciones emanadas en el polémico informe A/HRC/41/18 “siguen siendo válidas”, las nuevas recomendaciones tienen carácter “complementario” y pretenden “orientar” al gobierno venezolano sobre la adopción de medidas concretas para abordar los “problemas” de DDHH que han señalado en el nuevo informe.
En síntesis, ante el desuso de la frase “violaciones de derechos humanos” en este informe, la aparición de términos alusivos a “problemas” por “resolver”, dan una clara distinción al carácter matizado del referido documento.