Recientemente, el gobierno estadounidense recrudeció sus posturas contra el gobierno venezolano y atacó la reelección de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial, ante lo cual calificaron, por primera vez, al excandidato opositor Edmundo González Urrutia como "presidente electo".

A partir de este momento, una nueva etapa de desconocimiento al gobierno venezolano parece abrirse paso con el objetivo de mantener los "fundamentos" políticos y técnicos de las sanciones ilegales que Washington ha aplicado sobre Venezuela.

Por su parte, el Congreso estadounidense aprobó la denominada "Ley BOLÍVAR", un documento bipartidista con el que marcan la ruta de asedio continuado contra el Estado venezolano, contra sus autoridades y contra la economía del país en su conjunto.

El advenimiento de un nuevo gobierno de Donald Trump desde enero próximo, aunado a los elementos acumulados de presión en ascenso, permite presumir que podría reeditarse la "máxima presión".

Marco Rubio, designado por el presidente reelecto para el cargo de Secretario de Estado, es considerado un ferviente activista del antichavismo en Estados Unidos. Sus conocidas alianzas con sectores extremistas de la oposición venezolana prefiguran un escenario de nuevas presiones contra Venezuela, a solicitud de estos factores.

María Corina Machado, quien es ahora el rostro del ala dura prosanciones, ha referido el uso de presiones adicionales contra el país a fin de producir un cambio de régimen.

Los lugares comunes y el relanzamiento de arengas a favor del recrudecimiento del bloqueo representan un flashback del 2019.

La oposición, o al menos una parte preponderante de ella —la más vinculada a la política de Washington— refuerza el argumentario a favor del cerco, lo cual abre el espacio para una nueva diatriba sobre las características y viabilidad de la coerción como método para el cambio de régimen.

RESISTENCIAS aNTE una "máxima presión" 2.0

La cuestión de las sanciones integrales contra la industria petrolera venezolana y, en consecuencia, sobre la economía en su conjunto —por el vínculo profundo entre las actividades petroleras y los demás sectores— ha sido abordada frecuentemente desde muchos ángulos de la opinión pública.

Algunas interpretaciones sobresalientes han surgido estos años, especialmente desde sectores no afines al chavismo, tal como fue el caso del gremio patronal Consecomercio.

En septiembre de 2023 su presidente, Gustavo Valecillos, cuestionó el uso de estas herramientas de guerra económica y refirió las consecuencias directas e indirectas para el sector comercial del país, señalando que los empresarios también han sido "víctimas" de tales medidas al restringirse su espacio de relacionamiento internacional.

Entretanto, el principal gremio patronal de Venezuela, Fedecámaras, también ha expresado su rechazo a las medidas coercitivas, según lo ha manifestado en diversas oportunidades su presidente, Adán Celis.

En Fedecámaras hay una opinión mayoritariamente adversa al hostigamiento ilegal infligido contra la economía. Esto fue reflejado en una encuesta dirigida a empresarios integrantes de ese gremio, difundida en enero. "81% de las empresas privadas venezolanas se ven afectadas negativamente por las sanciones", indicó la patronal.

En el ámbito de la opinión pública y la percepción social, desde hace varios años diversas mediciones vienen registrando un alto repudio a las sanciones económicas, en niveles superiores a 75%, hasta en 85%. Estos datos son transversales a todos los sectores políticos, síntoma de una mayoría de opinión políticamente heterogénea, lo cual le da forma de sentimiento común.

En febrero pasado la firma Datanálisis registró esa inconformidad mayoritaria. Su presidente, Luis Vicente León, acotó que más de 69% de los venezolanos rechaza la reimposición de las sanciones a Venezuela como mecanismo de presión política.

En ese sentido, explicó que pensar que la reimposición de las medidas contra el petróleo venezolano es un mecanismo de presión para obligar al gobierno de Nicolás Maduro a negociar o entregar el poder "es olvidar que, hace escasos meses, esa sanciones estaban ahí y su impacto para lograr ese objetivo fue absolutamente nulo".

León apuntó que lo que realmente están diciendo quienes piden regresar a la estrategia sancionatoria "es que han sido completamente incapaces de desarrollar una estrategia efectiva para resolver la crisis política del país, por lo que prefieren el simplismo de vender la idea de que están 'castigando' a Maduro con sanciones que, al final, han demostrado que castigan infinitamente más a la población, a la infraestructura, a los sectores productivos y al país en general".

Hace poco la plataforma opositora Foro Cívico realizó una gira por varios países europeos, desde donde expusieron señalamientos contra los resultados de las elecciones del 28 de julio. Pero advirtieron que la estrategia de asedio a Venezuela debía desarrollarse mediante métodos alternos a la "máxima presión", dado su registro como política "fallida" y su daño sobre la economía y sobre la población.

Esto les valió críticas. La plataforma fue acusada de "lavarle la cara" a Maduro y han tenido que desmentirlo, situación que derivó en un intenso debate entre opositores de distintas corrientes, entre quienes se inclinan por sanciones y quienes consideran que son contraproducentes.

María Corina Machado, Magalli Meda y otros actores como Leopoldo López han calificado los argumentos similares a los de Foro Cívico como parte de una supuesta "estrategia normalizadora del régimen".

Otro caso es el de Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Maryland (Estados Unidos), jefe de la firma Torino Capital y propulsor de la dolarización absoluta en Venezuela en la campaña de Henri Falcón de 2018. Rodríguez publicó un artículo en el medio estadounidense Foreing Affairs en la línea de la inviabilidad política y económica de la "máxima presión".

Aludió a los impactos económicos y sociales del bloqueo, pero agregó que su recrudecimiento más bien fortalecería a Maduro al facilitar el control estatal y las acciones discrecionales del gobierno sobre la economía.

Pero la "estrategia normalizadora" va más allá de algunos venezolanos. El think tank estadounidense Atlantic Council, institución que posee un amplio registro de análisis alusivos y favorables a un cambio de régimen en Venezuela, publicó un artículo de David Voght y Patricia Ventura en el que indican la posible "efectividad" de métodos distintos a la "máxima presión" en Venezuela.

La investigación se centra más en el contexto geopolítico-energético al referir que para Estados Unidos sería más acorde a sus intereses prolongar licencias en Venezuela, alejar al país de China, Irán y Rusia, y "mantener las regulaciones" que las licencias hacen efectivas, en cuanto a los ingresos a la nación.

El análisis mantiene la línea de que recrudecer el bloqueo es contraproducente para la población, afecta el apoyo a la oposición y reduce las capacidades de maniobra de Estados Unidos en cuanto a "influir" sobre las dinámicas internas del país.

No es la primera vez que este think tank asume esta línea. En septiembre pasado David L. Goldwyn, actual presidente del Grupo Asesor de Energía del Atlantic Council y exfuncionario en materia de energía de los gobiernos de Bill Clinton y Barack Obama, refirió en una publicación "los efectos indeseados" del hostigamiento, como la migración venezolana, y un "impacto económico" interno de grandes repercusiones.

Goldwyn señaló que Estados Unidos "debe aprender de sus errores del pasado", incluidas las políticas del primer gobierno de Trump hacia Venezuela.

Es necesario entender que estas posturas no se basan únicamente en enfoques particularizados de grupos específicos de análisis. En realidad, el propio Congreso de Estados Unidos —pese a su política bipartidista sobre Venezuela— mediante su Servicio de Investigación publicó en enero de este año un informe que admite que desde 2005 Estados Unidos ha impuesto sanciones individuales y colectivas contra funcionarios y contra la economía venezolana.

El informe detalla que, además de generar una crisis económica, las medidas no han garantizado alcanzar el objetivo de cambio de régimen. 

ESTRATEGIA DE ALTO COSTO

Tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia han solicitado por vías públicas y privadas aumentar la presión contra Venezuela a través de medidas coercitivas. Junto a ellos, otros actores políticos como Juan Guaidó, Leopoldo López y Antonio Ledezma han azuzado a la entrante administración Trump a impulsar estos mecanismos.

Tal estrategia luce claramente costosa. Carece de consenso entre grandes sectores en Venezuela, pero además divide los grupos de análisis en Estados Unidos y en el ámbito internacional.

¿Cuál es la viabilidad política de un enfoque demostradamente fallido y que además goza de rechazo en múltiples niveles dentro y fuera de Venezuela? Las posibilidades de efectividad de una nueva etapa de "máxima presión" yacen en su propósito instrumental en el corto plazo más que en sus capacidades en el largo plazo. Es decir, solo tendría efectividad en un escenario dentro del umbral de la actividad armada.

O al menos eso es lo que pretenden hacer creer los opositores radicales al asegurar que "Ya Casi Venezuela" cumplirá sus objetivos, o que el gobierno será destituido "muy pronto", según María Corina Machado, por lo cual es necesario incrementar la presión.

Es decir, Machado reedita los discursos de la era del "interinato" de Guaidó, cuando se dijo ante la opinión pública que las sanciones colocaban a Maduro a "horas" para su caída.

En este 2024 hay una contradicción notoria. Si el chavismo está en la puerta de salida y Edmundo González "será juramentado el 10 de enero en Caracas", tal como afirman Machado y el mismo González, es incongruente que pidan a Washington medidas de desgaste y de largo aliento.

Dicha incoherencia confluye en el debate que hoy existe entre diversos grupos del antichavismo, pues los hay quienes rechazan las sanciones y desean defender sus espacios políticos en elecciones parlamentarias, regionales y municipales en 2025, y quienes no desean "pasar la página", solicitar más coerción y atacar todo elemento opositor de la llamada "agenda normalizadora".

Básicamente, el tema de las sanciones, que había sido parcialmente zanjado al publicarse licencias desde la administración Biden, ha recrudecido hasta incrementar la diatriba opositora y profundizar su pérdida de cohesión política.

El eventual despliegue con vistas a agudizar el bloqueo perjudicará a la oposición en su conjunto; ese costo no reconocerá las divisiones en el debate y perjudicará a todos, incluidos a quienes se oponen a esta.

Machado parece no escatimar en esos costos pues ella particularmente no tiene que abordarlos como referente político. No fue candidata presidencial, no podrá serlo en las condiciones actuales, está requerida por la justicia y está en fuga. Así que al representar, junto a Edmundo González, a "la oposición venezolana", fungirán como "El flautista de Hamelin" en una estrategia que, de no conseguir los resultados esperados, guiará a la oposición en pleno a un nuevo precipicio.

Machado y González, a la espera de los favores de Marco Rubio y, nuevamente, al delegar en el gobierno de Trump sus posibilidades de destituir el chavismo, establecen una hoja de ruta que, al menos en el frente internacional, socava enormemente la posición de otros factores opositores que son sujetos activos en la política dentro del país.

Esta nueva etapa podría tener consecuencias que desmembren las orgánicas de partidos opositores, la relación que han tenido con los gremios patronales y destruyan aun más el vínculo de los dirigentes con el sentido común de la sociedad, la cual rechaza mayoritariamente el bloqueo.

Entretanto, el chavismo ha emprendido dos frentes; uno de ellos es la Ley Libertador Simón Bolívar, que establece mecanismos concretos sancionatorios contra las formas tipificadas de "Traición a la Patria" y apoyo de sanciones y agresiones externas.

Otro frente es el de la modificación de las Leyes Electorales, acción que incluye bancadas opositoras. Estas iniciativas de leyes proponen una reforma institucional que supone nuevos cánones para el ejercicio legal de la política y la elegibilidad para cargos de gobierno. Se estima que las nuevas leyes cierren la puerta a quienes cometan faltas graves, como las de solicitar, suscribir o apoyar estas formas de asedio continuado al país.

Dicha estrategia de remodelación de los términos para el desarrollo de la política podría cambiar considerablemente el ecosistema de partidos, alianzas y correlaciones de fuerza. El chavismo ha aprendido de los ciclos de presión anterior y ha decidido blindar el sistema político para aislar a ciertos factores a consecuencia de sus prácticas lesivas contra la nación.

De esta manera, algunos partidos opositores y dirigentes activos en Venezuela tendrán que deslindarse y usar sus orgánicas políticas para resistir la fuerza de gravedad de Machado, que los arrastra hacia un nuevo abismo.