La necesidad de diálogo entre los gobiernos de los presidentes Nicolás Maduro e Irfaan Ali se manifestó en la reunión del más alto nivel realizada el jueves 14 de diciembre en Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas.

El encuentro se dio en el marco de las tensiones que se vienen acumulando en los últimos años, sobre todo en meses recientes, tras la entrega de concesiones petroleras a transnacionales energéticas en aguas por delimitar entre Venezuela y Guyana por parte de Georgetown y el referendo consultivo del 3 de diciembre convocado por la Asamblea Nacional venezolana.

Con los resultados del referendo consultivo, el Estado venezolano comenzó a delimitar su carta de navegación para llevar a cabo acciones en defensa de los derechos históricos y legítimos que tiene Venezuela sobre la Guayana Esequiba, cuestión que presionó al gobierno de Ali para que, por fin y tras numerosas convocatorias del presidente Maduro, se sentara a dialogar con la administración venezolana para solucionar la controversia territorial.

Si bien Guyana ha sido ambigua en cuanto a la existencia de dicha controversia, pues afirma que el fraudulento Laudo Arbitral de 1899 delimitó las fronteras entre ambos países y espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo apruebe como legítimo, admite que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el mecanismo con el cual se debe resolver el diferendo.

Así lo aceptó con la declaración conjunta publicada y leída en rueda de prensa luego de la reunión entre ambos presidentes. El punto 2 expresa que Venezuela y Guyana "acordaron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966".

Recordemos que el mencionado acuerdo establece que los países involucrados deben estar conformes en la solución a que se llegare de manera "que resulte aceptable para ambas partes", lo que no se ha cumplido unilateralmente por parte de Guyana queriendo resolver la controversia a través de un tercer actor (la CIJ, entidad a la que Venezuela no reconoce jurisdicción obligatoria).

Pero la declaración conjunta de Argyle obliga a Guyana a devolverse a la senda del Acuerdo de Ginebra y lo presiona para que cumpla con lo allí establecido. Los facilitadores (San Vicente y las Granadinas y Dominica) e interlocutores (los mencionados más Brasil) del diálogo binacional, junto con los observadores (ONU, Colombia y Honduras), tienen el papel de proteger lo que el texto refiere.

La entrega de concesiones petroleras a ExxonMobil en aguas por delimitar, en la proyección de la fachada atlántica del Esequibo, viola directamente el Acuerdo de Ginebra en su Artículo V, apartado segundo. Sin embargo, Ali declaró en rueda de prensa, antes y después del encuentro con el presidente Maduro, que Guyana tenía el derecho a explotar los recursos del Esequibo y en su proyección marítima porque así lo dicta el Laudo de 1899, el cual según lo firmado en 1966 es "nulo e írrito", pues se trató de un fallo mediado por una componenda política entre Estados Unidos y el Reino Unido, este último, por cierto, también signatario del Acuerdo de Ginebra y que se ha negado a participar de la controversia.

Hasta ahora, todos los pasos de Venezuela se corresponden con la posición histórica del Estado desde 1966: la senda diplomática es la opción que han tomado todos los gobiernos de la Cuarta y la Quinta República. La declaración conjunta de Argyle así lo infiere y confirma, por lo tanto, la posible vuelta práctica de Guyana al Acuerdo de Ginebra honraría los esfuerzos de la diplomacia venezolana y daría vigor a otro de los puntos del texto emanado el 14 de diciembre: el tercero, el cual afirma que ambos países están "comprometidos con la búsqueda de la buena vecindad, la convivencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe".

Desde Misión Verdad indicamos que el principio de buena vecindad es una vía que pudiera satisfacer a las dos partes, pues daría pie a una cooperación eficaz en los campos económicos y comerciales. El ejemplo de los acuerdos firmados en septiembre pasado entre Venezuela y Trinidad y Tobago, regido por dicho principio, es una hoja de ruta pacífica que minaría el conflicto geopolítico derivado de la gestión de los recursos transfronterizos. En el mencionado análisis se afirmó que

"Estudios de la ONU muestran que más del 40% de los conflictos armados de los últimos 60 años han estado relacionados con los recursos naturales. El secretario general de esa instancia comentó en 2018 que 'las Naciones Unidas reconocen el potencial de la gestión compartida de los recursos naturales como medio para prevenir conflictos y mejorar la cooperación regional'".

¿Guyana estaría realmente dispuesto a cooperar con Venezuela, teniendo en cuenta que la ExxonMobil se ha negado a abandonar sus proyectos en el bloque Stabroek, donde buena parte de la sección noroccidental está establecida en aguas por delimitar entre ambos países?

Además, el influjo de la compañía estadounidense en la política guyanesa es pública y notoria. Se trata de una empresa caracterizada por sus métodos corruptivos e injerencistas en países donde sus intereses no se cumplen a carta cabal; ExxonMobil suele estar acompañado por el poder diplomático y militar del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa respectivamente, en los que también ejerce histórica influencia.

La fórmula corporativa de "divide y vencerás" continúa siendo la piedra de tranca para llevar a cabo una cooperación efectiva binacional. Para la empresa estadounidense es preferible pagar regalías o impuestos a una sola entidad nacional. Desde la perspectiva de la buena vecindad, la cooperación es la mejor vía para que ambos países desarrollen sus recursos naturales porque funge como catalizador para la estabilidad y repunte económico de la región.

En cualquier caso, Guyana tiene dos opciones que emanan directamente de la reunión entre los presidentes Maduro y Ali: atenerse a algún acuerdo en un escenario de buena vecindad como mecanismo para resolver la controversia territorial sobre el Esequibo o seguir el dictado de la petrolera estadounidense que viola el Acuerdo de Ginebra.

Hasta ahora las medidas que ha tomado el Gobierno Bolivariano tras el referendo consultivo del 3 de diciembre no infringe letra alguna de lo firmado en 1966; Georgetown, por el contrario, ha tomado acciones unilaterales que deshonran aquel documento. ¿La presión regional junto con la diplomacia bolivariana de paz logrará que el Estado guyanés tome acciones en el redil de la cooperación y la negociación amistosa o continuará con su agenda disruptiva?

En el año 2024 tendremos una respuesta.