A lo largo de los años, las misiones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han acumulado no pocos casos de situaciones irregulares que afectaron negativamente los países donde realizan sus operaciones. Por tanto, antes de tomarlas como una herramienta fiable para dirimir un conflicto, habría que poner un ojo crítico a los resultados y consecuencias que resultan de su intervención.
María Corina Machado no está de acuerdo con eso, lo cual no es sorprendente pues nos lleva a otros capítulos de su vida política cuando ha abogado por la intervención militar extranjera en Venezuela a través de mecanismos como la responsabilidad de proteger (R2P) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
En junio de 2020 la dirigente opositora pidió una Operación de Paz y Estabilización (OPE) en Venezuela como forma de apoyar el ciclo Guaidó, en lugar de buscar una solución electoral, lo que ahora sí dice apoyar. Según ella, esta operación debería estar conformada por distintos aliados con disposición y legitimidad regional en el marco del TIAR y diferentes mecanismos interamericanos, e hizo un llamado específico al "respaldo de Occidente".
Una intervención de la ONU debería ser multilateral y contar con el consenso internacional para respetar la soberanía nacional. El llamado exclusivo a ciertas potencias extranjeras para ingresar en Venezuela ya demuestra que el objetivo de María Corina Machado no es ayudar a resolver la crisis de manera pacífica, lo que tampoco debe sorprender porque al provenir de ella es suficiente para cuestionar que la petición sea por el bien de la población venezolana.
A pesar de que el diálogo político, las elecciones y el levantamiento de las "sanciones" son los temas actuales en la agenda de Venezuela por impulso del gobierno del presidente Nicolás Maduro, María Corina siempre busca una oportunidad para mostrar desconfianza en las metodologías e interlocutores de las negociaciones y en las instituciones comiciales venezolanas.
Es importante recordar lo que la precandidata a la presidencia pedía hace tres años si se quieren entender a cabalidad sus deseos para el futuro del país.
la cuestionada actuación de los cascos azules de la ONU
Los casos de violación y abuso sexual de menores, la propagación de enfermedades mortales y la incapacidad para prevenir el asesinato de civiles son parte de una lista incompleta de acusaciones presentadas contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU cada año.
Según el sitio web del organismo multilateral, desde 1988 se han llevado a cabo 57 operaciones de mantenimiento de la paz en países en conflicto. Sobre sus actividades, reseña:
"En la actualidad, el personal de mantenimiento de la paz realiza una gran variedad de tareas complejas, desde contribuir a establecer instituciones de gobierno sostenibles hasta vigilar la situación de los derechos humanos, colaborar en la reforma del sector de la seguridad o ayudar en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes".
La división entre los países que contribuyen al personal y los países que los patrocinan se ha acentuado con el tiempo. Los tres principales Estados que envían soldados para participar en misiones de la ONU son Bangladés, Pakistán e India. Los diez primeros también incluyen Etiopía, Ruanda, Nigeria, Nepal, Jordania, Ghana y Egipto. Por otro lado, entre los principales países donantes están Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia.
Los países occidentales prefieren financiar las misiones de mantenimiento de paz en lugar de enviar a sus propias tropas, por lo que las naciones pobres se han convertido en proveedoras de mano de obra para estos casos, enviando soldados a los "puntos calientes" del planeta. Detrás de esto también hay razones económicas, opera la división internacional del trabajo.
En distintos momentos del funcionamiento de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, se ha informado de incidentes en los que han fallado en su deber de proteger a las personas vulnerables en las zonas de conflicto. Estas situaciones de presunta inoperancia también fueron aprovechadas para justificar la idea de la R2P, como en los casos puntuales de Ruanda, Bosnia, Somalia y Kosovo.
Pero no sólo es la falta de acciones de los llamados cascos azules —para mantener la estabilidad en los sitios en los que se despliegan— lo que anula la necesidad de invocar su apoyo, sino también el hecho de que atentan contra ella. Cada vez se reportan más casos de crímenes cometidos contra las mismas personas que se supone que deben proteger.
Según un informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas, desde 2008 hasta 2013 se registraron 480 incidentes de explotación sexual y coerción por parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz, y en 2014 se registraron 79 hechos adicionales. Sin embargo, se cree que los números reales son mucho mayores ya que muchas víctimas no denuncian estos crímenes a las autoridades. La mayoría de los eventos han ocurrido en países como Liberia, Haití, República Democrática del Congo y Sudán del Sur; uno de cada tres casos involucra a un niño.
Además de estos sucesos, las fuerzas de mantenimiento de la paz han sido acusadas de corrupción. El informe destaca un aumento significativo en los casos de fraude en estas operaciones en 2019. Se investigaron 241 expedientes, de los cuales 77 fueron relacionados con fraude, un aumento de 79% en comparación con el año anterior.
Durante las auditorías en Sudán del Sur se encontraron deficiencias en la gestión del espacio de oficinas y alojamiento, que resultaron en alquileres no cobrados, por un total de 1,8 millones de dólares. Además, se descubrió que la misión no había recuperado 379 mil 742 dólares por el alojamiento proporcionado a las tropas y voluntarios de la ONU en la Casa de las Naciones Unidas en Juba, capital del país africano.
En otra auditoría en el sur del Líbano se encontró que 80% de los vuelos de pasajeros seleccionados transportaba a altos mandos y personal militar "sin una justificación clara". Esto resultó en un costo adicional de 64 mil dólares en comparación con el transporte terrestre.
En general, las investigaciones estuvieron relacionadas con misiones en la República Centroafricana, Mali, Congo, Sahara Occidental y Sudán del Sur, así como con la fracción política de la ONU en Afganistán y otras 18 operaciones. El informe también pidió una mejor gestión de las existencias en el almacén centralizado de la misión en Mali, donde se perdieron 249 artículos por valor de 3,4 millones de dólares en el inventario de 2018-2019.
Cólera, asesinatos, pedofilia: Haití como resumen
En 2004 Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en Haití por segunda vez y la ONU desplegó una delegación de estabilización llamada Minustah, cuyos objetivos consistían en restituir el orden y normalizar la situación en el país, capacitar la policía y modernizar sus instituciones políticas. Comenzó a operar el 1 de junio de 2004, con la participación de varios países latinoamericanos. 85% de las fuerzas militares y policiales fue proporcionado por Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.
Según un informe conjunto de la Facultad de Derecho de Harvard y la organización Justiça Global, durante las operaciones en barrios pobres de Puerto Príncipe como Bel Air, La Saline y Delmas, la Minustah, dirigida por tropas brasileñas, no cumplió con su deber de asesorar y entrenar la Policía Nacional Haitiana sino que en realidad dio cobertura a sus abusos, y participó en ellos. En lugar de ser un vigilante contra los errores policiales, permitió que los cuerpos del orden haitianos cometieran actos de represión.
Durante la operación Puño de Hierro, efectuada en Cité Soleil el 6 de julio de 2005, se disparó con ametralladoras y morteros contra las viviendas de la zona, lo que resultó en la muerte de más de 20 mujeres y niños, junto con miembros de bandas criminales. En diciembre de ese año se repitió el ataque sobre los residentes del barrio más populoso de Puerto Príncipe. Unos 40 civiles fueron víctimas de los disparos, entre muertos y heridos.
Las fuerzas de mantenimiento de paz están amparadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre Prerrogativas e Inmunidades de 1946, según la cual todos los empleados de la organización, incluidos los cascos azules, están protegidos de cualquier persecución y están sujetos solo a las autoridades del Estado del que son ciudadanos. Esto generó un vacío legal que permitió la impunidad de aquellos que cometieron delitos sexuales.
Escándalos como el de 2007-2008, en los que miembros del batallón de fuerzas de paz de Sri Lanka explotaron sexualmente a niños y adolescentes, y el caso de Canadá, en el que agentes policiales fueron acusados de cometer delitos sexuales mientras formaban parte de la embajada de paz, pero no fueron juzgados en su país, son solo algunos ejemplos. Un estudio realizado en 2017 reveló que 2 mil mujeres y niñas fueron forzadas a tener relaciones sexuales con las fuerzas de paz, a menudo recibiendo unos pocos dólares o comida a cambio.
En el año 2010 una epidemia de cólera azotó Haití, la que cobró la vida de casi 10 mil personas y en la que se enfermaron más de 800 mil. En diciembre de 2016 el secretario seneral de la ONU admitió la responsabilidad del organismo en la propagación de la enfermedad, ya que un batallón nepalés de fuerzas de mantenimiento de la paz llegó al país justo antes de que estallara el brote.
Los médicos de la delegación de la ONU no tomaron medidas preventivas con la llegada del batallón nepalés, y los desechos de la base militar, incluidas heces y orina, se vertieron en pozos cercanos al río Artibonite, que es utilizado por más de un millón y medio de haitianos para beber y cocinar.
Lo que María Corina sueña para Venezuela
En caso de que María Corina Machado hubiera logrado su objetivo de traer fuerzas de mantenimiento de paz a Venezuela, el país habría enfrentado una serie de situaciones extremas.
Si nos basamos en el historial criminal examinado, la presencia de fuerzas de mantenimiento de paz en Venezuela podría haber generado escenarios de asesinatos, violación y abuso sexual de mujeres y menores, propagación de enfermedades mortales y problemas de corrupción.
Es posible que María Corina Machado esté interesada en que ciertas naciones y fuerzas intervengan en Venezuela a través de estas misiones, ya que esto podría abrir el escenario para ejercer represión y control de cara a imponer lo que no ha logrado conseguir por medios políticos y electorales.
Con tales antecedentes podemos pensar que dicho personaje queda inhabilitado moralmente para presentarse como una opción presidencial. Al respaldar una medida que ha demostrado tener graves consecuencias en otros lugares, Machado pierde credibilidad porque sus propuestas ponen en riesgo la seguridad y estabilidad de la nación.