El hermoso y estratégico río Catatumbo nace en Colombia en el departamento Norte de Santander y recorre 240 kilómetros hasta llegar a la frontera con Venezuela. A partir de ahí entra en el estado Zulia, y recorre sus últimos 210 kilómetros para verter sus aguas en el Lago de Maracaibo. Su cuenca ocupa más de 24 mil km², la mayoría de ellos en territorio colombiano.

Ya en el siglo XVII el río Catatumbo era una vía principal para el comercio que fluía entre Bogotá y Maracaibo, ya que la ruta de los ríos Zulia y Catatumbo hasta el Lago era mucho más expedita, rápida y segura que la del Magdalena hacia los puertos del Caribe colombiano, y con el tiempo terminó por consolidar a Cúcuta en el siglo XIX como centro de ese flujo de mercancías que Bogotá importaba y exportaba a través del Puerto de Maracaibo. Lo que también contribuyó a la economía marabina con miles de dólares tan solo en derechos de tránsito durante las primeras décadas del siglo XX.

Así, desde su nacimiento, lo que hoy conocemos como el estado Zulia (Venezuela) y el departamento Norte de Santander (Colombia), más cercanos entre sí que Caracas y Bogotá, fortalecieron su relación, enlazaron su cultura, su desarrollo y también se vieron en el centro de las disputas. El río Catatumbo y su cuenca entrañan esa relación histórica binacional, llena de complejidades.

El Catatumbo colombiano

La industria petrolera promovió desde principios del siglo XX la "colonización" de la región colombiana del Catatumbo, en detrimento de las comunidades indígenas que se oponían a la construcción de los oleoductos en sus territorios y con los nuevos asentamientos llegó la guerra cuyas primeras masacres se remontan a la eufemísticamente llamada "época de la violencia".

La región del Catatumbo colombiano está atravesada por el conflicto social y armado que vive el país y en ella hay una larga historia de masacres y violencia durante todo el siglo XX, pero también de lucha y resistencia popular.

Atrapada en una permanente presión económica, social y militar, la región comienza a ubicarse entre las principales zonas de siembra de coca y marihuana en Colombia a mediados de los ochenta.

Como es habitual, la sanción moral recae hipócritamente sobre el campesinado que es, en realidad, el eslabón más débil de la cadena y el único que continúa en la pobreza, obligado a sembrar lo que no le alimenta y soportar la violenta represión, mientras las inmensas ganancias que el negocio transnacional del narcotráfico otorga se quedan en manos de quienes trafican y quienes lavan sus capitales en sus entidades financieras, quienes ponen el poder del Estado al servicio de ese gran negocio, y por supuesto alimenta al centro económico y militar del capitalismo mundial: los Estados Unidos.

Esta es una de las razones por las que la población catatumbera colombiana entra al siglo XXI estigmatizada por los gobiernos y las corporaciones mediáticas, en medio de una militarización creciente como única respuesta a sus reclamos y padece, por tanto, permanentes violaciones de sus derechos fundamentales.

Entre 1999 y 2004, coincidiendo con el inicio del Plan Colombia, se produce la más fuerte incursión paramilitar sobre ese territorio, como siempre, con la colaboración de la Fuerza Pública. Esta arremetida de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tiene entre sus objetivos avanzar sobre ese corredor estratégico hacia el Lago de Maracaibo, en principio, para controlar la entrada y salida de mercancías, entre ellas por supuesto la droga. En ese período se asesinó alrededor de 11 mil 200 campesinos y campesinas, 600 personas fueron desaparecidas y más de 100 mil fueron víctimas de desplazamiento forzado.

El Catatumbo venezolano

Es también en medio de esa arremetida, sobre todo a partir de la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez en 2002, que comienza el avance paramilitar sobre el Catatumbo venezolano, menos poblado, pero donde cuenta con el apoyo de una clase terrateniente que tenía una amplia tradición de importación de mano de obra barata del campesinado colombiano a quienes empleó como jornaleros y jornaleras, y acostumbraba a contar con los servicios de los paramilitares colombianos como caporales y vigilantes de sus fincas.

La violencia paramilitar comenzó a sentirse en el Sur del Lago de Maracaibo y el Estado venezolano, ajeno a la cotidianidad de la guerra que vive Colombia, no supo afrontar un fenómeno que poco comprendía y apenas lograba identificar.

En 2002 se da el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez dirigido por los Estados Unidos, y este avance paramilitar sobre territorio venezolano se imbrica cada vez más con las acciones de la oposición venezolana contra el gobierno y el proyecto histórico bolivariano. Llegando a descubrirse en 2004, un campamento con 150 paramilitares colombianos en la finca Daktari a pocos kilómetros de Caracas que tenían por finalidad realizar otra operación similar contra Venezuela.

Las riquezas petroleras y minerales del Catatumbo a ambos lados de la frontera también son un objetivo. En 2010, por ejemplo, se denunció la relación entre la explotación petrolera en el Catatumbo colombiano a cargo de Luis Giusti (expresidente de PDVSA) y la invasión paramilitar sobre Venezuela.

Esa relación del paramilitarismo colombiano con la oposición venezolana dirigida por la burguesía tradicional, desplazada del poder político por la Revolución Bolivariana, creció bajo la orientación de los Estados Unidos y la clase política colombiana profundamente conservadora y cada vez más inmersa en el narcotráfico. Como si esta mezcla fuera poco explosiva, entraron también a escena las compañías militares y de seguridad privadas (CMSP), básicamente estadounidenses e israelitas, a actuar en toda Colombia y a sumarse a la agresión contra Venezuela.

En los últimos años, las acciones coordinadas entre la FANB, la gobernación del Zulia y las comunidades organizadas del Catatumbo venezolano lograron expulsar del territorio nacional a la mayoría de los grupos paramilitares colombianos que se habían enclavado en esa región.

La injerencia estadounidense en este territorio binacional geoestratégico

El valor comercial, minero energético y hasta biológico del Catatumbo se incrementó con el valor geoestratégico que posee para penetrar la soberanía venezolana y acceder directamente al codiciado Lago de Maracaibo.

En 2004 inicia una militarización sostenida de la región colombiana y en 2011 se anuncia la creación de la Fuerza de Tarea Vulcano en Tibú, municipio fronterizo con Venezuela, en la que de inmediato hacen presencia militares de los Estados Unidos provenientes de Irak y Afganistán.

En 2013 el Ministerio de la Defensa crea los Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la infraestructura Crítica y Económica de la Nación, para mejorar la protección de las transnacionales y establece uno de esos centros también en Tibú.

Más y nuevas instalaciones militares van inundando el Catatumbo colombiano, siempre bajo la lupa del Pentágono y con el apoyo paramilitar, así como de las CMSP.

En junio de 2020 una unidad especializada del Ejército de los Estados Unidos que había actuado en Siria, Irak y Afganistán llegó a Colombia, y según los anuncios parte de esta brigada se estableció precisamente en la Fuerza de Tarea Vulcano. Las tropas extranjeras en esa región realizan, sobre todo, labores de inteligencia y planificación de operaciones ofensivas.

En abril de este año también se informó sobre el arribo de 400 paramilitares que habrían llegado en grupos de 40 en avionetas provenientes del Urabá antioqueño para respaldar a la organización paramilitar Los Rastrojos luego de que, según detalla la periodista que hizo pública esta información, estos fueran expulsados de Venezuela y en Colombia fueran derrotados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo y la zona rural de Cúcuta.

Este batallón de paramilitares se colocarían a las órdenes de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB) que llegó a Colombia en mayo de 2020 y que, contrario a los anuncios iniciales del gobierno colombiano, aún se encuentra en la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano ubicada en Tibú.

El garrote y la zanahoria

Casi tres años después del intento imperialista de desconocer al gobierno del presidente Maduro e imponer un "presidente interino", el fracaso habría sido casi total si no hubiera servido para ejecutar un gran robo de recursos del Estado venezolano en el exterior. Finalmente la realidad acaba por imponerse y la figura del "interinato" va desapareciendo lentamente de las pantallas internacionales y los planes.

Aun así, mientras algunos países se deciden por una política más realista hacia Venezuela y van recobrando el sentido de la diplomacia, el último presidente uribista pende de las barbas del Tío Sam y es de los pocos mandatarios que aún juegan al presidente con el exdiputado Juan Guaidó. El gobierno se muestra dispuesto a arrastrar a Colombia al barranco que los Estados Unidos decidan. Obviamente porque también han encontrado réditos económicos gracias a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela y el robo de sus activos, y porque el uribismo sabe que solo con más tambores de guerra podrá tener alguna esperanza de sobrevivir políticamente a la predecible derrota electoral.

Los continuos fracasos de estas y otras operaciones injerencistas sobre Venezuela, así como una complicada situación nacional e internacional de su propio país, llevan al gobierno de Biden a retomar la vieja táctica imperialista del garrote y la zanahoria contra la Revolución Bolivariana.

Solo así puede comprenderse que mientras autoriza a ese sector de la oposición venezolana que le está más subordinado a dialogar con el gobierno venezolano, arrecia en presiones militares y declaraciones altisonantes a través de sus propios voceros y de sus lacayos.

Craig Faller regresa a Colombia en septiembre por segunda vez en este año, por lo menos hasta donde se sabe, mientras Duque viaja a Estados Unidos. En su visita anterior se dedicó a recorrer la frontera con Venezuela y en esta se reúne directamente con los líderes militares.

Acto seguido, Story, representante de Estados Unidos en el ciberespacio para hablar sobre Venezuela desde Bogotá, emite declaraciones contra los diálogos que se desarrollan entre representantes del Gobierno Bolivariano y la oposición vinculada a Guaidó en México, lo mismo hace Iván Duque desde España primero y desde Washington luego en la misma fecha.

Pero también esa misma semana que Craig Faller arriba a Colombia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) denuncia la incursión de un dron de la Fuerza Aérea de Colombia al Catatumbo venezolano, específicamente en el municipio Semprun, aunque algunas fuentes señalan que este no ha sido el primero visto en ese territorio.

En el contexto de una actividad presidencial en el departamento Norte de Santander por los 200 años de la constitución de Cúcuta, que contó con la presencia virtual de Juan Guaidó, se hace el anuncio de la conformación de un nuevo Comando Específico de Norte de Santander, que reúne a 14 mil efectivos pertenecientes a la Brigada 30, Fuerza de Tarea Vulcano, Fudra 3 y el Comando Específico N.1 que, según las declaraciones de su Comandante, actuará especialmente en la Región del Catatumbo arreciando las operaciones ofensivas.

En Colombia esto significa, según ha demostrado la historia, que aumentará la militarización, la paramilitarización, la violencia política y la judicialización de los movimientos indígenas, campesinos y populares en esa región en los próximos meses.

El asesinato de un niño y un adolescente venezolanos en Tibú puso en evidencia la legitimación del accionar paramilitar entre los y las comerciantes de la zona, es apenas una triste ventana para ver el avance de estas fuerzas defensoras del narcotráfico y el establecimiento, que no por casualidad son las mismas que conspiran contra la soberanía venezolana.

La reapertura de la frontera es una muestra de buena voluntad del gobierno venezolano que en principio servirá para recuperar las importantes relaciones económicas entre Táchira y Norte de Santander y tiene un impacto positivo para ambos pueblos, profundamente unidos por la historia pasada y presente.

Días después Borrell, máximo representante de la Unión Europea, evidencia su pretensión de sustituir a Luis Almagro, al manifestar a los medios su intención de reeditar la táctica de no avalar las elecciones para deslegitimar el gobierno legítimo, como lo hizo el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia. Y desde Colombia siguen sonando tambores de guerra.

De hecho la portada de una conocida revista política de la derecha colombiana vuelve a mostrar a Venezuela como una peligrosa amenaza militar para Colombia, porque el único salvavidas a la debacle del uribismo son esos redobles de tambor, terrores y fantasmas. Y porque los intereses económicos en temas como la propiedad de Monómeros, los beneficios que ha obtenido indirectamente de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, y los que puede obtener si se logra consolidar una ruta para el narcotráfico hacia el Caribe tan apetecible como la del Lago de Maracaibo, los que motivan a la clase política colombiana y en particular al actual gobierno.

Aunque ya sabemos que en la guerra multidimensional contra Venezuela muchas de las amenazas solamente plantean ejercer una presión psicológica y comunicacional permanente, es fundamental mirar hacia el Zulia, y específicamente hacia el Catatumbo, con una visión que rompa el centralismo de Caracas y apunte a apoyar las gestiones de la gobernación del Zulia, los poderes locales, pero mucho más importante, que se centren en fortalecer el Poder Popular y la hermandad entre los Pueblos de ambos lados de la frontera, y en este caso, del Catatumbo.