Tal como fue ampliamente afirmado en 2017 ante la formalización del bloqueo económico de Venezuela por parte de Estados Unidos, sus alcances reales son de mayor aliento y al año 2020 su notoriedad es cada vez más indiscutida. Su impacto recae concretamente sobre la población en un espectro más diversificado.

En alusión a una frase, pues se trata de la guerra por otros medios, un bloqueo “se sabe cómo inicia, pero no cómo termina”. Tampoco se sabe qué desencadena durante ese tránsito, pero los venezolanos estamos empezando a conocerlo.

Recientemente han tenido relevancia los hitos de la asfixia económica al país. Particularmente en las pantallas televisivas de millones de familias venezolanas, el 45% de quienes gozan de TV por suscripción, tuvo lugar el retiro de la señal de la plataforma DirecTV por acción de la transnacional AT&T en apego a las “sanciones” de Estados Unidos contra Venezuela. Los sancionados concretos han sido las familias venezolanas que en cumplimiento de la cuarentena por el Covid-19 se quedaron sin señal televisiva.

También es palpable el deterioro de las capacidades de refinación de crudo en Venezuela, pues el veto al acceso a repuestos, insumos y tecnologías mediante el bloqueo a PDVSA, ha producido una merma en la producción nacional de gasolina, afectando significativamente toda la amplia gama del transporte terrestre y sus actividades conexas.

Sin embargo, el país está frente a una alerta inminente en la materia más sensible de todas, la alimentaria, la cual ha estado en altibajos durante los últimos años por la profundidad del conflicto y desestabilización económica nacional, y ahora podría estarlo nuevamente por los estragos concretos del bloqueo, que pretenden encaminar al país a un punto de quiebre.

El bloqueo focalizado al estado venezolano

Desde 2017 las órdenes ejecutivas de la Administración Trump han previsto de manera expresa la expulsión del estado venezolano del sistema financiero internacional. El congelamiento y bloqueo de cuentas, la imposibilidad de efectuar pagos e incluso la retención de los haberes nacionales en bancos extranjeros, fueron el punto de inicio de una escalada que vetó al gobierno de Nicolás Maduro de la actividad comercial en diversos ramos.

Aunque dichas órdenes ejecutivas, en teoría, eximen a los ramos alimentarios del bloqueo, en el hecho el estado venezolano no tiene posibilidades de adquirir por vías regulares alimentos en la región y muchos otros países, pues el veto financiero aplica en la no permisividad de toda relación de cualquier ente financiero con el estado venezolano.

La importación de alimentos, bienes, insumos y equipos, que históricamente ha efectuado el estado venezolano, va a una amplia gama de sectores. Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que continúan bajo un esquema de importaciones y apoyo de países aliados, hacen llegar alimentos directamente a las familias intermitentemente; si bien es el proyecto bandera del gobierno chavista, no es el único punto de alcance de su política alimentaria.

Esta también se ha desarrollado mediante la importación de semillas, agroquímicos, maquinaria y afines, que han dado a las redes de producción estatal, asociativas y privadas. Ha sido así durante años y ahora el estado venezolano ha perdido esa facultad, sacando de la oferta un conjunto importante de estos bienes.

El resultado es la degradación continua de la producción nacional de alimentos, siendo perjudicados principalmente pequeños y medianos productores, baluartes de la producción nacional como alternativa concreta y viable para superar las formas de boicot comercial.

La asfixia a las exportaciones petroleras del país también ha debilitado la capacidad del estado para financiar la actividad agrícola y pecuaria. Con pocos dólares y aunado a la poca capacidad de dotar a estos sectores con bienes e insumos, el resultado es el aumento de los costos de producción.

La actividad agrícola se sostiene mediante préstamos entre particulares (que están dolarizados) y mediante los bienes e insumos importados que llegan a precios en moneda estadounidense.

Dicho de otra forma: el bloqueo ha contribuido enormemente a que decaigan todas las modalidades de subsidio indirecto a los costos, financiamiento y apoyo, como había sido regularmente.

El sector privado también lidia con el bloqueo

Sobre la caída en la rotación de bienes e insumos para la producción agrícola, recientemente el presidente de la federación de empresas privadas del ramo agrícola, Fedeagro, el señor Aquiles Hopkins, señaló que Venezuela no tiene los recursos para la producción de alimentos.

Hopkins indicó que el menguado acceso a los fertilizantes y las semillas que han llegado al país es posible por “el esfuerzo del sector privado”. Esta es una referencia al deterioro de las capacidades del estado venezolano para efectuar aportes al sector, como históricamente lo ha hecho.

“Venezuela no ha sembrado 900 mil hectáreas de maíz. No hay semillas. No hay agroquímicos. No hay gandolas ni tractores para sembrar la cosecha”, subrayó Hopkins.

El vocero de estas empresas privadas aseguró que solo están cubriendo un porcentaje muy bajo de la demanda. “Esta política nos ha hecho perder, hoy en día podemos atender escasamente el 20% del abastecimiento”, indicó. La otra parte del consumo venezolano es cubierto por el sector privado, el cual adquiere alimentos e insumos en dólares en el mercado internacional para importar a Venezuela.

El complicado tránsito de la economía importadora venezolana reviste en una alta demanda de divisas que hoy no aporta el estado venezolano por su veto a las exportaciones de crudo, otra variante concreta del bloqueo.

Por esa falta de dólares que ya no están circulando y por la dependencia a las importaciones privadas, se desencadena la escalada de precios de los productos ante la subida del precio del dólar; los alimentos importados y costos de producción nacional se encarecen, pues sus costos están tabulados en dólares.

Recientemente, y en otra intervención, el presidente de Fedeagro aseguró que los productores del campo están perdiendo la cosecha y se les dificulta sembrar por la escasez de gasolina en el país.

Hopkins alertó sobre una eventual escasez de productos agrícolas en unos seis meses dada la dificultad que están teniendo los productores del campo para sembrar. Comentó que la siembra podría ubicarse en un 15%.

“Hoy estamos consumiendo lo que se sembró hace tres y seis meses. Pero en seis meses vamos a consumir lo que se debe estar sembrando ahora. Debe estar iniciando en estos momentos el ciclo de siembra más importante del año por el invierno y el inicio de las lluvias y estamos muy retrasados porque no tenemos combustible para ir hasta las unidades de producción, ni suficiente diésel para los camiones. Esto se traducirá en escasez de alimentos para los próximos meses”, manifestó.

Alertó además que por la escasez de combustible los productores están reportando pérdidas de frutas y hortalizas:

“Están perdiendo las cosechas y no hay forma de volver a sembrar esta tierra. Los productores de leche no pueden transportar el producto por falta de gasolina y la matanza de ganados ha tenido altas y bajas, dependiendo de la oferta del combustible”, señaló.

Queda en evidencia, en este punto, que el bloqueo a las refinerías venezolanas para adquirir repuestos (dado que las refinerías nacionales son herencia tecnológica estadounidense) se extiende mucho más allá de PDVSA. La onda expansiva del bloqueo abarca todos los servicios vinculados al sistema de transporte terrestre nacional.

Venezuela es, además, particularmente dependiente de los cultivos mecanizados como el maíz y el arroz, que por supuesto dependen de maquinaria importada y combustible nacional.

El escenario al mediano plazo

Venezuela tiene la buena noticia de que, gracias al apoyo iraní, la producción y distribución de combustibles tendrá tendencia a regularizarse, sin embargo, el país lidia con un atraso de sus sistemas de producción de cara al ciclo de lluvias, el cual es el período donde se siembra el 70% de los bienes perecederos de consumo nacional, lo cual impone una carrera contra el tiempo.

La importación de insumos y alimentos por parte del sector privado, en términos de precios dolarizados, seguirá perforando las posibilidades de estabilidad de precios en el país en detrimento de los consumidores.

Los signos evidentes del radio expansivo del bloqueo dejan expuesto el hecho de que, lo que hay en Venezuela, es el intento de construir una hambruna como mecanismo, ahora retomado, para intentar nuevamente degradar a la nación por inanición y facilitar con ello el avasallamiento del país bajo mecanismos de coerción financiera, económica y comercial.

No está demás recalcar que el estado de sitio a la economía venezolana adquiere cada vez más la categoría de crimen de lesa humanidad, siendo el gobierno estadounidense el principal victimario, aun en tiempos de pandemia.