Lo que comenzó como un asalto a las cuentas del Estado depositadas en Citibank terminó en la repartición de un botín entre los actores más emblemáticos del antichavismo.
El dinero autoasignado recientemente por parte de los parlamentarios del antichavismo proviene de algunos de los miles de millones en activos venezolanos congelados en el extranjero por la administración Trump y sus gobiernos aliados, gran parte de los cuales proceden de las ventas de petróleo y de las ganancias de CITGO.
Se trata del asalto a activos del Banco Central de Venezuela (BCV) en la entidad financiera Citibank de Estados Unidos, transferidos a otra cuenta no venezolana en la Reserva Federal de Nueva York.
Es posible que la élite estadounidense se haya cansado de ver cómo Guaidó y la coalición local del golpe dilapidan los fondos asignados para el cambio de régimen, por ello han dado un paso al frente para centralizar la gestión de los recursos secuestrados a Venezuela.
Cuando tus aliados mediáticos quitan la tapa
Tanto Joshua Goodman, del medio The Associated Press (AP), como Orlando Avendaño, del medio ultra PanAm Post, han descrito cómo los diputados de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, afiliados a Guaidó, acordaron discretamente pagarse 5 mil dólares al mes con retroactivo a enero y hasta diciembre de este año.
Todo en medio de una reunión informal por vía electrónica donde se “aprobó” una “Ley Especial del Fondo de Liberación de Venezuela y Atención a Riesgos Vitales” que consiste en la repartición de 80 millones de dólares, 23% de lo sustraído por la administración Trump a la República.
El 17% de los 80 millones de dólares se destinaría a “la defensa y el fortalecimiento del poder legislativo nacional y la protección social de sus miembros”.
Goodman y Avendaño confirman la existencia del sueldo o “apoyo” aun cuando ningún documento parlamentario público hace alusión al pago.
El mismo periodista de AP afirma que “dos legisladores y tres ayudantes de Guaidó confirmaron anteriormente el plan” mientras Avendaño refiere a una fuente, un funcionario del “gobierno interino” de Juan Guaidó, quien le confirmó que “pasaron una nómina que supuestamente va a la OFAC (Oficina de Administración de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro) para la liberación de esos recursos”.
Ninguna de las fuentes revela su nombre debido a las represalias que pudieran recibir de parte de quienes dicen defender la democracia en Venezuela y el mundo, sin embargo aluden a que la decisión generó “un feroz debate que duró meses y que amenazó con dividir a la coalición anti-Maduro”.
La facción que apoya a Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional electo en enero pasado, pudiera no formar parte de dicha nómina dado que hasta ha recibido amenazas de sanciones por apoyar un diálogo con el gobierno y rechazar las medidas unilaterales coercitivas aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea contra el país.
Goodman, Avendaño y otros señalan que durante los cinco años de gestión legislativa, los pagos que han recibido los diputados antichavistas, la mayoría en la AN pero en desacato desde 2016, ascienden a mil dólares al mes sin explicar la procedencia.
Agregan que es mucho menos de lo que ganan los legisladores en otros lugares de América Latina y que algunos legisladores seguramente se negarían a recaudar el dinero.
Ciertas condiciones aplican para el bono fraude
El llamado “Fondo de Liberación” estipula un desembolso mayoritario (45%) en gasto social para “aliviar la crisis humanitaria”, en principio emitirían tres bonos mensuales de 100 dólares cada uno para los “héroes de la salud”, cuyo pago se anunció que sería a través de carteras digitales administradas por la Organización de Estados Americanos (OEA) a un costo de 9.2 millones de dólares (menos del 3% de lo sustraído por Washington).
Así lo anunciaron Guaidó y Alfonso Marquina, quien funge como presidente de la Comisión de Finanzas de un entramado de tutelaje que insiste en llamarse Asamblea Nacional.
Sin embargo PanAm Post, citando a una “alta fuente” de la OEA, ha afirmado que la institución no servirá de contralora de los recursos debido a “dificultades estatutarias y legales para realizar ese trabajo”.
Desde el anuncio del mencionado bono se habló de 60 mil médicos y enfermeras que luchan contra la pandemia del coronavirus, sin embargo la cifra bajó a 45 mil, y cabe destacar que a esta fecha hay más de 100 mil trabajadores de la salud activados contra la pandemia global en las calles, hospitales y centros de salud venezolanos.
Recientemente se supo que la inscripción del personal sanitario en la página web es solo una postulación en la que la asignación económica dependerá de ciertos requisitos.
El “ministerio” de información del autoproclamado manifestó que “se priorizará la selección de postulantes con base en los siguientes criterios: función que desempeña, datos socioeconómicos y sitio de trabajo. Es importante recalcar que la recepción de recaudos no implica admisión en el programa”.
Guaidó aseguró que todo el personal médico, de enfermería y trabajadores de la salud “podrán optar a obtener este apoyo sin distingo de color político”, además el andamiaje mediático que lo acompaña ha promovido expectativas al respecto y mantiene una campaña de “validación” de los postulados, sin que haya transparencia respecto a los criterios de asignación de los mencionados bonos.
Choques al interior del ciclón del dinero
El medio estadounidense The Grayzone ha detallado que, desde 2017 a diciembre de 2019, la administración Trump gastó al menos 654 millones de dólares (casi el doble de lo sustraído desde Citibank) en programas de “ayuda” relacionados con Venezuela.
Aunque Washington afirma que fueron destinados a esfuerzos humanitarios, gran parte del dinero de los contribuyentes norteamericanos financió los intentos para desestabilizar y derrocar al gobierno venezolano.
Al menos 128 millones de este dinero de la Usaid fueron directamente a los bolsillos de los líderes de la operación golpista.
Un reporte de Los Angeles Times de julio de 2019 cita a un asistente legislativo que alegó que el desvío de fondos de la Usaid “pagaría salarios de Guaidó y sus funcionarios”. Esto causó una división en el ala antichavista del Parlamento y mantiene divergencias respecto al destino y uso que se le da a los fondos.
Ante la solicitud hecha desde sus filas para que tramiten fondos que permitan resolver algunos problemas que las mismas sanciones han ocasionado a la vida nacional y que se enfrente al Covid-19 con ellos, los dirigentes del golpe han afirmado que no pueden.
El economista Francisco Rodríguez, director de Torino Economics, citó a la firma estadounidense de asesoría financiera Bloomberg y recordó que “en ocasiones pasadas, (Guaidó) ha hecho importantes movilizaciones de fondos para pagar obligaciones cuyo sustento legal ha sido cuestionado”.
En su cuenta Twitter dijo que “es la primera vez” que el equipo de Guaidó “alega no tener acceso a sus cuentas externas” y exigió transparencia en el manejo de fondos internacionales haciendo públicas algunas de las diversas fuentes de financiamiento:
- Empresas mixtas de las que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es socio mayoritario: 7 mil millones de dólares en depósitos en cuentas en el exterior por dividendos no pagados.
- CITGO, filial en EEUU de PDVSA: mil 400 millones de dólares en efectivo y equivalentes producto de dividendos.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que reconoce a Guaidó: 408 millones de dólares en fondos disponibles para enfrentar la pandemia en países miembros.
Resume diciendo que la facción Guaidó puede disponer de entre 3,6 y 12 mil millones de dólares “para los venezolanos que residen en el exterior y que se enfrentan a dificultades económicas, de salud o de otra índole, causadas por la crisis del COVID-19”.
También argumentó que el diputado de Primero Justicia “Carlos Paparoni declaró que había 3 mil millones de dólares. Ellos mismos aprobaron 80 millones de dólares hace un mes para financiar sus viajes. No me digan después que no tienen dinero”.
Manifestó su acuerdo con que los diputados y embajadores fake cobren bien, pero que
“Es profundamente inquietante que los legisladores estén dispuestos a aprobar un generoso paquete de compensaciones para ellos mismos sin haber encontrado todavía el tiempo para discutir cómo pueden utilizar los fondos a su disposición para ayudar a los venezolanos”.
Por su parte Gustavo Tarre Briceño, representante de Juan Guaidó ante la OEA, negó que la administración del golpista disponga de 15 millardos de dólares, aunque reconoció que la cantidad de dinero “recuperado”, que efectivamente está disponible, no llega a 400 millones de dólares.
Surgen dos interrogantes:
- ¿Están disponibles los 342 millones sustraídos desde Citibank para que la facción opositora “legisle” sobre ellos?
- De ser así, ¿por qué no lo han hecho?
El diputado de Primero Justicia José Brito, quien lideró las críticas a Guaidó en enero pasado, declaró vía Twitter:
“Cinco mil dólares mensuales para cada diputado principal y 4 mil dólares para cada diputado suplente, más un retroactivo de 25 mil dólares (…) es lo que Alí Guaidó y sus cuarenta ladrones le quiere dar a cada diputado para comprar su silencio cómplice producto del despojo de 80 millones de dólares al BCV”.
Además Brito criticó que, mientras Guaidó aprobó esa gran suma de dinero para entregárselos a esos diputados, a los médicos que están combatiendo el Covid-19 supuestamente solo les dará 100 dólares. “A los médicos solo 100 dólares cagaos, pero a esos diputados que no hacen un coño, que ni si quieran van a la Asamblea Nacional, 5 mil dólares”, dijo.
Los diputados en desacato sumados al golpe autorizaron el robo de 342 millones de dólares pero les dieron 80 millones, cabe preguntarse si el Departamento del Tesoro seguirá aplicando el mismo método cuando “legislen para recuperar” el resto de los fondos retenidos a causa de las sanciones.