El proceso de postulaciones de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha concluido con un total de 13 postulantes inscritos y una secuela de profundas divergencias e intrigas por parte de la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), las cuales han desencadenado una fractura hasta ahora irreversible con la inscripción de tres candidatos, Enrique Márquez del partido Centrados, Manuel Rosales del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y Edmundo Urrutia por la Mesa de la Unidad democrática (MUD).
Más allá de la narrativa sobre supuestos obstáculos, nunca demostrados públicamente, impuestos por el CNE para impedir que la "candidata" sustituta de María Corina Machado, Corina Yoris, pudiera inscribirse, la trama que poco a poco se revela es que las divisiones y diferencias en la estrategia a seguir terminaron de fracturar la ya endeble coalición opositora de la PUD en el momento de las postulaciones, dando como resultado el cuadro de conflcito, tensión y traiciones ya abordado por MV con anterioridad.
No obstante, algunos gobiernos de la región compraron el relato sobre la imposición de obstáculos para las candidaturas ignorando las profundas fracturas existentes en la oposición venezolana y señalando de inmediato al gobierno como responsable de la situación, descalificando a priori el proceso electoral que apenas comienza. Los gobiernos de Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Chile y Guatemala son los que se han pronunciado sobre el escenario electoral venezolano hasta el cierre de esta nota, con niveles de intensidad y gravedad que no son homogéneos.
Lo más llamativo ha sido que, a estas acciones de presión diplomática, se sumaran gobiernos con una relación constructiva con Venezuela desde el campo progresista, como son los casos de Colombia y Brasil. Ambos fueron el foco noticioso en las últimas horas por los comunicados de sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, rápidamente respondidos por la cancillería venezolana en un llamado de respeto a la soberanía, en los cuales plantearon un conjunto de preocupaciones que pueden ser adjudicadas directamente a la confrontación opositora, como lo analizó MV el día de ayer.
En los casos particulares de Colombia y Brasil, por el significado que tienen dado que son países con una relación cercana con Venezuela, es necesario apuntar algunos comentarios que permitan esclarecer sus motivaciones, exceptuando a aquellos países que se incorporaron al impulso de cerco diplomático personificado en el Grupo de Lima, y que por actuar de forma teledigirida en función de los intereses estadounidenses contra Venezuela no significan ninguna novedad. No obstante, el retorno a una actividad de cerco diplomático indica que EE.UU. está promoviendo una agenda de presión internacional, con el objetivo de intimidar a Maduro y configurar un marco de justificación para restablecer las sanciones petroleras contra Venezuela a mediados de abril.
La desorientación Geopolítica
La vicepresidenta Delcy Rodríguez recientemente comentaba, en un seminario internacional sobre arquitectura financiera en Bolivia, frente a expresidentes y líderes regionales, que América Latina y el Caribe sufrían de una desorientación geopolítica y una dependencia introyectada de Estados Unidos que hacía que actuaran de forma delegada, sin una visión propia en defensa de sus intereses.
Quizá en el ejercicio de la política exterior veamos uno de los espacios donde más influencia e incidencia tiene Estados Unidos sobre los países de América Latina y el Caribe, lo cual se ve reflejado en el accionar de las cancillerías de la región con una actitud que se escuda, en muchas ocasiones, en la supuesta autonomía de esos despachos amparados en la lógica de que los funcionarios diplomáticos —de carrera— no responden a los gobiernos sino a los Estados.
Probablemente, el cómo se ha abordado el caso venezolano en la última década pueda ejemplificar mejor ese comportamiento que describimos en el párrafo anterior, sobre todo a la luz de lo que ocurrió en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el Mercosur, con el Grupo de Lima y en demás espacios regionales que, alineados con los intereses geopolíticos de EE.UU., participaron en la política de máxima presión contra el gobierno venezolano desde 2017.
Esta situación se ha adjudicado a la conjunción de gobiernos que simpatizaban con ese enfoque de injerencia e irrespeto contra Venezuela. Por defecto, se creía que con la llegada de nuevos gobiernos en estos países se cambiaría el enfoque de política exterior frente al país, pero durante estos últimos días hemos presenciando que la toma del gobierno por parte de esas opciones políticas no estaría significando una verdadera transformación de su postura con respecto a Venezuela. El eco del alineamiento con el mundo occidental, gobernado por EE.UU y la Unión Europea, sigue resonando.
Estados Unidos y la Unión Europea
A pesar de que a escala discursiva Estados Unidos se ha decantado por apoyar la vía electoral en Venezuela, siempre ha jugado con las cartas marcadas, manteniendo las sanciones económicas sobre el país y alentando a sectores extremistas a que continúen con una postura a doble banda; por un lado, animando a la participación electoral y, por otro, evitando rechazar rutas no constitucionales y violentas para la toma del poder. Ejemplo de ello han sido las cinco conspiraciones que planteaban atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y forzar un escenario de cambio de régimen, las cuales EE.UU. no rechazó.
Por eso no sorprende que el Departamento de Estado y sus vocerías principales, desde el mismo momento cuando se ratificó la inhabilitación de María Corina Machado, se movilicen para internacionalizar un relato favorable en pos de condicionar la legitimidad del proceso electoral del 28 de julio a exigencias puntuales que no fueron contempladas en el Acuerdo de Barbados, que contravienen los principios constitucionales y legales del país.
Aun a sabiendas de las profundas divisiones existentes en la oposición venezolana y que fueron expuestas en días recientes en un informe de inteligencia, el Departamento de Estado ha optado, en las últimas horas, por alentar una narrativa que transferiere la responsabilidad al Estado venezolano por la situación que han generado las traiciones y deslealtades existentes en la PUD. Esto derivó en desacuerdos públicos frente al proceso de postulación, pero sus consecuencias son adjudicadas al ente electoral venezolano. En su último comunicado, el Departamento de Estado ha atacado directamente al CNE y cuestionó la legimitidad del proceso electoral, con la finalidad de generar un efecto general en cadena que internacionalice esta narrativa.
Con tal relato, Washington ha empujado a la Unión Europea a que siga su enfoque calificando el proceso de postulación como "irregular y opaco que ha impedido a algunos partidos registrar a sus candidatos presidenciales". Lo más complejo de todo esto es que, en dicha acción, han arrastrado a muchos de los gobiernos de América Latina que demuestran esa desorientación geopolítica que se hizo mención con anterioridad, al situarse dentro de las premisas de conflicto y hostilidad emanadas desde Washington.
BRASIL
Ha sido pública y notoria la cercanía que, desde su arribo a Planalto en enero de 2023, Lula ha mostrado hacia el presidente Nicolás Maduro, bajo un enfoque de reconstruir la relación bilateral y plantear una alianza en temas regionales de primer orden. El desarrollo de la cumbre de mandatarios en Brasilia, el papel de Lula en la disputa con Guyana y sus declaraciones sobre María Corina Machado, que generaron un vuelo noticioso, además del interés geopolítico de reafirmar su papel de árbitro en la región, reflejan la intención de Lula de contribuir a la estabilidad política y económica de Venezuela, con Maduro en el poder.
Por eso ha sorprendido el comunicado destemplado de Itamaraty con respecto a Venezuela, el cual es contradictorio y desfinformado frente a un proceso electoral que aun sigue su curso de manera ininterrumpida siguiendo un cronograma, y que se ha perturbado por el caos interno en la PUD.
Las presiones dentro del Palacio Itamaraty para frenar la relación entre Lula y Maduro son harto conodidas. Esta postura responde a la histórica alineación de la cancillería brasileña con Estados Unidos y Europa. No olvidemos que, en el pasado, las acciones independientes de Itamaraty han generado serios problemas diplomáticos y geopolíticos al gobierno de Lula, con sus socios estratégicos del BRICS.
El comunicado coincide con las visitas del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, al país suramericano, institución que espió de forma sistemática a la presidenta Dilma Rousseff durante su presidencia en 2013, y con la del presidente francés Emmanuel Macrón. Ambos encuentros se circunscribieron en la apuesta de liderazgo global de Brasil tras estrenar la presidencia del G20.
No sería extraño que el comunicado pueda haberse realizado como un guiño al gobierno estadounidense a fin de congraciarse con este o por presiones directas de Washington, bajo la visión de que Brasil puede incidir en el dinámica política venezolana.
Colombia
Algo parecido podría estar ocurriendo con Colombia. La llegada de Petro a la Casa de Nariño significó no solo el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y la normalización paulatina de los más de dos mil kilómetros de frontera compartida, sino el surgimiento de un interlocutor válido en los procesos de diálogo que el gobierno nacional mantenía con sectores de la oposición, desde una posición de respeto y no injerencia en los asuntos internos del país, y así pareció desarrollarse en estos meses hasta la publicación del infortunado comunicado del pasado 26 de marzo.
Infortunado porque difícilmente, después de ese comunicado, pueda el gobierno de Gustavo Petro seguir teniendo validez como interlocutor cuando cuestiona “la transparencia y competitividad del proceso electoral”, parcializándose claramente en función de un sector político.
Por un lado, el desconocimiento de las lógicas internas de comportamiento de un sector de la oposición venezolana pudo haber influido en el pronunciamiento que desconoció la normativa vigente del país en materia electoral, a pesar de reiterar, contradictoriamente, el "respeto absoluto a la soberanía y autonomía del pueblo venezolano”.
Pero al igual que con Itamaraty, el palacio de San Carlos —sede la cancillería colombiana— pareciera tener vida propia, independiente de lo que el ejecutivo colombiano decida; y más aun a partir de la designación como canciller encargado de Luis Gilberto Murillo —en una acción muy controvertida donde Álvaro Leiva se vio envuelto en un “escándalo de corrupción” tras una denuncia de la procuraduría colombiana—.
Murillo se desempeñaba como embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos y había ocupado varios cargos como funcionario internacional en varias instituciones como la Usaid, BID, PNUD y Banco Mundial, lo que lo convierte a él en un interlocutor de confianza para la Casa Blanca.
Sin embargo, a pesar de seguir “ofreciendo sus buenos oficios en el caso de ser requeridos para seguir adelantando gestiones a través de canales diplomáticos discretos y confidenciales que permitan mantener un ambiente conducente a la concreción de soluciones democráticas propuestas, acordadas y alcanzadas por los propios venezolanos y venezolanas”, la relación ha quedado lastimada.
Petro y Lula expresan la desorientación geopolítica que caracteriza a nuestra región, razón principal de su pérdida de influencia y subordinación ante los intereses occidentales.
Camino a las elecciones del 28 de julio
La sincronización regional contra Venezuela estimulada por Estados Unidos y evidenciada en los comunicados de las últimas horas van perfilando un escenario de desconocimiento del proceso electoral, donde podrían estar participando gobiernos progresistas o de la llamada izquierda latinoamericana que reeditarían marcos de injerencia política destructiva como los conocidos durante la etapa del Grupo de Lima.
Venezuela ha dado muestras de respeto ante las situaciones internas de ambos países. En ningún momento se han emitido comunicados que denuncien la incompetencia del gobierno colombiano frente a los números asesinatos de líderes sociales que crecen y superan a los vistos durante la administración de Duque; o señalando ante Itamaraty por el constante crecimiento de la frontera agrícola en la Amazonía que afecta a todos los países parte de la cuenca amazónica, donde la principal responsabilidad la tiene el gobierno brasileño. Es lógico que Venezuela exija un comportamiento recíproco.
Las costumbres en las relaciones internacionales son frágiles y la construcción de confianza entre países pasa por el respeto de ellas. El gobierno venezolano aprendió de los años cuando se pretendió aislarlo política y diplomáticamente, adquiriendo una experiencia invaluable de resistencia. Y si bien reeditar un escenario como ese implicaría nuevos desafíos, el gobierno cuenta con la destreza para sortearlo como lo hizo dirante la época de la “máxima presión”.
En Venezuela la presión diplomática no ha tenido los efectos deseados por sus arquitectos. Por el contrario, generó daños colaterales que afectan de forma general todo el continente. Por lo pronto, se deberá esperar al 18 de abril, fecha en la que Estados Unidos debería renovar o no las licencias otorgadas en octubre pasado, para tener una primera aproximación de su posicionamiento con respecto a las elecciones, porque más allá de los comunicados y las declaraciones de voceros oficiales, allí es donde se establecerá la política de Washington con relación al proceso electoral venezolano.
Aunque independientemente de que lo haga o no, está clara la determinación del gobierno venezolano de continuar el cronograma electoral más allá de los gustos o pareceres de una comunidad internacional —centrada en América Latina y el Caribe— que sigue equivocándose, no solo con relación a Venezuela sino con el nuevo orden (multipolar) internacional que se configura y al que la región sigue ignorando, aferrándose a prácticas pasadas de presión y chantaje internacional.