El secuestro ilegal de la aeronave venezolana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cerca de la capital argentina, junto a la retención de la tripulación (19 personas), está por cumplir su tercer mes. Un recuento hace voltear la mirada a todas las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos que se han cometido y siguen sucediendo. Las operaciones psicológicas, políticas y mediáticas han maniobrado un escenario donde domina la intervención directa de Estados Unidos e Israel, mientras se lleva a cabo una judicialización de personas venezolanas e iraníes de manera extraterritorial.

Las primeras pistas

La situación fabricada de manipulación y hostilidad creciente en torno al avión venezolano de la empresa venezolana Transportes Cargo del Sur (Emtrasur) y sus tripulantes, retenidos ilegalmente en Argentina, está próxima a cumplir tres meses en septiembre.

Si bien Argentina ha sido el centro del caso desde el 8 de junio, el origen de maniobra política e informativa que concluyó en el secuestro se encuentra en Paraguay, en una seguidilla de hipótesis infundadas que alimentaron la creación artificial de un escándalo mediático sostenido en el tiempo.

Siguiendo las pistas iniciales de la trama, una vez iniciada la retención en el aeropuerto de Ezeiza, encontramos al ministro del Interior de Paraguay, Federico González, y el ministro de Inteligencia, Esteban Aquino, insistiendo en que habían enviado información de alerta sobre la aeronave a las autoridades argentinas, tras recibir un aviso de EE.UU. sobre la supuesta conexión con actividades ligadas al terrorismo.

Las declaraciones de los funcionarios paraguayos fue la materia prima con la que operó el ecosistema mediático argentino desde el principio para criminalizar la estancia de la aeronave, justificada por el traslado de autopartes a la multinacional Volkswagen desde Querétaro, México, favoreciendo y legitimando con ello la judicialización del avión y sus tripulantes.

Falsas advertencias

Desde Paraguay se afirmó que estas alertas supuestamente llegaron a Buenos Aires en paralelo al aterrizaje del avión en Argentina, y que también fueron enviadas a los servicios de inteligencia de otros países latinoamericanos. No obstante, dos datos trastocan la credibilidad de este relato.

El primero es que la aeronave de Emtrasur, en el mes de mayo, estuvo en Paraguay para transportar una carga comercial hacia Aruba. Las autoridades paraguayas permitieron el aterrizaje y no hubo ningún problema con la tripulación a nivel migratorio ni con la carga en términos aduaneros. El viaje ocurrió sin novedad.

El segundo es el encuentro que sostuvieron el presidente de Paraguay, Mario Abdo, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el día 8 de junio, en una cena en el marco de la IX Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.).

Fuentes de la Casa Rosada afirmaron al medio Página/12 que, en dicha conversación, Mario Abdo se refirió al avión venezolano, pero no mencionó nada con respecto a supuestas actividades terroristas o sospechas generales en torno a la tripulación de la aeronave que implicaran una alerta real al gobierno argentino. Sus comentarios, indica el medio argentino, se centraron en la disputa interna del Partido Colorado con el expresidente Horacio Cartés, haciendo referencia a la carga comercial transportada por Emtrasur como un hecho que le servía para golpear al expresidente.

La judicialización forzada

Las revelaciones de Página 12 demuestran que la inteligencia paraguaya improvisó una narrativa de alerta, respaldada por Estados Unidos, para forzar un clima de tensión informativa que habilitara la aplicación de un dispositivo judicial contra la aeronave venezolana. Además, en paralelo, se escenificaba una situación donde las autoridades argentinas habrían evadido el envío de información de inteligencia para permitir el aterrizaje del avión y el ingreso de la tripulación, lo cual insinuaba algún tipo de implicación.

Justamente, el 8 de junio, las hipótesis infundadas del gobierno paraguayo justificaron que el Comando de Defensa Aérea de Uruguay bloquease el acceso al espacio aéreo al avión de Emtrasur y el aterrizaje, cuyo objetivo era repostar combustible en Montevideo, ante la negativa de la empresa Shell de cumplir con un contrato ya prepagado para tal servicio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En vista de la negativa de Uruguay, la aeronave se vio obligada a retornar de emergencia a Ezeiza con una cantidad de combustible mínima que comprometió la seguridad de los tripulantes y las condiciones operacionales del propio avión.

Al poco tiempo del aterrizaje, las sospechas artificiales fueron utilizadas por Gerardo Milman y otros diputados del bloque opositor argentino Juntos por el Cambio, quienes pidieron información precisa sobre el avión al Gobierno argentino.

A partir de ese momento, y ya con las hipótesis infundas sobre supuesto "terrorismo" filtradas al corretaje de medios argentinos, apuntaladas por la presencia de cinco tripulantes iraníes, se dio forma a un escándalo, mediante el cual se activó un dispositivo de judicialización irregular, en tanto no existían indicios de delitos para justificar la persecusión, iniciado por el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, y la fiscal del mismo juzgado, Cecilia Incardona.

Instrumentalización y atentado contra la verdad

El 12 de junio, los diputados opositores Gerardo Milman y Ricardo López Murphy exigieron al juez Federico Villena que se investigue todo lo relacionado con el avión, pidieron una inspección profunda de la tripulación y advirtieron, sin pruebas, que la misma podría tener relación con los atentados contra la AMIA en 1994.

Mencionar el asunto de los atentados, con lo que eso significa para la memoria sentimental argentina, y establecer una vinculación ficticia con el avión de Emtrasur, implicó una escalada en el clima de tensión informativa que condujo a precipitar un tratamiento estigmatizante y criminalizador de la tripulación y al blanqueamiento de una operación de presión judicial irregular.

El mismo 12 de junio, actuando en sincronía con el relato de supuesta "actividad terrorista" ligada a la aeronave, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), exigieron públicamente un esclarecimiento total de la situación del avión, apuntando justamente a los actores del sistema judicial con competencia en Ezeiza: Villena e Incardona.

El 13 de junio, el juez Villena dictamina que la Dirección Nacional de Migraciones prolongue la retención de los pasaportes de la tripulación, la cual había empezado desde el mismo día 8 de junio cuando la aeronave se vio forzada a aterrizar de emergencia en Ezeiza.

Acto seguido, la fiscal Cecilia Incardona, apoyándose en el tsunami de presión que implicó la declaración de la AMIA y la DAIA, y en los pedidos de investigación de los diputados de Juntos por el Cambio, inició la apertura de un expediente que quedó bajo secreto sumario. Formalmente, el caso se transformaba en una causa, aun cuando hasta ese día y en todo el tiempo que ha trascurrido hasta ahora, no han aparecido pruebas de naturaleza incriminatoria que vinculen al avión y a la tripulación con elementos delictivos de ninguna índole.

La cadena de eventos posterior al 13 de junio estuvo marcada por un aumento sensible de la presión, tanto jurídica como mediática, para avalar la intromisión del Poder Judicial y, al mismo tiempo, confrontar y vaciar de legitimidad las declaraciones divergentes de altas autoridades argentinas que contaban la verdad sobre la naturaleza del viaje del avión.

El 14 de junio, el juez Federico Villena dictaminó el allanamiento de la tripulación y la retención de sus bienes personales, documentos y dispositivos electrónicos (teléfonos, tablets y laptops), con el objetivo de buscar elementos incriminatorios.

Ese mismo día, el jefe del servicio de inteligencia argentino (AFIA), Agustín Rossi, remarcó que sobre la tripulación no existía ningún pedido de captura o alerta roja, por lo que los movimientos de presión, pesquisas e indagación abusiva extralegal de juez Villena y la fiscal Incardona quedaban sin sustento de fuerza.

El 17 de junio, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, declaró que el análisis de la Policía Federal no había encontró ningún elemento que vinculara a la aeronave o a su tripulación con organizaciones terroristas.

Las declaraciones de Rossi y Fernández rivalizaban con el tratamiento de los medios y las medidas adoptadas por el juzgado de Lomas de Zamora, actuando a respuesta a presiones de la DAIA y la oposición argentina, y no conforme a la veracidad de los hechos comprobados: las inspecciones sobre la carga no arrojaron ninguna novedad, el avión no ha estado vinculado con tareas por fuera de lo comercial y sobre la tripulación no pesa ninguna restricción o alerta.

Estas declaraciones vaciaron de contenido la agenda mediático-judicial en contra de la aeronave de Emtrasur, y forzaron la intromisión abierta de Estados Unidos en el caso, que se lanzó a una ofensiva para inclinar la situación a su favor, buscando con ello la incautación del avión propiedad de Venezuela y una persecución judicial todavía mayor contra los tripulantes, a quienes se les ha violado sus derechos humanos más fundamentales en suelo argentino.

La segunda y última parte la puedes leer aquí.