Necesitado de un triunfo político y mediático que lo saque del ostracismo, el diputado saliente Juan Guiadó y su equipo han apostado a una maniobra de urgencia ligada a uno de los principales activos de la nación venezolana.

Se trata de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., filial de la estatal Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven).

La empresa, dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes y productos químicos diversos, fue tomada ilegalmente a mediados del año 2019 como parte del intento de cambio de régimen encabezado por Juan Guaidó e impulsado abiertamente por la Administración Trump.

La filial venezolana ya se encontraba sancionada tiempo atrás por el Departamento del Tesoro de EEUU con el objetivo de afectar sus operaciones. Al momento de la autoproclamación de Guaidó, las autoridades colombianas intervinieron para bloquear el ingreso al país de Ronald Ramírez, el presidente legítimo de la compañía, mediante sanciones y otras prácticas de intimidación.

La mesa estaba servida. Guaidó nombró ilegalmente juntas ad hoc, tanto para Monómeros como para Pequiven, constituidas por personas de su núcleo cercano. La toma a la fuerza del codiciado activo era un hecho en el mes de abril de 2019.

La junta ilegal de la empresa nombrada por Guaidó, a cargo de Carmen Elisa Hernández, ha indicado que la empresa se ha recuperado, aumentando sus ganancias y saneando sus cuentas. Guaidó aprovechó la noticia para autoadjudicarse una “victoria”, afirmando que “en solo un año logramos rescatar a Monómeros S.A. de la corrupción de la dictadura”.

Pero el argumento no alcanza a convencer si se observa el pasado reciente de la gestión Guaidó al frente de la empresa.

De todos los frentes abiertos por el gobierno ficticio de Guaidó para disputar la legitimidad del Estado venezolano, el de los activos destaca por su pésimo desempeño. Con respecto a Monómeros, cinco hechos resumen el manejo corrupto de la compañía, en contraste a la supuesta estrategia de la “protección de activos” propalada por Guaidó:

• En noviembre del año pasado, Humberto Calderón Berti (nombrado “embajador” por Guaidó en Colombia, y luego “sustituido”) denunció que “La injerencia de la Asamblea Nacional, y particularmente de dirigentes políticos, en el manejo gerencial de la empresa es inconveniente e impropio (…) Los partidos metieron la mano en Monómeros y metieron gente no calificada de poca reputación. No puede haber en las empresas públicas rebatiña ni reparto partidista, a la gente hay que escogerlas por sus condiciones, por sus credenciales, por su trayectoria, honestidad y transparencia e importa un bledo que la gente sea de cualquier partido”.
• En junio de 2019 la Superintedencia de Sociedades de Colombia, un organismo técnico del Ministerio de Comercio, inició la fiscalización de la empresa por encontrarse en “una situación crítica de orden financiero y económico” que podía desencadenar “que la sociedad cesara sus operaciones o presentara una situación de insolvencia”.
• El 16 de abril de esta año, el senador colombiano José David Name pidió al gobierno de Duque intervenir la empresa por estar, según su opinión, “siendo despedazada por sus directivos, es urgente que tome el control de la empresa y la regrese a sus buenos camino (…) Hay que corregir de manera inmediata la crisis que está viviendo Monómeros, no podemos permitir que acaben con una de las empresas de productos agroquímicos clave en el sector agrícola.
• No está del todo claro los niveles de producción actuales de la empresa. A principios del mes de julio del año en curso, Germán Palacios, presidente de la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa), afirmó que “los agricultores están en manos de tres compañías que son las que producen fertilizantes, que son Yara, Monómeros y Precisagro. Estas empresas se están apoderando cada vez más, para tener una rentabilidad mucho mayor a costa de los productores del sector agropecuario”. La empresa, desde febrero de este año, continúa siendo una empresa bajo vigilancia de la Superintedencia de Sociedades.
• En noviembre de 2019, el blog de investigación La Tabla reveló que la empresa había “perdido el 90 por ciento de su participación en el mercado internacional, y el 15 por ciento del mercado local colombiano, luego de que el gobierno paralelo de Juan Guaidó tomara control de su operación”.

La Tabla ha indicado que el supuesto balance exitoso de la gestión Guaidó es en realidad un ejercicio de maquillaje de cifras basado en maniobras contables para ocultar pérdidas. Citando la información presentada, el blog de investigación advierte que se utilizaron las reservas de la compañía para licuar las pérdidas acumuladas y así ocultar lo errática gestión del activo venezolano.

El mismo blog argumenta que “La realidad es que se tiraron los $USD 20 millones de ganancias de 2018, las reservas de inversión y los resultados acumulados de años anteriores” para viabilizar la estafa contable que celebra Guaidó como un triunfo.

La supuesta política de “protección de activos” ha sido todo un fracaso para Guaidó, y eso lo demuestra la vulnerabilidad actual de Citgo y el maquillaje de las cifras de Monómeros.