En la mañana del 3 de mayo de 2020 Venezuela fue testigo de un intento de invasión realizado por un grupo de mercenarios entrenados en Colombia y apadrinados por la administración de Donald Trump, cuyo objetivo consistía en incursionar en el territorio a través de las costas de los estados Aragua y La Guaira. Su propósito esencial: asesinar a integrantes del Gobierno Bolivariano, empezando por el presidente Nicolás Maduro. Ello suponía crear una situación de violencia y desestabilización en el país que viabilizara la ocupación extranjera en el mismo espacio nacional y alcanzar la definitiva toma del poder de Juan Guaidó.

A cuatro años de haberse frustrado esta incursión mercenaria, resulta necesario señalar dos aspectos que, en el contexto actual, adquieren una relevancia crucial, más allá de las evidentes fallas en la planificación y ejecución de la operación y las incuestionables responsabilidades de sectores de la oposición extremista venezolana y de algunos gobiernos extranjeros en su desarrollo.

En primer lugar, la unión cívico-militar-policial que, en apenas 48 horas, desmanteló la incursión y que se ha convertido en una pieza fundamental para garantizar la estabilidad política del país. En segundo lugar, resaltamos la Operación Gedeón como un plan en el que se apostaron recursos políticos y financieros de peso, orientado a subvertir el orden constitucional venezolano, y en el cual resultaron involucrados actores internacionales, factores de la oposición extremista y, además, tras las nuevas evidencias conocidas, un sector de poder infiltrado en el "chavismo" que participaba en la trama conspirativa PDVSA-Cripto.

la inteligencia social como factor clave

Por encima del rotundo fracaso militar y político que supuso la Operación Gedeón, adquieren relieve dos graves errores de cálculo estratégicos por parte de sus perpetradores. En primer lugar, se basó en una equivocada percepción por parte de los actores extremistas sobre la disposición de las poblaciones costeras a apoyar la incursión mercenaria; y en segundo lugar, implicó un "salto al vacío" al apostar por la deserción y el apoyo de las fuerzas del orden público al movimiento insurreccional.

Ninguno de los dos escenarios se dio y, para sorpresa de los mercenarios, la Operación Conjunta Negro Primero contó con la participación de la comunidad organizada que juntamente con fuerzas policiales y militares lograron desmontar los planes que implicaba la Operación Gedeón. Sin esa articulación, las posibilidades de éxito se habrían visto reducidas, o por lo menos comprometidas, ya que estamos hablando de zonas, sobre todo en las costas de Aragua, sin presencia militar de importancia para el momento.

La destacada participación de la comunidad organizada en una operación de tal magnitud no solo pone de manifiesto su compromiso inquebrantable con la defensa integral del territorio nacional, sino que también resalta el papel fundamental que las instancias populares desempeñan en la gestión de los asuntos de Estado y de gobierno en Venezuela.

Así, teniendo como marco conceptual la doctrina militar bolivariana, específicamente la necesaria corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos en la defensa integral de la nación, el gobierno en el territorio se ha convertido en un pilar neurálgico para la construcción de un sistema de defensa orgánico robusto, donde el pueblo actúa como garante de la soberanía e independencia de la nación.

"teníamos a los corruptos y traidores al lado"

La Operación Gedeón puso de relieve las extensas redes internacionales y nacionales que tejían los sujetos detrás de la conspiración contra la institucionalidad del Estado venezolano. Esta trama, urdida desde 2017, se materializó en un boicot político-diplomático orquestado desde la Organización de Estados Americanos (OEA), seguido por la creación del Grupo de Lima y, finalmente, respaldado por el Departamento de Estado estadounidense que amparó al autoproclamado "interinato" de Juan Guaidó a partir de 2019.

Sin embargo, fue con el fallido intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019 y la incursión mercenaria de la susodicha operación que se desveló en toda su magnitud la dimensión militar de esta conspiración.

Con la incursión paramilitar quedaron en evidencia los gobiernos de Iván Duque de Colombia y de Donald Trump de los Estados Unidos, ya que ambos países proporcionaron medios financieros y logísticos para el desarrollo del plan. Asimismo, como lo demostrarían investigaciones posteriores, hubo un componente empresarial nada desdeñable en la operación internacional contra Venezuela.

Pero lo más llamativo a cuatro años de la fracasada acción son las implicaciones que sectores gubernamentales, hoy procesados por traición a la patria, tuvieron en la incursión mercenaria. Así, el presidente Nicolás Maduro comentó en su programa de televisión que las recientes investigaciones sobre la trama PDVSA-Cripto revelaron que el exministro Tareck El Aissami, junto con el sector que lo acompañaba, tenían conocimiento del magnicidio frustrado de agosto de 2018, del intento de golpe del 30 de abril de 2019 y de la Operación Gedeón de 2020.

De esta manera, como lo manifestó el primer mandatario, lo que parecían hipótesis de investigación terminaron confirmándose con las diversas pruebas obtenidas de la investigación PDVSA-Cripto que viene adelantando el Ministerio Público: "Estuvieron en conocimiento del atentado ejecutado el 4 de agosto de 2018 contra mí. Y también estaban informados del golpe ejecutado hace 5 años, conocido como el golpe de los plátanos verdes, realizado en Altamira un 30 de abril de 2019, coordinados con Leopoldo López y con la Casa Blanca, con John Bolton, James Story y un apellido que aparece, ‘Fouli’", de quien el presidente Maduro dijo que "es el que mandaba y manda aun".

Los acontecimientos desarrollados en esas 48 horas en las que se logró desmontar la operación mercenaria mostraron al mundo la inquebrantable voluntad del pueblo venezolano de garantizar la paz, la soberanía y la democracia en el país. No obstante, no puede pasar desapercibido el compromiso con los planes desestabilizadores que sectores, supuestamente leales a la institucionalidad del Estado, mantenían con los factores que tradicionalmente vienen conspirando en Venezuela.