La irrupción violenta de la policía ecuatoriana a la embajada de México en Quito la noche del 6 de abril para secuestrar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas ha generado reacciones condenatorias de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Venezuela se ha destacado por su contundencia al emitir un comunicado a través de su cancillería, en el cual el gobierno de Nicolás Maduro denunció la captura "ilegal" de Jorge Glas, quien había recibido asilo debido a una supuesta persecución atroz. Se equiparó esta acción a las perpetradas en las dictaduras más siniestras de la región, como la de Augusto Pinochet en Chile o Jorge Rafael Videla en Argentina.

Por su parte, Nicaragua siguió el ejemplo de México al romper relaciones diplomáticas con Ecuador y calificó la acción de Quito como "insólita y repudiable", y anunció su decisión soberana de poner fin a toda relación diplomática con el gobierno ecuatoriano.

De manera similar, otros nueve países, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Bolivia y Honduras, expresaron un rechazo firme a los acontecimientos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castillo, quien también es presidenta pro témpore de la Celac, convocó una reunión urgente del bloque regional tras el incidente y solicitó la intervención de los cancilleres este martes. El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció la promoción de acciones para que la CIDH emita medidas cautelares a favor de Jorge Glas.

Incluso el gobierno de Javier Milei en Argentina emitió una condena al asalto a la embajada mexicana en Quito, en la que enfatizó la importancia de la plena observancia de las disposiciones de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Los países del Caricom manifestaron su preocupación en un comunicado oficial por las violaciones cometidas por Ecuador. Cabe destacar que todos los países de la región reaccionaron ante este suceso, excepto el gobierno de Nayib Bukele de El Salvador.

A pesar de no estar geográficamente dentro de la región, es relevante señalar el comunicado emitido por la República Islámica de Irán, particularmente en el contexto de un reciente ataque por parte de Israel a su consulado en Siria, que resultó en la muerte de siete personas, incluidos altos comandantes militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). El portavoz de la Cancillería iraní, Naser Kanani, expresó la preocupación de su país y subrayó la importancia de respetar y garantizar la seguridad del personal y las sedes de misiones diplomáticas y consulares.

¿Por qué es tan grave el asalto a la embajada mexicana?

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un tratado internacional que establece las normas y reglas que rigen las relaciones diplomáticas entre los Estados. Fue adoptada en 1961 y es considerada la principal fuente del Derecho Internacional en este ámbito.

El asalto a este tipo de espacios es considerado una violación grave al pacto ya que las embajadas son consideradas parte extraterritorial del Estado al que representan y gozan de inmunidad diplomática. Por lo tanto, los Estados receptores tienen la obligación de no invocar normas de derecho interno para justificar allanamientos, invasiones y otras violaciones de las obligaciones internacionales.

En años recientes, se han registrado otras vulneraciones a estos principios. En abril de 2019 el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue arrestado en la embajada ecuatoriana en Londres, lo que puso fin a casi siete años de asilo diplomático en el recinto. El entonces presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, permitió que la policía británica ingresara a la embajada, y así se violó el principio fundamental del asilo diplomático.

De manera similar, ese mismo año, la embajada de Venezuela en Washington D.C. fue asediada durante semanas por un grupo de opositores afines al autoproclamado "presidente interino" Juan Guaidó. Estos individuos tomaron el control ilegal de la embajada tras irrumpir por la fuerza con el respaldo de las autoridades estadounidenses. 

Nuevo Plan Cóndor en marcha

El panorama regional plantea la necesidad de analizar la posibilidad de un nuevo plan Cóndor en marcha en América Latina. Según el académico Rodrigo Karmy Bolton, en la actualidad la "Operación Cóndor" se ha renovado de manera tácita, sin necesidad de articularse desde una dictadura sino más bien a través de la instauración de gobiernos de derecha en la región.

La doctrina del "enemigo interno", utilizada históricamente para justificar la persecución de pueblos enteros, se reedita ahora bajo otro disfraz. Influenciados por Estados Unidos e Israel, señala Karmy Bolton, estos gobiernos de derecha se apoyan en operaciones policiales y militares represivas que recuerdan la Inquisición o la Escuela de las Américas.

En Ecuador, a raíz de la criminalidad y el narcotráfico, el presidente Daniel Noboa ha declarado un "conflicto interno armado", lo que ha llevado a una creciente militarización de la sociedad y un papel dominante de las Fuerzas Armadas sobre la Policía Nacional.

Esta situación, como plantea el economista ecuatoriano Alberto Acosta, conduce al subordinamiento de las instituciones civiles ante las Fuerzas Armadas que, sumado a la pretensión de algunos sectores de reintegrar a miembros de la fuerza armada estadounidense en el país, añade una capa de complejidad al panorama. Advierte que la represión militar y el populismo penal terminan por criminalizar a grupos empobrecidos y racializados, lo que podría convertirse en una estrategia para sofocar protestas populares y resistencias territoriales.

El asalto a la embajada de México en Ecuador para detener a Jorge Glas es un claro ejemplo de estas nuevas formas de control y represión que están surgiendo en algunos países de América Latina, con el agravante de violaciones al Derecho Internacional. Paralelamente, vemos a Israel cometiendo delitos aun más graves en su intento de consolidar la ocupación ilegal de Palestina, con el respaldo de Occidente. Por lo tanto, los gobiernos de América Latina y el Caribe no deben esperar a que estas violaciones escalen para tomar medidas contundentes que eviten la israelización de la región.

América Latina y El Caribe sin un plan claro 

Lo más trágico para la región es que a pesar de tener las instituciones y los mecanismos de integración para abordar una crisis tan delicada como la que se plantea en la actualidad, como lo constituiría la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la misma luce atada de manos y con una especie de parálisis que le dificulta su accionar y desde donde, seguramente, no saldrá nada.

Esta incapacidad no solo se debe a esa inexistente institucionalidad que le exige depender de la dinámica que le otorgue la cancillería del país que ostente la presidencia pro témpore, hoy en manos de Honduras, y que devela la necesidad de consolidar una estructura propia, con una secretaría ejecutiva potente, como lo viene proponiendo Venezuela desde por lo menos 2021, que le permita actuar sin depender del tiempo de las cancillerías.

Ubicamos tal inercia más bien en la pérdida de sentido que muestra la región, denominada por la Vicepresidenta venezolana como desorientación geopolítica, y que se expresa en un retroceso al alineamiento y alineación irracional con la política externa de los Estados Unidos, lo que explicaría no solo la tesis misma de un Plan Cóndor 2.0 —mencionada más arriba— sino también el reposicionamiento de Washington en la región, que tiene en los compromisos militares firmados por el Comando Sur en Guyana, Ecuador y Argentina su más reciente corolario.

El problema no es la violación de la inmunidad de una embajada y, por ende, sus implicaciones en la vulneracion de la soberanía nacional de un país —hecho gravísimo en el Derecho Internacional por sí mismo—, el problema es el terrible precedente que se sienta sobre una práctica —el derecho de asilo— que había gozado de un respeto y credibilidad incuestionable en la región. No es de extrañar que sea uno de los más rozagantes exponentes de la nueva derecha latinoamericana y caribeña.