Este jueves 15 de febrero, el gobierno tomó la decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, y ordenó que el personal adscrito debe abandonar el país en las próximas 72 horas. Asimismo, llamó a realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento en los próximos 30 días.

De acuerdo a lo expuesto en un comunicado de la Cancillería, esta firme determinación se mantendrá hasta que el organismo rectifique “públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas” ya que, contrario a lo dispuesto en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela, referente a que debe privar el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna del Estado, se ha inmiscuido en los asuntos internos del país.

El gobierno señala que la Oficina del Alto Comisionado se ha convertido en el bufete particular de los grupos golpistas que planificaban el asesinato del presidente Nicolás Maduro, así como de otros funcionarios del gobierno. En enero se reveló que los servicios de inteligencia desmontaron varias conspiraciones en 2023 y enero de 2024, por lo que fueron detenidas algunas personas y se libraron órdenes de aprehensión contra otras que se encontraban en fuga.

Entre esas personas detenidas vinculadas a esta trama se encuentra Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien además ha sido señalada de recibir fondos del exterior para conspirar contra Venezuela. Desde que fue aprehendida, quien dirige la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha salido en su defensa mediante el argumento de que se trata de una desaparición forzada perpetrada por el Estado Venezolano.

Posteriormente, reconoció que ya se conocía el paradero de San Miguel y el lugar de detención, pero igual afirmó que se le debían respetar sus derechos y exigió su liberación. La presidenta de Control Ciudadano fue detenida el pasado 9 de febrero en Maiquetía cuando intentaba salir del país.

Si ya públicamente se había señalado a Rocío San Miguel de formar parte de la trama golpista y, asimismo, se divulgó que tenía orden de aprehensión, su detención no puede calificarse como desaparición forzada.

Así lo indicó el fiscal general, Tarek William Saab, el 14 de febrero cuando arguyó que, de acuerdo con los establecido en la ONU, se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad ejecutada por agentes del Estado o por personas que actúan con la aquiescencia del Estado. “Eso nunca pasó aquí y se dijo que estaba detenida”, afirmó.

Por el contrario, relató que San Miguel fue “delatada por los militares detenidos”, quienes destacaron que en la trama conspirativa “su misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”. También agregó que en las extracciones telefónicas se han visto “cosas sumamente delicadas”.

Todo indica que desde estas oficinas de la ONU, y justo en un año cuando se exacerban las tensiones por las elecciones presidenciales programadas, se está buscando la manera de avivar la imagen de “Estado fallido” que se ha intentado proyectar desde 2017.

Una prueba de ello puede verse en las recientes declaraciones del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, que señaló que en Venezuela persisten los problemas de distribución de alimentos, con una fuerte crítica hacia los CLAP.

Luego de concluir su visita de dos semanas en el país, Michael Fakhri expuso que casi 82 % de los venezolanos vive en la pobreza en términos de nivel de ingresos, y 53 % está expuesto a la pobreza extrema, con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos.

En sus conclusiones deja entrever que el gobierno no ha sido eficaz para enfrentar los retos y atender las necesidades más básicas de la población, afirmaciones que hace sin tomar en cuenta que se trata de un país sometido a un régimen criminal de sanciones.