En las principales ciudades de Estados Unidos es cada vez más frecuente presenciar a individuos adoptando posturas extrañas y similares a las de los zombis en las películas de terror, como resultado de su dependencia a la mortífera droga sintética conocida como fentanilo.
Esta crisis de drogas se ha convertido en la peor en la historia de Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), más de 80 mil personas perdieron la vida como consecuencia de una sobredosis de opioides, legales o ilegales, lo que los ha convertido en la principal causa de muerte por exceso en el país en 2021.
Con un consumo de 99% de hidrocodona y 81% de oxicodona a escala global, Estados Unidos se encuentra sumergida en una adicción desmedida. El país llega a utilizar 30 veces más de lo necesario para su población.
Solamente en Williamson, Virginia Occidental, una ciudad con poco más de 3 mil habitantes, se produjo un aumento significativo en la cantidad de analgésicos opioides que se recetaron entre 2006 y 2016. Según un informe del Congreso de Estados Unidos, la ciudad recibió 20 millones de unidades de estos medicamentos en ese lapso.
Contribuciones de la Big Pharma a la crisis de opioides
La descontrolada proliferación de los analgésicos recetados ha sido uno de los principales impulsores de la epidemia de opiáceos.
A finales del siglo pasado se comenzó a promover su uso en la comunidad médica, que lo implementaba principalmente en pacientes con cáncer y enfermedades terminales. Para ello, se difundieron estudios científicos que aseguraban que la terapia con opioides a largo plazo era segura y efectiva, siempre y cuando el paciente no tuviera previos antecedentes de adicción a las drogas. Estas afirmaciones resultaron ser falsas.
En 1990 la compañía familiar Purdue Pharma lanzó OxyContin, una forma de oxicodona (un analgésico opiáceo) de liberación gradual, y emprendió una campaña agresiva para persuadir a los médicos de prescribir el medicamento para cualquier tipo de dolor.
En 1995 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de OxyContin para tratar el dolor moderado a severo. En ese momento, Purdue Pharma obtuvo la autorización para colocar en el empaque una afirmación de que el efecto a largo plazo de la droga disminuía su atractivo para los adictos, aunque fue eliminada en 2001.
Durante una reunión de la compañía para celebrar el lanzamiento de OxyContin al mercado, Richard Sackler, uno de los propietarios de la empresa, declaró que el medicamento sería tan popular que superaría la competencia. El doctor Curtis Wright, quien supervisó la revisión del medicamento en la FDA, pronto comenzó a trabajar para los Sackler con una compensación de 400 mil dólares en su primer año.
Esta familia ya era conocida por su publicidad agresiva y poco ética, pero en el caso de OxyContin concibió una campaña de proporciones sin precedentes. Su objetivo era persuadir a los médicos para que recetaran la sustancia no solo para el dolor severo sino para cualquier tipo de dolor. Purdue Pharma pagó a miles de médicos para que asistieran a seminarios donde se discutían los beneficios de OxyContin. Además, ofrecieron descuentos a los mayoristas, reembolsos a los farmacéuticos que solicitaban el medicamento por primera vez y cupones para los pacientes que incluían un paquete de inicio de 30 días. También otorgaron subvenciones a investigaciones científicas y realizaron publicidad masiva en diversos medios.
Entre los años 2006 y 2015, los fabricantes de analgésicos opioides invirtieron más de 880 millones de dólares en grupos de presión tanto a nivel federal como local. Incluso Richard Sackler, en un momento, se vanaglorió de que Purdue Pharma podría establecer contacto telefónico con prácticamente todos los senadores y congresistas que deseara en un plazo de 72 horas.
Esta estrategia tuvo un impacto significativo en la prescripción de OxyContin, lo cual resultó en un aumento exponencial de su consumo, en el aumento de las ventas —la farmacéutica ganó más de 35 mil millones de dólares con la venta en Estados Unidos desde su lanzamiento en 1996 hasta 2017—, y contribuyó al desarrollo de una nueva epidemia: la adicción a los opiáceos.
En 2007 Purdue Pharma admitió haber engañado a los médicos sobre la seguridad del OxyContin, lo que derivó en una multa de 600 millones de dólares, en ese momento calificada como "histórica", y la condena de tres directivos. Sin embargo, los miembros de la familia Sackler no fueron implicados en dicho asunto.
La responsabilidad de esta crisis no recae únicamente en la empresa de la familia Sackler, sino en toda la industria farmacéutica en su conjunto. Desde los proveedores de materias primas hasta las farmacias, toda la cadena de producción ha obtenido beneficios de esta crisis. Otras compañías, como Johnson&Johnson, Teva Pharmaceutical Industries, Endo Pharmaceuticals y Allergan, también han empleado estrategias similares para aumentar el consumo de opiáceos en el país.
Cómo llegan al fentanilo
Según el trabajo titulado "El veneno que elegimos", escrito por el periodista británico-estadounidense Andrew Sullivan, la epidemia de adicción a los opioides, como el caso del OxyContin, fue el resultado de una combinación de factores.
Por un lado, se basó en un único estudio que llegó erróneamente a la conclusión de que la gran mayoría de los pacientes hospitalizados no desarrollaría adicción, lo que condujo a su prescripción masiva. Además, los médicos, presionados para ser más eficientes, optaron por recetarlos rápidamente en lugar de investigar las causas del dolor. También se pasó por alto el hecho de que los efectos del OxyContin disminuían después de un corto período, lo que exponía a los pacientes a ingerir dosis más altas y durante lapsos más largos. Esto se vio exacerbado por la decisión gubernamental de sustituir los pagos de asistencia social para personas de bajos recursos por prestaciones por discapacidad, que incluían la cobertura de opioides para el dolor. Esto incentivó a médicos sin escrúpulos a recetar dichos medicamentos y a los pacientes a buscar formas de lucrarse vendiéndolos. Como resultado, el perfil social y cultural de los consumidores de opioides cambió, afectando incluso a jóvenes deportistas y estudiantes de secundaria.
Esta situación empeoró cuando las personas, por diversos motivos como la negativa de parte de médicos a seguirles recetando analgésicos legales, comenzaron a consumir opioides del mercado negro como la heroína y el fentanilo, lo cual ha resultado en un incremento en el número de muertes por sobredosis relacionadas con los opiaćeos en Estados Unidos.
Fue desarrollado en Bélgica en 1959 y se introdujo por primera vez en Estados Unidos en la década de 1970. En el ámbito médico, se utiliza para tratar el dolor intenso, especialmente en pacientes con cáncer o después de una cirugía dolorosa.
Durante uno de los momentos más críticos de la crisis de opioides en 2016, exacerbada por el fentanilo, y ante la indiscutible evidencia de que las empresas farmacéuticas estaban irresponsablemente distribuyéndolos y lucrándose con la adicción, estas reaccionaron con determinación al promover una legislación que restringiría drásticamente la capacidad de la DEA para intervenir en el suministro de estos medicamentos. La ley fue aprobada de manera unánime en el Congreso ese mismo año, sin que ningún legislador se opusiera o cuestionara las posibles consecuencias negativas de esta medida.
Algunos senadores, como Tom Marino y Marsha Blackburn, defendieron activamente esta legislación. Luego de la aprobación del instrumento, Blackburn recibió donaciones que ascendían a casi un millón de dólares provenientes de empresas farmacéuticas, pero no fue la única beneficiada. Varios senadores se vieron económicamente favorecidos gracias al proceso, la cual contribuyó de manera significativa a empeorar aun más la crisis de opioides.
El valor de un kilo de fentanilo puede alcanzar los 1,2 millones de dólares, lo que es considerablemente más alto que el valor de la misma cantidad de heroína, que ronda los 500 mil dólares. Además, debido a su alta potencia y su reducido tamaño, que facilita su distribución, se ha convertido en una opción extremadamente lucrativa y atractiva para aquellos involucrados en el mercado de drogas ilegales.
Su potencia también se ve reflejada en los efectos que produce y su letalidad. Una sobredosis puede deprimir el sistema respiratorio; llevar a la pérdida de conciencia o a un estado de coma; disminuir la presión arterial, lo que puede resultar en mareos, debilidad y desmayos; causar daño en los órganos, especialmente en el corazón, el hígado y los riñones.
Tan solo 2 miligramos pueden ocasionar la muerte por una sobredosis. Esto equivale al tamaño de unos pocos granos de sal.
La historia de EE.UU. con los opioides
Andrew Sullivan sugiere que la crisis de muertes relacionadas con los opioides en Estados Unidos no se puede atribuir únicamente a las compañías farmacéuticas, médicos, políticas gubernamentales o factores socioeconómicos. En cambio, argumenta que esta crisis es parte de una historia más profunda de dolor y búsqueda de alivio.
Se compara el impacto de los opiáceos en la sociedad estadounidense actual con el efecto del LSD en los años 1960, la cocaína en los años 1980 y el crack en los años 1990. Los opioides se presentan como la droga que define esta era actual y Sullivan advierte que la tendencia probablemente perdurará durante mucho tiempo.
Durante la Guerra de Independencia, tanto las fuerzas británicas como las estadounidenses utilizaban estas drogas como medicina para el dolor de las heridas en el campo de batalla. Incluso personajes históricos como Thomas Jefferson y Benjamin Franklin estaban relacionados con el uso de opioides.
"Benjamin Franklin tuvo fama de ser adicto en su vejez, como muchos lo eran en ese momento. William Wilberforce, el evangélico que abolió la trata de esclavos británica, era un entusiasta diario. Como explica Martin Booth en su clásica historia de la droga, las amapolas proliferaron en Estados Unidos y el uso de opioides en medicamentos de venta libre era algo común", escribe Sullivan.
El periodista también señala que la epidemia de estas sustancias en los años 1860 y 1870 fue causada por la dislocación social y cultural generada por la guerra y la industrialización. El estrés psicológico causado por estos cambios impulsó su uso consumo como forma de alivio. Incluso se estima que hasta 10% de los ingresos de una familia trabajadora en la Gran Bretaña industrializada se gastaba en opio.
Ahora, la desindustrialización de Estados Unidos y los problemas económicos y culturales resultantes son una de las razones por las que la crisis de opioides ha crecido. La droga ha encontrado un hogar en las zonas rurales y pequeñas ciudades que han sufrido la pérdida de sus industrias. Además, el dolor causado por la Gran Recesión y la limitada atención médica impulsada por el mercado han exacerbado el problema de los opiáceos en el país.
"Para hacer frente a ese dolor, el sistema de atención sanitaria estadounidense, exclusivamente impulsado por el mercado, estaba más que preparado", escribe Sullivan.
La adicción a las drogas no solo está determinada por la sustancia en sí, sino también por el entorno donde se encuentra el individuo. Al realizar un experimento con ratas, se demostró que aquellas que estaban en un ambiente enriquecido, con elementos de juego y compañía, consumieron menos droga que aquellas que estaban en un ambiente aislado.
El periodista compara este concepto de adicción con la realidad de la sociedad estadounidense. Argumenta que la transformación económica y cultural impulsada por el capitalismo y la tecnología ha convertido muchas comunidades en una especie de "jaula para ratas". La automatización del trabajo ha reducido la dignidad de los trabajadores de clase media y, al mismo tiempo, ha debilitado las estructuras familiares tradicionales. Además, el avance de la tecnología, como internet y los teléfonos inteligentes, ha deteriorado las relaciones humanas y la sensación de comunidad. Todo esto ha llevado a un sentido de inseguridad económica y vacío espiritual en la sociedad estadounidense actual.
Se ha producido una disminución de los elementos tradicionales que solían brindar significado colectivo a la vida de las personas, dice Sullivan, que incluyen la ética de trabajo, las asociaciones comunitarias y religiosas. En su lugar, hay una proliferación de adicciones y distracciones, como el trabajo excesivo, la comida, los teléfonos, la televisión, los videojuegos, la pornografía, las noticias y las drogas.
Esta búsqueda de gratificación instantánea y fácil puede ser vista como el contexto más amplio de la crisis de los opioides, señala el periodista. La mayoría de las personas que se involucraron en el consumo de drogas opiáceas, como la amapola, no lo hicieron por elección consciente.
En cambio, fueron introducidos a través de sus familiares y amigos, quienes a su vez fueron influenciados por la industria médica y las compañías farmacéuticas. Por lo tanto, Sullivan dice que no se debe ver a estas personas como miserables que recurren a las drogas, sino como individuos que no se dieron cuenta de lo miserable que eran hasta que descubrieron una forma de vida a través de las drogas.
"Volver a sus vidas anteriores se volvió impensable. Para muchos, todavía lo es", explica.
Intereses geopolíticos contra China y México
A pesar de las numerosas contradicciones que existen en Estados Unidos en cuanto a su política sobre el tráfico de drogas, incluido el problema de los opioides, el país se ha propuesto desempeñar un papel de supuesto juez imparcial en el tema del fentanilo, en el cual también se entremezclan intereses geopolíticos.
Cuando Donald Trump declaró la crisis de opioides una "emergencia nacional", acusó a China de estar detrás de ella. Pidió al Senado que "detenga este veneno que está matando niños y destruyendo el país".
It is outrageous that Poisonous Synthetic Heroin Fentanyl comes pouring into the U.S. Postal System from China. We can, and must, END THIS NOW! The Senate should pass the STOP ACT – and firmly STOP this poison from killing our children and destroying our country. No more delay!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2018
Desde el 1º de mayo de 2019, el gobierno chino asumió regulaciones más estrictas al agregar todas las drogas de tipo fentanilo, y dos de sus precursores claves, a la lista suplementaria de estupefacientes controlados y sustancias psicotrópicas no médicas. Además, en 2018 acordó cooperar con Estados Unidos en la lucha contra su tráfico ilegal. Datos como esos demuestran el enfoque adoptado por el país asiático en la lucha contra el problema de las drogas, el cual se basa en una política de tolerancia cero.
La administración Biden ha seguido con los mismos señalamientos. En mitad de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó por primera vez una acusación contra empresas y ciudadanos chinos presuntamente vinculados al tráfico de sustancias utilizadas en la fabricación de fentanilo. Esta demanda se dirige específicamente a una compañía química china conocida como Hubei Amarvel Biotech, y a tres de sus ejecutivos. Dos de ellos, Qingzhou Wang de 35 años, y Yi Chen de 31 años, fueron arrestados en Hawái.
Los fiscales de Nueva York también han presentado cargos similares contra otras empresas y ciudadanos chinos. Tras su visita a Beijing, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la creación de una coalición conformada por países de la Unión Europea, Japón, Egipto, Sri Lanka, Panamá y Perú, con el objetivo de "combatir la amenaza que representan las drogas sintéticas ilegales". China fue invitada a unirse a esta coalición.
En un comunicado, el país asiático denunció enérgicamente estas acciones y presentó protestas formales al gobierno de Estados Unidos. Según la Cancillería china, las medidas tomadas por Estados Unidos, ya sea a través de tácticas coercitivas, coacción u operaciones ilegales, no resolverán el problema de las drogas, sino que solo sirven como chivo expiatorio para culpar y atacar su República.
La estrategia de Washington consiste en utilizar el fentanilo como pretexto para difamar a Beijing, al tiempo que impone sanciones y presenta cargos contra empresas y ciudadanos chinos. China ha afirmado en repetidas ocasiones que el problema del abuso de fentanilo en Estados Unidos se debe a las políticas internas y la deficiente gobernanza del país, no a China, que ha impuesto estrictos controles sobre esta sustancia.
El 30 de mayo Estados Unidos decidió imponer sanciones a varias personas y entidades tanto de ese país como de México. Estas acciones se debieron a la acusación de que dichos individuos e instituciones supuestamente suministran equipos utilizados por los carteles mexicanos de la droga para la producción de píldoras de fentanilo.
La Comisión Nacional de Control de Narcóticos de China también manifestó su insatisfacción y oposición hacia Estados Unidos por las sanciones impuestas, así como su denigración hacia empresas e individuos connacionales por las exportaciones de productos químicos y equipos a México.
Y es que México es el otro punto de mira de Estados Unidos al buscar chivos expiatorios sobre la crisis de los opioides. Culpa al país vecino de no hacer lo suficiente para combatir la producción y el tráfico de fentanilo, en el que están involucrados los carteles de la droga mexicanos. Estados Unidos también acusa a México de no cooperar con las autoridades estadounidenses para compartir información y realizar operaciones conjuntas contra esta droga.
Con esto se minimiza que gran parte de la responsabilidad recae en las farmacéuticas estadounidenses y en los altos funcionarios que fueron sobornados para permitir la venta indiscriminada de tales medicamentos adictivos, y que la ley impulsada por estas mismas empresas para limitar las facultades de la DEA y seguir reabasteciéndose sin control también contribuyó a agravar la crisis.
En ese marco, existe una iniciativa presentada ante el Congreso estadounidense por los legisladores Dan Crenshaw y Michael Waltz para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas en México contra los carteles de tráfico de fentanilo. Esta propuesta ha sido criticada por el gobierno del presidente Andrés Maniel López Obrador (AMLO) como una medida injerencista y violatoria de la soberanía mexicana.
Desafíos para Venezuela
El tráfico de opiáceos en Latinoamérica, aunque todavía es un fenómeno muy pequeño en comparación con el de otras drogas, tiene la potencialidad de modificar el comportamiento del narcotráfico en Latinoamérica, con nuevos mercados, rutas y sustancias.
A diferencia de Estados Unidos, el uso generalizado de opioides no médicos en la población latinoamericana es extremadamente bajo, pero se han registrado casos en los que se están cortando drogas como la cocaína y la heroína con fentanilo u otros opiáceos sintéticos.
Recientemente, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció la confiscación de 45 dosis de fentanilo que ingresaron a Venezuela desde Colombia, lo cual plantea una serie de problemas complejos para el país.
En primer lugar, esta situación probablemente será utilizada por Washington como una herramienta más para criminalizar el gobierno venezolano, y generar una campaña mediática de desinformación similar a la que se ha observado con el "cartel de los soles".
El fentanilo representa una amenaza grave para la población venezolana, especialmente para los jóvenes. Como ya se ha mencionado, esta droga altamente adictiva puede causar efectos devastadores en la salud mental y física de quienes la consumen, con adicciones difíciles de superar. La juventud, que ya enfrenta múltiples desafíos relacionados con la situación económica y social influenciada por las sanciones impuestas a Venezuela, así como la crisis sistémica del capitalismo, se encuentra especialmente vulnerable ante estos riesgos.
Por último, es importante destacar que este asunto, visto como una preocupación principalmente estadounidense, está comenzando a convertirse en un desafío a escala global. La demanda mundial de estas sustancias estupefacientes está conformando un mercado en constante crecimiento, lo que contribuirá a la sostenibilidad de su producción y distribución a escala mundial.
Las autoridades venezolanas responsables de mantener la seguridad en las fronteras nacionales actualmente luchan contra el tráfico de drogas provenientes desde Colombia, y ahora deberán enfrentar los desafíos que surjan debido a los intentos de propagación y comercialización de drogas sintéticas como el fentanilo en territorio venezolano.