El miércoles 24 de septiembre se cumplían 11 días de audiencias en el Reino Unido sobre el caso de Julian Assange, fundador de Wikileaks.

Se está deliberando si se concederá la orden de extradición del australiano solicitado por Estados Unidos. En ese país tendría que enfrentar 175 años de prisión o un escenario peor, el de la pena de muerte, por un abultado expediente de 18 cargos criminales que el gobierno de EEUU bajo la Administración Trump ha fabricado sobre la base de que su trabajo de investigación es equivalente a espionaje.

En realidad, a Assange se le quiere cobrar el daño provocado al establecimiento estadounidense por desvelar planes secretos en materia de inteligencia, seguridad y guerra, sumado a la exposición de pruebas contundentes de torturas y crímenes de guerra gubernamentales.

Los tribunales retomaron el caso el 7 de septiembre. Antes, en febrero de este año, se vieron obligados a pausar la audiencia completa por las circunstancias de la pandemia de Covid-19. El 10 de septiembre fue brevemente aplazada debido al contagio de coronavirus que hubo en uno de los abogados.

Las audiencias se han realizado en estrictas reservas. Nada más diez periodistas han estado presentes, para obstaculizar el acceso de los medios al estado de salud de Julian Assange, quien no ha sido visto de nuevo en público desde que fue arrestado en la sede de la embajada de Ecuador en Londres.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, lo visitó en mayo de 2019 y describió signos de “tortura psicológica” en él. Activistas de DDHH denuncian que durante el tiempo que ha estado en la prisión de máxima seguridad de Belrmash ha sido sometido a distintos tipos de tortura.

Está recluido en una celda en solitario. No puede realizar ejercicios ni recibir luz solar. No tiene acceso a los documentos legales de su juicio ni permiso para comunicarse con sus abogados. El riesgo a contraer coronavirus tampoco fue motivo para cambiar las condiciones de su confinamiento.

En las audiencias se le ve aislado en una jaula de vidrio. En febrero le reclamó a la juez las dificultades que le son impuestas en su proceso: “Participo tanto en estos procedimientos como lo hago en Wimbledon (…) No puedo comunicarme con mis abogados ni pedirles aclaraciones”.

Algunos portales de información han realizado registros diarios del desarrollo de la audiencia de Assange. De la intervención de los testigos se reafirma la motivación política del gobierno estadounidense en la extradición. Los argumentos (en orden cronológico) son sólidos en señalar que:

• En el oficio del periodismo no existen precedentes de que alguien haya sido juzgado por publicar información clasificada.
• Assange fue riguroso en revisar que la redacción de los documentos filtrados para proteger la identidad de las fuentes. Pidió además que los que trabajaban en ellas utilizaran “comunicaciones seguras, teléfonos y aplicaciones encriptadas”.
• No hay evidencias significativas de que se haya puesto en riesgo la vida de iraquíes o estadounidenses por la divulgación de los datos relacionados a la guerra en Irak.
• Los 18 cargos que fueron elaborados contra él pudieron englobarse en una única acusación, por estar todos enmarcados en la Ley de Espionaje. La idea de presentarlos por separados responde a maximizar el tiempo de condena.
• La politización del caso fue reafirmada con la revelación de la oferta de indulto que hizo la administración Trump en 2017 a cambio de que Assange revelara la fuente que hackeó los correos electrónicos de la Convención Nacional Demócrata en 2016.
• Tres de los 18 cargos lo acusan de revelar informaciones sobre el Departamento de Estado. Sin embargo, los datos ya habían sido divulgados en otros medios y estos no habían sido enjuiciados por ello.
• Por sus precarias condiciones de salud mental, producto de las torturas psicológicas a las que se ha visto expuesto, Assange corre un alto riesgo de suicidio si es extraditado a Estados Unidos.

El silencio mediático

Julian Assange fue sacado de la embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril de 2019 y arrestado el mismo día, como parte de una negociación entre Lenin Moreno y el gobierno de Estados Unidos para que el presidente ecuatoriano recibiera un financiamiento del FMI.

Antes, Assange había estado asilado en el edificio diplomático por siete años, después que la justicia británica emitiera una extradición a Suecia por una acusación de supuesto acoso sexual. La amenaza de que bajo esta jugada judicial, Assange hubiese sido entregado a Estados Unidos, donde lo menos que tendría sería un juicio justo, hizo que él pidiera el asilo político. El país escandinavo terminó retirando la petición al Reino Unido.

Los documentos más importantes de Wikileaks, filtrados a partir de 2010, constituyen un quiebre al hermetismo con que han funcionado los estados y corporaciones que gravitan alrededor del poder hegemónico estadounidense.

Gracias a la liberación de cientos de miles de cables del Pentágono, del Departamento de Estado y de la diplomacia estadounidense el mundo pudo saber con precisión los detalles de las invasiones militares en Afganistán e Irak, por ejemplo, o las pretensiones detrás de la intervención de la OTAN en Libia.

Wikileaks llegó a acuerdos con medios de la talla de The New York Times, Washington Post y The Guardian para procesar la cuantiosa información clasificada que tenía en su poder, así como para que tuviese una máxima difusión. Los medios occidentales hicieron su parte para impulsar las ventas con la exclusiva. Además no podían evadir la revelación más importante sobre el funcionamiento del capitalismo globalizado, aunque eso significaba que los magnates contribuyentes de sus corporaciones recibieran golpes.

El silencio de ellos con el desarrollo de los eventos que rodean a Assange es esclarecedor. Resulta que su destino va a sentar un precedente en la historia sobre el derecho a difundir información. Como compromete a las élites que operan en el estado profundo, ninguno de los medios más influyentes, conservadores o liberales, están divulgando el caso, o lo hacen solo para ridiculizar y atacar a Assange.

La “libertad de prensa” que dicen defender deja de ser conveniente si ataca al orden establecido al que ellos tributan.

¿Sobre qué personajes depende la decisión de extradición de Assange?

“Lady” Emma Arbuthnot, magistrado jefe y juez de distrito principal de Inglaterra y Gales, es la juez que conduce el caso de Assange desde 2017. Fue la encargada de dictaminar, en junio de 2019, la audiencia de febrero de este año para evaluar la solicitud de extradición hecha por el gobierno de EEUU.

La jueza de distrito Vanessa Baraitser fue designada por Arbuthnot para llevar las audiencias de Assange en el tribunal de Old Bailey. Sin embargo, en la jerarquía de los tribunales británicos el magistrado principal tiene la responsabilidad de orientar a los jueces de distritos, por lo que Arbuthnot sigue siendo quien legalmente supervisa el proceso de Assange.

Esta aclaratoria es necesaria para describir las relaciones de la magistrada principal con factores del complejo militar-industrial británico, enemigos de las acciones de Wikileaks, y cómo la actuación de ella amenaza con perjudicar el desempeño objetivo del caso judicial, aun cuando debía declarar ante los tribunales cualquier posible conflicto de intereses.

Arbuthnot es esposa de un “conocido ‘halcón’ conservador, exministro de Adquisiciones de Defensa, vinculado al Complejo Militar-Industrial y a los Servicios Secretos”, Lord (James) Arbuthnot de Edrom, al que debe su título de “Dama”, dice el politólogo Malio Dinucci. James está en el consejo asesor de la empresa militar Thales Group y hasta principios de 2020 fue asesor empresa de armas Babcock International. Las dos corporaciones mantienen negocios con el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

“Lord Arbuthnot también forma parte de la Sociedad Henry Jackson (o HJS, por sus siglas en inglés), un influyente grupo de expertos transatlánticos vinculado al Gobierno de los Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia”, continúa Dinucci. Con ese grupo fue a reunirse el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en julio de este año. Declaró que desde que era director de la CIA, en 2017, acusó a Wikileaks de ser “un servicio de espionaje enemigo”.

La secretaria del Interior del Reino Unido, Priti Patel, recientemente dejó de formar parte de la junta política de la HJS. Patel tiene responsabilidades institucionales en la orden de extradición de Assange

En la rama de ciberseguridad (un eufemismo para hablar de guerra cibernética y vigilancia), Lord Arbuthnot también preside el Consejo Asesor de Aseguramiento de la Información. Este organismo tiene una lista de patrocinantes de los que destacan las empresas de armas estadounidenses Raytheon y Northrop Grumman.

Dice la periodista de investigación Lucy Komisar que: “cuando (Lady Arbuthnot) ocupó su anterior puesto como jueza de distrito en Westminster, se benefició personalmente de la financiación junto con su esposo de dos fuentes que fueron expuestas por WikiLeaks en sus publicaciones de documentos”.

Se refiere a dos casos investigados por los periodistas Mark Curtis y Matt Kennard en el diario sudafricano Daily Maverick.

En el registro de intereses del Parlamento inglés se encuentran inscritos pagos que recibieron Lady y Lord Arbuthnot del establecimiento militar. El primero fue la entrega de unas entradas para asistir en octubre de 2014 al exclusivo Festival de Flores de Chelsea, pagadas por Bechtel Management Company Ltd, filial de la mayor compañía militar en Estados Unidos, Bechtel.

En noviembre de ese año el Foro Tatlidil turco-británico cubrió los gastos de una visita de los Arbuthnot a Estambúl. Dice James en su declaración ante el registro de intereses que el viaje fue realizado “para promover las relaciones bilaterales entre Gran Bretaña y Turquía en un alto nivel nivel”.

“Como sujetos de filtraciones no deseadas, tanto Bechtel como Tatlidil tienen motivos para oponerse al trabajo de Assange y WikiLeaks”, refiere la nota en el Daily Mavereick.

Dos organizaciones expuestas por Wikileaks que le brindaron beneficios financieros a la magistrada que conduce la condena contra Assange en el Reino Unido. Magistrada claramente vinculada a los grupos corporativos militares que presionan por el castigo del acusado. ¿Es necesaria otra evidencia de colaboración entre británicos y estadounidenses para zanjar lo de Assange? Nada más que añadir.

O tal vez sí. Vale la pena revisar otra investigación de Komisar, que tampoco ha sido de mayor difusión y que apunta a conflictos de intereses entre algunos de los abogados que forman parte de la defensa de Assange.

El texto ofrece detalles de cómo funciona el sistema legal británico, que permite que los abogados puedan tomar parte en ambos lados de algunos casos judiciales. En el tema de la extradición de Assange, los bufetes Mishcon de Reya, Matrix Chambers y Doughty Street Chambers, involucrados en su defensa, también han representado a los intereses del gobierno de Estados Unidos en el caso de William Browder, un inversionista estadounidense culpable de realizar acciones financieras ilícitas en Rusia y que debe sumas millonarias en evasiones fiscales al gobierno ruso.