Para los enemigos de Venezuela no es suficiente allanar los caminos de la desestabilización, la sedición y la intervención extranjera multifactorial, más bien son los mecanismos que usan motivados por el lucro y la acumulación. Y usan peones locales con hábitos antinacionales con el fin de saquear las finanzas y los activos de la República Bolivariana en el mundo.

Algunas compañías energéticas y mineras han decidido llevar su cruzada por los recursos venezolanos a los tribunales internacionales y estadounidenses. Suelen exigir una indemnización por “malos tratos” durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y además tienen a un abogado venezolano que no tiene problemas en cobrar unos cuantos dólares por testificar y tejer estratagemas jurídicas con el fin de ganar en la carrera por las luchas legales de las transnacionales contra las empresas públicas venezolanas.

Nos referimos a José Ignacio Hernández, quien hasta hace unas pocas semanas era el procurador fake del “proyecto Guaidó”. Participó activamente en los fallos ante la Corte de Delaware (EEUU) a favor de Crystallex contra CITGO (filial de PDVSA, estatal petrolera venezolana) en 2018, asimismo a favor de Owen Illinois en 2019, introduciendo el argumento jurídico del “alter ego”; y fue denunciado bajo pruebas por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez de planificar otro fallo a favor de ConocoPhillips, también contra CITGO.

Luego de que se propagara el escándalo, Hernández fue desvinculado del gobierno ficticio de Juan Guaidó. Esta facción desmanteló ella misma la narrativa de la “protección de activos” que tanto iza ante tribunales extranjeros contra la legítima República Bolivariana, siendo el ex “procurador” fake quien ha impedido que Venezuela tenga una defensa formal y contundente para hacer valer sus intereses en instancias internacionales y judiciales en Estados Unidos.

Los sobornos petroleros

Este individuo sin duda ha sido un factor importante en las sombras en la guerra transnacional contra Venezuela. Hoy es expuesto nuevamente a través de la prensa internacional.

La periodista estadounidense, Anya Parampil, miembro de The Grayzone, publicó recientemente un reportaje: “El escándalo de los sobornos petroleros expone el doble juego corrupto del ‘procurador general’ de Guaidó”, que exhibe los honorarios cobrados por Hernández “como mercenario legal para los saqueadores corporativos de la compañía petrolera venezolana PDVSA”.

La investigación de Parampil demuestra que “el testimonio de Hernández fue comprado y pagado por gigantes petroleros extranjeros con interés en defraudar a la empresa petrolera estatal de Venezuela de miles de millones de dólares”.

Menciona que las mismas compañías que sobornaron al abogado venezolano también hicieron lo mismo con funcionarios corruptos de PDVSA “para amañar contratos a su favor”.

En un momento histórico en el que la inestabilidad es un signo de los tiempos para Venezuela, ahondado bajo el marco pandémico y la fragilidad de los recursos estatales en el extranjero, José Ignacio Hernández ha fungido de escanciador de las corporaciones energéticas internacionales.

Parampil expone: “Hernández también cosechó un pago de 163 mil dólares del Grupo Europeo OI a cambio de su testimonio contra Caracas”.

Y en el caso del Fondo Fiduciario para Litigio de PDVSA contra las compañías que pagaron los sobornos, desestimado por un tribunal estadounidense con un tecnicismo por argumento en 2019, “se le pagó 350 dólares por hora de un quién es quién de la industria petrolera por su análisis”.

“Por lo tanto, Hernández estaba cobrando fuertes honorarios a los enemigos del mismo estado venezolano al que más tarde afirmaría representar, cuando asumió el cargo de ‘procurador general’ en la administración sombra de Guaidó. Sus lucrativas relaciones con las corporaciones extranjeras que planean explotar la riqueza de Venezuela desenmascaran las fuerzas reales detrás de los esfuerzos de cambio de régimen de Guaidó, y su posterior agenda de ganancias, también plantean serias dudas sobre si violó la ley de los Estados Unidos”, comenta la periodista.

Para el reportaje fue entrevistado Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero venezolano y secretario del partido antichavista Avanzada Progresista, quien presentó una solicitud formal ante el Departamento de Justicia estadounidense para que el ex procurador fake de Guaidó fuese investigado ya que existe la posibilidad de que haya violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. “Tenemos razones para creer que [la conducta de Hernández] es algo que debe ser investigado”, dijo Rodríguez a The Grayzone.

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero prohíbe a los ciudadanos y entidades estadounidenses sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para beneficiar sus intereses comerciales.

Pero esto solo es la punta del iceberg. Pronto se espera el fallo de otro caso importante en el que “Hernández estaba trabajando para proteger a algunas de las mayores empresas de energía del mundo del castigo por su exitoso plan para defraudar a su patria en más de 15 mil millones de dólares”.

Helsinge Inc entra en escena

La trama en la que está inmersa PDVSA en tribunales estadounidenses solo demuestra que la reestructuración de la petrolera estatal luego del paro a comienzos en 2002–2003 fue trunca. De la masa de ex funcionarios de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero se mudaron a Miami, Florida, junto a su empresa de “asesoramiento y comercio energético”: Helsinge Inc.

Diversas compañías petroleras y mineras contrataron a Helsinge Inc para servicios de “consultoría”, cuando en realidad estaban pagando a Morillo y Baquero por su capacidad de obtener información privilegiada sobre los futuros contratos de PDVSA. Ambos “supervisaron un esquema de soborno y manipulación de licitaciones multimillonario, cuyos detalles salieron a la luz en un tribunal de EEUU hace más de dos años”, escribe Parampil.

De esta manera se confirmó que han habido factores destituyentes en la principal empresa pública de Venezuela, aun cuando Rafael Ramírez estaba de presidente la compañía, con la intención de estafar y extraer los activos de PDVSA.

La periodista estadounidense cita el documento emitido por la defensa venezolana en 2018:

“(…) ‘en 2004, Morillo y Baquero aprovecharon sus contactos dentro de’ PDVSA, entrando ‘en un acuerdo ilícito con varios gerentes de negocios… por el cual Morillo y Baquero pagarían sobornos a los empleados de PDVSA a cambio de información anticipada y confidencial sobre las futuras licitaciones de PDVSA para sus compras y ventas de productos de hidrocarburos y las ofertas hechas por los comerciantes de petróleo competidores’”.

Sigue la demanda de PDVSA:

“Poco antes o después del pago de estos sobornos, los Conspiradores de la Compañía Petrolera recibirían la información anticipada de la licitación de PDVSA y las ofertas competidoras de sus competidores, de manera que los Conspiradores de la Compañía Petrolera estuvieran seguros de ganar su elección de los contratos de PDVSA”.

Y afirma que “los Empleados de PDVSA sobornados modificaron las licitaciones de PDVSA de tal manera que sólo los Conspiradores de la Compañía Petrolera y Helsinge podían cumplir con los requisitos de las licitaciones” e incluso “rechazaron las ofertas competitivas de los competidores del mercado”.

De esta manera las compañías petroleras “no sólo defraudaron a PDVSA en su intento de vender su petróleo en el mercado, sino que también amañaron las licitaciones relativas a la compra por parte de PDVSA de disolventes de petróleo y productos de crudo ligero necesarios para refinar su crudo pesado”, analiza Parampil, y remata: “El efecto de este esquema fue que a partir de 2004, las compañías petroleras ‘compraron productos de PDVSA a precios artificialmente bajos; y [vendieron] productos y servicios a PDVSA a precios artificialmente altos’, según la denuncia”.

Además, la denuncia alega que Helsinge Inc “indujo” a los funcionarios de PDVSA insertos en el esquema de sobornos “a no cobrar la totalidad de las sumas adeudadas a PDVSA por la venta de productos de PDVSA a los Conspiradores de la Compañía Petrolera y a pasar por alto el hecho de que los Conspiradores de la Compañía Petrolera no entregaron la totalidad de los productos comprados y pagados por PDVSA”.

Parampil explica sus efectos:

Esto significa que, a pesar de que las compañías petroleras ya estaban pagando por el petróleo de PDVSA a un precio desinflado y vendiendo sus productos a un precio inflado, rutinariamente no podrían mantener su fin de contratos, agravando el daño financiero infligido a PDVSA.

Las pérdidas, entonces, para PDVSA resultaron en “miles de millones de dólares” a raíz del plan fraudulento. “Una fuente familiarizada con el caso estimó que los daños ascienden a más de 15 mil millones de dólares”, publica The Grayzone.

Las pruebas de fraude y sobornos por información privilegiada en PDVSA se pueden revisar aquí.

A pesar de que parecía probarse “la existencia de una vasta conspiración y demostraba la profundidad a la que recurrieron los conspiradores para llevar a cabo su plan criminal” contra la petrolera venezolana, “sólo un año después de la presentación del caso, en marzo de 2019, la juez Alicia M. Otazo-Reyes desestimó la demanda”.

Adivinen quién estuvo involucrado en la decisión: sí, José Ignacio Hernández.

Entrega en bandeja de plata

“Enterrado dentro de los 721 documentos y miles de páginas que conformaban el expediente judicial de la demanda del Fondo Fiduciario de Litigio de PDVSA contra los individuos y corporaciones involucrados en el esquema de Helsinge, el nombre de Hernández emergió una vez más”.

El ex procurador de Guaidó fue contratado por las compañías energéticas en 2018 ganar posición en el caso, debido a las pruebas contundentes de la trama de sobornos, en la que él mismo estaba incluido. Su misión consistió en anular la demanda.

Para fundamentar el caso de que dicha demanda de PDVSA “no era válida bajo la ley venezolana”, dice Parampil, “Hernández argumentó que el Fondo era irregular debido a que fue creado por varios funcionarios, entre ellos el entonces Ministro de Petróleo Nelson Martínez, quien ‘no tenía autoridad para celebrar un contrato de cesión de reclamos en nombre de PDVSA o de sus filiales’”, cobrando 350 dólares la hora por honorarios a los conspiradores.

Dicho argumento fue suficiente para el juez Otazo-Reyes, quien “consideró que el contrato de fideicomiso era nulo en virtud de la legislación venezolana porque se trataba de una ‘obligación de orden público’ que no podía transferirse a terceros”.

Mientras Hernández abogaba en favor de las corporaciones demandadas por PDVSA, era el principal representante jurídico de Juan Guaidó en Estados Unidos bajo el cargo de “procurador general” fake desde comienzos de 2019.

Él mismo puede haber roto varias cláusulas de las Reglas de Conducta Profesional de los Abogados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en específico las reglas 1.7 y 1.9.

“La regla 1.7 estipula que ‘un abogado no representará a un cliente si la representación implica un conflicto de intereses concurrente’, incluso si ‘la representación de un cliente’ (en este caso, los conspiradores de la compañía petrolera) ‘será directamente adversa a otro cliente’ (en este caso, PDVSA).

“Además, en la regla 1.9 se establece que ‘el abogado que haya representado anteriormente a un cliente en un asunto no representará posteriormente a otra persona en el mismo asunto o en un asunto sustancialmente relacionado en el que los intereses de esa persona sean materialmente adversos a los intereses del antiguo cliente”.

Una de las empresas extranjeras que resalta en la conspiración de la que Hernández sirve de peón jurídico es Trafigura, como lo expuso el líder de Primero Justicia Jorge Millán antes de la renuncia del ex procurador ficticio, que ha pretendido aumentar “en porcentaje para convertirse en el principal socio comercial de CITGO en el último año”.

En mayo del presente año se apeló a la decisión del juez Otazo-Reyes ante un tribunal de Atlanta, pero el caso no ha avanzado. Los crímenes de cuello blanco contra Venezuela siguen dándose, y tienen a connacionales de facilitadores del saqueo a la República Bolivariana.

Para concluir la periodista estadounidense plantea: “La inacción de Washington plantea la pregunta de si la corrupción que se desarrolla bajo su vigilancia fue simplemente un efecto secundario de su operación de cambio de régimen en Venezuela, o un componente central de su estrategia”.

Debido a que no cambia su estrategia en relación al “proyecto Guaidó”, cundido de escándalos por corrupción y fraude financiero, lo más probable es que sea lo segundo.