De cara al proceso electoral vigente en el país, el antichavismo, a través de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la Asociación Civil Súmate tienen un nuevo emprendimiento: la web Monitor Venezuela.
Se trata de un portal que, en sus propias palabras, "promueve la formación académica de profesionales en áreas específicas para potenciar el impacto social". Continúa la presentación diciendo que "para lograr este objetivo en el marco de las elecciones regionales y locales de 2021, Monitor Venezuela ha establecido una alianza con la asociación civil Súmate gracias a la cual 28 agremiados del Sindicato Nacional de Prensa han sido formados para monitorear aspectos específicos con impacto directo en los derechos ciudadanos y el ejercicio del voto".
Una revisión rigurosa del medio digital permite resaltar algunas secciones enfocadas en siete ejes:
- Conformación de organismos electorales
- Notificación y formación de miembros de mesa
- Inhabilitaciones de candidatos y partidos políticos
- Campañas en medios de comunicación
- Uso y abuso de recursos del Estado
- Violencia
- Desinformación
¿Un nuevo recurso de injerencia extranjera?
Los responsables del portal Monitor Venezuela tienen amplia trayectoria y protagonismo en las estrategias de cambio de régimen aplicadas contra Venezuela desde la década pasada. Comenzando por la UCAB, institución que ha funcionado como plataforma para varias facetas, desde el golpe blando originado en las guarimbas de 2007 hasta el "plan Guaidó", hoy fracasado.
La iniciativa y los actores involucrados en este nuevo producto también traen al recuerdo otros experimentos como la ONG también financiada por la USAID "Ojo Electoral", que fue dirigida entre 2004 y 2008 por el actual rector de la UCAB, Francisco José Virtuoso, y por el actual rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, entre 2005 y 2010. Disuelta en 2011, dicha ONG fue reconvertida en otra llamada Observatorio Electoral Venezolano (OEV), según dice el mismo portal de esta.
Virtuoso ha sido un empecinado antichavista que ha seguido la línea discursiva y de actuación de su antecesor Luis Ugalde, quien estuvo en la fragua del golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez y sostiene una visión golpista. Durante un tiempo el religioso de origen venezolano emitía columnas de opinión en las que aconsejaba a la oposición respecto a las tácticas y estrategias necesarias para desalojar al chavismo del gobierno.
En 2017, en plena reedición de las guarimbas, participó en el llamado Frente Amplio Venezuela, otra plataforma que agrupaba a diversos grupos políticos y ONG que intentaban salvar a la oposición del derrumbe de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
En 2018 mostró el apoyo de la Iglesia Católica y la UCAB al proyecto de la Unión Europea (UE) para abrir un diálogo entre las fuerzas políticas del país, con la condición de que se buscaran las condiciones idóneas que en ese momento no existían, según él. Después de que Juan Guaidó se autoproclamó como presidente encargado en enero de 2019, la UCAB reconoció su legitimidad como "presidente interino" de Venezuela y Virtuoso no paró de demostrar su respaldo en varias oportunidades.
En febrero de 2019 el "presidente" fake visitó la institución y sus declaraciones fueron:
"Esta universidad está comprometida con el cambio y ese cambio significa bienestar, progreso, dignidad, libertad y democracia. La presencia de Juan Guaidó aquí es para nosotros de mucho orgullo. Es en primer lugar nuestro egresado y es la demostración de ese orgullo profundo de lo que la UCAB hace al servicio del país".
Durante 2020 su aporte al plan Guaidó fue diluyéndose en la medida en que se avizoraba que no lograrían su objetivo debido al impacto de las acostumbradas divisiones de los partidos antichavistas, el fracaso de la Operación Gedeón (2020) y los múltiples casos de corrupción que comenzaron a develarse.
Fue así cómo se deshizo en llamados a Guaidó para propiciar la unidad que nunca llegó, coqueteó con propuestas de negociación y diálogo hasta que fue llamado por el operador político a ser enlace de su "gobierno" con la sociedad civil, a lo que respondió con disponibilidad pero escepticismo a la vez.
Agradecemos la incorporación del Padre José Virtuoso para trabajar con todos los sectores de la sociedad civil organizada.
También a Gerardo Blyde, para articular con todos los partidos políticos, liderazgos y movimientos democráticos que han estado en esta lucha.— Juan Guaidó (@jguaido) August 23, 2020
Su postura cambió en 2021, luego de juramentada la nueva Asamblea Nacional (AN) aun cuando hubo países aliados de Estados Unidos que se negaron a reconocer las elecciones que la conformaron. En su relato paralegal Guaidó y su cada vez más reducido grupo optó por extender el mandato de la extinta AN por un año más y, ante ello, Virtuoso declaró que ambos organismos "carecen de legitimidad" y que se presentaba un escenario de "total desinstitucionalización" en Venezuela.
UCAB: ¿Monitorear la democracia mientras se ha alimentado el golpe permanente?
Tanto Ugalde como Virtuoso han sido agentes activos en la movilización de recursos extranjeros destinados a la erradicación del chavismo del poder político en Venezuela.
Desde el comienzo del proceso bolivariano, Washington ha contemplado cómo utilizar entidades como la National Endowment for Democracy (NED) y la U.S. Agency for International Development (USAID) en el país para promover su agenda política y económica; ambos jesuitas han sido funcionales a esa estrategia. Desde el año 2000, luego del primer año del presidente Chávez en el poder, la NED comenzó a financiar grupos y partidos políticos que comenzaban a constituirse como un movimiento opositor al gobierno nacional.
Estos partidos y organizaciones se autodenominaron "sociedad civil" y recibieron millones de dólares de la NED y sus institutos satélites como el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) en esos primeros años que luego fueron direccionados hacia el golpe de Estado de abril de 2002, diseñado y alentado por Ugalde.
Al ver que esa acción no funcionó para derrocar a Chávez, la Casa Blanca reorientó su estrategia y llegó la USAID en junio de 2002, instalando la llamada Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI, por sus siglas en inglés). Con la OTI se reforzó el financiamiento de los partidos políticos, como Acción Democrática (AD), COPEI, Proyecto Venezuela, Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), utilizando el IRI y el NDI para dispensar más fondos, y un fondo de más de 10 millones de dólares se repartieron a docenas de ONG y medios privados de comunicación.
Es conocida la amplia documentación publicada respecto a cómo han intervenido los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados en las elecciones venezolanas y cómo se conformó la llamada "generación RCTV", teniendo como epicentro a la UCAB. Entre 2003 y 2005 se capacitó a un frente de operadores políticos en el marco de una estrategia basada en las técnicas de golpe suave para "restaurar la democracia" en Venezuela. Dicha capacitación provino del Instituto Albert Einstein (IAE), fundado por el ideólogo del golpe blando Gene Sharp, e incluía a miembros de partidos políticos y sindicatos, líderes de ONG y otros activistas.
Plataforma formativa del golpe blando
En 2005 comenzó el trabajo con jóvenes venezolanos impulsado por el IAE de la mano de Slobodan Dinovic e Ivan Marovic, dos de los dirigentes de OTPOR desde Serbia, sobre cómo debilitar y desorganizar el poder y cómo construir y manejar su movimiento. Al mismo tiempo, el financiamiento de la USAID, el IRI, el NDI y la NED estaba aumentando en el país y Freedom House llegaba a Venezuela, financiada por la OTI para apoyar a los medios privados de comunicación con la preparación de operaciones psicológicas.
Sus intentos de desestabilización continuaron con poco impacto hasta el cese de la concesión de RCTV en 2007. La UCAB se consolidó como plataforma formativa para dirigentes de la primera cohorte en la que estuvieron Yon Goicoechea y Freddy Guevara, posteriores dirigentes de PJ y Voluntad Popular, respectivamente. Tanto ellos como generaciones posteriores fueron claves para crear caos en las calles y disturbios constantes para provocar acciones de respuesta del Estado, lo que hoy es conocido como guarimbas.
Por otra parte, pero no desvinculados, Freedom House, la NED, IRI, NDI y la USAID aumentaban el financiamiento a ONG y partidos políticos antichavistas, como Súmate, Ciudadanía Activa, Sinergia, CEDICE, Liderazgo y Visión, Radar de los Barrios, Acción Campesina, CESAP, Consorcio Justicia, PJ, UNT, AD, COPEI, entre otros. El producto fue la derrota, mínima pero significativa para el chavismo, en el Referéndum sobre la Reforma Constitucional de 2007.
En 2010 un informe publicado por un think tank español llamado Instituto FRIDE, y elaborado con la financiación un proyecto de la NED llamado Movimiento Mundial por la Democracia, reveló que las agencias internacionales de Estados Unidos y Europa (principalmente de España) llegaron a desembolsar entre 40 y 50 millones de dólares anuales para derrocar al chavismo.
La gran mayoría de los fondos donados por agencias y fundaciones estadounidenses y europeas provinieron de un entramado de siglas como DAI, FUPAD, IRI, NDI, OSI, KAS e ILDIS-FES para ser repartidas tanto entre los partidos PJ, UNT y COPEI como en un espectro de ONG, grupos estudiantiles y organizaciones mediáticas que hasta la actualidad apoyan sediciones e incursiones militares para luego darse golpes de pecho ante los cíclicos fracasos.
En la medida que fueron haciéndose orgánicos a los partidos principales del antichavismo se fue acelerando el desgaste de la "sangre nueva" y la UCAB mantenía el negocio de lanzar nuevos rostros a la consolidación de una nueva clase política que, al no deslastrarse sino heredar los vicios de la anterior, se atrincheró en la antipolítica que hoy fracasa con Guaidó.
Súmate, ¿Un partido político encubierto?
Los orígenes de la organización Súmate giran en torno al golpe fracasado de 2002 pero su mayor visibilidad fue cuando, con María Corina Machado a la cabeza, organizó las acciones opositoras en el referendo revocatorio de 2004, que buscó infructuosamente la salida de Chávez en el poder.
No suele recordarse mucho cómo la ONG intentó fabricar un fraude alrededor de aquel evento electoral mediante los resultados de una de las cinco encuestas a pie de urna que realizó una empresa de investigación de mercado llamada Penn, Schoen y Berland. La tarea de consulta se realizó en 267 centros de votación sobre 20 mil 382 votantes inmediatamente después de que emitieran su voto el 15 de agosto. El resultado obtenido por los encuestadores, dispuestos por Súmate, indicó que el 59% de los encuestados votó a favor de revocar a Chávez, justamente lo contrario de los resultados reales y anunciados por el CNE, por lo que el antichavismo se basó en ello para declarar fraude.
La oposición insistió en que los sondeos a pie de urna eran una medida válida y suficiente para calificar la votación de fraude. Se resistían a poner en duda públicamente unos instrumentos de medición aplicados por voluntarios de una ONG financiada por un gobierno extranjero, lo que terminó de develar el control de los intereses corporativos de Estados Unidos sobre ese sector político.
Muchas fueron las interpretaciones posteriores: el sesgo de los encuestadores al escoger los centros de votación, la predisposición de muchos votantes al ser encuestados por un sector político en particular y los intereses de clase de la ONG.
Fueron 132 los contratos revelados por la USAID con respecto al financiamiento de Súmate. Entre los donantes se encuentran la NED, el IRI y el NDI. En el entramado señalado anteriormente Súmate llegó a ser la ONG con mayor financiamiento, al punto de que un grupo de diputados investigó y denunció a la organización ante la Fiscalía General de la República.
A partir de esa acción la ONG fue acusada ante un tribunal de "conspiración contra la forma política de la nación" al utilizar 31 mil dólares provenientes de la NED, que a su vez es financiada por el gobierno de Estados Unidos, para financiar una campaña política, y no para los fines educativos para los que sus dirigentes decían haberlos utilizado.
La entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, sostuvo la acusación de que había actuado efectivamente como partido político y que habría estado violando la Ley de Partidos Políticos de Venezuela. El artículo 25 de dicha ley establecía claramente que los partidos políticos no pueden recibir fondos de ningún tipo de Estados u organizaciones extranjeras y la pena por tal violación es de 2 a 3 años de prisión.
Entre los delitos por los que fue denunciada destacan traición a la patria, presunta violación de las normas nacionales de control cambiario de divisas e irregularidades electorales durante el referendo constitucional de 2004. La acusación de "conspiración" del Ministerio Público se refería al Código Penal, cuyo artículo 132 contempla una pena de hasta 26 años.
Sumando fondos por doquier
Por su parte el directivo de Súmate, Roberto Abdul, declaró a la prensa que Súmate "fue auditado. Usamos una cuenta bancaria. Se puede ver cuánto dinero entró y cómo lo utilizamos. Utilizamos ese dinero en algunos talleres y cursos. La educación es un derecho constitucional". Los directivos de Súmate reconocieron que "también recibimos dinero de la fundación alemana Konrad Adenauer (KAS) y del Gobierno canadiense, cuyos recursos se destinaron a talleres sobre temas de justicia y análisis constitucional".
El perfil extremista de Machado fue haciéndose más notorio con los años al punto de que fue electa diputada a la AN en 2010 y desincorporada en 2014 al aceptar ser "representante alterna" de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto ocurrió en medio de un plan de ataque diplomático contra Venezuela en el que participaba el entonces presidente panameño Ricardo Martinelli, hoy juzgado por el desfalco de millones de dólares en fondos públicos para la adquisición de un grupo editorial, entre otros delitos.
Entre 2014 y 2015, la NED canalizó casi 3 millones de dólares a ONG antichavistas enfocada en las elecciones legislativas en las que la coalición gubernamental fue derrotada. Se entregaron 125 mil dólares a Súmate cuando ya María Corina Machado no aparecía como directiva.
A pesar de su participación en golpes de Estado, acusaciones de magnicidio y complots de desestabilización, el grupo fundado por Machado siguió recibiendo financiación del gobierno estadounidense para intervenir en las elecciones de Venezuela.
Durante el mismo 2015 fueron asignados 400 mil dólares adicionales para un programa de "apoyo a los miembros de la Asamblea Nacional y el desarrollo de políticas", y más de 40 mil dólares se destinaron a "Monitorear la Asamblea Nacional de Venezuela", lo que equivalía a la financiación del gobierno estadounidense para promover candidatos y políticas pro-estadounidenses, y para financiar el espionaje interno dentro del Poder Legislativo venezolano.
El año pasado La Tabla publicó que el gobierno británico aportó 450 mil libras esterlinas (600 mil dólares) a una Coalición Anticorrupción en la que 781 ONG, entre ellas Súmate, promovían 243 "iniciativas".
Yonaide Sánchez (docente en Universidad Lisandro Alvarado en Barquisimeto) es la coordinadora nacional del grupo.
La coalición incluye a Súmate y Transparencia Venezuela (desde 2005 -excepto 2019 y 2020- la embajada británica en Caracas es uno de sus principales financistas).— La Tabla (@latablablog) October 21, 2020
Un sindicato sin elecciones monitorea elecciones
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) mantuvo un rol visible durante el golpe de abril de 2002, luego del asesinato al reportero gráfico del diario 2001, Jorge Tortoza, presuntamente efectuado por cuerpos de seguridad sumados al golpe. El mencionado sindicato culpó al gobierno de Chávez del hecho, sin embargo, tanto familiares como colegas del occiso afirmaron haber dado con las identidades de los asesinos, quienes huyen.
Las versiones de que había responsabilidad del gobierno constitucional fueron desmontadas y se supo que no solo habían intereses mediáticos tras el ocultamiento de pruebas, sino que policías y fiscales sabotearon la investigación para encubrir a los asesinos.
La directiva del SNTP de ese entonces mantuvo silencio y ninguna de las siguientes se manifestó respecto al hecho, aun cuando se evidenció la coordinación existente entre la Policía Metropolitana, el comando de operaciones y transmisiones con jefes policiales como Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y el entonces Alcalde Mayor Alfredo Peña con el embajador estadounidense, Charles Shapiro.
Son múltiples las denuncias que realiza la directiva del SNTP que no tienen sustento fáctico, ello incluye periodistas que no lo son o "comunicadores" que no trabajan para ningún medio, así lo ha denunciado la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela.
El SNTP se ha dedicado a la denuncia sobre supuestas violaciones a la libertad de expresión a personas y medios sumados abiertamente a la agenda de cambio de régimen que ha desarrollado Washington con sus distintos gobiernos desde aquellas fechas. Si algo aclara la mencionada agenda es el cable publicado por Wikileaks en el que el ex embajador estadounidense, William Brownfield, envió a Washington la estrategia de cinco puntos que había sido elaborada en agosto de 2004:
- Fortalecer las instituciones democráticas
- Penetrar en la base política de Chávez
- Dividir al chavismo
- Proteger los negocios vitales de Estados Unidos
- Aislar a Chávez internacionalmente
Por otra parte, causa inquietud que la directiva sindical se dedique al monitoreo de elecciones luego de desacatar una decisión del TSJ desde 2015 en la que se le ordenó realizar las elecciones sindicales y otra de la Inspectoría del Trabajo que en 2017 le exigió presentación de cuentas.
En enero pasado el portal Daily Maverick reveló que la Fundación Westminster para la Democracia (WFD), una organización mayoritariamente financiada por el Gobierno del Reino Unido, había gastado más de 750 mil libras esterlinas (1 millón 20 mil 750 dólares) para "fortalecer la democracia" en Venezuela desde 2016. Además se refirió a un proyecto de promoción del periodismo de investigación en América Latina que cubre "furtivamente" a Venezuela financiando medios como Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría y al SNTP.
El británico Departamento de Investigación de la Información (IRD), que influyó en contra del asesinado presidente chileno Salvador Allende en los 60s y 70s, ha financiado a estas entidades aun cuando se anunció su cierre en 1977.
La ONG internacional Reporteros sin Fronteras, que también es financiada por la NED y denunció el asesinato de Tortoza inicialmente, amplifica las denuncias del SNTP señalando que "el presidente de Venezuela desde 2013, Nicolás Maduro, persiste en tratar de silenciar a los medios de comunicación independientes y mantener la cobertura de noticias bajo control constante". Además ha agregado que "el clima para los periodistas ha sido extremadamente tenso desde el inicio de una crisis política y económica en 2016, y se ve agravado por las frecuentes referencias de Maduro a la ‘guerra mediática’ en un intento de desacreditar las críticas de los medios nacionales e internacionales a su administración".
Los gobiernos de Estados Unidos utilizan la palabra "democracia" para impulsar su propia agenda y "fraude" cuando algún país se aparta de ella, también habla de injerencia electoral cuando sospecha que otros países hacen lo que ellos.
El calentamiento de nuevas figuras mediáticas alrededor del próximo evento electoral sigue un patrón ya conocido de desconocimiento de resultados y estímulo de más intromisiones de gobiernos extranjeros en la política interna del país.
Portales como Monitor Venezuela alimentan un expediente de denuncias como operaciones de conspiración y desinformación en las que son necesarias nuevas voces porque los medios de comunicación que han recibido financiamiento en las últimas dos décadas pudieran no ser efectivos debido al desgaste que ya experimentan.
Más de la guerra no convencional desatada y sin tregua.