El pasado 23 de marzo, el servicio de leyes e investigación Global Investigations Review (GIR) publicó que el Departamento de Justicia estadounidense está investigando algunas vinculaciones de empresas internacionales con la estatal venezolana, Petróleos de Venezuela.

En específico, fue el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que inició las acusaciones sobre cuatro venezolanos radicados en Estados Unidos por los cargos de soborno y actividades ilegales con PDVSA. En los diferentes documentos de acusación, se oculta la identidad de algunos participantes en los sobornos, por ejemplo, en un caso particular, se identifica como “Funcionario venezolano 1” a la persona que recibió los pagos por soborno.

En este sentido, el caso más relevante fue el de Carlos Enrique Urbano Fermín, en el que se implica a la ex Fiscal General venezolana, Luisa Ortega Díaz, ahora reconocida por Juan Guaidó como la verdadera “fiscal” del Ministerio Público de su gobierno fake.

 

Para comienzos de abril, el periodista antichavista Antonio Delgado del periódico El Nuevo Herald informó que, según fuentes del Tribunal del Distrito Sur de Florida, la “Funcionario venezolano 1” es Luisa Ortega Díaz.

¿Quiénes son acusados por soborno?

Según los documentos publicados por GIR, en el marco de las acusaciones en cuestión, surgen los nombres de:

Lennys Rangel. Fue Gerente de Procura en Petrocedeño, y según los documentos, recibió sobornos haciendo uso de los contratos de PDVSA. El documento de acusación señala que una de las sumas de dinero que recibió fue de 5 millones de dólares. En la Hoja de Penalización se le asignaron 5 años de prisión.

Edoardo Orsoni. Con una larga carrera en PDVSA y siendo Consultor Jurídico de PDVSA durante la administración de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos imputados por corrupción en Venezuela, fue acusado también de participar en negocios inmobiliarios fraudulentos en Miami, teniendo propiedades en esa ciudad valoradas, aproximadamente, en más de 4 millones de dólares. En la Hoja de Penalización se le asignaron 5 años de prisión, y en mayo se declarará culpable.

Leonardo Santilli. Este empresario ítalo-venezolano es acusado, a su vez, por inflar contratos de sus empresas registradas en Estados Unidos con PDVSA, sumando aproximadamente más de 140 millones de dólares, según el documento. Las empresas de Santilli son SGO Group Corp y A&M Support Group Inc, todas con direcciones en Miami. Cabe destacar que este empresario tenía fuerte vinculaciones con el ex alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, prófugo de la justicia también en 2017.

Aparte de estar implicados todos en sobornos, mancillando a la estatal venezolana, estos prófugos de la justicia venezolana tienen en común su fuga en el año 2017.

El binomio Urbano Fermín-Ortega Díaz

Se destaca que, en 2017, el Fiscal General Tarek William Saab informó sobre la identificación de múltiples empresas que ominosamente participaron en el desfalco a la Faja Petrolífera del Orinoco en el estado Anzoátegui.

Igualmente, anunció la detención de Carlos Esteban Urbano Fermín, hermano del tránsfuga, Carlos Enrique.

Carlos Enrique es el que ahora aparece procesado por el Tribunal del Sur de la Florida, acusado por pago de soborno a beneficio de Luisa Ortega Díaz.

De hecho, en la cuenta Instagram del Ministerio Público se publicó el video con las declaraciones de Saab a la hora de informar sobre dicho caso, puntualizando que fue en abril de 2017 el pago del soborno a la ex fiscal para que las empresas CEUF Corporation Limited S.A. y Cuferca Constructora Urbano Fermín no se investigaran por fraude lesivo a las arcas de la República Bolivariana.

Algunos medios opositores, y sobre todo, El Nuevo Herald despuntan la investigación con más intensidad por la implicación de Ortega Díaz, y recalcan que “Ortega es considerada por el presidente interino Juan Guaidó como la legítima Fiscal General de Venezuela”.

Más tarde, la fugitiva Ortega Díaz publica en su cuenta Twitter una respuesta sobre estos alegatos contra ella, comentando al estilo thriller que Carlos Enrique la implica por extorsión, pues el otro hermano Urbano Fermín está detenido en Venezuela.

En fin, esta polémica se hace notable también porque en 2017 esos mismos medios se referían a Ortega Díaz como “la mayor amenaza del gobierno”, era aplaudida por la cúpula (anti)política opositora y, así, hoy en día sigue siendo un referente actualmente de su gobierno fake, mientras su esposo Germán Ferrer también era acusado de corrupción en Venezuela.

A la fecha, con esta acusación del Tribunal del Sur de la Florida, los voceros opositores hacen el intento de deslastrarse de la ex fiscal, mientras que Guaidó, hasta ahora, no ha dedicado ni un tuit en defensa o en detrimento de Ortega Díaz.

El panorama sobre el manejo de los aliados del gobierno fake continúa orbitando en la esfera de la corruptela.