La brutal represión contra el Paro Nacional
Las cifras de las violaciones a los derechos humanos en Colombia en el contexto de la represión al Paro Nacional que inició el pasado 28 abril evidencian el terrorismo de Estado en Colombia. El Instituto en Defensa de la Paz (Indepaz) identificó 55 personas asesinadas solo hasta el 25 de mayo, y cuenta seis personas más que permanecen sin identificar en la ciudad de Cali.
Por su parte, la propia Fiscalía General de la Nación, organismo de conocida vinculación al uribismo, ha tenido que reconocer 129 víctimas de desaparición forzada solo durante el Paro Nacional, pero las organizaciones de derechos humanos manejan diversas cifras, todas superiores a las 300 personas, de las que aproximadamente un 15% son mujeres.
Asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, uso y resguardo de fuerzas parapoliciales son solo algunos de los crímenes que el Estado colombiano ha cometido contra la población en este mes de protestas populares, que aún no pueden ser recogidas y centralizadas, ya que la situación continúa en desarrollo, y las organizaciones de derechos humanos están siendo también blanco de estas violaciones.
Mientras la ONG Temblores contabiliza 22 víctimas de violencia sexual, la Campaña Defender la Libertad, por su parte, habla de 29 víctimas y la organización feminista Sisma contabiliza 109 casos de violencia sexual y de género, todas violentadas sexualmente por la Fuerza Pública.
Además, faltaría también establecer si las mujeres que aún se encuentran desaparecidas han sido víctimas también de este crimen.
Sea cual fuere el número exacto, lo cierto es que la violencia sexual ha sido una constante del terrorismo de Estado en Colombia y durante este mes de brutal represión en las principales ciudades del país no ha cesado.
La violencia sexual en el conflicto social y armado
El informe titulado "El Estado y la violencia sexual contra las mujeres en el marco de la violencia sociopolítica en Colombia" señala:
"En medio de una cultura patriarcal y machista como la colombiana, las violencias sexuales que ocurren en el marco del conflicto armado hacen parte un continuum de las violencias que las mujeres enfrentan día a día y cuya invisibilidad, justificación y naturalización cotidiana se extiende a los delitos sexuales que sufren por parte de los actores armados legales e ilegales. Este entorno cultural y social obstaculiza gravemente el acceso a la justicia pues incluso para muchas de las víctimas, estas violencias no son violaciones a sus derechos humanos. Como correlato, las lógicas de la administración de justicia avalan esta situación y contribuyen a su continuidad al no investigar debidamente estos delitos y sancionar a sus perpetradores y al considerar estos delitos como casos aislados de un contexto de violencia sistemática y generalizada".
Según este mismo informe, entre el año 2008 y el 2010, por ejemplo, los agresores sexuales fueron miembros la Policía con el 38,8% de las denuncias, seguida por las Fuerzas Militares con el 19,2%, las bandas criminales con el 8,2%, las FARC con el 7,3%, otras guerrillas con el 6,4%, narcotraficantes con el 5,9%, pandillas y grupos de seguridad cada uno con 5,5%, otros miembros del Estado con 1,8% y el ELN con el 1,4%.
Esto evidencia una grave situación, y es que con el 59.8% la gran mayoría de los casos de violencia sexual contra las mujeres registrados en el contexto del conflicto armado colombiano son cometidos por actores estatales.
El Registro Único de Víctimas, con corte al 30 de septiembre de 2020, indica que en Colombia 32 mil 697 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, de las cuales un 91,8% de las víctimas son mujeres.
En medio del genocidio contra líderes y lideresas sociales que se ejecuta en Colombia, la propia Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre los asesinatos de lideresas sociales y defensoras de derechos humanos, dado que en muchos de ellos se registra violencia sexual previa al asesinato.
En el caso de los grupos paramilitares colombianos, su violencia sexual contra las mujeres es tan habitual que incluso se señala el aumento de la violencia de género y los delitos sexuales contra mujeres, niños y niñas, las violaciones, la esclavitud sexual y la prostitución forzada como uno de los indicadores de su presencia en un territorio.
El imperialismo sexual
Como si todo esto fuera poco, en un informe elaborado por el profesor Renán Vega Cantor en el año 2015 se denunció que al menos 53 menores de edad colombianas fueron violadas años atrás por soldados y empleados de seguridad de Estados Unidos destinados en Colombia, tan solo en las localidades de Melgar y Girardot, próximas a la base militar de Tolemaida, la más importante del país, ubicada cerca de Bogotá.
Estos sádicos militares y contratistas privados estadounidenses no solo violaron a las niñas y adolescentes, sino que además grabaron los abusos y vendieron los videos como material pornográfico infantil.
Vega Cantor califica estos hechos como la expresión de un "imperialismo sexual" que, gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de los funcionarios de Estados Unidos, permanece en total impunidad.
Hasta el momento, se desconoce cuál es el número de violaciones cometidas en otras instalaciones donde estas tropas estadounidenses y los contratistas militares circulan en Colombia, tampoco hay cifras sobre lo que puede haber sucedido con otras niñas desde el 2015, ni se conoce ningún dato sobre los abusos que estos mismos actores pueden haber cometido contra mujeres adultas porque la impunidad concedida por el Estado colombiano a los estadounidenses en su territorio esconde este tipo de crímenes.