Con las denuncias de Bolivia sobre el apoyo del gobierno argentino de Mauricio Macri a la administración golpista liderada por Jeanine Áñez se abrió el abanico de señalamientos a nivel regional, pues Brasil y Chile también estarían involucrados en la colaboración directa a la dictadura que hasta hace unos meses dominaba La Paz.
De acuerdo a Jorge Richter, portavoz del gobierno boliviano, las administraciones de Jair Bolsonaro y de Sebastián Piñera también podrían haber estado involucradas en el suministro de recursos para la represión a las manifestaciones anti-golpe que se estaban dando en buena parte del país andino.
Richter dijo que ahora se investigará una posible colaboración internacional sin dar más detalles.
Hace dos semanas, el canciller boliviano Rogelio Mayta reveló documentos que acreditan el envío de municiones de Macri, así como de su ex homólogo ecuatoriano Lenín Moreno, que fueron utilizados por fuerzas policiales en Bolivia para reprimir las protestas populares contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
El gobierno de @mauriciomacri proveyó por debajo “material bélico” al régimen de facto de @JeanineAnez en 2019 para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza.
Las masacres de #Sacaba y #Senkata no pueden quedar en la impunidad. pic.twitter.com/8UnTodJVDK— Rogelio Mayta (@RogelioMayta_Bo) July 9, 2021
El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, anunció una propuesta para crear una comisión de investigación con el fin de investigar no solo el tráfico de armas propiciado por la Argentina macrista, sino también la posibilidad de que otros gobiernos hayan colaborado con los golpistas.
Mamani no ocultó qué gobiernos serán investigados: Jair Bolsonaro en Brasil y Sebastián Piñera en Chile. De esta manera queda clara una hoja de ruta para la investigación de las autoridades bolivianas, que ahora ventilan los entresijos regionales del golpe contra Evo Morales en 2019 con el afán de conseguir justicia ante los hechos históricos.
Rastros de una conspiración regional
Tanto Brasil como Chile han sido abiertamente hostiles a Evo Morales y su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo); la animadversión de ambos gobiernos se mantiene con la actual administración presidida por Luis Arce.
Piñera reconoció a Jeanine Áñez como "presidenta interina", instalada por las Fuerzas Armadas luego del golpe de 2019, y trabajó en conjunto con su gabinete y otros países en el marco del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) para combatir los embates del covid.
Bolsonaro, por su parte, dio "ánimos" a la exdictadora boliviana cuando contrajo covid, igual que lo hizo el expresidente magnate Donald Trump. Brasil fue uno de los primeros países en reconocer a Áñez como presidenta.
El medio Brasil Wire ha documentado la relación entre la familia Bolsonaro y la extrema derecha boliviana, clave durante el desarrollo del golpe: mientras Áñez estuvo en el poder su avión viajaba recurrentemente a Brasil y, además, uno de los líderes ideológicos del Comité Cívico Pro Santa y de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Branko Marinkovic, tiene fuertes lazos de amistad (política) con Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño.
Cabe señalar que Marinkovic terminó siendo ministro de Áñez.
Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, líder del Comité Cívico Pro y actor fundamental del golpe en 2019, también ha expresado una profunda admiración por el gobierno de Bolsonaro. En la prensa lo han calificado incluso de "Bolsonaro boliviano".
Cuenta Brasil Wire en otra nota que, a fines de 2018, los aliados de Camacho viajaron junto a muchos líderes y empresarios latinoamericanos de derecha y extrema derecha a la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu para participar en una cumbre organizada por el diputado Eduardo Bolsonaro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara. En el evento también estuvieron políticos chilenos.
Por otro lado, documentos de la embajada argentina en La Paz dan detalles de una reunión en julio de 2019 en la que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Kevin Michael O'Reilly, advirtió que Evo Morales probablemente ganaría las elecciones presidenciales de ese año y, por lo tanto, pidió a la OEA, la UE y a los gobiernos de Brasil, Argentina y Perú que cuestionaran la transparencia y legitimidad de las elecciones.
Recordemos que la presión regional, encabezada por la OEA y su secretario general Luis Almagro, fue el caldo de cultivo para el golpe contra el MAS luego de las elecciones de 2019.
Uno de los pasajes más interesantes del documento dice que la escena política boliviana depende de lo que suceda en Venezuela, lo que se suma a la creciente evidencia de un plan más amplio para desestabilizar gobiernos antiimperialistas en la región latinocaribeña.
Además, según el portal digital Behind The Backdoor y reseñado por el diario argentino En Orsai, la estación de la CIA en La Paz dio instrucciones al Jefe de la Agencia de Inteligencia de Argentina (AFI, por sus siglas en español) en Bolivia, José Sánchez, para apoyar la recopilación de información sobre Evo Morales y sus administraciones, así como de todos los funcionarios cubanos, venezolanos y nicaragüenses residentes en Bolivia, incluidos los diplomáticos. Para cumplir con lo anterior José Sánchez no solo utilizó a sus agentes en el país, sino que también solicitó el apoyo de agentes en Brasil, Colombia y Perú.
Los papeles de Argentina y Brasil parecen estar más claros en la trama; sin embargo, no se debe desdeñar la advertencia del mismo Evo Morales sobre la implementación de una nueva Operación Cóndor en pleno siglo XXI, bajo otro contexto, pero con los mismos fines imperiales.
Las investigaciones del Estado boliviano darán más luces sobre esta hipótesis, para disparata en una región que experimenta conspiraciones internacionales, magnicidios y desestabilizaciones por parte de actores foráneos en países que adversan los intereses estadounidenses.