Veinte años de uribismo en el poder

"La noche de terror despertamos en medio de las balas y del helicóptero…": así comienza uno de los muchos terribles relatos de las personas que habitaban en la Comuna 13 de Medellín el 16 de octubre de 2002, cuando inició la tristemente célebre Operación Orión, la más grande operación militar conjunta de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares en un territorio urbano de Colombia, con la que el exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, inauguró su primera presidencia en Colombia.

Del número total de víctimas de la Operación Orión no existen aún cifras exactas, solo se sabe que son cientos y tal vez miles porque con ella los grupos paramilitares tomaron el control territorial e impusieron su régimen los años siguientes. Dispararon desde helicópteros artillados sobre la población, la cercaron con vehículos blindados, allanaron las viviendas con órdenes falsas apoyándose en la Fiscalía y en el entonces cuerpo de inteligencia DAS, y desaparecieron más de cien personas solo en la primera semana.

En palabras del propio ex comandante paramilitar conocido como Don Berna, el Bloque Cacique Nutibara, que él comandaba, llegó ahí por solicitud de los generales de la Fuerza Pública: Mario Montoya, del Ejército; y Leonardo Gallego, de la Policía. Hicieron inteligencia previa torturando a la población con sus métodos habituales: descargas eléctricas, ahogamientos y abusos sexuales.

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Operación Orión, operativo (para)militar llevado a cabo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13 (San Javier), de Medellín (Foto: Jesús Abad Colorado)

Con esta sangrienta operación, que llenó de cadáveres el sector conocido como La Escombrera, también se estrenó la Ministra de Defensa que Uribe designó desde su toma de posesión presidencial ocurrida tan solo dos meses antes: Marta Lucía Ramírez.

Con Uribe Vélez llegaron al poder cientos de hombres y mujeres de la llamada "parapolítica" y el narcotráfico adquirió nuevas fuerzas dentro del Estado colombiano. Con él también llegaron los más vergonzosos acuerdos militares que terminaron por entregar la poca soberanía que tenía el país a los Estados Unidos, cediendo hasta los cuerpos de las niñas violadas por las tropas estadounidenses que nunca podrán ser juzgadas en Colombia.

Coherentemente, con Uribe también llegó un nuevo tiempo de afianzamiento en las relaciones entre Colombia e Israel. Así, se fue agudizando aún más el conflicto social y armado en Colombia.

Luego de su elección en el año 2002, logró con probadas artimañas obtener su reelección para el período 2006-2010, y para las siguientes elecciones, postuló a su más reciente Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Luego llevó a la presidencia a un desconocido de la política colombiana llamado Iván Duque, con lo que durante dos décadas la Casa de Nariño solo la han ocupado Uribe y sus designados.

El genocidio y la masacre como política

"Los mataron porque entraron a comer caña", fueron las palabras del propio fiscal uribista al referirse a la masacre de cinco adolescentes caleños que entraron a comer caña de azúcar en un cañaduzal privado frente a su barrio ubicado en Cali. A las pocas horas aparecieron muertos y con señales de tortura en agosto del año pasado.

Esta matanza conocida como la Masacre de Llano Verde es solo una de las 91 masacres registradas que se ejecutaron en Colombia durante 2020. Año en el que también fueron asesinados 310 líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, incluidas 12 personas por ser sus familiares, y 64 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.

Estos asesinatos constituyen un genocidio por su sistematicidad, por las similares características de las víctimas (todas contrarias a los intereses políticos y económicos del capitalismo en Colombia), mismos modus operandi y victimarios afines: Fuerza Pública, organizaciones y sicarios paramilitares y parapoliciales.

En el marco de ese genocidio hay que detallar también la ejecución de un etnocidio contra las comunidades indígenas y negras, por su arraigo a los territorios que las transnacionales, incluyendo el narcotráfico, quieren poseer para explotar, y por el racismo estructural de la sociedad colombiana.

Racismo que esta semana se expresaba en representantes del partido de gobierno y medios que hablaban de enfrentamientos "entre indígenas y ciudadanos" para referir el ataque de civiles armados a la Minga indígena en Cali el pasado 9 de mayo, que dejó como saldo nueve hombres y mujeres indígenas con heridas graves por armas de fuego, negando la condición de ciudadanos y ciudadanas a los pueblos indígenas y del propio Iván Duque, quien ese mismo día instó a los indígenas a volver a sus resguardos como si se tratara de ganado estabulado, y estigmatizaba al Consejo Indígena Regional del Cauca (CRIC) al culparlo de la violencia de la que en realidad fue víctima.

Las mismas características tienen las masacres, los asesinatos y las desapariciones forzadas que se están ejecutando en el contexto de la represión a este Paro Nacional, y hay elementos para señalar que forman parte de la misma estrategia.

En primer lugar, como ya es habitual, el discurso del gobierno y las corporaciones mediáticas acusan de nuevo al presidente Nicolás Maduro, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la Segunda Marquetalia o a las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y al propio Gustavo Petro de manipular y movilizar a las organizaciones populares y promover las acciones de resistencia, pero curiosamente no acusan de ello al Clan del Golfo, a Los Rastrojos o a las Águilas Negras, a pesar de que reiteradamente dicen que también son sus enemigos.

La razón por la que no acusan a esos grupos es porque claramente asumen que estas organizaciones narcoparamilitares no riñen con sus intereses, y más aún, que actúan de su lado en la represión violenta a ésta y todas las protestas populares.

Un segundo elemento es que, en el transcurso del paro y comparado con el período inmediato anterior, los asesinatos políticos selectivos han disminuido. Mientras desde el 28/4/21 al 21/5/21 han sido asesinados 9 líderes y lideresas sociales y 2 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, del 20/3/21 al 26/4/21 fueron asesinados 4 firmantes del Acuerdo de Paz y 22 líderes y lideresas sociales, es decir, que esos crímenes se han reducido a menos de la mitad desde el inicio de las protestas, lo que permite establecer una relación que a nuestro juicio tiene que ver con la identidad de los victimarios materiales e intelectuales.

También debemos mencionar que han disminuido los hostigamientos militares y paramilitares a Venezuela en el mismo lapso de tiempo.

Si a pesar de esto quedara alguna duda sobre la legitimación que hace el régimen colombiano de los genocidios, basta ver que, en medio de estas masacres, Uribe y su partido Centro Democrático se manifestaron públicamente en solidaridad con el Estado sionista de Israel, luego de sus ataques a Palestina esta semana.

Finalmente, la reacción tardía y tibia de los organismos multilaterales ante las masacres, violaciones sexuales, mutilaciones oculares y demás violaciones de derechos humanos que se están ejecutando en este momento es vergonzosa y evidencia su subordinación a intereses hegemónicos que avalan las violaciones masivas de derechos humanos que están ocurriendo en Colombia, las históricas y las de estos últimos días, en que a pesar de todo, incluida la masividad de las redes sociales en las ciudades, ha logrado romper la tradicional invisibilización de la guerra en Colombia.

El Paro Nacional del 28 de abril de 2021

Las causas históricas de esta situación están en 200 años de la oligarquía más violenta y excluyente del continente en el poder y en su decisión de hipotecar la soberanía tan pronto se logró la independencia.

Pero si bien hay antecedentes de grandes paros como el de 1977, en los últimos tres años las protestas populares se han venido haciendo cada vez más masivas y consecutivas, lo que evidencia que hay un cúmulo creciente de reclamos contra el sistema que ha convertido a Colombia en uno de los países más desiguales del mundo y el de mayor inequidad territorial del continente.

El Paro Cívico de Buenaventura de 2017, el Paro Estudiantil de 2018, el Paro Nacional de 2019 y las protestas contra la violencia policial en septiembre de 2020, son antecedentes inmediatos que se unen en la naturaleza justa de sus reclamos y la masividad de la participación popular, pero el Paro Nacional actual tiene un nivel de participación inédita que se ha proyectado a los barrios de las principales ciudades del país y en las carreteras interurbanas.

El protagonismo de la Guardia Indígena y la legitimidad que ésta ha venido alcanzando ante quienes protestan, es la expresión del sentido histórico y no coyuntural de las exigencias del pueblo colombiano.

Pero todos los paros anteriores, y éste en particular, han recibido una sola respuesta de parte del Estado: la represión cada vez más brutal y ejecutada por la Fuerza Pública. Se está dando tratamiento de guerra a la protesta popular, lo que incluye acciones paramilitares; ambas fuerzas han generado y están generando en este momento masacres y desapariciones forzadas en todos los puntos del país.

El historiador colombiano Renán Vega Cantor califica este Paro Nacional que inició el 28A como la más extraordinaria movilización popular en los últimos 45 años en Colombia que "ha desnudado con toda su crudeza ante el mundo entero lo que es la 'democracia colombiana', con su cara de muerte y horror", un régimen "siempre encubierto, protegido y tutelado por los poderes imperialistas", y tal como el profesor lo señala, "se ha evidenciado que el Estado colombiano es contrainsurgente, anticomunista y terrorista, porque en nuestro territorio en sentido estricto la lógica de la guerra fría nunca ha terminado".

Uribe y su golpe de Estado molecular

Los argumentos pseudointelectuales del asesor neonazi de Uribe, el chileno Alexis López, que con muy escasa capacidad intelectual trata de explicar la teoría de la Revolución Molecular del francés Felix Guattari para diseñar un panfleto neopinochetista, podrían más bien haberle sembrado la idea al uribismo de un "golpe de Estado molecular".

Un golpe de Estado a la colombiana, lleno de eufemismos y "de a poquito". Militarizando el país, sustituyendo poderes ejecutivos locales por mandos militares como sucede en Cali, desatando el terrorismo de Estado, garantizando la impunidad, activando las operaciones paramilitares y parapoliciales para el control territorial definitivo y, por supuesto, legitimándose gracias al discurso de las corporaciones mediáticas a su favor.

Ese golpe que parece estar tratando de concretar el uribismo en todo el suroccidente, comenzó también a avanzar hacia Medellín con el nombramiento de un "alcalde ad hoc" y podría expandirse hacia su concreción nacional por la vía de la militarización y la paramilitarización, o a través de la declaración de un estado de conmoción interior u otra emergencia que terminara con la destitución de Iván Duque y delegara a Marta Lucía Ramírez la presidencia del país.

Todo parece posible para Uribe Vélez y sus acólitos, menos que su partido logre ganar limpiamente las elecciones contempladas para 2022.

Por supuesto, en Colombia nada pasa sin la orientación y el apoyo de los Estados Unidos, que además de su injerencia política, entrena, financia y dota de armamento a la Fuerza Pública colombiana, y no dejó de hacerlo durante estas jornadas de violencia estatal contra la población.

Pero además, mientras el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) masacraba a la juventud en Cali, la empresa de origen alemán Bayer anunciaba orgullosa una inversión de 1 millón de euros para su planta del Departamento del Valle del Cauca, cuya capital es precisamente Cali. En la misma ciudad, la tienda de la cadena de supermercados Éxito del Grupo Casino de Francia está siendo acusada por la población de prestar sus instalaciones para centros ilegales de detención, tortura y desaparición forzada de las personas que protestan en la zona con complicidad de su seguridad privada. Mientras las empresas Anglo American, BHP Billiton y Glencore continúan violando los derechos de sus trabajadores, que se han sumado activamente al paro en la mina del Cerrejón, ubicada en la Guajira colombiana.

Por todo esto, la comunidad internacional debe romper el silencio. Las transnacionales de origen europeo, norteamericano e israelíes tienen mucha responsabilidad en la situación económica de Colombia, en la definición de las políticas neoliberales del uribismo y hasta en el financiamiento a esa Fuerza Pública genocida, a Corporaciones Militares y de Seguridad Privadas y a paramilitares.

El laberinto del que creyeron que saldrían con facilidad

La deslegitimación de Uribe en la juventud colombiana se evidencia en la consigna más reiterada en los puntos de resistencia: "Uribe, paraco, el pueblo está berraco", en la que se expresa que esta generación está harta de un Estado que basa su poder en el miedo, la muerte y la tortura.

La pacificación del pueblo no ha resultado una tarea fácil y han comenzado a sufrir importantes derrotas. La violencia desatada por el Estado ha sido un detonante para la indignación y ha multiplicado la resistencia.

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"Colombia llora pero no se rinde" (Foto: Archivo)

Uribe, que ha expresado públicamente su temor a la lucha de clases, la ha profundizado en sus 20 años de mandato directo e indirecto, y ahora descubre que ésta encuentra nuevas expresiones en una generación que nació expropiada de todo, que está atrapada en un presente invivible y que al presentirse también sin futuro siente que no tiene nada que perder y, por el contrario, mucho por conquistar en la lucha colectiva con sus iguales.

La extrema violencia económica, militar y policial han acabado por reunir al pueblo en barricadas llamadas Puntos de Resistencia, donde se realizan ollas comunitarias en las que mucha gente obtiene al fin algo de comida mientras participa, teje lazos y descubre que logra hacer escuchar su voz si forma parte del colectivo en Paro.

También, la extrema exclusión, racismo, clasismo y sobreexplotación del sistema tiene su expresión en las miles de personas que viven en situación de calle. Colombia es junto a Brasil el país de la región con más población en esta terrible situación, y aunque los grandes análisis políticos suelen invisibilizarles, ahí están, se ven ahora en la primera línea de combate de muchas ciudades, se escuchan al fin sus voces en un país que vergonzosamente se acostumbró a llamarles "desechables".

La descolonización también avanza simbólicamente de mano de las comunidades indígenas Misak, que abrieron el paro en la madrugada del 28 de abril derribando la estatua del genocida español Sebastián de Belalcázar, acción que se ha venido replicando en el país y que avanza hasta derribar la estatua del propio Francisco de Paula Santander.

La Minga Indígena que tanto subestiman y estigmatizan se ha consolidado como reserva moral del pueblo que protesta. Cada vez que en medio de las protestas de los últimos años la Minga se ha trasladado a las grandes ciudades, es recibida por miles de personas en las calles y el himno de la Guardia Indígena es, hoy, himno de la resistencia nacional.

Toda una pesadilla para quienes se autodenominan "gente de bien" y se jactan de sus estratos 5 y 6. Porque esa estratificación que comenzaron a usar en los noventa ha contribuido a esa polarización del país que el uribismo ha logrado como ninguna otra corriente política lo había logrado en los últimos 70 años.

Para complejizarle más el panorama, muchas organizaciones de izquierda que se habían dispersado en los años de esa década del desencanto que fue 1990 se están reconvocando a la luz de esa esperanza que se renueva.

El dilema consiste en hacia dónde encontrará la oligarquía colombiana la salida, y todo parece apuntar a que seguirá apostando a la violencia, porque a pesar de todo lo dicho, la comunidad internacional ha comenzado a manifestarse. Va creciendo la solidaridad y las denuncias a través de las redes sociales han inundado ya los medios tradicionales, obligando a algunas personalidades mundiales e incluso instituciones a pronunciarse contra la masividad de las violaciones de derechos humanos en Colombia.

Aunque hasta el momento solo los gobiernos de países no alineados a Estados Unidos se han atrevido a posicionarse, los pueblos de los países subordinados, y particularmente los del Norte Global, pueden acabar por presionarlos para romper el silencio cómplice y con él algunos de los negocios que sostienen a la oligarquía colombiana.

El propio Departamento de Estado norteamericano tuvo que pronunciarse contra los excesos policiales luego de casi dos semanas de iniciado el Paro Nacional, mientras la Embajada rusa se vio obligada a manifestarse tras las inapropiadas acusaciones de Iván Duque que sigue buscando culpables externos.

Luego de la casi nula gestión de Claudia Blum al frente de la Cancillería colombiana, cuya acción más famosa fue la reunión con Francisco Santos en la que éste le explicaba que su principal tarea sería continuar atacando al gobierno venezolano, Duque ha optado por colocar en su lugar a la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Al asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores queda claro que ya no será la candidata del uribismo para las próximas elecciones, aun cuando era la única candidatura uribista con alguna posibilidad según las encuestas.

La más ardua tarea del gobierno colombiano en el ámbito internacional en este momento consiste en tratar de justificar la masacre que está cometiendo contra el pueblo y que al fin comienza a generarle algún tipo de presiones internacionales.

Lo más probable es que, a pesar del costo político que pueda generarles, intentarán evitar llegar a las elecciones de 2022 y ello solo se logrará con ese "golpe de Estado molecular", aún no tan disipado.

Los éxitos del Paro Nacional abren camino a la Paz

No cabe duda de que lo que hoy sucede en Colombia es, en términos gramscianos, una crisis orgánica en la que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y que dejará profundas huellas en su historia.

Se evidencia aquí la disputa entre un Estado subordinado a los intereses de los Estados Unidos y dirigido por la oligarquía más violenta del continente que pretende dar la estocada final para la "pacificación" del país y el pueblo que se ha mantenido valientemente luchando por la Paz, esa que los primeros aborrecen porque implica la pérdida de su control y privilegios en aras de la construcción de una justicia social que no ha existido en Colombia al menos en los últimos cinco siglos.

Hoy, a más de tres semanas de iniciado el Paro Nacional, la fuerza demostrada por la resistencia popular ha logrado el retiro de las infames Reforma Tributaria y Reforma Sanitaria, así como la renuncia del Ministro de Hacienda y su gabinete. Uno de los primeros anuncios de su sucesor en la cartera es la cancelación de la compra de 40 aviones de guerra anunciado en marzo que costaría cerca de 14 billones de pesos, y que fue uno de los argumentos para justificar la anunciada reforma.

Como si esto fuera poco, las principales navieras asiáticas ya anunciaron la suspensión de envíos al Puerto de Buenaventura debido a que las protestas han impedido el desembarco y traslado de mercancías, las embarcaciones que ya se encontraban navegando el Pacífico se dirigirán a los puertos del Caribe colombiano, es decir que deberán atravesar el Canal de Panamá, aumentando tiempo y costos y, finalmente, la Conmebol anunció la suspensión de Colombia como sede de la Copa América 2021, con la que pretendían aumentar sus ganancias y seguir ocultando la terrible realidad del país puertas afuera.

La oligarquía más violenta del continente se ha acostumbrado durante dos siglos a responder con balas a los justos reclamos del pueblo, y solo se ha sentado a dialogar con poco éxito con las organizaciones armadas, dejando claro que no está dispuesto a reconocer la beligerancia de las organizaciones populares no armadas, garantizando así la continuidad de la guerra.

A estas alturas está claro que no hay solución militar posible, y la apuesta para encontrar la Paz se encuentra en una salida política y negociada al conflicto social y armado.

Si además de esas victorias ya mencionadas, que aunque parezcan pequeñas golpean fuertemente los intereses económicos que definen la política del país, el pueblo colombiano logra que por primera vez el Estado se siente a dialogar con él para negociar, la salida a la terrible realidad con todos los sectores populares que han sostenido esta fuerte resistencia en las calles y carreteras, estaremos hablando entonces de la mayor victoria popular de los últimos dos siglos y, al fin, un verdadero avance hacia la Paz de Colombia, que es la de Venezuela y de toda la región.

Esto no será sencillo porque ahora, además de retomar los diálogos con el ELN, el Estado debe abrir espacios para negociar con todos los sectores populares que participan de este Paro Nacional que continúa activo.

El Comité Nacional de Paro, a su vez, ha sido superado por la inmensa cantidad de expresiones populares locales que se han convertido en protagonistas de la resistencia y que también deben ser escuchadas. Abarcar esa diversidad exige un proceso de diálogo nacional que requiere de mucha voluntad política de todas las partes y que abriría paso a cambios estructurales que la clase política colombiana siempre se ha negado a negociar.

Lo que ya puede afirmarse sin dudas es que, pase lo que pase, estos hechos marcarán un antes y un después en la historia de Colombia, y su acumulado histórico se expresará inevitablemente en las luchas por venir.