Las protestas en Panamá han alcanzado niveles nunca antes vistos en décadas recientes, que podrían estar cercanas al estallido social. Miles de panameños llevan dos semanas protestando en las calles contra el encarecimiento de los precios en los alimentos, medicinas y combustibles. Lo que inició como una protesta del gremio educativo se ha ido extendiendo a otros sectores, dando lugar a unas manifestaciones prácticamente inéditas en la historia panameña reciente.

Las demandas de los manifestantes son amplias, de hecho, superan la treintena, pero principalmente se centran en el alto costo de la vida. En las calles se exigen un freno al alza del combustible, poniéndole un tope para que no supere los 3 dólares por galón. Asimismo, reclaman una medida similar para varias medicinas y más de 50 alimentos de la canasta básica, en el marco de un encarecimiento continuado de varios bienes de uso común.

También hay sectores que piden un aumento salarial, la creación de un seguro de desempleo e incluso una reforma fiscal. La lista de demandas es larga.

A los maestros que iniciaron las marchas reclamando por las deudas salariales del Estado, se han ido sumando trabajadores de la salud, indígenas, transportistas, productores agrícolas, pescadores y trabajadores de la construcción.

Aunque el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha tomado medidas, en el momento en que vio que las protestas crecían y amenazaban con desbordarse, aquellas no parecen de momento satisfacer las peticiones de los manifestantes. Por ejemplo, Cortizo anunció el congelamiento de la gasolina en 3.95 dólares por galón, casi un dólar más que lo exigido por la población en protesta. También dijo que 10 productos de la canasta básica no pasarían un tope de precio, lejos de la cantidad de rubros que piden en las calles.

Por otro lado, ha habido contradicciones entre las medidas tomadas por el gobierno y el poder legislativo, aumentando el descontento general. Mientras la Asamblea Nacional de Panamá anunciaba un recorte en los gastos y un cese de aumentos salariales de los diputados y sus asesores, Cortizo ordenaba el recorte de 10% de los puestos de trabajo de la admnistración pública para reducir el gasto estatal.

El presidente panameño intenta impulsar un gran diálogo nacional con mediación de la iglesia, sin embargo, responsabiliza de la situación a los efectos de la pandemia y a la guerra en Ucrania. Si bien estos dos factores han hecho estragos en las economías tanto a escala nacional en distintas latitudes como mundial, lo de Panamá parece que es algo más estructural que otra cosa, debido a la economía dolarizada de ese país.

• En Panamá, durante la pandemia se produjo una contracción económica de prácticamente el 18%, de acuerdo a datos de Cosefin;
• Un aumento de casi tres puntos en la pobreza;
• La deuda pública aumentó alrededor del 45% del PIB, casi 65% en dos años;
• Panamá es el país de mayor desigualdad de Centroamérica, con peor índice de Gini (49,8) que Honduras y Guatemala y el segundo de toda Latinoamérica, solo detrás de Colombia;
• 6 de cada 10 panameños afirman que no le alcanzan sus ingresos para llegar a fin de mes;
• La inflación está a 4% medida en mayo de este año.

El descontento con la clase política en general, producto de una desenfrenada corrupción, es un aliciente extra para que miles de panameños se integren en las protestas sociales que no solo se concentran en la capital.

Todas estas aristas ponen en evidencia que la situación en Panamá es compleja y que por ello no tendrá una solución sencilla. Haría falta mucho más que algunas medidas para satisfacer las demandas de la población y, asimismo, una vuelta de tuerca no solo en lo político sino en lo económico, pues la dolarización del país centroamericano es un factor importante a la hora de leer los escenarios de salida ante la crisis, teniendo en cuenta que la moneda estadounidense ha estado perdiendo fuerza en los últimos años, con una crisis económica, financiera y comercial a escala global que desnuda la realidad cotidiana de los panameños.

En América Latina y el Caribe ha habido en la última década varios ejemplos de estallido social producto de un descontento acumulado por causas neoliberales y hastío político de la situación. Los casos de Chile y Colombia son los más paradigmáticos y por ello no sería extraño que en Panamá ocurriera algo distinto a esos escenarios. Aunque pareciera que, en el caso de este país, el juego está trancado por la estructura económica y financiera ajustada a los intereses estadounidenses.

Como bien sabemos, Estados Unidos financia su propia hegemonía dolarcéntrica endeudando a terceros países y transfiriendo las riquezas a su centro. En este caso, Panamá cuenta como un activo geopolítico y comercial de primer orden para Washington y Nueva York. El filo de la espada de Damocles se siente cada vez más cerca del cuello de la población panameña, extenuada por la situación social producto de la debacle económica y, por ende, se encuentra al borde de un estallido con consecuencias inéditas para dicho país.