La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro fue aprobada por la Asamblea Nacional. Esa pieza legislativa regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que ha generado debates y controversias en la sociedad venezolana.
Para tener alguna aproximación de la dimensión del financiamiento que reciben algunas ONG nada más en un rubro específico, como el de la "ayuda humanitaria", Statista ofrece algunos datos.
Según este portal, los tres mayores donantes en esta área a escala mundial en 2023 —en millones de dólares— fueron Estados Unidos con 9 mil 489, seguido de la Comisión Europea con 2 mil 114 y en tercer lugar Alemania con 2 mil 008. Este sería el top 10 de los países con mayores desembolsos:
De acuerdo a lo que expone la gráfica, el flujo de financiación proviene de forma exclusiva del Norte Global, lo que de hecho condiciona la agenda de las ONG receptoras, quienes inevitablemente deberán alinearse con los intereses geopolíticos y geoeconómicos de los donadores.
Estados Unidos, de lejos el primer financista, otorgó una suma mayor en donaciones que lo que representaría el PIB anual combinado de Belice y Surinam durante 2023. A pesar de tener un número importante de receptores, las ONG radicadas en Ucrania, Israel y Egipto encabezan la lista.
Para evaluar el alcance de las regulaciones adoptadas por el legislativo venezolano en esta materia, comparemos esta legislación con las normas vigentes en los tres primeros países que dicen defender la libertad de asociación fuera de sus fronteras, pero que la restringen rigurosamente en su propio territorio.
Estados Unidos
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de Estados Unidos, aprobada en 1938 como respuesta a la infiltración de espionaje y propaganda nazi a través de organizaciones y medios de comunicación, marcó un hito al convertirse en la primera normativa a escala mundial destinada a regular las actividades de lo que luego se convertirían en las ONG de hoy en día.
La ley FARA no solo regula a quienes representan gobiernos extranjeros sino a cualquier individuo o entidad que actúe en nombre de intereses foráneos, incluidas organizaciones sin fines de lucro. Esta ley abarca cualquier intento de influir en la opinión pública estadounidense sobre temas nacionales o internacionales.
Es importante subrayar que la ley FARA no opera de manera independiente. Al contrario, se complementa y refuerza con la Ley Federal de Campañas Electorales. Juntas establecen un marco regulatorio minucioso que prohíbe, por lo menos formalmente, cualquier tipo de financiamiento extranjero a partidos políticos estadounidenses.
Con una narrativa que plantea la defensa de Estados Unidos ante la influencia ejercida por otros países en su dinámica política, a través, por ejemplo, de la desinformación y el intento de incidir en las elecciones, la aplicación de la ley FARA se ha convertido en un arma para estigmatizar y criminalizar posturas que disputan el relato oficial.
Así, luego de los comicios presidenciales de 2016, y tras los escándalos sobre supuesta "manipulación rusa", la FARA criminalizó las actividades que individualidades y organizaciones asociadas a países "hostiles" para Estados Unidos desarrollaban dentro de sus fronteras nacionales.
Con particular acento en las operaciones de Russia Today y ampliándose a la judicialización de María Butina, a quien se sentenció por delitos de espionaje, por establecer dos ejemplos notorios.
Comisión Europea
El pasado 12 de octubre de 2023, la Comisión Europea adoptó un paquete de medidas "en defensa de la democracia" de cara a las elecciones europeas que se realizarían en 2024.
La apuesta principal fue una propuesta legislativa que buscaba mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las llamadas "actividades de representación de intereses en nombre de terceros países", que tienen como objetivo influir en las políticas públicas, la toma de decisiones y los mecanismos para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
Se garantiza el acceso público a los balances financieros de las organizaciones, el detalle de los fondos recibidos de terceros países, la identidad de estos financistas y los objetivos específicos de cada proyecto.
Según la ONG Foro Cívico Europeo, esta directiva afectaría las operaciones de muchas organizaciones en diversos países europeos: "Eso significa, por ejemplo, que el financiamiento de la Usaid, que es un salvavidas para los grupos cívicos que protegen el Estado de derecho y la democracia en Europa del Este, estará cubierto por esta directiva".
Otras de las decisiones tomadas por la Comisión Europea que limitan o regulan la actuación de las ONG en el espacio del viejo continente se enfocan en el blanqueo de capitales, por lo cual se regularía el acceso a recursos financieros a estas organizaciones.
La Unión Europea, en específico la Comisión, sigue los pasos de la ley FARA estadounidense al imponer restricciones cada vez más severas a ciertas organizaciones de la sociedad civil, exigiendo una transparencia selectiva que limita su capacidad de operar y silencia sus exigencias.
Al igual que la FARA, esta directiva criminaliza aquellos que se salen del redil narrativo del "orden basado en reglas" y en última instancia los intereses del poder establecido, insertándose en una tendencia más amplia que busca restringir las libertades civiles y políticas en Europa a conveniencia, como recientemente ocurrió con la detención del CEO de Telegram, Pavel Durov, en Francia.
Alemania
El caso alemán es particular porque no cuenta con una legislación que aborde directamente el tema de las ONG, su regulación y, por ende, el control que el Estado federal ejerce sobre ellas, que se da, en su lugar, a través de distintas normas como la Ley de Sociedades, la Ley de Fundaciones o la Ley de Registro de Cabilderos.
Incluso a escala constitucional, el artículo 9, numeral 2 de su carta magna establece de forma explícita que "se prohíben las asociaciones cuyos fines o actividades sean contrarios a la ley penal o que se dirijan contra el orden constitucional o contra la idea de entendimiento internacional".
La Ley de Registro de Cabilderos, por ejemplo, garantiza la transparencia al exigir el registro y la publicación de las fuentes de financiamiento. Es decir, se debe revelar la identidad de los donantes si las aportaciones recibidas superan los 10 mil euros y siempre que las contribuciones representen al menos 10% de las donaciones anuales totales de la organización.
Lo establecido en esta ley va en concordancia con las iniciativas que la Unión Europea (UE) viene realizando con la llamada Ley de Agentes Extranjeros, mencionada en el apartado anterior y que prevé establecer requisitos armonizados en el mercado interior para la transparencia de la representación de intereses realizada en nombre de terceros países.
Crece la necesidad de que los estados regulen las ONG
Recientemente, trascendió en México una denuncia realizada por el presidente López Obrador en la que se acusa a una ONG llamada Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad AC (MCCI) de haber recibido donativos por el orden de los 96 millones 740 mil 613 pesos —desde el 29 de agosto de 2018 al 23 de enero de 2024— por parte del gobierno de Estados Unidos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, responsable de la investigación realizada, señaló que las ONG como MCCI se benefician de donaciones deducibles de impuesto, pero no hacen pública ninguna información sobre el destino de estos fondos pese a que muchas de ellas se dedican a la actividad política.
Gómez destacó que los mexicanos "estamos obligados a pedir permiso al Congreso para prestar servicios a gobiernos extranjeros. ¿Recibir donaciones es o no equivalente a prestar cierta clase de servicios o estar bajo la supervisión de gobiernos extranjeros? Una pregunta que hay que responder".
MCCI, desde 2018, ha hecho su propósito principal: atacar al gobierno de la Cuarta Transformación, y toda su actuación ha estado dirigida en esa dirección, incluido su financiamiento. Esta ha sido la razón por la cual el presidente López Obrador envió una carta al presidente Joe Biden exponiéndole el caso, y pidiéndole que cese la injerencia a través de este tipo de acción.
En este contexto, el presidente mexicano ha señalado que antes de que finalice su mandato enviará una iniciativa de ley para regular y limitar el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, y evitar lo que consideró "abusos" a través de los donativos que les hacen y la deducción de impuestos.
Un problema para la estabilidad democrática
La opacidad con la que operan las ONG, que incluye desde listas de donantes/financistas hasta proyectos de trabajo, no es una cuestión que preocupe a pocos Estados y gobiernos en el mundo.
Su regulación se convierte en un asunto de soberanía nacional cuando empiezan a responder a los intereses y agendas del Estado o ente donante que, como vimos en el gráfico inicial, son geopolíticamente dependientes del Norte Global y de sus objetivos, que confluyen casi siempre en torno a los de Estados Unidos.
El ahora aprobado proyecto de ley del parlamento de Georgia, destinado a frenar la injerencia occidental y transparentar la financiación de las ONG, ha desencadenado furiosas protestas antigubernamentales alentadas explícitamente por Washington y Berlín. A través de estas organizaciones se ha promovido la integración de Georgia en la Unión Europea, la OTAN y otras estructuras "euroatlánticas" en desmedro de sus condiciones históricas y geográficas.
"La retórica de las ONG es una estratagema para atacar programas públicos integrales e instituciones estatales que prestan servicios sociales. Las ONG se ponen de lado de la 'retórica antiestatista' de las grandes empresas —una en nombre de la "sociedad civil" y la otra en nombre del “mercado”— para reasignar los recursos del Estado".
Dice James Petras, destacando la tendencia de esas ONG a desmovilizar y fragmentar los movimientos sociales. Estas organizaciones, afirma el sociólogo, profundamente dependientes de donaciones externas, suelen servir a intereses ajenos y promueven una visión antiestatista que debilita el papel del Estado y, por extensión, de la esfera pública en general.
Bajo esta premisa, presionan para que los recursos públicos se desvíen hacia áreas donde el Estado pierde influencia, lo que promueve la privatización del sector público y alinea las políticas nacionales con intereses extranjeros.
La cuestión está en la necesidad de que el Estado, único espacio con legitimidad para ejercer soberanía, regule, como lo hace con otras instituciones, el financiamiento, las competencias y comportamiento de este tipo de organización.
En Venezuela, por lo menos en los últimos 25 años, hemos asistido a infinidad de momentos cuando estas instancias, que se asumen democráticas, han servido de punta de lanza para promover agendas violentas e inconstitucionales en el país.
Recientemente, algunas ONG estuvieron vinculadas con la violencia postelectoral observada tras los comicios del 28J, y detrás de esta acción se encuentra la mano extranjera que promueve y financia tal comportamiento. En este contexto, la regulación de su actuación se convierte en un asunto de prioridad nacional. Igual que en Estados Unidos, la UE y Alemania.