Existe un consenso en materia de derechos humanos, sobre todo desde la perspectiva de ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) enfocadas en el activismo transnacional, que aboga por la creación de un mecanismo de presión internacional contra Estados considerados violadores de tales códigos.

Esa influencia se entendería como la ascendencia o fuerza moral y material que ejercen factores oficiales —Estados con reconocimiento mundial u órganos del sistema de Naciones Unidas (ONU)— a través de informes y recomendaciones de esta plataforma o de instancias especializadas en derechos humanos y agentes no oficiales a escala internacional —como las ONG—, con miras a influir en el comportamiento de un Estado. La vigilancia en este caso se ejerce contra quien se cree trasgresor de algún principio "aceptado" por la comunidad de la que toma parte.

En materia de derechos humanos y democracia es particularmente complejo hablar de transgresión al principio porque, si bien nadie cuestiona —hasta ahora— la defensa universalmente aceptada de la dignidad humana contemplada en los diversos instrumentos internacionales que los Estados —con mayor o menor participación— se han dado, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial —pero no los únicos ocurridos en la historia reciente de la humanidad— se ha tornado problemático cómo se entiende el ejercicio de ese principio, y se ha tendido a su instrumentalización y politización.

Mucho más si lo pensamos según las lógicas surgidas tras la caída del Muro de Berlín y con la llegada del "supuesto" fin de la historia. En este relato, el triunfo de la democracia liberal —y con él del discurso de los derechos humanos— se convierte en paradigma internacional, y el mundo noratlántico —con especial énfasis en Estados Unidos— ha conducido la forma de entender la democracia y se ha erigido en fiscal y juez mundial de estas materias.

Sin embargo, sin profundizar ahora en esta complejidad que ha llevado a justificar bombardeos, invasiones, golpes de Estado y demás formas de subvertir el poder en diversas partes del mundo, basados en una narrativa defensora de unos pretendidos "valores compartidos" —democráticos y de derechos humanos—, es oportuno, sí, a partir de la conmemoración del lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, recordar los crímenes de guerra estadounidense asestados en el marco de este conflicto, y que hoy tienen la intención de edulcorar.

Ni Estados Unidos en particular, ni Occidente en general, tiene la legitimidad moral para hoy instituirse en modelos a los que el resto de las sociedades deban seguir o imitar. Si los tres siglos de colonialismo iniciados por el genocidio español sobre la vasta área conocida hoy como América desacredita a Europa, la aparición de Estados Unidos como potencia mundial en el siglo XX, y las acciones emprendidas para consolidar su preeminencia planetaria, empaña también la imagen de adalid de la democracia y los derechos humanos que aspiran mostrar.

Hechos, no opiniones

Los campos de concentración no solo existieron en la Alemania nazi, en la Italia fascista o en la España franquista: en Estados Unidos, durante la presidencia de Roosevelt (orden ejecutiva 9066) también se instalaron campos de concentración que albergaron estadounidenses de origen japonés.

• Se calcula que fueron más de 120 mil los ciudadanos estadounidenses de origen japonés que fueron confinados, situación en la que se les negó todo tipo de derecho.
• Tras el conflicto se encontraron con situaciones de racismo generalizado y pérdidas de sus bienes materiales a consecuencia de su —lejano— origen étnico.

Antes de los hechos registrados en Pearl Harbor, las relaciones entre Japón y Estados Unidos se encontraban fracturadas a consecuencia del embargo impuesto por estos a los primeros tras la invasión nipona a la indochina francesa. El bloqueo supuso la imposibilidad de que Japón lograse comprar petróleo y acero necesario para el desarrollo de su industria pesada.

• Como refiere el historiador Eric Hobsbawm en Historia del Siglo XX, el asedio comercial a Japón lo obligó a accionar de la forma desproporcionada en que lo hizo. El ataque se entiende como consecuencia de esto y no como un acto unilateral de perversidad, que sí los hubo hacia poblaciones chinas y coreanas por parte del régimen japonés y que no generó, por cierto, condenas previas de Estados Unidos.

Los bombardeos que realizó Estados Unidos sobre Japón y Alemania superaron con creces a los que nazis, fascistas y franquistas realizaron sobre Guernica, Inglaterra o ciudades de la Unión Soviética.

• Solo el bombardeo de Tokio, responsabilidad exclusiva de Estados Unidos, dejó unos 260 mil hogares destruidos hasta los cimientos —se usó bombas incendiarias de fósforo blanco y napalm—. Además, durante las descargas, al menos 105 mil 400 personas murieron en una ciudad de 3 millones de habitantes.

Aunque las cifras no son definitivas, las víctimas civiles en Japón, durante la guerra, se calculan entre 1 millón y 1 millón y medio de personas. Solo los muertos en las dos detonaciones representan entre 10% y 15% del total durante los años de confrontación.

La detonación de la bomba no solo fue una herramienta empleada por Estados Unidos para obligar la rendición incondicional de Japón, sino que fue un mensaje al resto de la humanidad sobre el papel que desempeñaría en el orden mundial de postguerra que se estaba definiendo.

Fue también un mensaje para sus aliados y a los que ya no lo serían, como la Unión Soviética, sobre el liderazgo que pretendía imponer en un primer momento con aspiraciones planetarias.

Las detonaciones de las bombas inauguraron una nueva época en la que la disuasión sería la norma entre las potencias y la tercerización del conflicto la rutina, sobre todo en el Sur Global, donde los paladines de la democracia promovieron, impusieron y toleraron regímenes dictatoriales.

La guerra significó un negocio súper lucrativo para Estados Unidos, especialmente para su élite rica, como lo afirma el historiador Howard Zinn en La otra historia de los Estados Unidos, no solo porque su territorio salió ileso del conflicto, a diferencia del resto de países beligerantes, sino también porque antes, durante y después de la guerra se convirtió en país acreedor y mayor financista del mundo tras el conflicto.

• Los organismos de financiamiento internacional se convirtieron en mecanismos de chantaje mediante los cuales Estados Unidos y Europa condicionan ayuda financiera a los países.

Según se refirió en artículos anteriores, las pruebas que condujeron a las detonaciones en Hiroshima y Nagasaki, así como las realizadas en la frenética carrera por alcanzar un nivel más desarrollado en armamento nuclear, generaron múltiples consecuencias de salud relacionadas con la radioactividad, aun persistentes en la población.

• Cabe destacar que, a pesar de los acuerdos internacionales suscritos y que prohibieron las pruebas nucleares por los terribles efectos medioambientales y en la salud que producían, Estados Unidos es el país con el mayor número de pruebas realizadas.
• La Federación de Científicos Estadounidenses asegura que, para 2020, todavía existían unas 13 mil 410 armas nucleares en el mundo —llegaron a ser más de 70 mil en la década de 1980—, de las cuales 91% de todas las cabezas nucleares pertenecen a Rusia y Estados Unidos. Las otras naciones nucleares son Francia, China, Reino Unido, Israel, Pakistán, India y Corea del Norte.
• Solo la detonación de unas pocas imposibilitarían la vida tal cual la conocemos en el planeta Tierra.

La guerra se constituye como un acto extremo para la existencia de un Estado, sobre todo en escenarios de disputa geopolítica donde las consideraciones morales parecieran no ser determinantes y sí las de índole político, más tendientes al realismo y al pragmatismo.

Decimos lo anterior ya que, sin ánimos de entrar en zonas revisionistas tan de modas actualmente, queremos desmitificar la posición altiva de quienes insisten en erigirse en protectores y guardianes de la democracia —y su doctrina— aunque llevan a cuesta la ejecución del crimen de guerra más atroz en la historia de la humanidad: la detonación sobre población civil de un arma nuclear.