Ecuador se ha convertido en noticia dada la escalada de violencia criminal que ha derivado en eventos con características de terrorismo, secuestro, ejecución de funcionarios policiales y daños a la propiedad privada. Luego, el decreto de estado de excepción promulgado por el presidente Daniel Noboa como respuesta a las bandas criminales.

El estado de excepción es también un estado de conmoción general que ha interrumpido la normalidad en la vida social ecuatoriana y que implica la disputa de las calles entre las bandas narcoparamilitarizadas y las fuerzas militares del país andino.

1. Algunos factores acumulados y causales de la crisis de seguridad

Ecuador ha sufrido una traslación muy importante hacia condiciones críticas en cuanto a seguridad integral y orden público en los últimos años.

Según Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado (UNODC) en su informe mundial sobre el tráfico de cocaína correspondiente al año 2023, el país andino es un ejemplo nítido del proceso de "tercerización" que han emprendido los grandes carteles para desarrollar sus actividades delictivas. El análisis de la UNODC apunta que grupos irregulares pequeños y medianos están jugando un papel cada vez más importante en el tráfico mundial de cocaína, ello debido a una fragmentación de las bandas.

El fenómeno se ha visto en todas las regiones del mundo, según el reporte, y los actores involucrados se han vuelto cada vez más especializados. Estos colectivos gestionan solo algunas fases de la cadena de suministro y forman alianzas con otras organizaciones, dedicadas a las otras fases. Por ejemplo, algunas se dedican a envíos y almacenamiento, mientras que otras se especializan en seguridad.

Para la UNODC, Ecuador es un "ejemplo elocuente" de la amenaza que representan los grupos criminales locales que colaboran con narcotraficantes extranjeros.

El informe recoge los datos que evidencian que Ecuador ha visto un aumento drástico en las tasas de homicidios. Esta violencia, según la tesis del gobierno, está relacionada con las drogas. El informe de la UNODC explica que la ola de violencia en el país se debe a la rivalidad entre coaliciones de grupos locales afiliados a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Fuentes consultadas por la organización sugieren que, después de 2019, el cartel de Sinaloa cambió su modo de operar, o al menos ha sido así en Ecuador, según refiere el medio ecuatoriano de periodismo especializado Primicias. La organización ya no tiene una operación fija con enviados mexicanos radicados permanentemente en Ecuador sino que ahora confían su negocio a pequeñas células de intermediarios, quienes viajan al país suramericano para establecer el tráfico con "contratistas" locales y, luego, dejar el país.

Esta metodología habría permeado Ecuador con armas, actores y grupos mediante una lógica liberal de competencia con vistas a la captación de los ingentes recursos generados por el narcotráfico. Situación solo posible gracias a condiciones acumuladas de debilidad en los gobiernos, laxas políticas de seguridad, corrupción y un incesante ingreso de dinero del narcotráfico en la economía ecuatoriana.

El alcance de esta industria del crimen en la nación meridional ha sido tan importante que el informe de UNODC señala que Ecuador está desplazando a Colombia como principal proveedor de cocaína a Europa.

Adicionalmente, las bandas criminales ecuatorianas han disputado las preferencias y vínculos con los carteles mexicanos, y han generado una pugna que ha caotizado el país hasta corromper estructuras policiales y desatar ahora una lucha frontal de las bandas contra el mismo Estado.

2. El factor detonante: Adolfo Macías, alias "Fito"

Adolfo Macías, jefe de la banda "Los Choneros", se encontraba encarcelado desde 2011 pagando una pena de 34 años por delitos como delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.

Según la prensa local, el domingo 7 de enero, justo antes de que el ejército fuera a buscarlo para trasladarlo a una prisión de máxima seguridad, el reo de 44 años se desvaneció. Más de 3 mil uniformados lo buscaron sin éxito en los tejados y hasta en las alcantarillas del penal.

Las autoridades tardaron en reconocer la fuga y en un principio se barajó la posibilidad de que "Fito" se hubiera escondido dentro de la misma prisión, de la que "Los Choneros" tienen el control, refiere la BBC.

Este lunes 8 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró el estado de excepción de 60 días en el país debido a la fuga de "Fito" y en razón de posteriores motines en varias cárceles.

En teoría, y según han comunicado diversos integrantes de las bandas criminales, el estado de excepción sería un detonante para el desarrollo de la escalada, pues los criminales han instado a Noboa a cancelar las medidas.

Las reacciones de las bandas criminales han sido de confrontación directa contra el Estado y han puesto a la sociedad ecuatoriana como escudo humano en acciones articuladas de violencia que han trascendido y conmocionado Ecuador.

3. Actores, eventos, métodos y caracterización

El martes 9 de enero Noboa decretó la existencia de un "conflicto armado interno" en su país y ordenó al ejército restablecer el orden en las calles, decisión que elevó la categoría del estado de excepción que había anunciado un día antes, lo cual era sintomático de la característica de los eventos que habían tenido lugar en varias ciudades ecuatorianas en las últimas horas.

El gobierno, mediante su decreto, denominó como "grupos del crimen organizado transnacional", "grupos terroristas" y "actores no estatales beligerantes" a las agrupaciones Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Ganster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trebol, Patrones, R7 y Tiguerones.

Noboa denomina a estos grupos como "beligerantes" y así les da una categoría de objetivo militar y cualidad de actores en una guerra.

Nuevamente figura otro factor sintomático de la crisis de seguridad ecuatoriana dado que Noboa ha preferido evocar la categoría de "guerra" para el uso de las fuerzas armadas en las calles, en lugar de confrontar las bandas únicamente mediante fuerzas policiales especializadas del ámbito civil.

Desde el domingo 7 y los días siguientes se registraron eventos claves con cualidad de terrorismo, secuestro, asesinatos selectivos y violaciones del orden público en Ecuador:

• En la Universidad de Guayaquil se produjo el secuestro de la sede y de parte del personal educador y estudiantil, que generaron imágenes de caos.
• Un grupo de hombres armados irrumpió en una transmisión en vivo en la televisión ecuatoriana, concretamente en el canal TC Televisión, y secuestraron a su personal, a quienes instaron a hablar ante las cámaras pidiendo a Noboa desarticular el estado de excepción. Esta situación tan particular dejó ver que la mayoría de los sujetos armados contaban principalmente con armas cortas, escopetas de corredera y de tipo "recortadas". Es decir, no se vieron rifles de asalto o de alto calibre.
• En redes sociales circularon imágenes sobre un presunto armamento de origen peruano en manos de los grupos criminales.
• En Esmeraldas, un grupo de hombres se grabó quemando vehículos aparcados en las calles.
• Se registraron saqueos a locales comerciales en el centro de la capital, Quito.
• Han sido difundidas imágenes de ataques con explosivos a una unidad móvil de las fuerzas policiales.
• En Guayaquil se registraron ataques a 29 edificaciones, se registraron choques entre policías y criminales, toma de rehenes en las estaciones del metro e, incluso, cinco hospitales fueron objeto de ataques delincuenciales.
• Medios internacionales reportaron que hubo un tiroteo entre bandas criminales y factores de seguridad en las cercanías del palacio de gobierno ecuatoriano.
• Bandas criminales tomaron un comando policial desarmando a los funcionarios y secuestrándolos. Se difundieron videos de los funcionarios pidiendo detener el estado de excepción o, en consecuencia, serían ejecutados.
• Se difundieron imágenes presuntamente provenientes desde cárceles controladas por las bandas criminales, en las que hombres encapuchados exigían el fin del estado de excepción y cometían ejecución de funcionarios de la seguridad carcelaria bajo secuestro. En algunas imágenes se aprecia una ejecución por disparo, mientras que otra ejecución se realizó por ahorcamiento.

A la luz de ese registro, todavía preliminar de los eventos, es evidente que las bandas criminales han actuado a rigor en apego a un manual de conmoción pública y social.

La categorización de sus objetivos, basándose en la actuación sobre objetivos blandos (población civil), su dominio del espacio público abierto (ataques indiscriminados en espacios públicos) y la acción focalizada sobre órganos de seguridad (ataque a unidades policiales y ejecución de funcionarios penitenciarios) son en esencia acciones de terror y fuerza contundente.

La premisa fundamental de las mismas es paralizar la sociedad ecuatoriana, y crear una traslación del estado de excepción —dirigido contra las bandas— a un estado de sitio —dirigido contra la población a cargo de las bandas armadas—.

Tratándose de estructuras narcotraficantes, son claras las similitudes entre estas acciones en Ecuador con las registradas en países como Colombia, El Salvador y México donde, mediante metodologías similares, diversas organizaciones criminales y carteles de drogas se han enfrentado al Estado y contra la sociedad mediante acciones de fuerza indiscriminada contra personas y bienes.

La "colombianización" de Ecuador tiene un matiz importante. Exceptuando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado, no se ha reproducido un patrón de asesinato a figuras importantes de la política, ni asesinatos selectivos de altos funcionarios nacionales que supongan el escalamiento de la conmoción hacia una sensación de inseguridad al alto gobierno.

Por ahora, lamentablemente para los ecuatorianos, la violencia parece discriminada contra ciudadanos comunes y funcionarios policiales, si bien Ecuador ya tiene un importante registro acumulado de dirigentes políticos y funcionarios de categoría provincial asesinados en los últimos años.

Sobre los eventos de los días lunes 8 y martes 9 de enero, una de las características más llamativas es su propia coordinación y simultaneidad. Claramente fueron ejecutados con gran orquestación, aunque se trate de acciones de diversas bandas narcotraficantes que, en muchos casos, se han enfrentado entre sí.

No obstante a que las bandas ecuatorianas carecen de una línea de mando única, la respuesta detonada por la búsqueda de alias "Fito" ha sido más que articulada y, de alguna manera, sorpresiva para las fuerzas del Estado.

Lo anterior supone una importante y aparente debilidad de los servicios de seguridad y de inteligencia ecuatorianos. No hay referencias de acciones de fuerza estatal a modo de contención de manera previa al lunes 8 de enero. Los ataques resultaron ser sobrevenidos, lo cual permite suponer que, o la inteligencia ecuatoriana no sabía de las acciones coordinadas, o deliberadamente no reaccionaron anticipadamente para contenerlas.

Cabe espacio para la necesaria presunción de que, posiblemente, elementos claves de las propias fuerzas policiales del ámbito civil podrían estar infiltradas por los elementos narcotraficantes y que el ejecutivo nacional no cuenta con una línea de información eficaz en el ámbito de la inteligencia que le hubiera ofrecido alertas tempranas.

En estas instancias, el gobierno de Daniel Noboa parece contar con las fuerzas militares como una gran e importante línea de defensa de las instituciones del Estado y la sociedad frente a estos grupos criminales, los cuales han sobrepasado claramente las capacidades de los cuerpos policiales civiles.

Esto explicaría el estado de excepción y la admisión de la categoría de "conflicto armado" en el país, un denominador que por su propia contundencia sirve para evocar el uso de fuerza máxima militar como última y gran carta que el Estado ecuatoriano puede jugarse en proporción a una guerra germinal en curso a cargo de una estructura criminal ampliamente celular y diseminada en todo Ecuador.

Las cárceles ecuatorianas en estado de motín son un nudo crítico en la estela de eventos. Tal como se registra en diversos países latinoamericanos, las cárceles son espacios de confluencia de actividades y actores criminales. Pero en Ecuador, aunque este parece ser el punto focal y detonante de las acciones violentas, esta es apenas una parte de la ecuación. En realidad, las estructuras narcotraficantes son muy intrincadas y están consolidadas en las calles. No hay un punto focal único para las acciones de fuerza del Estado y ello convierte a todo el país en un potencial teatro de operaciones.

Ecuador podría ser objeto de una crisis de seguridad con variantes muy diversas y sofisticadas, por la simultaneidad de actores, intereses y grupos que disputan entre sí y contra el Estado la articulación con los grandes carteles transnacionales de origen mexicano y colombiano. Lo que quiere decir que el flujo de recursos económicos y armas puede garantizar un estado prolongado de deterioro de las condiciones generales de seguridad pública en este país.

El nivel de precisión y eficacia por parte de las fuerzas militares ecuatorianas podría propiciar contradicciones en la dinámica del "conflicto armado", pues no hay claridad sobre el nivel de cooptación de funcionarios policiales civiles por parte de las bandas, ni sobre sus líneas de colaboración, ni sobre sus vínculos operacionales. De ahí que un proceso de desarticulación profundo de los grupos narcoparamilitares podría abrir espacio a una deriva donde, más allá de grupos delincuenciales, activos policiales cooptados o integrantes en las mafias, se activen ahora en mayor contundencia y en diversos niveles y tipos de respuesta.

Entretanto, y en el ámbito político, el Congreso ecuatoriano ha respaldado las medidas del presidente Noboa, pero además han ofrecido, anticipadamente si se quiere, una amnistía a los funcionarios militares en referencia a sus acciones para contener las bandas.

Este anuncio refiere una respuesta coherente de una parte del Estado a una crisis singular, solo posible en el marco legal del estado excepcional y de "conflicto". Implica un mensaje a las bandas de que no habrá mayor contención política a la respuesta del Estado y es un mensaje a los militares para que actúen con sentido de oportunidad y proporcionalidad a la crisis.

El decreto de Noboa que eleva la crisis de Ecuador a la categoría de "conflicto armado" refirió el respeto a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Un importante salvoconducto político y narrativo, que no por ello despoja a los eventos de la complejidad que revisten. Noboa sabe que la crisis tendrá expresiones cruentas y ha llevado al máximo la flexibilidad de la legislación ecuatoriana para actuar.

La crisis ecuatoriana podrá decantarse en un estado de shock generalizado a la sociedad en materia de seguridad, con un difícil nivel de aseguramiento del espacio público y social en los próximos días, a fin de hacer volver una relativa y tensa calma. Mientras que la violencia, por su parte, podría adquirir variantes más sofisticadas y focalizadas (actos terroristas, ataques a blancos simbólicos e institucionales específicos y personas relevantes).

Es todavía muy prematuro indicar con precisión las denominaciones que tendrán los eventos a futuro, pero lo único cierto es que Ecuador ha perdido desde hoy y por tiempo indeterminado cualquier sentido de "normalidad".