En medio del cataclismo político y judicial que vive Colombia con el paramilitarismo, las masacres y el coronavirus acechando a la población general, aparece de nuevo en los tabloides físicos y digitales un criminal icónico de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): Salvatore Mancuso.

Históricamente, a Mancuso se le conoce por haber sido el operador de hechos sombríos y letales en el territorio colombiano como atentados, masacres, asesinatos de alto perfil, tráfico de droga y su vinculación clave con el desarrollo de la parapolítica.

La crónica de la extradición de Mancuso data desde 2008, cuando el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ordena de manera inesperada y repentina la extradición de Mancuso a los Estados Unidos, después del proceso de desmovilización de 2005, donde los paramilitares se reincorporarían como “policías cívicos no armados”, según Uribe.

Mancuso ha cumplido su condena por tráfico de drogas en territorio estadounidense y su defensa pidió enviarlo a Italia justificando que no tiene garantías de seguridad en Colombia. En contraste, desde Colombia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá solicitó la orden de captura contra Mancuso para su extradición a ese país.

Existe todo un laberinto judicial (y político) sobre la extradición del famoso criminal a Colombia o a Italia.

Los abogados de Mancuso sostienen que él ha cumplido las obligaciones de lo establecido en el acuerdo de paz que se negoció en 2003, bajo el mandato de Uribe, que limita las condenas de prisión a ocho años para los paramilitares que confiesan sus crímenes.

Además, Mancuso conoce muy bien las maniobras de la oligarquía colombiana en el manejo del sistema judicial. La insistencia de que su deportación sea a Italia recae en que Colombia no tiene tratado de extradición con el país europeo.

La polémica carta de Mancuso

Otros factores han encendido las alarmas: la carta que escribe Mancuso en respuesta al llamado que hace el ex ministro y mediador en los procesos de paz, Álvaro Leyva, para que tanto Mancuso como el ex jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), expresen sus verdades y acudan a la Comisión de la Verdad.

Mancuso reconoce la labor de Leyva para lograr un encuentro telefónico con Londoño, donde coincidieron en la necesidad de contar la verdad del extenso conflicto armado a Colombia. En la misiva, el paramilitar redacta algunas confesiones importantes:

• Alega que desde que se desmovilizó no ha dejado de cumplir con sus compromisos y asegura que seguirá cumpliendo con eso “hasta culminar los procesos transicionales”.
• Explica que Colombia merece conocer la verdad de todo lo ocurrido, sin permitir que la verdad sea manipulada, sin importar a quién beneficia o perjudica.
• Hace el recordatorio de su confesión años atrás en la que afirma que el 35% del congreso colombiano estaba apoyado por las AUC en el marco de la parapolítica.
• Asimismo, comenta que su extradición se llevó a cabo para silenciarlo y por venganza, ya que revelaba su cercanía con el gobierno de Álvaro Uribe, incluyendo al actual embajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos, y el ex subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez.
• Reitera que está dispuesto a comparecer ante la Comisión de la Verdad. Si el país no conoce la veracidad del conflicto es porque no existe el interés político para eso, agregando que: “la verdad no puede seguir sirviendo para beneficiar a intereses oscuros”

Dudosa justicia colombiana

No se puede olvidar la relación de las AUC con el Estado colombiano, y mucho más, con el uribismo. Es bien sabido cómo las élites de poder económico y político orbitan en el financiamiento a grupos irregulares.

Estas prácticas iniciaron su proceder cuando Uribe llega a la presidencia, iniciando la “Política de Seguridad Democrática” (PSD), como una cortina de humo para desplegar una estrategia de represión y terrorismo de Estado no sólo en lo político sino en lo económico, forzando el desplazamiento de campesinos y, en consecuencia, el control de tierras ricas en recursos minerales y agrícolas en manos de grandes grupos económicos oligárquicos.

Ha sido palpable lo atropellado del proceso de extradición de Mancuso a Colombia. Más todavía si se compara con la deportación de otro líder paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, donde la solicitud de extradición no ha sido entorpecida ni ha presentado interrupciones.

De hecho, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, informó hace días que Jorge 40, al llegar a Colombia, será recluido inmediatamente en una cárcel.

La diferencia en ambos procesos se centra en las informaciones que han suministrado ambos líderes paramilitares, sobre todo aquellas que refieren a los vínculos políticos y económicos con la oligarquía colombiana y Uribe. Comparativamente, el canto de Mancuso es mucho más delicado que el de “Jorge 40”.

Así como el proceso judicial de Uribe ha sido tibio y con mil cartas bajo la manga de su parte, reforzando la desconfianza de la población colombiana en las instituciones del Estado manejado por la oligarquía, resulta incierto lo que pueda suceder con el procesamiento de Mancuso si regresa a Colombia, a pesar de los respaldos con los que cuenta.

Lo que sí es seguro es que la élite colombiana involucrada maniobrará para continuar tapando el sol con un dedo.