La crisis política se agudiza en Perú y el número de muertos civiles desde el golpe de Estado contra Pedro Castillo va en aumento. Desde su salida, las fuerzas de seguridad han masacrado a quienes salen a marchar a favor de quien fuera presidente hasta mediados de diciembre de 2022.

Desde entonces, tras la sucesión de Dina Boluarte como presidenta de la República peruana, miles de ciudadanos se han lanzado a las calles a favor del regreso de Castillo, la disolución del Congreso o el adelanto de elecciones.

Este año arrancó con un paro indefinido que ha contribuido con el descontento y la crispación. En siete días de paro de ciertos sectores gremiales se han reportado las protestas más radicales y las represiones más sanguinarias.

Durante la primera semana de protestas ya se contabilizaban más de 20 fallecidos y actualmente la cifra asciende a 47, siendo el día más mortífero este lunes 9 de enero, cuyo saldo fue de 18 muertos en una sola jornada, en Puno. 

Durante las protestas se ha registrado el uso de armas de fuego por parte de la policía. Incluso denuncian el uso de francotiradores, en momentos en que algunos manifestantes se han desplomado repentinamente en las calles.

Los cuerpos de seguridad han justificado el uso de armas de fuego argumentando que los que protestan usan pirotecnia contra ellos. Sin embargo, el uso de la fuerza sigue siendo desproporcionado. En otras ocasiones han documentado que los mismos policías entregan cohetes a civiles, que, se presume, son funcionarios sin uniforme. La cantidad de muertos y heridos ha colapsado los centros de salud, donde también han lanzado bombas lacrimógenas.

La violencia insoslayable ha hecho que algunas instituciones se pronuncien y este martes 10 de enero la Fiscalía inició una investigación preliminar contra Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. A los mencionados se les acusa de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.