Durante su intervención en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), el presidente chileno Gabriel Boric mencionó el proceso de diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria de Venezuela, lo cual supone un giro en su línea de discurso habitual sobre Venezuela, siendo la primera vez que hace una mención directa a la instancia de negociación que tiene lugar en México.
Aparte de calificar a la arquitectura de "sanciones" ilegales de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela como "política de exclusión", dijo querer "colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida". Ello con el fin de pedir "elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela para 2024", ya que, según el mandatario chileno, "fuera de la democracia no hay libertad ni dignidad posible (...) La dictadura en Chile nos enseñó de forma brusca a sangre y fuego los efectos de relativizar la democracia y los derechos humanos".
Llama la atención que sea el contexto de la Cumbre de la CELAC el elegido por Boric para referirse al diálogo. En concreto, su mención al tema electoral está en sintonía con el vocabulario regular (el mantra de las " elecciones libres, justas y transparentes") de un sector de las oposiciones de Venezuela que participa en México, y que ahora encuentra en Boric una caja de resonancia, por izquierda, de sus reclamos. De igual modo, referenciar al gobierno venezolano como un equivalente de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, colinda con una declaración que hiciera la semana pasada la dirigente macrista Patricia Bullrich, en esta misma línea, para criminalizar al presidente Maduro.
Pero, además, su declaración se encuentra a tono con la nueva "hoja de ruta" que desde círculos intelectuales, con influencia en los pasillos de poder en Washington, se perfila con respecto a Venezuela, en la que se proyecta una redefinición de método y formato para configurar una estrategia de presión blanda, ajustada a las circunstancias actuales, estableciendo el cambio de los parámetros generales de vocación al cambio de régimen.
Esto lo describió el Wilson Center, un think tank financiado por el Congreso estadounidense y corporaciones bien asociadas al corretaje institucional norteamericano, en un informe titulado "Venezuela en 2023 y más allá: trazando un rumbo distinto", que analizamos en un trabajo anterior de MV.
Citamos la página 22 (las negritas son nuestras):
"Una nueva característica del panorama que podría ayudar a reforzar las negociaciones es la llegada al poder en Colombia, Chile y Brasil de gobiernos de izquierda que comparten muchos valores y experiencias históricas con Venezuela pero que, a diferencia del gobierno de Maduro, están comprometidos con la democracia y la protección de los derechos humanos. De hecho, a veces han sido críticos con el gobierno de Maduro y claramente favorecen una transición democrática. Los líderes de estos gobiernos (...) tienen credibilidad democrática y canales directos con el gobierno de Maduro. Se les debe alentar a que compartan las experiencias pertinentes de sus países. Su respeto por la gobernabilidad democrática, la plena protección de los derechos políticos y humanos, las reformas institucionales para proteger a los indígenas, afrodescendientes y otras minorías, y las políticas sociales y económicas para reducir la pobreza y la exclusión podrían ayudar a los venezolanos a desarrollar una visión y una narrativa para el futuro de su propio país".
El discurso moral e instrumentalizado políticamente de los derechos humanos, calcado de la cosmovisión liberal del Partido Demócrata, por parte del presidente chileno, es la posición que motiva su argumentación para calificar la situación de la mesa de diálogo y negociación venezolana instalada en México. Toda vez que durante su gobierno no ha cesado la represión policial contra sectores gremiales y la militarización de zonas donde hacen vida el pueblo mapuche, por lo que maneja un doble estándar a la hora de emitir su opinión sobre el contexto político en Venezuela.
A esto se adhiere el hecho de que la recomendación del Wilson Center consiste en que la Casa Blanca "aliente" a los gobiernos de Brasil, Chile y Colombia a "ayudar a reforzar las negociaciones" con el propósito de favorecer "una transición democrática", en convergencia con la petición de "elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela para 2024" por parte de Boric. Las recomendaciones del think tank comienzan a ser empleadas, y es el presidente chileno quien da el primer paso para su aplicación pública.
Esta sería una forma de usar a gobernantes cercanos, por izquierda, a la administración Biden como pivotes para la instalación de un escenario favorable de presión envolvente sobre Venezuela. Ello apuntaría a influir en el escenario de diálogo y negociaciones entre el gobierno venezolano y una parte de la oposiciones de acuerdo a los intereses estadounidenses, aprovechando el marco de sintonías ideológicas entre Boric y Biden.