“Consenso en el Capitolio: No es momento de bajar la guardia con Venezuela”, así titula el medio gubernamental de Estados Unidos, Voz de América (VOA), un artículo referido a la postura de factores políticos estadounidenses luego de la incursión marítima fallida para derrocar al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de mayo.

El reporte de VOA incluye la opinión de figuras políticas tanto del ámbito demócrata como republicano que están arraigadas en Florida, estado de la Unión donde históricamente el enfoque de línea dura e intervencionista contra Venezuela (y Cuba después de los años 60) es un consenso bipartidista.

El hecho es que la catástrofe de la Operación Gedeón encomendada por Juan Guaidó y Washington a la empresa de mercenarios Silvercorp, ha generado todo tipo de reacciones en Estados Unidos.

Hace varios días, tres senadores demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mostraron su descontento con el tratamiento confuso y esquivo dado por la Casa Blanca en torno a la Operación Gedeón. La negación de Washington fue de todo menos convincente.

Incluso Trump afirmó: “Si alguna vez hiciese algo con Venezuela no sería así. Sería muy diferente, una invasión”.

“O el gobierno de Estados Unidos no estaba al tanto de estas operaciones planeadas, o estaba al tanto y permitió que se llevaran a cabo”, afirma la carta pública de los demócratas enviada al secretario de Estado Mike Pompeo, al fiscal general William Barr y al director interino de inteligencia nacional, Richard Grenell.

Según cita VOA:

“la misiva, que también lleva las firmas de los senadores Tim Kaine y Tom Udall, cita cláusulas en la Ley VERDAD que promulgó Trump a finales de 2019. La ley afirma que la política de Estados Unidos es la de respaldar el diálogo diplomático”.

Aunque a nivel del Congreso estadounidense, es decir, de “la política nacional”, la cuestión venezolana representa un arma arrojadiza de los demócratas y republicanos, en Florida la escala de prioridades (sobre todo las electorales) cambia.

El voto en el estado costero representa un swing state de cara a la reelección de Trump y el voto está fuertemente polarizado e influido por el devenir del golpe en Venezuela. Esto ha provocado que la situación en Venezuela sea tratada como una circunscripción electoral de Doral, donde los actores políticos compiten por la vanguardia de la línea dura antivenezolana.

A su vez, los políticos de Florida (el que más destaca es el baby neocon Marco Rubio) han reorientado la política exterior estadounidense en función de sus ambiciones electorales en el corto plazo.

Convirtieron el derrocamiento de Maduro en una expectativa electoral, y ahora se ven obligados a exigir, diariamente, una presión más elevada de la Administración Trump para sostener el impulso mediático de cara a la elección presidencial de noviembre.

El uso de Venezuela en este marco ha servido también como una oportunidad política para las carreras políticas de algunos.

Por ejemplo, el republicano Marco Rubio alcanzó velozmente una posición de intermediario entre la política exterior de la Casa Blanca y la región latinoamericana, haciendo uso de su puesto como senador y de las conexiones políticas con figuras de la ultraderecha venezolana.

En tal sentido, han sido los actores políticos republicanos y demócratas de Florida quienes han empujado las líneas maestras de la guerra híbrida aún vigente contra Venezuela: el escalamiento de sanciones, la falsa imputación de Maduro y otros líderes por “narcoterrorismo”, las maniobras de intimidación militar del Comando Sur y la protección del dueño de Silvercorp, Jordan Goudreau, quien tenía su base de operaciones en Florida mientras avanzaba la Operación Gedeón.

Pero el fracaso de la incursión dejó a muchos de estos actores en aprietos. Sobre esto VOA relata que:

“según el republicano Mario Díaz-Balart (congresista), persiste el consenso bipartidista sobre la causa de Venezuela, alineado con la estrategia de máxima presión de la propia Casa Blanca. Pero tenemos que hacer más, reconoció Díaz-Balart”.

Díaz-Balart no perdió la oportunidad de informar cuál sería el próximo movimiento para reacomodar la estrategia post Operación Gedeón, mientras en paralelo Marco Rubio también presiona por la incorporación de Venezuela en la lista de estados patrocinantes del terrorismo de Estados Unidos.

“Respecto a la relación de Maduro con el gobierno iraní, Díaz-Balart aseguró que la Casa Blanca conoce del tema y que los gangsters a través del mundo están tratando de ayudar a ese régimen (…) Nunca podemos bajar la guardia. Hay que siempre estar en la forma de agresividad porque es para la seguridad nacional de Estados Unidos, y, también, para la causa de libertad de Venezuela”, reseñó VOA.

Días antes de estas agresivas declaraciones, la agencia Reuters confirmaba que “al menos un tanquero que transporta combustible cargado en un puerto de Irán zarpó hacia Venezuela (…) lo que podría ayudar a aliviar la aguda escasez de gasolina del país sudamericano”.

Se trataría del buque Clavel de bandera iraní y forma parte de la asociación estratégica entre ambos países sujetos a sanciones petroleras. Reuters complementa afirmando que

“Desde abril, varios vuelos desde Teherán han suministrado materiales a Venezuela para reanudar la unidad de craqueo catalítico de la refinería de Cardón, operada por la estatal PDVSA y con capacidad para procesar 310.000 barriles por día”.

Al día siguiente, un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato le confirmó a Reuters que “Estados Unidos está considerando qué medidas tomar en respuesta al envío de combustible de Irán a Venezuela”, o lo que es lo mismo, aplicar represalias y un endurecimientos de las sanciones asfixiantes a la economía de Venezuela e Irán.

Desde Irán está amenaza fue respondida. La Agencia de Noticias Nour del país persa advirtió que habrá repercusiones si Estados Unidos bloquea los buques cisternas de bandera iraní que transportan combustible a Venezuela.

Siguiendo esta declaración, es posible que más de un buque cargado con gasolina esté próximo a cruzar el atlántico rumbo a Venezuela.

La amenaza de una represalia estadounidense producto de este envío de combustible, describe fielmente cómo la agenda de sanciones ilegales de Washington (empujada desde Florida) persigue la agudización de la crisis económica en tiempos de Covid-19.

El anuncio de medidas para obstaculizar que Venezuela pueda disponer de gasolina, tiene efectos negativos sobre la producción de alimentos, el comercio de productos básicos y la capacidad de movilización de las personas y de las instituciones de salud para atender la pandemia.

Mientras los empresarios venezolanos piden una reactivación económica, EEUU busca bloquear este envío de gasolina para impedir que se retomen, paulatinamente, las actividades del país.

La política suicida de sanciones está dejando claro quien coloca los obstáculos para recuperar nuestra economía en una etapa post Covid-19.

En términos concretos, la pretensión de Washington es una chapuza legal. El intercambio petrolero entre Irán y Venezuela no está sujeta a la autorización de Washington, por lo que las acciones anunciadas implican una nueva agresión a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Estas informaciones han destruido las recientes declaraciones de James Story, vinculado a la Operación Gedeón según el presidente Maduro y nominado hace poco Trump para asumir la embajada gringa en Venezuela.

A principios de abril, Story afirmó que:

“Los problemas que tiene Venezuela, como por ejemplo el de la gasolina, no es por un bloqueo naval -que no existe-, o porque las medicinas no llegan por las sanciones. Es por el mal manejo de la economía y de la corrupción”. Según reseñó Tal Cual, Story “recordó que las medidas que pesan sobre empresas estatales y sobre funcionarios no impide la compra de alimentos y medicinas”.

Estas aseveraciones de Story han quedado como una farsa, ya que públicamente se anuncian represalias para evitar el envío de gasolina, un insumo clave para sostener el transporte de alimentos, medicinas y de pacientes de Covid-19 en Venezuela, pero también para alimentar las plantas eléctricas de hospitales y centros de atención integral.

En esta declaración de propósitos, Estados Unidos deja ver que el bloqueo es su herramienta preferida para perjudicar a la sociedad venezolana.

Al parecer estar tanteando la opinión pública y calculando las condiciones para llevar a cabo un bloqueo naval parcial y flexible, aprovechando el despliegue aeronaval repotenciado del Comando Sur por el Caribe anunciado por Trump a principios de abril.