A tres años de que se prohibiera la entrada de vacunas AstraZeneca contra el covid-19 a Venezuela, la decisión del presidente Nicolás Maduro, más que acertada, salvó a muchos venezolanos de los efectos dañinos de este fármaco.

El tiempo le dio la razón al gobierno venezolano cuando recientemente la Comisión Europea suspendió la comercialización de este producto de la empresa farmacéutica global con sede en Reino Unido.

La propia empresa le hizo la petición a la organización europea luego de que admitiera que la vacuna "puede, en casos muy raros, causar TTS (síndrome de trombosis con trombocitopenia)". La prohibición entró en vigencia este martes 7 de mayo.

El gobierno venezolano informó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en marzo de 2021 que se negaba a recibir vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para "garantizar" una distribución equitativa de las inmunizaciones. En aquella oportunidad dijo el presidente:

"Venezuela ha autorizado un conjunto de vacunas que son las que van a entrar (...). No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada, que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales, por los institutos farmacológicos, por las autoridades sanitarias".

La decisión gubernamental se fundamentó en informes técnicos de efectos secundarios con las dosis de AstraZeneca dado que se habían registrado varias muertes en países europeos, por lo que algunos gobiernos decidieron suspender el uso del fármaco.

Antes de que el presidente Maduro prohibiera la entrada de estas vacunas que estaba causando decesos por trombosis, Alemania, Francia, Italia, España, entre otros países del continente europeo, habían suspendido el uso de la AstraZeneca, a pesar de que la OMS continuaba con su administración.

Cabe destacar que Venezuela fue el primer país latinoamericano en negar permiso a su uso. Y aun sabiéndose los daños que estaba causando, se criticó la decisión y se acusó al presidente venezolano por basarse en un criterio "político" y no científico.

Incluso se intentó proyectar que al "impedir dolosamente el ingreso de las vacunas pudiera constituir un nuevo crimen de lesa humanidad", argumentando que se estaba promoviendo un exterminio contra la población.

Algunos pronunciamientos de personalidades opositoras:

• Delsa Solórzano: "No permitir la vacunación de los venezolanos es un acto criminal".
• Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, filial Aragua: "Estudios han demostrado que la vacuna de AstraZeneca es segura, efectiva y que disminuye la posibilidad de hospitalización o muerte, por eso es lamentable la posición del Gobierno".
• Juan Guaidó: "La politización que pretende dar la dictadura para administrar la vacuna debe quedar de un lado, no pueden seguir discriminando y generando control social a través de la ayuda necesaria a los venezolanos".

De este modo, sectores opositores criticaron la negativa del Gobierno Bolivariano bajo la premisa de que su prohibición estaba relacionada con que el acceso a dicha vacuna había sido gestionada por Juan Guiadó a través de su "gobierno interino" fake. No obstante, la realidad es que, a la colección de delitos del exdiputado, se le habría debido sumar los múltiples decesos que su "gestión" habría causado en la población venezolana de haberse administrado dicha vacuna.

Haciendo este recuento se puede decir que, en efecto, la decisión del presidente Nicolás Maduro fue acertada, incluso bajo la presión que significa inmunizar a la población en el contexto de las sanciones criminales y sus efectos devastadores sobre la sociedad.