Se recuerda cómo en el marco de la 75° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en septiembre, el autoproclamado Juan Guaidó por redes sociales solicitó la doctrina de "Responsabilidad de Proteger" (R2P) en una parafernalia ficticia donde emulaba la representación de Venezuela ante la Asamblea General del organismo multilateral.
Desde entonces, a través de sus redes sociales, Guaidó no ha parado de convocar la R2P, y desde la Organización de Estados Americanos prometieron atender el llamado.
Unidos debemos alzar la voz y tomar acción para proteger a los venezolanos de los crímenes de lesa humanidad.
Hoy participaremos en un foro sobre la justicia internacional y la Responsabilidad de Proteger.
Síguelo en vivo por redes oficiales del Gobierno Encargado. https://t.co/GFWxbw11LT— Juan Guaidó (@jguaido) October 21, 2020
Esa preocupante solicitud asoma los próximos posibles pasos a seguir del manual de intervención a Venezuela por parte de Estados Unidos y que es vociferado por ese sector de operadores antichavistas con la intención de instrumentalizarlo como parte de la estrategia de "cambio de régimen" contra el gobierno de Nicolás Maduro Moros.
Hoy por hoy, y acercándose las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Estados Unidos y los voceros "venezolanos" plegados a sus órdenes, continúan intensificando cada maniobra que pueda desestabilizar al país.
El mecanismo de R2P en la ONU se mantiene difuso en cuanto a las razones para su aplicación, siendo la experiencia de Kosovo el punto de inflexión que abrió el controvertido debate sobre la intervención internacional, pues la OTAN justificó la intervención militar por "motivos humanitarios".
Repasemos la aplicación de R2P para leer el contexto venezolano.
Kosovo: construcción de expediente para justificar la R2P
Sin esperar la aprobación de la ONU, las fuerzas de la OTAN dirigieron una intervención militar sobre Kosovo en 1999. Previo a eso, las resoluciones 1160 y 1199 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1998 identificaron a la República Federativa de Yugoslavia (RFY) como el principal culpable de la situación en Kosovo y exhortaron a la RFY a lograr una solución política.
Por supuesto, el conflicto armado estaba enmarcado en los planes de fragmentar a Yugoslavia según líneas étnicas por medio de los separatistas albaneses del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA). A partir de esto, los países occidentales, miembros de la OTAN, argumentaban en contra de Yugoslavia por las supuestas limpiezas étnicas en la autonomía kosovar y, en adelante, para 2008, el Parlamento de Kosovo, bajo la juridiscción de la administración interina de la ONU, declaró unilateralmente su independencia de Serbia.
La balcanización, de esta manera, se convirtió en un modelo para otras posteriores experiencias de intervención similares.
Ante esta ominosa experiencia, se realizaron diversos intentos para encontrar una justificación legal y a nivel multilateral para excusar la intervención.
Vale destacar que la influencia de Estados Unidos en diferentes organismos se debe a los términos de financiamiento en las contribuciones, cruciales en los mecanismos de presión. En resumen: se intentaba reformular el principio de soberanía por parte de los Estados.
En respuesta, la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía del Estado (ICISS) publicó en 2001 el informe titulado "La Responsabilidad de Proteger", meses después de los eventos en Estados Unidos del 11 de septiembre. Allí la R2P definió sus tres bases pilares:
- La responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones.
- La responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones.
- La responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo.
Si bien la R2P se consideró decisiva para poner fin al conflicto militar en Kosovo, debido a que las tropas serbias se retiraron de ese territorio, las acciones de la OTAN fueron controvertidas y algunos aseguraron que se trató de una violación a la prohibición del uso de la fuerza.
Claro está, la OTAN arrasó con la infraestructura, produciendo miles de muertos civiles y militares; incluso bombardearon la Embajada de China en Belgrado, matando a tres ciudadanos chinos, hiriendo a unos 15 más y causando grandes daños al edificio diplomático y otros alrededor.
No menos importante, hay que resaltarlo y compararlo: el objetivo final en ese cruce de Yugoslavia y Kosovo era balcanizar tal región, objetivo que lograron y hasta hace pocos años continúo con esas secuelas. Tanto así que Leslie Gelb, reconocido funcionario de los Departamentos de Defensa y de Estado de EEUU, publicó para el New York Times un artículo dedicado a Irak sobre "la solución de los tres Estados", añadiendo como precedente "esperanzador" la intervención y financiamiento de EEUU y Europa a diferentes grupos étnicos en Yugoslavia, gestando como logro la "autonomía" para Kosovo.
El precedente R2P con Kosovo desintegró a un país, ¿cómo no considerarlo parte de los planes geopolíticos de Estados Unidos para Venezuela?
En definitiva, la intervención de la OTAN fue contraria al espíritu y a los designios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, es paradójico que la R2P esté incluida en los mecanismos de la misma ONU.
Contexto Venezuela
Con el informe de la Misión "Independiente" de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos-ONU y el repetitivo falso discurso mediático de violación a los derechos humanos, se cocina ese caldo de cultivo para forzar las excusas de la anhelada intervención militar contra la República Bolivariana por parte de los antichavistas extremistas dentro y fuera del país.
El informe es un instrumento de formación de expediente con la intención de justificar la R2P, entre otras tácticas desestabilizadoras (piénsese también en un hipotético proceso del presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional, fallidamente intentado por una delegación nombrada por Guaidó). En ese sentido, el documento es el preludio "oenegista" de una amenaza militar (más) por parte de actores internacionales.
Por otra parte, si de los pilares de la R2P se trata, el Estado venezolano ha sido responsable, con un sinfín de políticas de protección social, amparando al pueblo venezolano en medio de las medidas coercitivas unilaterales que se expresan en el bloqueo total a la economía venezolana y el asedio constante de EEUU en la cuenca del Caribe.
Aunado a esto, si la "comunidad internacional" debe ayudar a los Estados a proteger a las poblaciones, como establece el pilar 2, es obligatorio traer a colación las implicaciones económicas y sociales que producen las "sanciones" unilaterales, principalmente, y en todo caso, las reales acciones de otros Estados para que cesen estos mecanismos retrógrados.
Es decir, la R2P debería recaer primero en prohibir o en evitar "sanciones" a países soberanos, sabiendo, por experiencia, de todas las consecuencias sociales que éstas ocasionan.
La Carta de las Naciones Unidas establece claramente en su artículo 2 (7) que: "Nada en la presente Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que están esencialmente dentro de la jurisdicción interna de cualquier Estado". En su totalidad, la Carta no autoriza una "intervención humanitaria". Con la R2P, la disfrazada "intervención humanitaria" y la "responsabilidad de proteger" comparten la premisa de que la soberanía no es absoluta. Otro grano de arena para quebrar las funciones del Estado-nación.
A pesar de que el informe de la ICISS se hace referencia a la responsabilidad de proteger como un principio emergente, aún no ha alcanzado el estatus de un nuevo principio de derecho internacional consuetudinario, además que las resoluciones de la Asamblea General son únicamente recomendatorias, por ende, el impacto es político.
Habría que preguntarse, ¿qué características puede tener un Estado para hacerse responsable de otro? O: ¿quién le da derecho a un Estado para proteger supuestamente a otro? Con estas interrogantes, siempre se asoma el mito del excepcionalismo estadounidense, que ante cualquier acción, por muy belicosa que sea, Estados Unidos siempre tendrá "buenas intenciones".
Por más que se busquen las miles de justificaciones para la intervención contra Venezuela, ahora intentando esto, por los espacios multilaterales, no existe un mecanismo claro que avale tal acción, pero a nivel político se comprende las verdaderas intensiones y las posibilidades de llevar a cabo esto, con o sin autorización de la ONU.
Las consecuencias de aprobarse la doctrina R2P son innumerables: remember Kosovo, y más recientemente, Libia (hoy un mercado de esclavos a cielo abierto y lugar de confrontación de múltiples grupos armados).
Sin embargo, por ahora parece una ficción su aplicación para Venezuela, debido a la correlación de fuerzas existente a nivel geopolítico, con China y Rusia como grandes potencias disuatorias de una acción armada abierta en la cuenca del Caribe. La realidad es que no parece haber una opción de intervención militar internacional de manera oficial, salvo por las incurciones mercenarias que en efecto han sucedido sobre el país (intento de magnicidio en 2018 y Operación Gedeón en el primer trimestre de 2020.
Al aproximarse las importantes elecciones del 6 de diciembre, la cúpula antivenezolana en el extranjero seguirá con sus planes de frustrar que los comicios se lleven a cabo, mientras Venezuela se mantiene en alerta permanente para continuar el trayecto pacífico de la política.