Desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación política de María Corina Machado para ejercer funciones públicas el pasado viernes 26 de enero, economistas opositores coinciden en señalar el freno económico y la caída de todas las proyecciones de crecimiento que experimentará Venezuela si, efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos no renueva la licencia general N° 44 a la industria petrolera y gasífera cuando expire el próximo 18 de abril.

Tales aseveraciones no son solo premoniciones catastróficas del contexto económico a corto plazo, sino el análisis de una realidad a la que se estaría sometido al país por no ceder al chantaje estadounidense de imponer a una candidata, aunque de eso último prefieren no hablar los "expertos".

Sobre la reimposición de las sanciones, el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana (Unimet), Luis Oliveros, dijo que los escenario de crecimiento de dos dígitos, de disminución sustancial de la inflación y de reducción de la volatilidad cambiaria en el país, solo son posibles manteniendo el esquema de licencias y flexibilización durante el año 2024.

En esa misma línea coincidió Asdrúbal Oliveros, socio-director de Ecoanalítica, quien afirmó que Venezuela puede dejar de percibir entre 5 mil a 6 mil millones de dólares si regresan las sanciones. Refirió además, que las proyecciones de crecimiento del país para este año pasaría del 10%, a uno de 4% si no se renuevan las licencias al petróleo y al gas.

Si bien, algunos ven improbable que EE.UU. suspenda la autorización a las petroleras Chevron, Repsol, Maurel & Prom o las de Shell con Trinidad y Tobago para el gas, la reimposición de sanciones exigiría volver al esquema de venta con descuentos del crudo venezolano y a las dificultades para cobrarlo, representando un gran costo para PDVSA y el país.

En ese sentido, el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, fue un poco más realista y explicó que si vuelven las sanciones, tal y como se conocían antes de las licencias, las mismas no influirían en la generación de un cambio político en el país y sí impactarían negativamente en la calidad de vida de las y los venezolanos. 

"Las sanciones petroleras no han generado, ni van a generar, cambio político, ni presión de negociación.  Sólo regresariamos a lo que ya conocemos: crisis de abastecimiento (que ya estaba superada), crisis de combustible (que ya conocemos), empobrecimiento del sector productivo, más deterioro de la ya pobre infraestructura y un mayor poder político para el repartidor de las migajas que queden (como lo hemos visto en los últimos seis años)", dijo en un post de X.

El economista Francisco Rodríguez, antes de abordar las consecuencias de la reimposición de sanciones para el país, destaca lo alcanzado con las licencias de octubre de 2023. Al respecto señala que hay poca evidencia de una recuperación en la producción de petróleo, pero sí existen certezas de una mejora sustancial en los ingresos y esto de debe al hecho de que el descuento por venta de petróleo había disminuido con las licencias de octubre. En líneas generales proyecta que los efectos serán moderados debido a que no está planteado revocar la licencia a Chevron.

Las opiniones mostradas en este breve resumen evidencian que, más allá de la postura política de estos economistas, existe un consenso, si se quiere nacional, en contra de las sanciones como mecanismo de presión para generar un cambio político en el país.

Como demostración empírica de lo afirmado anteriormente, está el hecho de que los anuncios sobre la revocación de licencias emitidos a inicios de semana no han surtido el efecto esperado por Washington y sus acólitos en Venezuela, por el contrario, el gobierno venezolano sigue firme en su posición de continuar la agenda propuesta en los Acuerdos de Barbados, que incluye definir el calendario electoral de cara a las elecciones presidenciales pautadas por este año.

Se consideren graves o no, queda claro que la reimposición de sanciones significaría un frenazo al avance en materia económica logrado en 2023 por el gobierno venezolano, afectando negativamente la cotidianidad de la población venezolana que sigue siendo la principal víctima de las malcriadeces de un sector de la oposición venezolana que se ampara en el chantaje de los Estados Unidos.