Venezuela, desde 2008, adelantaba con varios años de anticipación el cumplimiento de la meta 1c de los Objetivos del Milenio (ODM), con evidentes y excepcionales progresos en la lucha contra el hambre, por haber mantenido por debajo del 5%, medida a través del Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS), la cantidad de personas que padecían este flagelo desde 1990; por un lado, logrando reducir a la mitad el porcentaje; y por otro, el número absoluto de personas con hambre y subnutrición en el país, cumpliendo el objetivo de la Cumbre Mundial de Alimentación (CMA).
Por primera vez en la historia, la población venezolana alcanzaba los más altos niveles en los estándares mundiales de alimentación, relativo al hambre y la subnutrición de los ODM y la CMA, ubicándose la nación entre los primeros países con menor IPS en el mundo.
Por esto, en el año 2013, la FAO entregaba a Venezuela el reconocimiento por el cumplimiento de metas antes del 2015, según lo establecido en la CMA de 1996 y la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2000, con el compromiso de los ODM.
Específicamente, Venezuela disminuyó por debajo del 6,7% el IPS, como era su meta establecida desde 1992, incluso por debajo de ésta, manteniendo la cifra desde su cumplimiento y hasta 2015, cuando se cerraba el ciclo, mediante la política pública de Misiones, sustentada con los ingresos de la renta petrolera que impactó favorablemente el acceso económico y la disponibilidad de alimentos de la población.
CRISIS SISTÉMICA DEL PETRÓLEO
Desde 2014, la crisis sistémica relacionada a los bajos precios del petróleo a nivel mundial redujo el ingreso al país, y por ende la captación internacional de la renta petrolera, exacerbando vulnerabilidades y un escenario que pasa a convertirse en el momento oportuno, esperado particularmente por Estados Unidos, para pretender acabar con el Estado-nación.
Y es que, a partir de ese año, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela LP 113-278, otorgándole al presidente de su nación la potestad de imponer "sanciones", o sea, el bloqueo de activos y prohibir transacciones financieras desde Venezuela. De hecho, extendió este actuar hasta el 2019 con la LP 114-194. Y en diciembre de 2019, prolongó esta ley hasta el año 2023 mediante la LP 116-94.
En resumen, aún restan, por lo menos, tres años de agresiones, independientemente del gobierno de turno norteamericano.
EL BLOQUEO ENTRE 2015 Y 2018
En marzo de 2015, asumiendo la potestad que le otorgó el Congreso, Barack Obama firmaba la orden ejecutiva 13.692 contra Venezuela declarándola una amenaza inusual y extraordinaria para EEUU, sentando las bases de la política de bloqueo contra el país, mientras que el Departamento del Tesoro emitía las regulaciones en julio de 2015, para bloquear activos, en medio de la caída de los ingresos petroleros de USD 39 mil 693 a 13 mil 538 millones, una reducción del 65,84%, afectando la disminución de las importaciones del comercio alimentario de Venezuela en 55%.
En 2016, es renovada por Donald Trump la orden ejecutiva 13.692 de EEUU contra Venezuela, iniciando el cierre de cuentas en Commerzbank, Citibank y Novo Banco a bancos, instituciones venezolanas y PDVSA. Ocurre la mayor caída de los precios del petróleo en una década y los ingresos se reducen aún más, a USD 5 mil 998 millones, un desplome del 84,86%. Comienza a incrementarse el IPS, alcanzando al 9,8% de la población. Mismo año en el cual se crea, por parte del gobierno nacional venezolano, el programa de subsidio alimentario de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y blanco de las futuras agresiones.
En 2017, ocurre una leve recuperación de los precios del petróleo. Sin embargo, contra Venezuela se aplica por parte de la administración Trump la nueva orden ejecutiva 13.808, aumentando las "sanciones" contra el país, PDVSA y CITGO. Inicia por parte del Departamento del Tesoro de EEUU alertas para las transacciones con Venezuela y sus empresas. Comienza el bloqueo financiero de Credit Suisse, Novo Banco, Banco Suizo USB y otros. El JP Morgan retrasa aceptar recursos por 28,1 millones de dólares para el pago de buques de alimentos. Son devueltos por bancos europeos 29,7 millones de dólares para proveedores de alimentos de los CLAP. Se interrumpe el desembarco de 18 millones de cajas de alimentos del programa. Finalmente, son devueltas por bancos internacionales 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de alimentos y medicamentos por 39 millones de dólares.
En el año 2018, inicia la confiscación de PDVSA-CITGO, y se aplican las nuevas órdenes ejecutivas 13.827 y 13.850 de Trump, sobre la criptomoneda Petro, prohibiendo las transacciones que involucran la emisión de moneda o ficha digital del gobierno venezolano y la prohibición de comerciar con oro del país, respectivamente; así como la orden ejecutiva 13.835, en la que se amplían las sanciones económicas contra Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar.
Otros actores, como el gobierno colombiano, bloqueaban el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos de los CLAP. En tanto, en el sistema financiero internacional, se hacía lo propio con la retención de 104 millones de euros, destinados al pago de proveedores del programa de alimentos subsidiados. Mientras que William Bronwfield, declaraba a viva voz que PDVSA "es la única empresa que produce (…) divisas [e] ingresos, para el pueblo venezolano", con su sanción "el impacto [es] contra todos, el ciudadano común y corriente de las comunidades (…) la mejor resolución [para] acelerar el colapso (…) aunque se produzca, un período de sufrimiento mayor en términos de meses o años".
Si el resumen parece poco, y el impacto del bloqueo aún se subestima, el incremento de la insuficiencia alimentaria en Venezuela alcanzó al 11,7% de la población en 2017, y al 21,2% en 2018.
2019: ARRECIO DEL ASEDIO
Y si por el contrario parece mucho, en el año 2019 se arreció el bloqueo contra Venezuela, desde el mismo 23 de enero, con la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente "encargado" desde una tarima en Chacao, Caracas, sirviendo como medio para la piratería contra PDVSA, CITGO, MONÓMEROS y el ORO, entre otros activos venezolanos en el exterior.
Su inmediato reconocimiento por parte de EEUU, vulnerando la soberanía del país, trajo consigo, cinco días después, el 28 de enero, la nueva orden ejecutiva 13.857, que estableció el bloqueo-congelamiento de los activos de PDVSA (CITGO) en el país norteamericano. Y el día posterior, el 29 de enero, Juan Guaidó anunció la toma del control de CITGO, MONÓMEROS y otros activos de Venezuela en el exterior.
En agosto, con la orden ejecutiva 13.884, se bloqueaba y congelaba toda la propiedad y los intereses de Venezuela en los Estados Unidos, imponiéndose más sanciones financieras, incluso se agredió a empresas de energía extranjeras que trabajan con PDVSA.
Más allá, iniciaron las "sanciones" contra personas y empresas que proveen los CLAP, convertido en un importante programa de subsidio de alimentos para la población en tiempos de bloqueo.
Un ejemplo de ello es que, en el año 2020, en medio de la pandemia mundial, el Departamento del Tesoro de EEUU dictó medidas contra entidades mexicanas imponiendo "sanciones" a tres individuos, ocho firmas extranjeras y dos embarcaciones a quienes se les congelaron todas las cuentas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés), por llevar adelante el programa "alimentos por petróleo" con Venezuela.
No sólo eso: se espera este año, según la Red Mundial de Información Agrícola (Global Agricultural Information Network – GAIN) y el Servicio Agrícola Exterior (Foreign Agricultural Service – FAS) del Departamento de Agricultura (Departament of Agricultura – USDA) que con el bloqueo a la principal industria nacional venezolana, los bajos precios del petróleo y la escasez de recursos por el actual brote de Covid-19 se exacerbe la caída precipitada y masiva de la producción de alimentos, además que el Estado no pueda mantener su gasto público, sea incapaz de importar combustibles, comprar productos básicos, entre ellos, insumos agrícolas, semillas certificadas y fertilizantes, o mantener programas sociales como el CLAP.
Y es que la acción de intentar imponer por parte de EEUU un gobierno virtual en Venezuela, bajo la justificación de mejorar la calidad de vida del venezolano, y el paraguas de los derechos humanos, sólo ha permitido la confiscación por parte del país norteamericano y otros gobiernos o actores de importantes activos venezolanos en el exterior, así como el manejo de cuentas, recursos financieros y fondos, e incluso la promoción falaz de supuestas ayudas humanitarias o hacer llegar recursos confiscados para paliar la crisis; por el contrario, se ha constituido en el desmejoramiento y empeoramiento del bienestar de la población venezolana.
En este caso, desde la autoproclamación de Juan Guaidó en el año 2019, y las acciones consecutivas de EEUU, lo que ha generado es un aumento del Índice de Prevalencia de Subalimentación en Venezuela, acrecentado según el último informe de la FAO al 31,4% de la población venezolana.
De hecho, el Servicio de Investigación del Congreso de EEUU en su informe de agosto de 2020 señala claramente que se han impuesto medidas contra la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA), gobierno y banco central, y termina reconociendo en sus conclusiones que con "las sanciones se ha aumentado la presión económica, acelerando el declive en la producción de petróleo y, a pesar de todo, Maduro permanece en el poder, año y medio después de que Estados Unidos dejó de reconocer su presidencia", puesto que ese es realmente el objetivo del país norteamericano, con el cual esperan alcanzar sus objetivos vitales mediante un cambio de gobierno.
Planteamientos finales
Por esto se puede afirmar, más allá de cualquier análisis o informe sobre el tema donde se incorpora al país, adjudicando la afectación de los indicadores alimentarios, sólo a un choque económico e invisibilizando intencionalmente el asedio, que existe relación entre el petróleo, las "sanciones", el bloqueo y el incremento de la insuficiencia alimentaria en Venezuela, cuyo impacto sobre el IPS es proporcional a la cantidad de medidas coercitivas unilaterales y acciones que adelanta EEUU y sus aliados con el cerco económico, financiero y comercial sobre la nación, sus activos, sus bienes, sus recursos y su gente.
Donde los alimentos se han convertido en una munición de guerra para atacar al país, mediante la justificación de una intervención militar "humanitaria", en la cual se afecta directamente los suministros alimenticios, generado en consecuencia por la caída precipitada de los ingresos de Venezuela, que al año 2020 corresponden en menos 98,80% en comparación al año 2014, y la persecución inclemente que se sostiene para acabar con la Revolución Bolivariana.