La posible agenda de relaciones que pudiera relanzar el nuevo gobierno de Colombia con el gobierno de Venezuela tiene a la empresa de capital del Estado venezolano, Monómeros Colombo Venezolanos S.A., como el más importante nudo crítico de las relaciones económicas entre ambos países.

Esta empresa es el segundo activo más importante de Venezuela en suelo extranjero, luego de Citgo Petroleum Corporation.

La relevancia que tendrá el tratamiento del presidente electo Gustavo Petro hacia Monómeros pondrá en relieve el tipo de relación que tendrá con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y también con el "interinato" de Juan Guaidó. No hay muchas posibilidades intermedias en este caso, el cual ofrece pocos escenarios.

Sobre la compleja gobernanza de Monómeros

Desde el surgimiento del "interinato" fake de Juan Guaidó en 2019, los opositores venezolanos dentro y fuera del país impusieron una corruptocracia sobre la empresa, que generó disputas y la renuncia del otrora "embajador" de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien responsabilizó concretamente a Leopoldo López del desfalco.

La empresa se comenzó a usar como caja chica de la oposición y su declive operacional y financiero comenzó a manifestarse con cifras en rojo que ya eran inocultables para el año 2021, declarándose en quiebra.

En septiembre de 2021, la empresa pasó a manos de la Superintendencia de Sociedades, adscrita al gobierno de Colombia, dando forma concreta a un control formal del gobierno uribista de Iván Duque sobre la empresa.

Poco luego, fue anunciado un acuerdo comercial entre Monómeros y el Grupo Daabon, una firma empresarial reconocida por financiar campañas de Álvaro Uribe, consolidándose así el esquema de control institucional uribista y su vínculo económico formal con la empresa.

Una de las piezas del complejo andamiaje de intereses detrás de Monómeros y que tiene incidencia en su gobernanza y futuro, es el vínculo entre el uribismo y el narcotráfico colombiano, esto entendiendo que el fertilizante nitrogenado denominado comúnmente como "urea" es un componente clave en la fabricación de pasta de cocaína.

La turbiedad del estado financiero y comercial de Monómeros solo deja incertidumbres en esta materia.

Seguidamente, el mismo Departamento de Estado norteamericano reveló recientemente un documento donde se constata que el gobierno fake de Guaidó no tienen incidencia alguna en las decisiones de la empresa.

Según el documento, cuestión que luego fue admitida por Guaidó en un debate extemporáneo y espurio entre algunos exdiputados de la ya extinta Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Monómeros habría contratado al bufete del exembajador y operador estadounidense Otto Reich, acérrimo enemigo del chavismo, para que este hiciera lobby ante el gobierno estadounidense, concretamente ante la OFAC (Office of Foreign Assets Control).

El llamado "Procurador Especial" del gobierno fake de Guaidó, Enrique Sanchez Falcón, reveló que durante un almuerzo informal al que fue invitado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos para Venezuela que funciona en Bogotá, el director adjunto de asuntos exteriores Rafael Foley le mencionó que habían contratado unos agentes para atender el caso de Monómeros. Alegó que esa es la única información que tiene sobre esta materia, desentendiéndose del caso y admitiendo que los estadounidenses operan sin ningún tipo de consulta a Guaidó.

En dicho debate también se determinó que la actual Directiva de Monómeros fue impuesta sin ningún tipo de consulta a lo que ellos laman "la AN legítima".

Recientemente la OFAC publicó una nueva licencia donde autorizan algunas operaciones de Monómeros durante un año, condicionando el futuro de la empresa y las probables negociaciones en torno a su futuro.

Posibilidades

El marco de posibilidades sobre el desarrollo de las relaciones entre Caracas y Bogotá es sumamente estrecho.

El primero de ellos es que el nuevo gobierno de Colombia no haga absolutamente nada para devolver a Monómeros a sus legítimos dueños. Alegando la difícil situación internacional y la disputa por fertilizantes nitrogenados a causa de las medidas económicas contra Rusia, es posible que Colombia alegue sostener su control de "vigilancia" sobre Monómeros para, teóricamente, mantener a la empresa alejada de los impactos de las medidas coercitivas contra Venezuela y para "garantizar" su operatividad.

En ese escenario no se descartan presiones ocultas al nuevo gobierno de Colombia, el cual tendrá que concertar política con el uribismo, si es que Petro aspira una distensión mínima para relanzar una agenda de paz creíble en ese país. No debe desestimarse en este ítem el poder de facto de la estructura narcotraficante en la nación neogranadina.

Ese escenario deja por efecto un reconocimiento de hecho al "gobierno interino" de Guaidó, aunque contradictoriamente el gobierno de Colombia también podría establecer relaciones con el gobierno legítimo y en funciones en Caracas. Las ambigüedades serían, en este caso, resultado de una política absurda hacia Venezuela heredada por Iván Duque, pero también por las encrucijadas de Petro.

En un segundo escenario, es probable que Monómeros vuelva a manos del gobierno legítimo de Venezuela. Esto implica que Caracas ejercerá control de su industria, sacándola del radar de control de hecho que ejercen Colombia, Estados Unidos y el fallido gobierno fake.

Pero el condicionante sobre esta posibilidad yace en el rol de la OFAC, el largo brazo de las medidas de control estadounidenses. Entregar Monómeros a Venezuela para congelarla o afectarla por bloqueo no es una posibilidad que solo conviene a Estados Unidos y no a los demás involucrados. Petro no podría por sí mismo actuar a favor de Venezuela, para eso necesita luz verde de los estadounidenses.

Este escenario deja las posibilidades de negociación entre Caracas y Washington, lo cual hace a Bogotá como un punto de parada irrelevante.

Aunque Gustavo Petro y Francia Márquez señalaron en sus campañas políticas que el "gobierno interino" y la junta directiva de Monómeros habían quebrado la empresa en detrimento de la actividad productiva y campesina en Colombia, su posible disposición a favor queda condicionada.

Dentro de este escenario es probable que Petro decida entregar Monómeros al gobierno venezolano, para que este encare el devenir de la empresa en negociación con los estadounidenses, tal como ocurrió recientemente mediante la visita de funcionarios norteamericanos a Caracas para tratar temas sobre el intercambio petrolero.

Un tercer escenario probable es el de la liquidación de la participación de Pequiven en la empresa, o un cambio en la participación de Venezuela en la empresa, pasando a ser socio minoritario, en una operación similar a la que realizó PDVSA con la empresa sueca Nynas, la cual estaba bajo objeto de medidas de la OFAC.

En mayo de 2020, la OFAC anunció que la refinadora sueca Nynas ya no estaba bloqueada, en conformidad con el Reglamento de Sanciones para Venezuela. Todo como resultado de una reestructuración corporativa de la propiedad de Nynas AB, mediante la cual PDVSA aceptó ceder la mayoría accionaria en la organización y seguidamente se levantaron las sanciones.

Sin embargo, Nynas no estaba bajo situación de control del "gobierno interino", ni estaba intervenida por el gobierno de Suecia. Lo que quiere decir que las condiciones eran menos intrincadas.

Finalmente, en cualquiera de los escenarios, a los gobiernos de Bogotá y Caracas les espera una ardua negociación que debe reconocer un marco integral para el relanzamiento de las relaciones económicas.