El presidente Gustavo Petro recibió el lunes una delegación estadounidense compuesta por dos destacados funcionarios del presidente Joe Biden: Jonathan Finer, consejero de Seguridad Nacional, y Juan González, asesor para la región. Tras su encuentro con el mandatario colombiano, los representantes norteamericanos continuaron su viaje hacia Washington sin haber programado ninguna otra actividad política adicional.

Por su parte, la Cancillería del gobierno sudamericano emitió un comunicado oficial acerca de la reunión, en el cual luego de detallar los diversos temas abordados durante la entrevista concluyó mencionando el tratamiento a la materia sobre Venezuela.

El presidente Petro y el consejero Finer dialogaron en profundidad sobre la situación en Venezuela y reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del Acuerdo de Barbados y de trabajar junto con todas las partes para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada.

Resulta sumamente llamativo que el texto omita cualquier mención a las demandas previas del gobierno estadounidense, que el mes pasado exigía de forma unilateral e injerencista el levantamiento de las inhabilitaciones políticas ratificadas por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. En su lugar, se destaca la importancia de cumplir con todas las disposiciones del Acuerdo de Barbados y garantizar la ejecución del cronograma electoral.

Se observa, también, el rol de interlocutor —puente— que Washington le da a la parte colombiana y su interés por conservar un canal de diálogo y negociación que les brinde acceso —a sus transnacionales— a los recursos energéticos venezolanos. En ese contexto, los Acuerdos de Barbados son integrales y no están condicionados a una exigencia específica, como pudieran ser las inhabilitaciones.

Este enfoque es el que muestra Juan González, quien habría expresado en una reunión con medios en Bogotá que para Estados Unidos lo crucial es el proceso en sí mismo, no la figura del candidato en cuestión, según Bloomberg.

Garantizar el desarrollo comicial de 2024 es un compromiso inquebrantable del gobierno venezolano, a pesar de las amenazas de revocar las licencias otorgadas en octubre de 2023, que EE.UU. mantiene como táctica extorsiva.

La consulta pública sobre el cronograma electoral mantiene la línea de allanar el camino hacia unos sufragios ampliamente acordados; solo restaría ver si la parte estadounidense cumplirá con su obligación de respetar la decisión soberana que Venezuela tome al respecto, actualmente en discusión con todos los sectores del país.