Luego del referéndum consultivo en el que la mayoría de la población venezolana se pronunció en favor de la reivindicación de los derechos históricos de la nación sobre el territorio de la Guayana Esequiba, Venezuela ha seguido firme en su determinación de concretar los pasos necesarios para cumplir con la voluntad popular expresada en los resultados del evento.

Si bien la disputa es histórica, en los últimos años se ha calentado la relación entre Guyana y Venezuela a causa del interés de las petroleras estadounidenses por apropiarse de las enormes reservas de crudo que se encuentran en aguas por delimitar. Para concretar este objetivo se han encargado de pagar los abogados que defienden a Guyana en instancias internacionales y se han valido de su influencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en aras de lograr un fallo que los favorezca.

Antes de ubicarnos en el camino que debemos recorrer para continuar en la defensa de nuestro territorio, es necesario hacer un recuento del entramado jurídico por el que hemos pasado, así como los hechos que nos han llevado hasta este punto. A continuación, un breve resumen que podría servir como mapa:

• La controversia empezó en 1899 cuando se trazó una nueva frontera sin la participación de Venezuela. En 1966 Venezuela, Gran Bretaña y la Guayana Británica firmaron en Ginebra un acuerdo que estableció los mecanismos para revisar la controversia y buscar soluciones satisfactorias. Desde entonces ese ha sido el único marco jurídico y político para llegar a un acuerdo.
• En 2018 Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia iniciar un proceso contra Venezuela que confirmara la validez jurídica y vinculante del Laudo de París, lo que Venezuela rechazó con firmeza. Desde antes, con la ayuda de la ExxonMobil, Guyana había comenzado el cabildeo para llevar la controversia a la CIJ.
• En 2020 el tribunal se declaró competente para considerar la demanda de Guyana, aunque sin jurisdicción para atender los reclamos guyaneses referentes al Acuerdo de Ginebra.
• La Corte fijó el 8 de marzo de 2022 y el 8 de marzo de 2023 como plazos para la presentación de una memoria por parte de Guyana y una contramemoria por parte de Venezuela.
• El 7 de junio de 2022 Venezuela planteó excepciones preliminares a la admisibilidad de la solicitud de Guyana. La Corte fijó el 7 de octubre del mismo año como límite para que Guyana expusiera por escrito sus observaciones y argumentos sobre dichas excepciones preliminares.
• Del 17 al 22 de noviembre de 2022 se llevaron a cabo audiencias públicas sobre las excepciones preliminares interpuestas por Venezuela.
• El 6 de abril de 2023 la Corte sentenció que tiene competencia para examinar el caso y que puede pronunciarse sobre las reclamaciones de Guyana, por lo cual se estaría concretando la trama orquestada para despojar a Venezuela de su territorio.
• En diciembre de 2023 Venezuela desarrolló un referéndum con el cual reafirmaría su posición de reclamar el territorio Esequibo como suyo. Previo a esta consulta, entre el 14 y 15 de noviembre, el tribunal celebró audiencias urgentes en las que Guyana pidió que se detuviera el proceso.
• El tribunal no ordenó detener el referéndum, pero solicitó que no se tomara ninguna medida "que modifique la situación que actualmente prevalece" en el territorio en disputa, administrado y controlado por Guyana.
• A pocos días de la consulta se aprobó en primera discusión y con urgencia reglamentaria el Proyecto de Ley Orgánica para la Defensa del Territorio Esequibo. 
• Posteriormente, el 14 de diciembre los mandatarios de Venezuela y Guyana se reunieron en San Vicente y las Granadinas y establecieron los acuerdos de Argyle. En enero de 2024 se realizó la primera reunión de la comisión conjunta Guyana-Venezuela para mantener un canal directo de comunicación bilateral sobre la controversia territorial.
• Por su parte, Guyana ha seguido en su plan de militarizar el territorio con ayuda de Estados Unidos. Incluso durante la promulgación de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, el presidente Nicolás Maduro denunció la instalación de bases militares secretas del Comando Sur y la CIA, en el territorio en cuestión. 
• Asimismo, la ExxonMobil continúa con su Plan Corporativo hasta 2027, que incluye concesiones ilegales por parte de Guyana aun cuando reciba ganancias ínfimas por la extracción de petróleo.
•  Vale la pena señalar la disputa que protagonizan ExxonMobil y Chevron por el control de casi un tercio de las participaciones en el bloque Stabroek, ubicado en aguas de la República Cooperativa de Guyana y en aguas por delimitar entre dicho país y Venezuela. 
• El tribunal se declaró competente, pero tomar una decisión final sobre la controversia podría tardar años.

Hasta el próximo 8 de abril Venezuela tiene chance de presentar su contramemoria. Si bien el país no está obligado a acatar lo que decida la CIJ, su firme determinación en la salvaguarda del territorio lo lleva a defender sus derechos históricos ante cualquier instancia, con lo cual también estaría demostrando su disposición al diálogo.

En este sentido, el pasado 3 de abril el presidente Nicolás Maduro promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, con lo cual se ratifica la vigencia del Acuerdo de Ginebra del año 1966, así como la soberanía e integridad del territorio venezolano. La ley contiene 39 artículos, cinco disposiciones transitorias y dos disposiciones finales, entre los cuales resaltan los artículos referidos a la fundación del estado de la Guayana Esequiba.

Durante el acto, el mandatario denunció que en dicho territorio se han instalado bases secretas del Comando Sur y núcleos de la CIA con el fin de preparar agresiones contra el país, ante lo cual comentó:

"Tenemos información comprobada de que, en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos militares del Comando Sur y núcleos de la CIA, para preparar agresiones a la población de Tumeremo y a la población del sur y del oriente de Venezuela, y para prepararse en una escalada ante Venezuela". 

"Tenemos los instrumentos necesarios para que, en unión nacional, con el mayor fervor nacionalista y patriótico, los venezolanos y las venezolanas avancemos en la recuperación integral de los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba", dijo. 

Llegada la fecha de la contramemoria, Venezuela mantendrá su postura de no acudir a la CIJ en el diferendo del Esequibo, y dar prioridad al Acuerdo de Ginebra de 1966 como marco para la búsqueda de una solución pacífica y negociada. Seguramente, a escala internacional se intensificará la acción diplomática para lograr una comprensión clara de la controversia en el ámbito regional, con los Brics+ y que tenga alcance geopolítico.

El ejercicio de la soberanía venezolana en la zona en disputa se materializa a través del despliegue de la FANB y el otorgamiento de concesiones y licitaciones gasíferas y petrolíferas.

Guyana se verá abocada a esperar un juicio sin efectos concretos porque Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ. Las acciones de Venezuela presionan a Guyana para que comprenda que la única vía hacia una solución duradera es la negociación y el consenso, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Esta estrategia combina la defensa de la posición histórica venezolana con una diplomacia activa y el ejercicio efectivo de la soberanía en el territorio Esequibo. El objetivo final es alcanzar una solución justa y definitiva a la controversia limítrofe.