Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de España de una moción no vinculante que reconoció a Edmundo González Urrutia como "presidente electo", el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, diputado Jorge Rodríguez, señaló que iban a solicitar al Ejecutivo venezolano el rompimiento de todo tipo de relación que se mantiene con el Reino de España.

En la intervención de Rodríguez se señaló la gravedad de las acciones asumidas por el Congreso español. La moción se consideró como el atropello más brutal de ese país desde los tiempos de la lucha independentista, a partir de lo cual se solicitó al pleno de la AN que aprobase urgentemente una solicitud de exhorto al gobierno para que:

"se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la legación del gobierno del Reino de España, todos los consulados, todos los cónsules y nos traemos a los nuestros de allá", expresó Rodríguez.

La agresión desde España y la respuesta desde Venezuela han supuesto la configuración de un nuevo clima de choque entre Caracas y Madrid, en el que los aspectos económicos y energéticos de la relación bilateral han entrado en juego dentro de un cuadro de advertencias y riesgos para el gobierno español de Pedro Sánchez. 

Madrid como epicentro del cambio de régimen

España se ha convertido en la última década en el lugar predilecto donde figuras de la oposición extremista venezolana deciden radicarse después de fugarse del país o tras la condonación de penas por las que fueron juzgados.

Como resultado, la península Ibérica ha pasado a ser un centro de operación y coordinación permanente de operaciones de cambio de régimen, frente a unas autoridades españolas abiertamente permisivas. 

A modo de ejemplo, en 2015, en el marco del desmantelamiento del "Golpe Azul", el presidente Maduro denunció cómo la capital de ese país, junto con Bogotá y Miami, eran utilizadas para coordinar acciones de naturaleza golpista. 

En 2018 el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, alertó de los planes conspirativos gestados desde España, Colombia y Estados Unidos que llevaron a que se expulsara y declarara persona non grata al embajador del Reino en Caracas, Jesús Silva Fernández.

No obstante, el momento más álgido lo protagonizó Pedro Sánchez, quien se estrenaba en aquel entonces como jefe de Gobierno, cuando en febrero de 2019 reconoció a Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela, luego de dar  un"ultimátum" a Nicolás Maduro. 

Esa maniobra llevó al colapso las relaciones Caracas-Madrid. 

subidas y bajadas de tensión

Jorge Rodríguez también afirmó en la AN que las condiciones favorables al reconocimiento del "proyecto Guaidó", uno "de los más grandes errores político-diplomáticos, injerencistas, que se hayan cometido en la historia del planeta", no son las que se presentan hoy ni en Venezuela ni en el mundo.

Y la realidad lo confirma. Desde el mismo 29 de julio, cuando varios gobiernos latinoamericanos (Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay) avanzaron en el reconocimiento ilegal a Edmundo González, inmediatamente el gobierno venezolano rompió relaciones políticas, diplomáticas, comerciales y consulares con esos países.

Nada hace pensar que, ante un comportamiento similar del Reino de España, el gobierno venezolano no actuaría en correspondencia. Quizá sea esa la razón por la que la administración de Pedro Sánchez esté siendo cuidadosa en los pasos a seguir con relación a Venezuela, y ha evitado marcar una posición definida sobre el reconocimiento o no de los resultados electorales.

España acompañó la Declaración Conjunta sobre Venezuela del 16 de agosto en la que, junto a otros países, solicita "la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados", y ha pospuesto un reconocimiento explícito a la espera de coordinar una postura común en la Unión Europea.

Quizá también por eso surgió la crítica que desde el PSOE y La Moncloa se ha realizado a la iniciativa hostil del PP en el Congreso, ya que ha enrarecido una relación bilateral que progresivamente venía superando el conflicto originado tras el reconocimiento del gobierno fake de Guaidó, que había traído resultados positivos, sobre todo en el ámbito económico y energético.

No obstante, los obstáculos siguen a la orden del día y la posibilidad de declaraciones desafortunadas o abiertamente injerencistas como la del Congreso español siguen latentes. Un día después de aprobada la moción, la ministra de Defensa española, María Robles, elevó la tensión refiriéndose al gobierno venezolano como una "dictadura".

La declaración provocó que la cancillería venezolana llamara a consultas a la embajadora Gladys Gutiérrez y convocara a Casa Amarilla al embajador español Ramón Santos Martínez para exponerle el malestar causado por "las insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra".

Ante la situación, el gobierno de Sánchez buscó mitigar los efectos de un nuevo capítulo de fricción, lo cual demostró que no está entre sus intereses inmediatos el colapso de la relación bilateral. El ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, reconoció el derecho soberano del gobierno venezolano a actuar como lo hizo, y evitó implementar una medida recíproca.

Este movimiento para disminuir el clima de tensión indica que el gobierno de Sánchez calibra cuidadosamente la relación comercial y energética con Venezuela, sustentada en una apuesta renovada de la empresa Repsol por participar en el negocio petrolero y en las crecientes importaciones de crudo, en un contexto donde la península ha visto afectadas sus fuentes externas de suministro a raíz del conflicto en Ucrania.

¿Qué estaría en juego?

Hasta los momentos, pareciera que la respuesta de la AN fue efectiva para imponer líneas rojas a un eventual giro del gobierno español a favor de la campaña de cambio de régimen contra Venezuela, mediante el reconocimiento, en el futuro cercano, a Edmundo González como supuesto presidente. 

Una ruptura de relaciones podría poner en jaque las empresas españolas con presencia en Venezuela, que según el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) ascienden a 21 en total, entre ellas Telefónica, Zara, BBVA o Mapfre, así como aerolíneas como IAG o Iberia, o la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Asimismo, se verían interrumpidas las numerosas conexiones aéreas entre ambos países, lo que afectaría a miles de viajeros ya que Madrid históricamente es el punto de entrada a Europa desde Venezuela.

En el ámbito comercial, el crecimiento de las relaciones durante los últimos años es indudable.

Según el ICEX, en 2024 Venezuela exportó a España productos valorados en 701 millones de euros, distribuidos de la siguiente manera: el petróleo representa 88,6%, seguido por los camarones (5,5%), los productos semielaborados de aluminio (2%) y el ron (1,2%). España por su parte exportó a Venezuela productos por un valor de 137 millones de euros.

Además, la misma institución refiere que en junio de 2024 las exportaciones españolas a Venezuela aumentaron 64,9%, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones venezolanas a España crecieron 186%.

El punto de mayor atención está en las operaciones de Repsol, no solo las relativas al petróleo sino también las referidas al gas, de gran interés para la compañía.

Según Cores, el brazo del Ministerio de Transición Ecológica que controla el comercio de combustibles, "entre enero y junio llegaron a España 1,36 millones de toneladas de crudo desde este país (Venezuela), 3,3 veces más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra es también la más alta desde la primera mitad de 2015, cuando se importaron 1.656 toneladas".

Sin nada escrito aun

Pedro Sánchez es ampliamente conocido por ser un pragmático de la política, un líder con tendencias conspirativas, aspectos que no escapan del radar del alto mando político venezolano.

La necesidad de evitar reincidir en la catástrofe diplomática que significó el reconocimiento a Juan Guaidó pareciera figurar entre las prioridades de La Moncloa, sin embargo no sería correcto inferir que el gobierno español se plantee romper con la cosmovisión hostil de Washignton y Bruselas sobre Venezuela. 

No obstante, el creciente intercambio comercial, sobre todo energético, que se viene fortaleciendo con la presencia de Repsol, le impone a Sánchez la obligación de actuar con "prudencia", por los momentos.

En este punto, en Madrid tienen mucho más que perder, por lo que ese riesgo, económico y energético fundamentalmente, estará en el centro del desarrollo de un nuevo periodo de tensión entre ambos países.