El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció y firmó el decreto del aumento del ingreso mínimo integral para los trabajadores activos y jubilados de la administración pública, y pensionados.
Refirió el ajuste del Bono de Guerra Económica en un monto en bolívares equivalente a 30 dólares, a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) e igualmente el monto del cestaticket en referencia a 40 dólares, para un total de 70 dólares mensuales.
Según el mandatario estos montos estarían indexados a la fluctuación del Tipo de Cambio del BCV.
Sin embargo, el presidente no realizó anuncios concretamente en el monto del salario mínimo, el cual tiene inferencia en todas las tablas salariales de la administración pública. Esto indica que la actual expresión se preserva.
Del mismo modo el mandatario nacional, por medio de un audiovisual publicado en la cuenta de Twitter @NicolasMaduro, resaltó que estas acciones forman parte del primer paso para la recuperación progresiva del ingreso mínimo integral mensual, "para avanzar, en los meses que están por venir, en el momento que tengamos y generemos los recursos, y dar un golpe definitivo en la recuperación del salario y de los ingresos globales de los trabajadores y las trabajadoras".
De lo anterior se desprende que la dinámica de ajustes es un proceso progresivo y que la cuestión estrictamente salarial debe darse como diferida.
El aumento del cestaticket rubricado por el presidente este lunes 1° de mayo significa un incremento de 2122%.
Jubilados de la administración pública cobrarán el monto equivalente a 49 dólares por concepto de Bono de Guerra, más el monto que vienen cobrando por jubilación. Los pensionados cobrarán el equivalente de 30 dólares por Bono de Guerra indexado, más los 130,00 bolívares cobrados como pensión, equivalentes a un salario mínimo.
Por su relevancia este tema demanda un necesario análisis: ¿Cuáles fueron los criterios que probablemente usó el Ejecutivo venezolano para realizar estos anuncios?
Sobre montos y recursos disponibles
La nómina dependiente del Estado venezolano está compuesta por trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública y dependientes del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) que incluye a beneficiarios de la "Gran Misión En Amor Mayor" (personas incluidas en la seguridad social aunque nunca hayan cotizado en esta). Se trata de una nómina de poco más de 7 millones de personas.
Esto quiere decir que los aumentos anunciados en las bonificaciones, como la nómina existente a nivel actual, pueden estimarse en un aproximado de casi 7 mil millones de dólares al año.
Con base en ese monto se puede suponer que el criterio que está empleando el Ejecutivo para planificar los montos asignados es la base de recursos alcanzable para su financiamiento.
Visto desde el cuadro político y económico actual no hay una situación de cambio extraordinario en las condiciones del bloqueo a Venezuela, ni hay un elemento significativo que implique una modificación claramente favorable en el panorama económico.
Dicho de otra manera: No se avizoran nuevas perspectivas en la matriz de ingresos. El gobierno nacional podría estimar un aumento de los ingresos este año, pero podría no ser un aumento tan grande si se compara con el año anterior.
En el año 2022, aunque hubo un repunte de la actividad petrolera mediante métodos esquivos al bloqueo, este ingreso se mantuvo 90% por debajo de los niveles históricos. Entraron solo 4 mil 758 millones de dólares a las arcas del BCV.
Ese mismo año la recaudación tributaria aumentó 97% respecto al año anterior mediante la modificación de los mecanismos de impuestos. Esta cifra alcanzó 4 mil 744 millones de dólares.
Las principales fuentes de ingresos del Estado alcanzaron un monto de 9 mil 502 millones de dólares el año pasado.
Lo dicho nos permite concluir que el monto actual de la nómina del Estado —por los 7 mil millones de dólares— equivale a 73% del ingreso petrolero y tributario alcanzado en 2022.
Sobre la vía de financiamiento
El Ejecutivo venezolano ha anunciado un anclaje en dólares de las cantidades en bolívares a pagar, medida que permitirá que la devaluación no afecte de maneras grave los ingresos de la clase trabajadora, de jubilados y de pensionados.
No está claro el lapso de la indexación pero, si ella se desarrolla de manera mensual, esto nos permite suponer que el Ejecutivo adquirirá bolívares constantemente en el sistema cambiario mediante la colocación de divisas para tales fines.
Este es un elemento muy importante de este esquema. Implica contener el Tipo de Cambio inyectando divisas con fluidez para poder cumplir con la nómina. La medida es extensiva a contener la devaluación y por ende la inflación, los cuales son los principales factores de la disolución del salario y las pensiones.
Adicionalmente se puede deducir del perfil que ha tenido la política monetaria del gobierno venezolano desde finales de 2021 que es evidente que el Ejecutivo no pretende financiar las bonificaciones mediante la emisión descontrolada de bolívares y aumento de la liquidez. Mantendrá la sobriedad monetaria para no acelerar la devaluación —el aumento del Tipo de Cambio—.
Sobre el perfil político de los anuncios
Claramente el Ejecutivo venezolano espera contar con más recursos para 2023, pero hay que insistir en que por ahora no hay razones para pensar que estos serán demasiado superiores a los alcanzados en 2022.
Parece evidente que el gobierno nacional pretende reservar una parte importante del presupuesto que estará disponible en 2023 para no decaer en los diversos compromisos de la gestión pública, la cual ha venido en recuperación desde inicios de 2022.
El robustecimiento de los servicios públicos, la rehabilitación de escuelas, la recuperación de servicios de salud, la inversión productiva, el embellecimiento de espacios públicos, el sostenimiento de políticas sociales —como los CLAP—, obras públicas y construcción de viviendas siguen siendo importantes ejes de trabajo que el gobierno no pretende abandonar pese a la continuidad del cuadro económico adverso y las presiones foráneas.
Es necesario agregar que para el gobierno no guarda sentido mantener una importante nómina de trabajadores públicos si no hay volumen de trabajo y gestión que ofrecer. Para ello seguirá destinando recursos.
No obstante, el gran debate está en que se anunciaron aumentos grandes en bonificaciones pero no hubo aumentos en salarios. El sueldo mínimo como base tiene incidencia en prestaciones sociales, tablas salariales y otros beneficios como vacaciones y utilidades de fin de año.
Sobre el importante asunto de las prestaciones sociales el Presidente expresó este miércoles 3 de mayo, desde el estado Monagas, la entrega de campos petroleros cuyas ganancias irían directo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales.
Pero las bonificaciones anunciadas ponen en el eje de atención el destino de las tablas salariales y los beneficios contractuales.
Es evidente que el Ejecutivo decidió, en función del monto de recursos estimados y disponibles para este año, para tal fin, unos 7 mil millones de dólares.
El salario mínimo tiene implicaciones a detalle en la nómina pública. Son precisamente los tabuladores, los tipos de cargos, los niveles y las bonificaciones como vacaciones y aguinaldos los que tienen un mayor peso sobre ese presupuesto.
Por lo anterior, y de acuerdo con el monto de 7 mil millones de dólares anuales, si se hubiera anunciado un aumento lineal del salario mínimo y, por ende, de los tabuladores y beneficios contractuales, el ajuste habría sido un equivalente más o menos de unos 40 dólares mensuales.
Aunque ese aumento sí tendría impacto en tabuladores y beneficios como vacaciones y aguinaldos, habría sido ínfimo si se compara con los 70 dólares anunciados en bonificaciones para los trabajadores públicos. Habría sido considerado todavía más insuficiente por la clase trabajadora.
El gobierno parece haber considerado el perfil de los beneficiarios de la nómina pública. Parece haber empleado un criterio clasista al haber anunciado beneficios lineales y distribuir así el presupuesto. Los anuncios benefician más a quienes viven una economía de lo cotidiano en condiciones muy adversas, aunque afecta a quienes gozan de cargos de mayor nivel, mejor remunerados, y que esperaban verse más beneficiados con bonos vacacionales y utilidades. Al menos es así por ahora, y la situación podría variar si se anuncian "en los próximos meses" ajustes al salario.
El tema salarial, que merece ser tratado con absoluta objetividad y sin demagogias, tiene un centro de análisis político que no debe perderse de vista; las condiciones concretas de la economía venezolana, especialmente del presupuesto público, siguen siendo muy complejas. Pese a la debilidad de las medidas por el no ajuste del salario, es evidente un claro cambio de perfil en la política del gobierno para viabilizar una recuperación del ingreso en un sector muy grande de la población.