El caso del secuestro de la aeronave venezolana de Emtrasur (un Boeing 747-300) y sus 19 tripulantes en Argentina, que hasta hace algunos meses dominó la escena política e informativa tanto en Venezuela como en Argentina por tratarse de un evento único en su tipo y sin predecentes históricos, viene mostrando indicios parciales de resolución durante las últimas semanas.

El proceso de judicialización política y mediática, frágil en cuanto a justificación jurídica, sobre el cual se viabilizó el secuestro de la aeronave y su tripulación a principios del mes de junio del presente año, finalmente ha comenzado a dar giros favorables frente a los reclamos legítimos de Venezuela, que apuntan hacia un desenlace gradual del caso y una reconfirmación de lo expresado por el presidente Nicolás Maduro en su momento: "Es una maniobra contra Venezuela, como tantas otras maniobras, para robarnos activos, cuentas, dinero, oro en el exterior". 

El primer viraje sólido del caso ocurrió el 16 de septiembre con la llegada de 11 tripulantes venezolanos del avión de Emtrasur al Aeropuerto Internacional de Maiquetía y de un tripulante iraní a su país natal, lo que significó una victoria parcial, pero contundente, del pedido de liberación realizado por el Estado venezolano desde los primeros días del secuestro en Buenos Aires.

La estrategia de Venezuela fue efectiva

La autorización de salida del país de los 12 tripulantes fue otorgada por la Cámara Federal de La Plata el 13 de septiembre. El paso dado por la Cámara vino a confirmar que la tripulación nunca estuvo relacionada con actos delictivos de ninguna naturaleza que justificara una retención tan prolongada en el tiempo. Algo que se sabía desde el principio.

De acuerdo al seguimiento y a la cronología realizada por esta tribuna (disponible aquí) al menos 12 tripulantes ya habían sido autorizados a salir de Argentina tras un fallo del juez Federico Villena, del juzgado de Lomas de Zamora, el 2 de agosto, al no encontrarse ninguna prueba sólida contra ellos.

Villena falló en este sentido debido a que, en las pesquisas, allanamientos e inspecciones a los bienes personales (teléfonos, computadores y tablets) de la tripulación, y también sobre la carga del avión y su estructura interna, no se hallaron elementos de interés criminalístico que puede vincularlos con delitos.

Si bien sus pasaportes fueron devueltos y la autorización ya era un hecho consumado a nivel judicial, la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la investigación en el juzgado que dirige Villena, actuando sincronizadamente con los medios y la DAIA, entidad que representa los intereses israelíes en Argentina, aceptada como querellante de la causa desde los primeros momentos, presentó una apelación que echó la decisión para atrás.

El caso de la apelación pasó a la Cámara Federal de La Plata, la entidad superior que dentro de la jerarquía de competencias de la Justicia argentina debía tomar una decisión final sobre la apelación presentada por Incardona. Esta decisión finalmente llegó el 13 de septiembre, quedando desestimada la acción de la fiscal. En el fallo, la Cámara dio un plazo al juzgado de Villena de 10 días para resolver la situación procesal del resto de la tripulación.

Podría pensarse que el fallo de la Cámara se debió a los tiempos aletargados de todo sistema judicial, y más todavía en uno fuertemente influido por intereses extranjeros, particularmente de Estados Unidos, como el argentino. No obstante, contrario a esta suposición, fueron las acciones de defensa jurídica y presión narrativa y comunicacional del Gobierno Bolivariano las que cambiaron el curso de la situación en el transcurso de un mes.

A medida que el gobierno de Nicolás Maduro se centró en exigir insistentemente la liberación de los tripulantes, movilizando para ellos el poder institucional del Estado (desde la Asamblea Nacional y la cartera de transporte del Ejecutivo) y elevando el reclamo a alianzas internacionales como el ALBA-TCP, un equipo de defensa de abogados argentinos de alto nivel se volcó hacia una estrategia mucha más agresiva para acortar los tiempos y explotar los flancos débiles del juez Villena.

Ambas acciones se engranaron de manera coherente y efectiva hasta hacer insostenible la (endeble) justificación del secuestro a nivel jurídico y así propiciar, finalmente, el retorno de una importante cantidad de tripulantes a Venezuela.

Segundo hito: el sobreseimiento

En horas de la noche del 27 de septiembre, trascendió que el juez Federico Villena resolvió el sobreseimiento de 14 tripulantes de la aeronave de Emtrasur, en vista de que el plazo dado por la Cámara Federal de la Plata estaba por llegar a su fecha de vencimiento. Los sobreseídos son:

• Mahdi Mouseli.

• Mohammad Khosraviaragh.

• Victoria Valdiviezo.

• Cornelio Trujillo.

• Vicente Raga.

• José Ramírez Martines.

• Zeus Rojas Velásquez.

• Jesús Landaeta Oraa.

• Armando Marcano.

• Ricardo Rendón Oropeza.

• Albert Gines Pérez.

• Ángel Marín Ovalles.

• Nelson Coello.

• José García Contreras.

Además, Villena autorizó la salida del país del tripulante venezolano José García Contreras y del iraní Mohammad Khosraviaragh, quienes deberían volver a sus respectivos países pronto de no presentarse un nuevo recurso de apelación por parte de los querellantes o del Ministerio Público Fiscal, lo cual pareciera que no va a ocurrir, en vista de que la DAIA no exigió la indagatoria de los dos tripulantes, ni del resto, dentro del lapso que tenía el juez para decidir.

El sobreseimiento sobre 14 tripulantes de los 19 del avión de Emtrasur certifica que nunca estuvieron ligados a actividades de naturaleza delictiva y que el caso, desde el principio, tuvo una motivación política, cuya finalidad era dañar la imagen y reputación de Venezuela en el extranjero, obstaculizando, en el proceso de judicialización, la operatividad de una empresa joven y competitiva en el mercado del transporte aéreo internacional como Emtrasur, en la cual Estados Unidos vio un objetivo geopolítico de su campaña de sanciones ilegales y extraterritoriales contra Venezuela.

Sobre los 5 tripulantes restantes, 2 venezolanos y 3 iraníes, el juez Villena accedió a una solicitud de la DAIA para una ronda de declaración indagatoria que deberá completarse en el transcurso de esta semana, quedando para la primera semana del mes de octubre el lapso estipulado para una decisión final sobre el destino del resto de la tripulación todavía retenida en Argentina.

Lo logrado y lo que queda pendiente

A la luz de estos últimos avances puede afirmarse que Venezuela ha obtenido una victoria parcial en el caso Emtrasur, logrando la liberación de más de la mitad de la tripulación y consiguiendo un triunfo concreto en el tablero simbólico y narrativo al resultar cumplidas buena parte de sus exigencias.

La clave de este desenlace gradual, conseguir por Venezuela, yace en cómo la Justicia argentina ha quedado como un dispositivo politizado e influido poderosamente por EEUU, mientras que, por otro lado, se ha certificado la forma en que la tripulación venezolana e iraní fue víctima de un proceso injusto que violentó sus derechos humanos más básicos y que ha comprometido sus trayectorias profesionales individuales.

Aunque el destino del resto de la tripulación parece ir por buen camino, no puede descartarse que la DAIA eleve sus presiones para retener más tiempo a alguno de los tripulantes o a los cinco restantes a modo de "trofeo simbólico".

Este factor hay que tenerlo dentro de los escenarios a corto plazo, en vista de que el papel de querellante de la DAIA y toda la alarma informativa que ayudó a instalar desde el mes de junio, está haciendo quedar a la organización en una pésima posición, a la luz de los últimos fallos judiciales que liberan a buena parte de la tripulación de cualquier mínimo indicio de delito.

El otro frente que queda pendiente es el del avión de Emtrasur como tal, donde EEUU se ha apropiado de la causa a partir del dictamen del juez Federico Villena que condujo a la incautación del Boeing 747-300 a mediados de agosto, favoreciendo un pedido de captura del Departamento de Justicia estadounidense, sustentado en una orden judicial de la Corte del Distrito de Columbia, a cargo del juez Michael Harvey.

Las autoridades venezolanas no han retirado sus exigencias en este sentido, y lo logrado hasta ahora con la liberación de la tripulación va a influir positivamente en este reclamo, en el entendido de que la incautación del avión ha carecido también de elementos jurídicos que justifiquen una acción expropiatoria a todas luces ilegal