El martes 17 de octubre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria Democrática se reunieron en la ciudad de Bridgetown, Barbados, para dar continuidad al proceso de diálogo que estuvo en pausa por más de un año, tras haber llegado a una concertación parcial en distintos temas económicos, financieros y sociales.

Con los acuerdos alcanzados en la isla caribeña se abre una nueva ruta por donde las partes continuarán su intento de conciliar con relación a otras medidas que buscan "una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política", así como el respeto de los derechos humanos, bajo la necesidad de que sean levantadas las sanciones estadounidenses contra Venezuela.

Las diferencias entre la mesa reunida en 2022 en la Ciudad de México y el evento más reciente no solo tienen que ver con el sitio de encuentro sino con los contextos y resultados.

Contexto: Estabilidad interna en medio de una convulsión global

Con respecto a 2022, el acuerdo alcanzado en Barbados ocurre en distintas condiciones nacionales e internacionales:

1. Recuperación económica. La economía venezolana experimenta una recomposición sostenida que ha generado expectativas positivas en analistas, industriales y empresarios. Estos, por cierto, han declarado contra las sanciones solicitadas por la oposición. A su vez, el papel del Estado en dicha recuperación se ha hecho protagónico debido a algunas políticas de estímulo comercial y el repunte de la actividad petrolera.

2. Estabilidad institucional. La política nacional atraviesa cierta estabilidad evidenciada en la actividad de la Asamblea Nacional. Tanto la aprobación de leyes y acuerdos, como la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, han fluido en el debate político y en la permanente conformación del tejido social e institucional.

3. Fractura opositora. En cuanto a la "ruta electoral", los liderazgos de las oposiciones venezolanas han acentuado sus profundos desacuerdos hasta en el modo en cómo se relacionan con el gobierno nacional, hecho que se ha tornado más evidente tanto por el retiro de la precandidatura de Henrique Capriles Radonski como por los pronunciamientos y renuncias de las juntas electorales y miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Un factor perturbador ha sido la posición de María Corina Machado, quien presenta las primarias como el acto de unción o coronación de su liderazgo único de las oposiciones en medio del obviamente diverso y amplio espectro político que componen, al menos desde 2019.

4. La crisis energética estadounidense. Estados Unidos experimenta una crisis sistémica que se expresa en indicadores como la inflación creciente, el incremento en los precios del petróleo, la disminución de las reservas estratégicas de crudo y el aumento de los intereses al dinero impreso de la Reserva Federal. Lo que relaciona a Washington y sus aliados con Caracas es la necesidad de asegurar la producción de petróleo cercano y accesible, dado que tendrán que paliar las consecuencias que han generado las restricciones de importación de la energía rusa y los embates del mercado internacional en el sector.

Acuerdos: Elecciones y soberanía

A la luz de los resultados parciales, materializados en los acuerdos alcanzados, destaca que lo consensuado en 2022 tocaba aspectos más referidos a lo social mientras que ahora principalmente se está abordando la materia política. Los acuerdos de Barbados incluyen, entre otras garantías electorales, "la autorización de todos los candidatos presidenciales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley", reza el documento.

Otros aspectos suscritos en el país caribeño buscan garantizar la observación internacional de los comicios, la definición de un cronograma electoral, la promoción de auditorías para el proceso y la actualización del registro electoral con vistas a incluir a los venezolanos residentes en el exterior.

Los documentos hacen referencia a la promoción de derechos políticos y garantías electorales, y a la protección de intereses vitales de la nación. Es obvio que hay sectores de las oposiciones que no se ven representados en dichos esfuerzos: uno es el encabezado por Machado, quien ha insistido en el voto manual como fundamento del sistema electoral. El resto de los acuerdos es una confirmación del funcionamiento ordinario del sistema electoral venezolano.

Quizás una novedad en Barbados ha sido la implicación directa de Estados Unidos en los mecanismos de diálogo. También la centralidad más abierta y expresa de sus intereses energéticos —tras la emisión de licencias para la producción y comercialización del petróleo y el gas venezolanos—, lo que ha firmado la Plataforma Unitaria Democrática, voz de un sector de las oposiciones en la mesa.

En su comparecencia ante los medios, el jefe de la delegación del gobierno nacional, diputado Jorge Rodríguez, leyó el segundo acuerdo parcial, relativo a los intereses nacionales, que por error no fue leído durante el acto central.

Los representantes de los dos sectores políticos ratificaron "los derechos históricos e inalienables" de Venezuela sobre el Esequibo y defender la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, en tanto único instrumento válido "para alcanzar un acuerdo práctico y mutuamente satisfactorio" respecto al diferendo territorial que contrapone a Caracas y Georgetown. Rechazan las acciones unilaterales de Guyana relacionadas con el otorgamiento de licencias de explotación petrolífera en aguas no delimitadas, e incluso en algunos segmentos se afirma que claramente pertenecen a Venezuela, pues son la extensión natural del territorio continental, demarcacada así históricamente.

Los sectores políticos se comprometen a defender tanto a la refinadora Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela, S.A. en Estados Unidos, como al resto de activos venezolanos confiscados en el extranjero.

2003-2023: La oposición vuelve al mismo punto

A lo largo de los varios procesos de diálogo, atravesados por distintas facetas, consensos y divergencias, la dirigencia opositora de turno siempre se ha retirado y ha incumplido sus promesas y acuerdos firmados. Cada vez ha favorecido la violencia en detrimento de la dimensión electoral, para finalmente acogerse a las leyes. Es su continuo devenir desde hace 20 años.

En mayo de 2003, luego del golpe de Estado y del paro petrolero, el gobierno y la oposición fijaron los términos de un acuerdo (con 19 puntos) para realizar un referéndum revocatorio sobre el mandato del entonces presidente Hugo Chávez, luego de un enfrentamiento que sumió al país en una violenta crisis política.

El acuerdo puso fin a la mesa de negociación que, desde antes del paro petrolero, guió César Gaviria, entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El colombiano contó con el respaldo del Centro Carter, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Grupo de Países Amigos conformado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.

En el documento final se especificaron los pasos a seguir por la oposición para convocar un referendo revocatorio, contemplado en la Constitución, sobre el mandato de Chávez después del 19 de agosto de ese año, cuando se cumplía la mitad de su periodo presidencial.

También incluyó el compromiso de ambos bandos de condenar la violencia, conservar el clima de respeto entre las partes y el desarme de la población civil.

Finalmente, luego de intentos de golpe de Estado, violencia política en las calles, sabotaje a la economía y a los servicios públicos, la oposición fracasó en sus planes destituyentes en 2003 y terminó aceptando que en Venezuela hay una Constitución y unas leyes a respetar. Lo mismo que en 2023, en contextos distintos.

Son 20 años procurando imponer su narrativa sobre la falta de garantías electorales en Venezuela. Los mismos años que tienen divididos ante cualquier acuerdo con el gobierno y sin una oferta política clara al país. No parece un punto de partida ni llegada, más bien se trata de un mecanismo de supervivencia.