Ya conocíamos de antemano, gracias a UK Declassified, que el equipo del ex diputado Juan Guaidó había gastado cientos de miles de dólares del Estado venezolano, recursos financieros secuestrados y robados por el gobierno estadounidense, para costear los trámites legales en el litigio del oro venezolano en el Banco de Inglaterra.
De acuerdo a una nueva publicación del periodista John McEvoy en The Canary, las cifras de gasto por parte del clan Guaidó ha sido mucho más alto:
"Según documentos oficiales, Guaidó y sus designados han donado más de 6,5 millones de dólares a firmas legales poderosas como parte de una campaña para desangrar al Estado venezolano de sus activos extranjeros.
"Casi la mitad de este dinero fue enviado a una serie de pagos a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, la firma legal que representa a Guaidó en el Reino Unido.
"La firma parece estar muy unida al aparato de política exterior de Estados Unidos y en los últimos años ha representado a una serie de funcionarios latinoamericanos de derecha".
McEvoy señala además que los documentos reseñados sugieren que el mismo Guaidó obtuvo medio millón de dólares de dicho fondo.
Examinemos de dónde proviene este dinero, que ciertamente no tiene origen en la cartera privada del ex diputado venezolano de Voluntad Popular, y las conexiones que traza con operadores de la política exterior estadounidense y el narcotráfico.
Del saqueo financiero
El gobierno del presidente Nicolás Maduro había denunciado el año pasado que, en abril de 2020, la Casa Blanca, entonces liderada por el magnate Donald Trump, transfirieron 342 millones de dólares que formaban parte de los fondos del Banco Central de Venezuela (BCV) a una cuenta de la Reserva Federal de Nueva York.
En su momento esta acción fue calificada de "vulgar saqueo" de los recursos venezolanos por parte del gobierno estadounidense en el exterior, aprovechando la hegemonía financiera que ostenta.
Tantos millones fueron dirigidos a la junta ad hoc del BCV que el clan Guaidó había impuesto como parte del gobierno imaginario sostenido por el poder y la narrativa estadounidenses.
Según las cifras oficiales publicadas por la junta ad hoc de Guaidó, al menos 6 millones 552 mil 512 dólares han sido usados para "servicios profesionales de abogados en atención de Activos en el exterior a ser protegidos y trámites de licencias ante la OFAC".
Esto solo quiere decir, como asimismo lo afirma el periodista de UK Declassified, que este grupo antichavista de confección estadounidense gastó millones de dólares robados al Estado venezolano para, así, financiar un mayor saqueo de los recursos de la República Bolivariana. Una especie de lavado de dinero a través de la reglamentación sancionatoria de Washington.
Los documentos también muestran que existe un "Fondo de Liberación" ("Liberation Fund") supuestamente secreto, al que fueron destinados 100 millones de dólares de los activos saqueados al Estado venezolano. McEvoy recuerda que AP había señalado que los abogados del clan Guaidó utilizaron el fondo durante 2020 para "pagarse 5 mil dólares al mes" mientras decían proporcionar solo 100 dólares al mes a los médicos y enfermeras que luchan contra la pandemia del covid-19.
Por otro lado, los documentos sugieren que Guaidó se ha embolsillado más de medio millón de dólares desde marzo de 2021. La última entrega a la "Presidencia" se entregó el 19 de julio de 2021 y ascendió a 407 mil 702 dólares.
Cabildeo para el robo
Guaidó no solo tiene una relación privilegiada con el establishment estadounidense, sino que también se mueve en las aguas del lobby en Estados Unidos aprovechando sus conexiones con el aparato de política exterior norteamericano para mantener una dinámica de saqueo de los recursos venezolanos.
Para ese trabajo de lobby ha sido contratado Eli Whitney Debevoise II, socio principal de Arnold & Porter que lidera el caso de Guaidó en el Reino Unido, quien ha sido incluido en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos como cabildero de la oposición venezolana.
Según un documento oficial, citado por McEvoy, Debevoise ha asesorado a Guaidó "sobre las sanciones económicas de Estados Unidos, la ley de banca corporativa, los litigios estadounidenses y el arbitraje internacional".
El documento continúa:
"En apoyo del registrante principal [Guaidó], el registrante abreviado puede participar en actividades políticas en nombre del mandante extranjero, incluido el contacto con funcionarios del gobierno de Estados Unidos con respecto a la preservación de los activos de Venezuela en los Estados Unidos, el establecimiento de un diplomático presencia y asistencia económica y humanitaria".
Así se entrevé una trama que vuelve a ilustrar el ciclo de saqueos de los activos venezolanos por parte del antichavismo pro-estadounidense: los servicios legales de Arnold & Porter fueron pagados con dinero secuestrado en Estados Unidos "como resultado de los esfuerzos de cabildeo de Arnold & Porter", indica UK Declassified.
Conexiones deshonrosas
McEvoy presenta el perfil de Debevoise II, quien "parece bien posicionado para proveer servicios de cabildeo en Estados Unidos".
Este operador es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, un think-tank estadounidense muy influyente en los pasillos políticos de Washington, D.C. Recordemos que Elliot Abrams, el funcionario encargado de la política contra Venezuela durante la pasada administración Trump, forma parte de esta institución.
Debevoise II tiene conexiones con funcionarios estadounidenses de alto nivel, ligados a la política exterior estadounidense para América Latina desde los tiempos de Henry Kissinger, el mismo que estuvo implicado en el Plan Cóndor que impuso dictaduras de extrema derecha y mecanismos de represión antipopulares en toda la región durante la segunda mitad del siglo XX.
Además, su padre fue un funcionario importante de una organización jurídica financiada por la CIA, y "entre los alumnos de Arnold & Porter se encuentra el ex abogado general de la CIA, Jeffrey H. Smith", aclara UK Declassified.
Pero las conexiones de la firma que representa al clan Guaidó en Reino Unido van más allá. McEvoy señala que Arnold & Porter, según reportes, lanzó una "campaña de influencia" en apoyo del narcotraficante Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, muy cercano al establishment estadounidense y representante de la derecha centroamericana.
"Tony" Hernández fue condenado a cadena perpetua por una corte de Nueva York por el cargo de narcotráfico; dicha instancia judicial calificó a Honduras de "narcoestado".
Teniendo en cuenta todas las conexiones del bufete de abogados de Guaidó y los escándalos de corrupción con que ha sido rociado él y su equipo, los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido continúan apoyando a un criminal con el único fin de saquear los recursos de un país rico en activos en el exterior, y que ha sido vejado por una política imperial francamente en decadencia.