"Estoy dispuesta a la máxima presión", dijo María Corina Machado durante una rueda de prensa el pasado jueves 5 de septiembre. Un ritornello de la era Trump que actualmente pareciera venir a destiempo, dadas las circunstancias.

Estados Unidos se encuentra en su propia encrucijada política y electoral, en un momento cuando el sector extremista de la oposición venezolana le exige mayores medidas a favor de un cambio de régimen. Así lo advirtió la propia Machado ante los periodistas internacionales: "Necesitamos más compromiso del presidente Biden con la crisis de Venezuela".

De modo que vale la pena preguntarse y analizar: ¿Cómo está operando Estados Unidos en el contexto post-28J? ¿Qué ha hecho hasta ahora y qué podría hacer en las próximas semanas en relación a la cuestión venezolana?

Lo declarativo

Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la victoria del presidente Nicolás Maduro en la madrugada del 29 de julio, el Departamento de Estado ha publicado nueve comunicados y declaraciones de la Oficina del Portavoz:

1. Una sesión informativa especial el 29 de julio con altos funcionarios del Departamento de Estado donde cuestionan los resultados emitidos por el CNE —"nos preocupa que no se hayan respetado las normas democráticas"— y exigen la publicación de las "actas".

2. Una declaración de los ministros de Exteriores del G7 el 1º de agosto con la que hacen "un llamado a la máxima moderación en el país y a una solución pacífica, democrática y liderada por venezolanos".

3. Otra declaración, esta vez de Antony Blinken, el 1º de agosto, con la que da por cierta la victoria de Edmundo González Urrutia con las "actas" publicadas por el sector de Machado.

4. El 2 de agosto informó que el secretario Blinken conversó con Machado y González Urrutia, cuando el alto funcionario "reafirmó el compromiso de Estados Unidos con apoyar el proceso de restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela".

5. Un comunicado conjunto de 28 países, Estados Unidos y la Unión Europea que, además de no reconocer la reelección del presidente Maduro, concluye que "la situación actual exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que fomente la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela". Publicado el 16 de agosto.

6. El boletín de prensa del 23 de agosto dice que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que confirma la victoria del presidente Maduro "carece de toda credibilidad", esgrimiendo el argumento de las "actas" opositoras, y termina con que "estamos listos para apoyar un proceso inclusivo liderado por Venezuela para restablecer las normas democráticas".

7. En la siguiente nota de prensa, del 3 de septiembre, condena una supuesta "orden de arresto" sobre Edmundo González e insiste en que "el camino a seguir debe ser un proceso de transición democrática pacífico, transparente e inclusivo que ponga el bienestar de los venezolanos en el centro".

8. La declaración en una rueda de prensa conjunta del secretario Blinken y el presidente dominicano Luis Abinader el 6 de septiembre, donde el estadounidense dijo que estaban trabajando con otros países de la región con "determinación de ver a Venezuela regresar claramente a un camino democrático que refleje la voluntad del pueblo venezolano".

9. En un comunicado de prensa del 8 de septiembre, el secretario Blinken expresó la opinión del Departamento de Estado sobre la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela, además de remarcar que "Estados Unidos continuará trabajando con nuestros socios internacionales para defender las libertades democráticas en Venezuela y garantizar que Maduro y sus representantes rindan cuentas por sus acciones".

A lo anterior se suma la constante publicación de posteos en la red digital X de Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien incesantemente reclama al CNE y al TSJ que "rindan cuentas" y "se hagan responsables" en reconocer lo que —reitera— es la "voluntad del pueblo", siempre apoyado en la narrativa de las "actas".

En lo declarativo, los funcionarios estadounidenses rechazan los resultados electorales del 28J, apoyan una "transición democrática" con María Corina Machado y Edmundo González a la cabeza y exigen una "rendición de cuentas" de las instituciones venezolanas a favor de las demandas opositoras.

Por otro lado, actores políticos del Congreso como los senadores republicanos de Florida, Marco Rubio y Rick Scott, han exigido un enfoque más agresivo sobre Venezuela, incluso abogando por el derrocamiento del gobierno y criticando convenientemente la administración Biden por la poca sustancia de sus acciones.

Machado se ha hecho eco de las exigencias de este sector republicano, junto a ella propulsores de la campaña de "máxima presión" de la administración Trump, aun cuando intercale el lenguaje esperanzador en torno a su agenda con el de la insurrección y la violencia —simbólica y— política.

Con Blinken tomando más protagonismo en el campo de las vocerías durante la última semana, se podría esperar asimismo un endurecimiento diplomático de los países convocados por Estados Unidos sobre Venezuela.

Sin embargo, hasta los momentos, la administración Biden no emite alguna declaración o comunicado que se corresponda con el planteamiento de medidas mayores de fuerza —ni hay perspectivas de que se concreten en un futuro inmediato—, tanto en lo económico como en lo militar, a pesar de que existe una presión de los sectores republicanos y opositores venezolanos extremistas por que se den.

En el terreno de las sanciones

Los mecanismos de coerción y persecución a través del régimen sancionatorio continúan en actividad, a pesar de la distensión limitada por la gestión de licencias generales y específicas del Departamento del Tesoro para el sector energético venezolano.

Pero su radio de acción es suficientemente extenso como para haber llevado a cabo el robo del avión Dassault Falcon 900EX, incautado ilegalmente en República Dominicana y trasladado a Fort Lauderdale, estado de Florida, el pasado 2 de septiembre. Esta ha sido hasta los momentos la única medida de calado que ha tomado el gobierno estadounidense como respuesta a los acontecimientos post-28J.

Un artículo de Bloomberg del 2 de septiembre reseñó la intención de Estados Unidos de emitir nuevas sanciones, esta vez individuales, a 15 personas con cargos públicos en Venezuela. Francisco Palmieri, jefe de la llamada Misión de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela y encargado de negocios del país norteamericano en Colombia, afirmó en una entrevista el viernes 6 de septiembre que serían más de 15.

Una intención que, si bien entra en el terreno de las sanciones, no corresponde con el "compromiso" que Machado le exige a Biden para concretar un cambio de régimen.

Para que ello ocurra debería haber un levantamiento de las licencias generales y específicas que permiten que compañías estadounidenses y europeas inviertan, operen y comercialicen en el área petrolera y gasífera venezolana, una vuelta de tuerca a la política energética de la propia administración Biden que, a pocos meses de las elecciones en Estados Unidos, no plantea ejecutar.

Además, un reporte exclusivo del Wall Street Journal (WSJ) publicado el 5 de septiembre cuenta que, durante los días posteriores a las elecciones presidenciales, el lobby de Chevron para seguir operando en Venezuela se encontraba activo en Washington, D.C.:

"En reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado días después de las elecciones, ejecutivos de Chevron dijeron que su presencia en Venezuela refuerza el suministro mundial de petróleo y la seguridad energética de Estados Unidos, según personas familiarizadas con las conversaciones. Los ejecutivos dijeron que Chevron también sirve a los intereses de Estados Unidos como baluarte allí contra adversarios geopolíticos que ganan puntos de apoyo adicionales en el país".

De acuerdo con el medio neoyorquino, el mensaje de Chevron "ha tenido peso en la administración, dicen personas familiarizadas con el asunto". Habida cuenta de que la segunda mayor petrolera de Estados Unidos —la primera es ExxonMobil— tradicionalmente ha tenido una voz dominante en la conformación de las políticas energéticas del gobierno federal durante al menos un siglo.

Esta afirmación se encuentra en consonancia con lo publicado por el WSJ: "'Chevron se involucra regularmente en temas de política energética con las partes interesadas en Washington, D.C., y en todo el mundo', dijo el portavoz de Chevron, Bill Turenne. 'Hemos tenido una presencia constructiva en Venezuela durante más de un siglo, donde hemos dedicado inversiones y una gran fuerza laboral'".

Podemos recordar que Chevron fue la única petrolera estadounidense que se quedó en Venezuela y se unió al esquema de empresas mixtas en 2007. Las relaciones con esta empresa se han mantenido desde entonces, bajo la jurisprudencia promulgada durante el gobierno del Comandante Hugo Chávez, salvo por un hiato debido a las sanciones ilegales durante la era Trump.

Lo que explica por qué el esquema de sanciones para Venezuela siempre tuvo un margen de excepción para Chevron. Además de que su estabilidad se basa en su posición no partidista por alguna opción política, y así ha mantenido las relaciones con el país y, por ende, con las autoridades gubernamentales, estrictamente en el plano comercial.

Diplomacia a dos bandas

La movilización diplomática de Estados Unidos no ha tenido los efectos esperados en términos de la "transición democrática". Para Machado ha sido insuficiente lo hecho hasta ahora por el gobierno de Biden, pero la realidad dicta que ha movido sus fichas en el Hemisferio Occidental y allende el Atlántico.

El tándem Lula-Petro y los países donde tiene mayor influencia de convocatoria son elementos con los que Estados Unidos ha jugado en el gran tablero de la cuestión venezolana. Rondas de diálogo y negociación, conversaciones tras bastidores, presión diplomática, y amenazas de sanciones son acciones y medidas que se van alternando según el país y la intención.

Al cierre de este análisis, Brasil y Colombia mantienen relaciones estables con Venezuela, aunque —aun— no reconocen la victoria del presidente Maduro el 28J.

Permitir que Lula da Silva, y en menor medida Gustavo Petro, liderara un espacio de mediación en tanto herramienta para dirimir el conflicto a favor de la agenda opositora y de enturbiar las relaciones entre vecinos solo tuvo como consecuencia el mantenimiento del statu quo en las relaciones bilaterales de Venezuela con estos dos países.

La única información que ha logrado perturbar mínimamente las relaciones entre Brasilia y Caracas es la nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil del 7 de septiembre, en la que dice que el gobierno de Lula seguirá los pasos de la Convención de Viena tras la decisión del Estado venezolano de rechazar la custodia brasileña de la embajada argentina en Venezuela, recinto donde ha estado operando una parte del equipo de Machado en el contexto electoral y postelectoral con el apoyo del gobierno de Javier Milei.

México, por su parte, ha tenido una posición ecuánime. El saliente presidente Andrés Manuel López Obrador defiende la Doctrina Estrada, cuyo principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países es una de las bases de la política exterior mexicana —inclumplida por administraciones anteriores, como la de Enrique Peña Nieto—. Anteriormente el mandatario mexicano había tomado la decisión de continuar con dicha doctrina en relación a Venezuela apenas tomara el gobierno, incluso teniendo relaciones estables con el presidente Maduro.

Por ello, el endurecimiento del tono diplomático ha provenido desde otro eje, donde tiene participación el gobierno de República Dominicana, país que visitó el secretario Blinken para reforzar la cooperación en distintas áreas, situación aprovechada para reflotar la "agenda Venezuela" en el ámbito diplomático este viernes 6 de septiembre. Panamá también juega un papel, pareciera menor, en este dominio.

El interés de Estados Unidos consiste en congregar la mayor cantidad de países en la región que mantenga la presión diplomática sin concretar una cofradía similar a la establecida con el Grupo de Lima, es decir, sin conllevar costos políticos y diplomáticos —y a la larga económicos y comerciales— en la región.

El lenguaje declarativo de todos los mandatarios que se han pronunciado contra el Gobierno Bolivariano, incluido el Departamento de Estado, se encuentra en los intentos de coacción para que Venezuela responda a los intereses más cercanos de Edmundo González y, sobre todo, de María Machado.

Ella misma en la rueda de prensa citada dio a conocer cuál ha sido hasta ahora la estrategia de presión diplomática:

"Tiene que activarse un mecanismo de presión simultánea, coordinado con inteligencia y creatividad. Si no hay presión, no se negocia. No es necesario convocar a la gente a la calle en todo momento. Ya la gente se expresó. Crearle incentivos al régimen para una transición a la democracia. La comunidad internacional puede hacer mucho para ayudarnos".

A dos bandas ha sido el juego estadounidense: por un lado, gobiernos y líderes con relaciones estables y afinidades político-ideológicas con Venezuela; por el otro, presidentes y países cooptados por el influjo estadounidense, la "comunidad internacional". Una movida diplomática que, hasta el momento, está moldeada para los efectos de las agendas mediáticas y no tanto para una campaña de "máxima presión". Al menos hasta que la administración Biden permanezca.

Balance en proceso de definición

En un escenario volátil como el venezolano, plantear un devenir de la situación más allá de las elecciones estadounidenses es baladí ya que, según quien ocupe el máximo cargo en la Casa Blanca, se impondrá una u otra política.

Que Machado y los senadores de Florida traigan de vuelta en el lenguaje una y otra vez los mecanismos de la "máxima presión" dice mucho sobre la forma en que la administración Biden ha tratado la situación respecto a Venezuela.

Preservar un statu quo ha sido la conducta de Estados Unidos, muy al contrario de lo declarado por Machado, quien aseguró a periodistas internacionales: "No estamos en una situación estática ni detenida: este es un proceso en marcha".

En Estados Unidos habrá elecciones presidenciales en noviembre próximo, disputa cuyos resultados decidirán, entre otras cosas, una política exterior sobre Venezuela. Las señales de que si gana Donald Trump retornará una versión remasterizada de la "máxima presión" que dé paso a un recrudecimiento de medidas coercitivas son manifiestas, más aun si se involucran los senadores republicanos de Florida en la configuración de una política antivenezolana en Washington.

Incluso Venezuela no se encuentra entre los temas predilectos por los candidatos. Kamala Harris hasta los momentos no ha dicho una sola palabra, y Trump menciona nuestro país sin la contundencia de sus declaraciones pasadas sobre las intenciones de su gobierno de adueñarse del petróleo venezolano, a pesar de haber manifestado que los comicios del 28J "no fueron libres ni justos". Pero el comentario solo devino para culpabilizar a la actual Vicepresidenta demócrata, un alegato de campaña electoral y no una declaración oficial de su campo sobre Venezuela.

Al mismo tiempo, la huida de González Urrutia confirma el desvanecimiento de una "transición" de la que Machado aun se vanagloria de estar negociando —por ejemplo cuando dice: "No es verdad que el régimen tiene el control de la situación"—. El presente cuadro político evidencia que sus intentos de mantener su agenda a flote no son más que acciones sin efectos prácticos en la realidad.

Ello, sin duda, ha sido así porque Estados Unidos no tiene un involucramiento agresivo en la situación venezolana. Washington en estos momentos considera que tiene un mayor aliciente para continuar las relaciones con Venezuela de acuerdo a sus necesidades energéticas y la de sus aliados europeos.

Por su parte, la inestabilidad de Venezuela no le conviene al gobierno de Biden en un momento electoral cuando se le critica su política migratoria, los precios del combustible y el uso político de la Reserva Estratégica de Petróleo del Departamento de Energía, últimos ítems en los que el petróleo venezolano tiene una influencia notable.

Pero esta política estadounidense puede tener un fin abrupto en pocos meses con el posible retorno de Trump a la Casa Blanca. El inconveniente de traer de regreso la "máxima presión" sería que no estuviera compaginada con los tiempos políticos en Venezuela, cuando la "transición" de Machado ya podría ser otro infame recuerdo en la historia reciente de nuestro país.