Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están atravesando un cisma importante, luego de que funcionarios de la Casa Blanca se reunieron con el presidente Nicolás Maduro en marzo de 2022. El encuentro supuso el comienzo de una serie de intentos hacia un cambio de paradigma en el nexo bilateral, con el tema del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales como parte de las conversaciones, además del asunto energético y político propiamente —elecciones—.

Desde entonces Washington ha emitido medidas de autorización de operaciones y comercialización en materia de petróleo y gas —como la Licencia General 41— y órdenes políticas centradas en los campos de la energía y la política —la Licencia General 42—, enmarcadas en el desarrollo de la crisis energética que rige en los países del Norte Global. Los signos de los tiempos actuales apuntan la agenda estadounidense sobre nuestro país, una de las razones por las que se hace tan difícil determinar en qué punto de las relaciones entre ambos estamos.

La otra razón primordial reside en la errática estrategia de la administración de Joe Biden respecto a Venezuela, en respuesta a las acciones y declaraciones de Caracas en los ámbitos nacional e internacional que han trascendido en los últimos meses.

Desde agosto de 2021 el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con la facilitación de Noruega y el acompañamiento de Países Bajos y Rusia, instaló la Mesa de Diálogo y Negociación en Ciudad de México junto con la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que representa a los sectores opositores tradicionalmente más afines a Estados unidos, con el fin de llegar a acuerdos políticos, económicos y sociales que pudieran destrabar el escenario de conflicto que vino impulsándose en la última década sobre la República Bolivariana con apoyo foráneo.

Recordemos que la fundación de la PUD fue realizada por Juan Guaidó y una cuarentena de partidos y organizaciones políticas antichavistas en un acto de abril de 2021, meses antes de que comenzaran las primeras rondas de conversaciones en México entre gobierno y ese sector de las oposiciones. Entre sus fines está el de servir como plataforma para el diálogo y las negociaciones, incluida la materia electoral: la celebración de comicios presidenciales es uno de los puntos más destacados en la mesa instalada en México.

Los delegados de la PUD, entre ellos su jefe, el exalcalde y exdiputado Gerardo Blyde, y otros políticos como Stalin González y Freddy Guevara, han representado los intereses de Estados Unidos en la mesa de diálogo aun cuando formalmente se trata de oposición nacional, entendido así no solo por los vínculos directos entre aquellos y el aparato gubernamental estadounidense sino también porque tanto el Departamento de Estado como los connacionales antichavistas confiesan las mismas intenciones en torno al proceso negociador, cual si fuera calco y copia.

A finales de 2022 el gobierno venezolano y la PUD firmaron un segundo acuerdo parcial mediante el que se garantizaba la creación de un fondo de 3 mil 200 millones de dólares para el financiamiento de una agenda de asistencia social en Venezuela a través de la gestión financiera de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con los recursos estatales bloqueados por las medidas coercitivas de Washington en cuentas en entidades internacionales.

En definitiva, ocurriría una devolución de parte de los activos —líquidos— a Venezuela pero administrada por la ONU, lo que habría significado un alto costo político ante el fracaso a vox populi de la estrategia estadounidense, que tiene a las "sanciones" basadas en el dólar, y a todo el sistema financiero que gira en su entorno, como principal arma.

La Casa Blanca no ha cumplido con la parte que le corresponde y ha sumado una serie de acciones que han erosionado el puente de contacto entre el país del Norte y Venezuela —no olvidar que existen canales de comunicación directos entre Caracas y Washington, D.C., de acuerdo con el mismo presidente Maduro—. Por supuesto, la decisión final está del lado norteamericano y significaría un cambio fundamental en el esquema de medidas coercitivas que se aplican sobre el país, una "recalibración" condicionada por el momento político.

El factor geopolítico se toma en cuenta a la hora de comprender la dirección hacia la que navegan las decisiones de la administración Biden sobre Venezuela. La guerra en Ucrania ha sido uno de los mayores hitos de los últimos tiempos en términos de giros paradigmáticos en las relaciones internacionales, y la respuesta agresiva de Estados Unidos ante aquello ha tenido un efecto búmeran, negativo para su economía por los embates de la crisis energética global, retroalimentada por las decisiones de la administración Biden.

Nuestro país se encuentra en el centro de un reacomodamiento de los mercados globales de materias primas y arquitecturas financieras alejadas de la influencia dolarcéntrica. Dentro de ese marco, la industria petrolera venezolana juega un papel crucial por el cual los decisores estadounidenses están preocupados en su desarrollo, debido a sus alianzas estratégicas con los mayores competidores del poder estadounidense: China, Irán, Rusia, etcétera.

El mayor de los activos de Venezuela en el exterior, Citgo Petroleum, fue secuestrado y repartido al elenco de la "operación Guaidó" tanto como botín al servicio de la avaricia corporativa como para seguir financiando a esa oposición, toda vez que hay una ganancia particular por parte de dichos operadores vía goteo de la rapiña. Eso en 2019. Hasta la fecha sigue en manos de terceras personas que no tienen vinculación alguna con el Estado venezolano sino en manos privadas —de particulares— para continuar con la puesta en escena del "interinato" bajo otras vías extralegales, con el llamado Consejo de Administración y Protección de Activos, donde participan operadores políticos del G3 —partidos que forman parte de la PUD—.

Sin olvidar que, aun luego de haber prescindido de Juan Guaidó como protagonista de su estrategia, sigue moviéndolo a discreción —cual peón— entre los pasillos políticos de la "sociedad civil", entre think tanks y las ONG del corretaje dominante de Washington, D.C.

La casi inherente entrega de Citgo en subasta, la contradictoria distinción referente a cuál es el "verdadero gobierno venezolano" —AN-2015 o Gobierno Bolivariano, si bien en sus documentos oficiales siguen diferenciando a uno como "gobierno interino" o como "Asamblea Nacional legítima frente al régimen"— y, por ende, la asignación de cuentas del Estado venezolano a personas que no son funcionarias oficiales, acumulan el compendio de acciones y normas que identifican una política contradictoria en torno a Venezuela.

Pero, sobre todo, son decisiones estadounidenses que constituyen una réplica a la buena estimación de la política exterior de Venezuela con relación a la demanda de levantamiento de "sanciones", que tuvo a la Conferencia de Bogotá a finales de abril pasado como su mayor expresión con el apoyo de 20 países —incluidos europeos— en contra del bloqueo sobre la República Bolivariana.

Si bien el evento no tuvo la relevancia con la que se anticipaba, por no haber emitido políticas vinculantes en torno al asunto central, sirvió como plataforma para que en Norteamérica y Europa adquiriera mayor relevancia el problema energético detrás del esquema "sancionatorio" del Departamento del Tesoro. En ese sentido, fue un logro diplomático venezolano que quizás Estados Unidos no estaba dispuesto a tolerar del todo, no en medio de su propia debacle económica, financiera y social expuesta constantemente.

Los errores de la administración Biden solo han exaltado dicha situación, y la República Bolivariana es una de las piedras de tranca de sus intereses en la región. El "orden basado en normas" no subsume por entero el hemisferio occidental, y Venezuela tiene todo que ver en la ecuación.

Por eso, tras una década de intentos de golpe, estrategias para el "cambio de régimen", medidas de asfixia económicas, financieras y comerciales recientemente provocaron un cambio en las relaciones bilaterales. No obstante, no se ha llegado a un punto de estabilidad, todo apunta a que suceda lo contrario. Más bien se está experimentando una etapa de altibajos, con acciones coyunturales de la Casa Blanca y sin un plan estratégico visible de cara a sus relaciones con Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en el centro del conflicto el levantamiento de "sanciones" como un factor determinante de las relaciones, y apuesta a ello en un contexto de recuperación económica y reorganización de las relaciones internacionales de Venezuela en el mercado mundial.

Entonces, ¿qué podemos esperar de unas relaciones que se encuentran en un punto muerto? Primero, en lo político-diplomático, no habrá un destrabamiento debido a los mencionados costos que le suponen a Estados Unidos si en efecto reconociera al presidente Maduro y su gobierno como legítimos ante la arena internacional, un elemento que va de la mano con la exigencia venezolana de levantamiento de "sanciones".

Segundo, y esto deviene de lo anterior, el gobierno de Joe Biden seguirá utilizando la emisión de licencias a través del Departamento del Tesoro como un componente de gestión y regulación de las relaciones entre ambos países. Siendo esta una necesidad para la economía estadounidense, con serias dificultades en su dinámica energética interna. Al mismo tiempo, la apertura y el reordenamiento de los mercados de materias primas es un escenario favorable para Venezuela, por lo que este punto no debería verse perturbado de manera sísmica si no hay mayores alteraciones en lo político.

Con lo político en stand-by y la gestión de licencias energéticas dando el tono de las relaciones, Estados Unidos recurre a otras maniobras para tratar de seguir influyendo en Venezuela. La canalización de financiamiento a organizaciones no gubernamentales (ONG), el apoyo público a las protestas sectoriales a inicios de año —recomendado por tanques de pensamiento como Wilson Center— y la asignación discriminada de recursos estatales a miembros de la AN-2015 son los otros movimientos detrás de cortinas que lleva a cabo la Casa Blanca.

En vista del comportamiento de la administración Biden respecto a nuestro país, se supone que ella continúe impulsando las mencionadas actividades a menos que alguna perturbación exterior provoque un nuevo reajuste de su alterada estrategia. Pero el hecho de que tenga que recurrir a las ONG y partidos políticos opositores erráticamente en Venezuela para llevar a cabo su agenda da cuenta, también, de que se encuentra supeditada a los acontecimientos globales que perturban el estatus hegemónico de Estados Unidos y, por ende, está involucrada en múltiples escenarios que no puede cubrir de manera cabal.