En la región latinoamericana se están produciendo diversas situaciones conflictivas para los gobiernos progresistas y su institucionalidad a escala interna. A pesar de la intensidad de las agresiones contra su gobernabilidad, tanto desde dentro como desde fuera del país en los últimos años, Venezuela se distingue por no formar parte de este grupo.

Petro a merced de Barbosa

El presidente colombiano Gustavo Petro ha tenido que enfrentar diversos obstáculos en su primer año de gobierno debido a los constantes ataques promovidos por la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Francisco Barbosa. Esta adversidad ha hecho complicada su gestión y lo ha dejado vulnerable a la influencia y el poder del titular de la Fiscalía.

Barbosa se opone a la propuesta de "Paz Total" de Petro, que busca negociar con los grupos armados dentro del país. También ha criticado la propuesta de reforma penal y procesal. Además, se le acusa de estar detrás del arresto de Nicolás Petro, hijo del presidente, por cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, lo cual ha sido un duro golpe para el presidente a nivel político y personal.

Ahora, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que afirma que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) planea llevar a cabo un "atentado terrorista" contra Barbosa. Según el texto, cinco altos mandos del ELN se reunieron en julio en Venezuela para planear el ataque. El documento no proporciona detalles adicionales sobre estas fuentes de inteligencia ni la naturaleza del supuesto plan.

Tales acusaciones han sido rechazadas tanto por el ELN como por la cancillería venezolana. En realidad, se trata de una estrategia mediática con el objetivo de tergiversar y obstaculizar los avances en los diálogos de paz, que han sido mediados por México, Nicaragua y Venezuela, y han resultado en un cese al fuego bilateral entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero.

Barbosa ha utilizado su posición para construir un espectáculo mediático en contra de Petro, mediante una serie de situaciones que han ido socavando su liderazgo y dañando su reputación.

Las disputas de Lula con el Banco Central y el Congreso

En la actualidad, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se encuentra en disputas con dos entidades de su gobierno: el Banco Central y el Congreso. Estos enfrentamientos obstaculizan su proyecto de reconstruir su país.

La política monetaria implementada por el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, impide que el gobierno de Lula pueda aumentar el gasto público para estimular la economía y combatir la desigualdad social. Lula sostiene que una reducción en la tasa de interés básica sería beneficiosa para la economía, pues estimularía la inversión y el consumo.

Además, Lula critica la autonomía otorgada al Banco Central a partir de 2021. En ese año, el entonces presidente Bolsonaro firmó una ley que impide cambiar al presidente del organismo en cada gobierno, como se hacía previamente. Esta ley ahora obliga a Lula a lidiar con Campos Neto, quien fue designado por Bolsonaro.

Este personaje ejercerá su mandato en el Banco Central hasta finales de 2024, es decir, hasta la mitad del gobierno de Lula.

Otro de los desafíos significativos que ha enfrentado el gobierno del presidente de izquierda se encuentra en el Congreso, donde la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) no cuenta con una mayoría y se encuentra, en cambio, dominado por grupos de derecha bolsonarista.

Lula ha focalizado sus esfuerzos en revivir los programas sociales destinados a combatir la pobreza y el hambre, así como en establecer una política medioambiental y exterior independiente. Sin embargo, la oposición ha conseguido una serie de victorias al cortar el apoyo parlamentario para su agenda política, lo que está mermando su popularidad. Según una encuesta reciente realizada por la firma de estudios de opinión Ipec, la popularidad de Lula ha caído de 41% en marzo a 37%.

La mafia judicial se impone ante Alberto Fernández

La disputa entre el presidente argentino Alberto Fernández y la Corte Suprema de Justicia tiene profundas implicaciones en la gobernabilidad del país.

La más reciente fue la decisión de esa instancia de suspender en mayo las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, con el alegato de que las postulaciones de los candidatos del Frente de Todos, Juan Manzur y Sergio Uñac, quienes iban por la reelección, chocaban con las constituciones provinciales y podrían contrariar principios republicanos de gobierno. La medida ha generado controversia porque en vez de resolver el fondo del asunto lo que hace es beneficiar a la oposición.

Por esta situación, el presidente Fernández ha denunciado la intromisión judicial en los procesos electorales y ha acusado a la Corte de dañar la convivencia democrática y alterar peligrosamente la institucionalidad del país.

No es un hecho aislado. En enero de 2023, Fernández convocó al Congreso para tratar el juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, acusados de redactar fallos a favor de la oposición. Asimismo, en diciembre de 2022 el gobierno de Fernández decidió no acatar un fallo de la Corte que ordenaba aumentar los fondos federales destinados a la ciudad de Buenos Aires, bastión opositor.

Estas situaciones son apenas una muestra insignificante de otros casos similares, como los que hemos presenciado en la persecución legal contra el kichnerismo. Revelan el inmenso poder político que el sector judicial posee en Argentina y que es utilizado para reafirmar el control del gobierno en manos de las élites económicas, y también la incapacidad del gobierno de Fernández de maniobrar ante un obstáculo bien conocido.

En medio de todo, la aparición y ascenso del fenómeno Milei pronostica un escenario mucho más complejo para el Frente para Todos ante las elecciones presidenciales de octubre.

México y Chile no son la excepción

Los conflictos internos que enfrenta el partido gobernante en México, Morena, son otro cuadro evidente del deterioro del progresismo en la región.

En un análisis previo resaltamos que Morena está pasando por un proceso de selección de su candidato presidencial para las elecciones de 2024. Sin embargo, la competencia entre los cinco candidatos ha generado disputas entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quienes han captado la mayoría de las simpatías.

En este contexto, las controversias intestinas amenazan con generar divisiones y ponen en riesgo la estabilidad del partido. Además, el proceso de selección del próximo candidato presidencial se convierte en un terreno fértil para la intervención de empresas de opinión, lo cual podría comprometer la legitimidad de las elecciones. Esto, a su vez, disminuiría las posibilidades de éxito del partido en dichos comicios.

Por último, tenemos a un Gabriel Boric que en menos de año y medio de gobierno ha realizado tres cambios de gabinete sin que eso se traduzca en alteraciones significativas para el bien de la población. El último cambio incluyó la designación de cinco nuevos ministros y 15 subsecretarios y está enmarcado en el contexto de la trama de corrupción del "Caso Convenios", que ha involucrado a siete funcionarios del gobierno en los últimos meses. La oposición aprovechó el escándalo para presionar por los cambios en los puestos ministeriales.

Las situaciones de conflicto en los gobiernos de izquierda de la región ponen de manifiesto una realidad política compleja y exigente que parecen sobrepasarlos. Por contraste, el presidente Nicolás Maduro Moros en Venezuela destaca como el único líder que se mantiene estable políticamente en medio de la crisis, gracias a su consolidación en el poder ejecutivo, el control estatal y la renovación institucional que ha llevado a cabo en tiempos de tormenta.