El panorama político estadounidense para el próximo año perfila una configuración donde el Partido Republicano controla todas las palancas de poder institucional del país, con Donald Trump liderando el Ejecutivo y ambas cámaras del Congreso bajo el control de su organización.

Este contexto anticipa la agenda legislativa que pueda revitalizar proyectos vinculados a Venezuela que, de hecho, recientemente, han adquirido tracción, como la "Ley BOLÍVAR", que podría ser promulgada antes del cierre del periodo 118º del Congreso estadounidense.

Así que revisar estas iniciativas permite vislumbrar qué se dice en los pasillos del Capitolio sobre el rumbo que tomarán hacia Venezuela, como hicieron hace una década bajo las cláusulas de Ley de Derechos Humanos y Democracia en Venezuela de 2014, promulgada en aquel entonces por Barack Obama.

El pan de cada día: las asignaciones presupuestarias

A lo largo del 118º Congreso (2023-2024), se han introducido 130 proyectos de ley relacionados con Venezuela. Pero los datos muestran que, pese a esta cantidad, los resultados concretos son limitados: solo 19 de estos proyectos pasaron una sola cámara legislativa (faltaría otra para la aprobación), 8 lograron la aprobación en ambas cámaras, y únicamente estos últimos se convirtieron en leyes.

Este bajo índice de éxito legislativo —menos del 7%— indica tanto las complejidades del sistema legislativo estadounidense como la naturaleza políticamente cargada de los asuntos vinculados con Venezuela, principalmente.

Todas estas leyes provienen de la Cámara de Representantes, que tiene prerrogativas específicas para abordar asuntos presupuestarios y de financiamiento, que suelen enmarcarse en lo que se conoce como "appropriations".

En el repaso de esas ocho leyes, a grandes rasgos, se reflejó que, si bien su contenido es burocrático en su estructura, también mantiene una intención estratégica clara en dos áreas fundamentales: el financiamiento externo de programas de democracia, y las iniciativas en materia de seguridad, que delinean los intereses específicos de la política exterior estadounidense y ambas aristas se enmarcan dentro de un plan más amplio o una hoja de ruta para el cambio de régimen impulsada desde Washington.

Un ejemplo representativo es la "Further Consolidated Appropriations Act, 2024", que destina 50 millones de dólares al "Economic Support Fund" para financiar lo que denominan "programas de democracia en Venezuela". Aunque el texto carece de especificaciones detalladas, menciona que los recursos se dirigirán a actividades como la observación electoral y la promoción de la participación de candidatos opositores. Este tipo de financiamiento externo a procesos internos refleja un claro intervencionismo en los asuntos soberanos del país, bajo la excusa de promover "valores democráticos".

Otra ley relevante es la "National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024", que incluye asignaciones específicas sobre Venezuela, pero con un enfoque más orientado hacia la seguridad y la inteligencia. Esta ley requiere que el Director de Inteligencia Nacional presente un informe al Congreso sobre las acciones del gobierno venezolano para "detener a ciudadanos estadounidenses". No obstante, sobre este segmento, debe indicarse que tales detenciones obedecen a actividades que atentan contra la seguridad y la soberanía de Venezuela, como espionaje, conspiración o injerencia directa en asuntos internos. Al exigir detalles como nombres y posiciones de funcionarios venezolanos, así como un análisis de las motivaciones detrás de estas acciones, la ley busca reforzar una narrativa hostil que ignora el derecho legítimo de Venezuela a proteger su orden interno frente a amenazas externas.

Estas cláusulas permiten al Congreso supervisar e influir en negociaciones futuras vinculadas con los canjes de ciudadanos detenidos en ambos países.

En definitiva, estas leyes no representan un cambio significativo en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, sino la continuidad de una dinámica en la que el país es considerado un "adversario extranjero", junto a países como China, Rusia e Irán, pretexto suficiente para incluirlo rutinariamente en asignaciones presupuestarias y directrices de seguridad a los fines de mantener la agenda de presión política y diplomática sobre el gobierno venezolano.

Proyectos ilegales extraterritoriales

De acuerdo al repaso de los proyectos legislativos orientados hacia asuntos políticos internacionales, se revela un patrón claro de intervención mediante el uso de instrumentos legales extraterritoriales.

Estos proyectos, que representan el 38% del total identificado en la revisión temática, muestran un enfoque consistente en el diseño de marcos normativos que buscan consolidar la política de sanciones y aislamiento contra Venezuela, con implicaciones que van más allá de las fronteras nacionales de los Estados Unidos.

En cambio, el sector energético no representó un porcentaje significativo, con solo 8 proyectos de ley relacionados. Esto se explica porque el enfoque legislativo no necesita centrarse exclusivamente en el ámbito energético cuando ya existe un sistema de coerción financiera bien establecido que cubre las necesidades estratégicas de Washington para sancionar a Estados.

Es decir, este sistema permite que Estados Unidos opere con flexibilidad para restringir recursos clave, como los ingresos petroleros de Venezuela, a través de mecanismos financieros más amplios que afectan todo el espectro de operaciones económicas, minimizando así la necesidad de legislar directamente sobre la energía.

Ahora bien, las iniciativas más destacadas dentro de ese segmento de “asuntos internacionales”, aún sin promulgar, se encuentran las tituladas “Ley VERDAD” (Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo de Venezuela), “Ley VALOR” (Ley para el Avance de la Libertad, las Oportunidades y los Derechos en Venezuela) y la “Ley BOLÍVAR” (Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano), cuyo denominador común es proteger las Órdenes Ejecutivas vinculadas a sanciones ilícitas contra Venezuela.

Estas normativas no se limitan a sancionar al Estado venezolano de manera directa, sino que amplían su alcance hacia terceros países que mantengan relaciones comerciales con Venezuela o que actúen como intermediarios para evadir las medidas de presión. Este aspecto introduce, precisamente, la dimensión extraterritorial que busca disuadir a actores internacionales de colaborar con Venezuela, bajo la amenaza de enfrentar consecuencias legales y económicas en Estados Unidos.

En esencia, estos instrumentos pretenden evitar que tales proclamaciones puedan ser revocadas de manera unilateral por el presidente de turno. Al convertir su modificación o eliminación en un procedimiento exclusivamente legislativo, estas leyes limitan la flexibilidad del Ejecutivo y, al mismo tiempo, prolongan los efectos de las sanciones ilegales, incluso en escenarios de posibles cambios de administración o de enfoque político en Washington.

El blindaje legislativo representa una sofisticación del uso de las medidas de asfixia económica como herramienta de política exterior, consolidando un enfoque que combina presión económica y aislamiento diplomático.

Dentro de este marco temático, también se encuentra el proyecto "STOP MADURO Act" (Ley para Garantizar Oportunidades Oportunas de Pago y Maximizar las Recompensas por Detener a Funcionarios de Regímenes Ilegales) que, establece elevar la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro Moros, fijando una suma de 100 millones de dólares.

En última instancia, este conjunto de proyectos refleja un enfoque coordinado y escalonado que combina elementos de presión económica y persecución judicial ampliando la esfera de la intervención estadounidense a través de medidas extraterritoriales.

Marco Rubio: arquitecto de las sanciones ilegales

Desde el Senado, Marco Rubio, republicano de Florida y próximo secretario de Estado en la administración Trump, ha desempeñado un rol clave en los proyectos legislativos relacionados con Venezuela durante el 118º Congreso.

De los 21 proyectos que patrocinó, varios abordan medidas que, aunque indirectamente, incluyen a Venezuela dentro de una narrativa más amplia de confrontación con actores considerados adversarios estratégicos de Estados Unidos, como China, Rusia e Irán.

Rubio, conocido por su papel en la configuración de la política de sanciones hacia Venezuela, ha destacado dentro de los proyectos que promovió, tres iniciativas legislativas que reflejan su intención de consolidar y ampliar las herramientas de coerción financiera contra el Estado venezolano.

Lejos de limitarse a reforzar las restricciones existentes, estas iniciativas apuntan a dotarlas de un marco legal más sólido, dificultando aún más cualquier intento de flexibilización o de avance en negociaciones bilaterales.

La Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela de 2023 representa una renovación de la Ley 2014, y ampliación de las sanciones ya vigentes, este marco sancionatorio incluye restricciones contra la cooperación militar con Rusia, el acceso a sistemas financieros internacionales y la capacidad de adquirir armamento, perpetuando el cerco que ha caracterizado la política estadounidense hacia Venezuela.

Por otro lado, la propuesta conocida como "SEPAM Act" (Ley de Prevención y Mitigación de la Evasión de Sanciones) amplía el alcance de las medidas de presión al incluir en su radar a sistemas financieros alternativos desarrollados por países como China, Rusia e Irán, que han buscado reducir su dependencia de la infraestructura financiera dominada por Estados Unidos.

Este proyecto de ley establece severas medidas contra instituciones que operen con plataformas como el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS) chino, el Sistema de Mensajes Financieros de Transferencia (SPFS) ruso y el Sistema de Mensajería Electrónica de Pagos iraní.

Al impulsar accciones ilegales como la congelación de activos, la prohibición de cuentas corresponsales y la revocación de visas a los ejecutivos de estas instituciones, la ley busca bloquear cualquier esfuerzo de Venezuela y otros países sancionados por encontrar canales financieros alternativos.

Aunque se plantean excepciones limitadas para actividades de inteligencia o compromisos internacionales, el objetivo central de esta legislación es asegurarse de que las sanciones ilegales sean globalmente inquebrantables y efectivas.

Esto no solo limita la capacidad del presidente para usar las sanciones como herramienta de negociación, sino que también hace que cualquier cambio en la política hacia Venezuela requiera la aprobación legislativa, un proceso que, resulta complejo y poco probable en el corto plazo.

Otro proyecto promovido por Rubio fue la "Western Hemisphere Security Strategy Act of 2023"que refleja su visión geopolítica para América Latina y el Caribe, estructurada bajo una estrategia hemisférica que busca reafirmar la influencia de Estados Unidos y contrarrestar la presencia de potencias como China, Rusia e Irán.

Entre sus herramientas, destaca la provisión de financiamiento, asistencia técnica y capacitación militar para aumentar las capacidades de los países socios y, a la vez, restringir inversiones extranjeras provenientes de las naciones adversarias a Estados Unidos.

En resumen, este proyecto muestra una aproximación del enfoque que Rubio podría adoptar como futuro secretario de Estado: fortalecer alianzas regionales mediante presión política y económica, mientras intensifica las sanciones como herramienta para intentar aislar a Venezuela y marginar a actores externos que mantengan relaciones estratégicas con el país. Esta postura busca no solo reforzar la hegemonía estadounidense en la región, sino también debilitar cualquier intento de integración multipolar que desafíe su influencia en el continente.

Este balance no solo revela las prioridades de la política exterior estadounidense hacia Venezuela, que se enmarca en medidas coercitivas, sino que también traza un posible escenario para el Congreso entrante en 2025.

La próxima administración estadounidense enfrentará un entorno normativo diseñado para perpetuar estas políticas, limitando las opciones para cualquier cambio significativo en la relación bilateral. 

Este marco también representa un intento por mitigar la creciente influencia de actores que se han aglutinado en contra de las sanciones, como se destacó previamente en en esta tribuna con el artículo "El camino para recrudecer las sanciones está lleno de obstáculos". Sin embargo, el camino para intensificar las medidas coercitivas no está exento de desafíos. Estos movimientos no solo buscan consolidar la línea dura en la política exterior hacia Venezuela, sino también presionar para que Trump adopte una agenda alineada con los intereses más agresivos en materia de cerco económico y financiero, alejándose de su naturaleza negociadora, propia de su experiencia y amplia trayectoria como empresario.