Estados Unidos volvió a robar un avión venezolano, el Dassault Falcon 900EX con placa T7-ESPRT, esta vez en República Dominicana. 

La operación, liderada por el Departamento de Justicia, en su comunicado sobre el suceso informa que la aeronave fue trasladada al Distrito Sur del estado de Florida, a la ciudad de Fort Lauderdale.

El Departamento de Comercio y el Departamento de Seguridad Nacional también estuvieron involucrados en la investigación y las acciones de incautación ilegal del vehículo.

La entidad judicial estadounidense alega que, por petición de Estados Unidos a República Dominicana, la incautación se basó en "las violaciones de los controles de exportación estadounidenses y las leyes sancionatorias".

Este es el segundo caso de confiscación ilegal de aeronaves venezolanas durante el presente año, tras el robo del Boeing 747-300M, propiedad de la empresa venezolana Emtrasur, con el apoyo del gobierno argentino el pasado 12 de febrero, que concluyó un largo proceso de secuestro de dos años del activo venezolano.

Respecto al Dassault Falcon 900EX, Estados Unidos argumenta que la acción está amparada por la Orden Ejecutiva 13 884, emitida por el entonces presidente Donald Trump en 2019, que "prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con personas que hayan actuado o pretendan actuar directa o indirectamente para o en nombre del gobierno de Venezuela, incluso como miembros del régimen de Maduro".

El avión, de acuerdo con el Departamento de Justicia, fue comprado por el Estado venezolano a través de una compañía en un tercer país, siendo aquel de origen estadounidense. Según el reporte de AP, el "tercer país" sería San Vicente y las Granadinas —cuyo gobierno es aliado de Venezuela en el Caribe—.

A su vez, dice el comunicado, "el Departamento de Comercio también ha impuesto controles de exportación para artículos destinados, total o parcialmente, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano". Según la entidad judicial, la aeronave "ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países".

Además, y no es un dato menor, el Departamento de Justicia imputó con presuntos y falsos cargos al primer mandatario venezolano en marzo de 2020, origen de una siniestra orden de captura en su contra.

Se trata de otra maniobra que apunta directamente al presidente Nicolás Maduro, bajo un contexto de desconocimiento de las instituciones venezolanas tras su triunfo electoral el 28J.

Si bien el robo del avión es un hecho material, opera en el costado perceptivo en un momento cuando el proceso de cambio de régimen del sector que representa María Corina Machado se encuentra en una fase de poca atención en el plano internacional.

De esta manera, Estados Unidos pareciera utilizar el recurso de las sanciones ilegales para llevar a cabo acciones que refloten la agenda de golpe. 

Pero además, el hecho presenta matices extras de criminalidad ya que Estados Unidos mantiene el objetivo esencial de las sanciones contra Venezuela: la presión por el desgaste continuo en torno a la persecución de los bienes estatales en el extranjero.

Proceso que había tenido una fase agresiva previa a 2024 y que Washington retoma específicamente con un bien que se encontraba en el extranjero, en territorio cooptado políticamente por la influencia estadounidense, oportunidad única para ejecutar la confiscación ilegal bajo el pretexto del programa de sanciones, tras haber gastado la mayoría de sus municiones en el bloqueo económico, financiero y comercial durante más de un lustro, iniciativa liderada por el Departamento del Tesoro durante la era Trump.

Sin embargo, el artículo de Bloomberg publicado el lunes 2 de septiembre da cuenta de que el gobierno de Joe Biden anunciará la imposición de sanciones individuales sobre 15 "funcionarios afiliados a Maduro que, según afirma, 'obstruyeron la celebración de elecciones presidenciales libres y justas', de acuerdo con documentos vistos por Bloomberg". Se espera que la medida ocurra esta semana. Doble jugada: el robo del avión y la imposición de sanciones individuales como medida efectista en el contexto post-28J.

Por otro lado, tal sustracción criminal del avión podría ser un precedente inmediato del tipo de decisiones que podría tomar el gobierno estadounidense sobre Venezuela.

En efecto, este robo significa el primer paso de gran calado post-28J de las autoridades estadounidenses contra el Estado venezolano en general, y el presidente Nicolás Maduro en particular.

Otro capítulo de política criminal

En julio pasado, en el marco de las elecciones presidenciales, el gobierno de Venezuela suspendió los vuelos comerciales a República Dominicana, así como ordenó retirar a su embajador, junto con los de otros seis países, "ante las injerencistas acciones y declaraciones (…) tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima".

Una resolución de soberanía que tuvo su réplica en la aquiescencia del gobierno dominicano para concretar el robo del Dassault Falcon 900EX.

Ante el suceso, la Cancillería venezolana emitió un comunicado con el que califica de "piratería" la operación de Estados Unidos, cuyo gobierno "ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal impone alrededor del mundo".

El texto oficial asimismo caracteriza la maniobra como "un ejemplo del supuesto 'orden basado en reglas', el cual, despreciando el Derecho Internacional, pretende establecer la ley del más fuerte, crear normas que se ajusten a sus intereses y ejecutarlas con total impunidad".

Las medidas coercitivas unilaterales como "política criminal" —palabras de la Cancillería— continúan operando sin restricciones a pesar de la narrativa que considera el régimen de licencias emitidas por el Departamento del Tesoro como un alivio o levantamiento de sanciones, cuando se trata realmente de una gestión particular de estas ante las necesidades energéticas y geopolíticas de Estados Unidos.

A esto se debe añadir el hecho de que, por la presión sobre República Dominicana, Estados Unidos se interpone y mina las relaciones de Venezuela con otros países de la región. Un propósito que ha intentado replicar con otros gobiernos como el de Lula da Silva y el de Gustavo Petro.

La nación insular fue signataria del acuerdo de Petrocaribe en 2005, sin embargo, según las tensiones de Venezuela con Estados Unidos, el gobierno dominicano de turno se ha inclinado por las resoluciones de la nación norteamericana: por ejemplo, en 2018 Santo Domingo desconoció los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Maduro, seguido de la suspensión de las relaciones diplomáticas. De manera que existe un precedente inmediato de lo ocurrido luego del 28J.

Ahora, con el acto de piratería de otro bien venezolano, se escribe un nuevo capítulo en la saga de sanciones contra Venezuela, tensionando en escalada y hasta el límite las relaciones con República Dominicana y, por lo tanto, con Estados Unidos.