Estados Unidos revocó una licencia general (la número 43) concedida a la empresa estatal de oro de Venezuela, Minerven, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años. La licencia fue emitida en octubre de 2023 junto a otras otorgadas a las industrias petrolera y gasífera en el marco de las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición en Barbados.

Las operaciones autorizadas en la licencia a Minerven deben ser liquidadas antes del 13 de febrero, dice el documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro estadounidense.

Asimismo, en comunicado oficial, el Departamento de Estado estadounidense asegura que no se renovará la licencia general 44 a la industria petrolera y gasífera cuando expire el 18 de abril de 2024. Las sanciones a estas industrias se impusieron en 2019 durante la campaña de "máxima presión" de la administración de Donald Trump.

Dice Bloomberg que fuentes anónimas afirmaron que también el gobierno de Joe Biden está considerando medidas adicionales contra Venezuela. El vocero del Departamento de Estado refirió que el alivio para los sectores de petróleo y gas está condicionado por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Barbados.

Según el director de Petroguía, Andrés Rojas Jiménez, las licencias más importantes tienen que ver con la actividad petrolera y gasífera. Entrevistado en Unión Radio, dijo que dicha licencia a Minerven "permitía la formalización y organización paulatina de las operaciones asociadas al sector aurífero", que a su criterio estaba permeado por irregularidades.

En esto coincide José Ignacio Hernández, funcionario durante el fallecido gobierno fake de Juan Guaidó, quien señaló que esta revocación de la licencia al oro tiene un impacto pequeño, pero pudiera constituir una puerta de entrada a la revisión de las otras licencias. "Es más una cuestión de imagen", apuntó.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro declaró que ya el TSJ tomó su decisión basándose en el respeto a la Constitución y las leyes venezolanas, por lo que los casos no admitidos —el de Henrique Capriles Radonski y María Corina Machado, vinculados a delitos graves contra la nación— no pueden condicionar el avance y cumplimiento de los Acuerdos de Barbados. "Aquí ningún apellido está por encima de las leyes. Esto —las habilitaciones— ya es cosa juzgada y decisión definitivamente firme", dijo el Presidente durante su programa Con Maduro+.

El economista Asdrúbal Oliveros, citando un análisis de la consultora Eurasia Group, que escribe sobre geotecnología, energía y mercados emergentes, comentó que la posición de Biden apunta a mantener la flexibilidad de las sanciones y seguir negociando debido en parte a las preocupaciones migratorias en un año electoral.

Señala también que la insistencia de María Corina Machado en autoimponerse como candidata única complicará el consenso dentro de las oposiciones sobre su candidato y una estrategia alternativa que Estados Unidos pueda apoyar: "Ello apunta a un restablecimiento, al menos parcial, de las sanciones estadounidenses en los próximos meses, junto con una posibilidad significativa de que la oposición se divida en torno a la estrategia electoral".

Ni chantaje, ni manipulaciones

La delegación del Gobierno Bolivariano ha manifestado que, tras el pronunciamiento del TSJ sobre las inhabilitaciones, el siguiente paso es la conformación de la comisión de verificación contemplada en los Acuerdos de Barbados y la discusión de una propuesta de cronograma electoral que pueda presentarse al poder electoral a fin de que se fije la fecha de las elecciones que, según el jefe negociador, Jorge Rodríguez, "llueve, truene o relampaguee" serán este año 2024.

Los Acuerdos de Barbados contemplan el respeto al Estado venezolano y sus instituciones; pretender condicionar un proceso comicial como el de 2024 a las exigencias de habilitación de un candidato o candidata en específico, no solo representa una violación al texto constitucional sino que constituye un acto de desacato a una descisión del máximo tribunal del país, acción que por cierto es reiterada en esos sectores que hoy reniegan los acuerdos negociados.

Pero se hace abiertamente manifiesto el chantaje que el gobierno de Joe Biden pretende imponer al Estado venezolano al condicionar las licencias otorgadas en octubre de 2023 a la habilitación de ciertos actores. Queda en evidencia la coincidencia de intereses entre estos actores que siguen apostando por los atajos del desconocimiento de la institucionalidad venezolana.

Lo cierto es que el inicio de 2024 abre con un escenario político de alto voltaje, donde el Estado venezolano sigue demandando el respeto a su institucionalidad y denunciando que no aceptará ningún chantaje que pretenda desconocer la Constitución nacional. Así lo manifestó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien en un juego de ajedrez manifestó que, de concretarse las amenazas, Venezuela pondría a revisión cualquier mecanismo de cooperación, sobre todo en temas migratorios, que mantiene con los Estados Unidos.

De este modo, estos dos meses que restan del "plazo" dado por la Casa Blanca serán determinantes para el sector de la oposición que apoya a Machado, el cual se debatirá, por un lado, en seguir participando en un proceso de negociación sobre la realización de elecciones que continuará independientemente de sus contradicciones internas, o por el otro, en volver a la táctica abstencionista apadrinada por quienes siguen apostando a la presión de las sanciones económicas.