La filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Citgo Petroleum, se encuentra desde hace varios años en el centro de una encarnizada batalla legal en los tribunales de Estados Unidos. Una que ahora no parece tener espacio para una salida favorable a los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro país ha estado librando esta lucha para evitar el embargo de las tres refinerías de la empresa ubicadas en Louisiana, Texas e Illinois, así como su vasta red de oleoductos que atraviesa 23 estados norteamericanos.

En 2019 Citgo fue secuestrada por el gobierno de Estados Unidos como parte de las sanciones impuestas contra Venezuela. Desde entonces, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha estado renovando continuamente una licencia que bloquea a los acreedores de incautar los activos de Citgo, más recientemente hasta octubre de 2023.

El Tribunal de Delaware, a cargo del juez Leonard Stark, ha ordenado llevar a cabo una subasta de acciones en la matriz de Citgo con el objetivo de satisfacer reclamaciones por más de 23 mil millones de dólares que acreedores tienen contra Venezuela y PDVSA. Aunque todavía no se ha aprobado un procedimiento y un cronograma de ventas, la subasta podría comenzar tan pronto como expire la licencia de la OFAC.

Según Reuters, en una audiencia en Delaware se han valorado las refinerías de Citgo Petroleum en un rango entre 32 y 40 mil millones de dólares.

En otros momentos hemos analizado cómo la responsabilidad ante la probable pérdida de este importante activo venezolano recae en las acciones de grupos de oposición venezolana, en coordinación con el gobierno estadounidense, para beneficio de las empresas transnacionales que quieren apoderarse de Citgo. A eso tendríamos que sumar los argumentos que recientemente presentó en un artículo el economista de oposición Francisco Rodríguez, los cuales confirman esa aseveración.

El texto, en principio, explica cuáles fueron los obstáculos que impidieron que Venezuela pagara su deuda externa a los acreedores y por qué ellos no podían justificar la toma de control de Citgo como compensación.

En primer lugar, se menciona que los países en impago rara vez pierden el control sobre sus activos externos debido a salvaguardas legales que dificultan que los acreedores embarguen esos activos. En lugar de eso, cuando los gobiernos no pueden pagar sus deudas, generalmente llegan a un acuerdo de reestructuración con los beneficiarios para reducir la carga de la deuda a un nivel sostenible. La mayoría de los acreedores prefieren esto en lugar de involucrarse en costosos y complicados litigios.

Sin embargo, en el caso de Venezuela, estos no pudieron sentarse a negociar un acuerdo de reestructuración con el gobierno venezolano debido a la orden ejecutiva que Estados Unidos emitió, en agosto de 2017, que les prohibía hacerlo. Luego, en enero de 2019, Estados Unidos secuestró el control de los activos de Venezuela en el extranjero y se los entregó a la oposición venezolana bajo la figura del falso gobierno de Juan Guaidó. Esto significó más trabas para que el país pudiera llegar a acuerdos con sus solicitantes.

Lo expuesto, a pesar de constituir un escenario altamente desfavorable para hallar una solución, aun no proporcionaba fundamentos a los demandantes para buscar el embargo de Citgo. De la deuda externa total de Venezuela, solo una fracción mínima (3,4 mil millones de dólares) estaba asociada con instrumentos financieros que conferían a los acreedores un derecho legal sólido para apropiarse de las acciones de Citgo, según indica Rodríguez.

Citgo es propiedad de un conglomerado que pertenece a PDVSA, una entidad jurídica propia y separada del gobierno de Venezuela. Esto implica que sus activos y pasivos no pueden ser perseguidos para saldar las deudas del gobierno venezolano. Esta cuestión clave desestimaba la interpretación de que ser acreedor de la deuda no garantizada de Venezuela otorgaba derechos sobre Citgo.

Las corporaciones transnacionales detrás de Citgo presentaron ante los tribunales el argumento del "alter ego", el cual fue elaborado con la ayuda del abogado José Ignacio Hernández, posteriormente designado por Guaidó como "procurador especial" encargado de defender los intereses de la filial venezolana.

El concepto del "alter ego" resultó efectivo únicamente cuando la gestión de Citgo fue transferida al control de la oposición venezolana. El juez Leonard Stark emitió un juicio detallado en el que enumeró una serie de acciones ejecutadas por el ficticio gobierno de Guaidó, evidenciando su utilización de los activos de Citgo con el fin de financiar sus objetivos y evadir las obligaciones legales de PDVSA.

"El gobierno de Guaidó ha accedido a los activos de las subsidiarias estadounidenses de PDVSA en los Estados Unidos y los ha utilizado para financiarse, evitando cualquier derecho que PDVSA pueda haber tenido sobre los dividendos corporativos. El gobierno de Guaidó también ha utilizado los activos de PDVSA para financiar la defensa legal de Venezuela (…) PDVSA ha comenzado, solo para luego detenerse, a pagar sus deudas en la dirección de Venezuela. El presidente Guaidó [sic] anunció que tiene la intención de tratar las deudas de Venezuela y las deudas de PDVSA de la misma manera en una eventual reestructuración de la deuda".

La última afirmación se corrobora con un comunicado del grupo de Guaidó, emitido en julio de 2019, que reúne una serie de lineamientos para la renegociación de la deuda externa venezolana. El documento dice que no se dará un trato diferenciado a los créditos denominados en moneda extranjera en función de su origen, naturaleza o domicilio del titular del crédito, ni tampoco en función de la identidad del deudor del sector público.

Esto implicó que el falso gobierno estuviese diciendo públicamente que se comprometía a remunerar a los poseedores de bonos de PDVSA en idénticas condiciones que a los poseedores de bonos emitidos por el gobierno central de Venezuela, sin tomar en consideración a su junta directiva en esta decisión financiera. Tales acciones sirvieron de sustento al señalamiento de que PDVSA estaba siendo tratada como un mero instrumento o entidad subordinada, en lugar de ser considerada una entidad empresarial autónoma.

Con la aceptación del argumento del "alter ego" por parte de la Corte de Delaware, la cantidad de activos de Citgo a los cuales los acreedores tenían un legítimo derecho legal para exigir como parte del pago de la deuda aumentó de forma drástica, pasando de una cifra insignificante a una suma astronómica, incrementándose de 3 mil 400 millones de dólares a 23 mil 600 millones de dólares en tan solo cuatro años. 

Por lo tanto, la emisión de un adicional de 19 mil millones de dólares en órdenes de embargo sobre las acciones de Citgo se origina en la decisión del "alter ego", la cual a su vez se justifica en las actuaciones efectuadas por la oposición venezolana, que previamente tenía el control sobre la filial de PDVSA. Estos hechos, considerando la naturaleza de quienes los ejecutaron y los intereses que representan, no pueden ser interpretados como simples errores o incompetencia, sino que formaron parte de los planes dirigidos desde Washington con el objetivo de dejar a Citgo a merced de la rapiña corporativa.