En Venezuela las organizaciones no gubernamentales (ONG) han tenido un papel estelar en la escena político-mediática desde, al menos, la primera década del siglo XXI, si bien el auge de financiación de dichas instituciones comenzó a finales de la centuria anterior como acompañamiento de las prácticas neoliberales implementadas por los gobiernos anteriores a la Revolución Bolivariana.

A medida en que el Estado venezolano en las décadas de 1980 y, sobre todo, de 1990, abandonaba su papel tradicional en ciertos sectores económicos y sociales, las ONG tomaban su lugar como operadoras, convirtiéndose en árbitros, intérpretes y facilitadores entre los entes gubernamentales y la población.

De esta manera comenzaron a participar en la sociedad venezolana fungiendo de dispositivo neoliberal, seno en el que tomaban cada vez mayor protagonismo ante la ausencia estatal, e institucionalizaban las organizaciones populares mediante el vaciamiento de su contenido político y la erosión de la participación ciudadana, proponiendo en su lugar la privatización de los bienes y servicios públicos hacia un modelo de consumismo que traía consigo su documento de barbarie. Se implementaba el régimen neoliberal en el país.

A escala global, las grandes ONG han trabajado conjuntamente con corporaciones —bajo el cariz de la "responsabilidad social" y la filantropía— en las áreas de la política, la economía, los asuntos sociales, el ambiente, entre otros, lo que ha llenado las arcas de aquellas entidades y ha elevado su perfil hasta lograr, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz a Médicos Sin Fronteras en 1999. En adelante, dichas organizaciones han gozado de un aura "apolítico" y han sido aceptadas como sustituto estatal en las sociedades donde prevalece el dogma neoliberal en materia y espíritu.

El caso venezolano contempla un matiz adicional: el carácter "apolítico" y socialmente benefactor de muchas ONG, reforzado narrativamente por medios de comunicación privados e instituciones multilaterales del orden liberal —como la ONU o la OEA—, toma una posición beligerante en política y gestión partidista, y se ha tornado en recursos asimétricos de la guerra híbrida contra la población y el Estado.

Estados Unidos ha expandido sus canales organizativos, logísticos y financieros en materia de política exterior a través de la Usaid y la NED hasta otras sociedades, llevando la batuta de incontables ONG. Venezuela es un repositorio de estos esquemas con conexiones directas e indirectas a la financiación estadounidense o de otras entidades relacionadas políticamente.

Así, es fundamental entender que los dispositivos logísticos y financieros de las ONG asociadas a partidos y dirigentes opositores de la Plataforma Unitaria Democrática —y sus socios políticos— son fundamentales en un posible escenario postelectoral, tras los comicios presidenciales del 28 de julio próximo, donde prime el caos y la violencia con fines desestabilizadores de la institucionalidad nacional y de la sociedad en su conjunto por motivos destituyentes.

Además de la trama política que caracteriza el presente venezolano, con las elecciones, las giras a lo largo del país de María Corina Machado —ella misma una activista oenegera en sus comienzos políticos— y la prédica de "la transición" bien posicionadas en el espectro mediático-digital, el flujo en ascenso de recursos hacia ONG desde Estados Unidos y los intentos de la Casa Blanca por perturbar e influir en la actividad económica nacional en recuperación a través de la emisión —o no— de licencias OFAC —manteniendo el régimen de sanciones ilegales contra la república—, son elementos que, acumulados y bien manipulados, podrían generar un fabricado hecho desencadenante de jornadas caracterizadas por la violencia política.

Un marco de regulación y fiscalización

De esta manera, la segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN) del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines ha tenido un protagonismo singular en la agenda política.

Los reclamos y denuncias de coerción a los derechos humanos por parte de las ONG más abiertamente antichavistas y ligadas a los sectores más beligerantes de la oposición a raíz de la proposición legislativa a favor de la transparencia y la formalidad institucional son signos de que dichas entidades no pretenden rendir cuentas de su financiamiento —mucho menos sus objetivos— ni considerar un margen de actuación regulado.

Se trata de un mecanismo legislativo con el que muchos países de Occidente ya cuentan, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea (UE), de donde también han surgido protestas por el proyecto de ley en discusión en el hemiciclo. Lo que requiere el Estado venezolano es transparencia de estas personas no gubernamentales, no coartar sus actividades.

• Actualmente, la AN ha aprobado nueve artículos mientras sigue la discusión en torno al resto del articulado.

La futura regulación de la actividad de las ONG en Venezuela se debe tanto a la experiencia en la historia reciente, por el papel político, corrupto y desestabilizador que muchas de estas han tomado, como a la necesidad de generarles un marco de fiscalización propicio.

A propósito de esto último, el primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Julio García Zerpa (PSUV), uno de los promotores de la ley, comentó que más de 80% de las ONG "ni siquiera tiene personalidad jurídica, que es parte de lo que se legisla en esta norma, no existen ante el registro, en este caso el Saren, pero reciben grandes cantidades de millones de dólares. ¡Son un chalequito, una gorra, un lema, una página web y reciben importantes cantidades de millones de dólares!".

También indicó que la Fundación Simón Bolívar de la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, Citgo Petroleum, creada durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y que siguió funcionando con la administración del presidente Nicolás Maduro hasta 2019, ahora robada por Washington, D.C. y administrada indiscriminadamente por personas afiliadas o asociadas con Voluntad Popular —la vertiente López-Guaidó—, ha perdido su naturaleza original —atender intervenciones quirúrgicas de pacientes infantiles y adolescentes con enfermedades graves— y se ha dedicado a repartir dinero a una organización llamada Convite, "que, de acuerdo con el diputado García Zerpa, recibe financiamiento cuyos fondos son manejados ilegalmente por estas instituciones".

Asociación Civil Convite fue creada en 2006 y trabaja mediante varios proyectos en los sectores de salud —monitoreo e información—, activismo juvenil y comunitario y "acción humanitaria". La mayoría de sus proyectos tiene fecha de origen en 2020, un año luego de que Estados Unidos impusiera a su guiñol Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela y le cediera el poder de Citgo.

Pero Convite tiene otra conexión directa con instituciones estadounidenses: Luis Francisco Cabezas, su director, es miembro de la Fundación Ford, entidad cuyas actividades en América Latina y otras partes del mundo tuvo un papel importante en la Guerra Fría Cultural de la CIA, lazo bien documentado por la investigadora británica Frances Stonor Saunders. El sociólogo estadounidense James Petras también escribió al respecto: "Los lazos entre los principales funcionarios de la Fundación Ford y del gobierno de EE.UU. son explícitos y continuos. Una revisión de los proyectos recientemente financiados por la Fundación Ford revela que nunca ha financiado un proyecto de importancia que contravenga la política de EE.UU.".

Para la estabilidad política y social de Venezuela es importante que se conozcan y reconozcan las conexiones existentes entre los actores que inciden directamente en el escenario venezolano, pero sobre todo las que están veladas por un manto de opacidad. El proyecto de ley apunta a la necesidad de que la regulación y la fiscalización de las ONG cumpla con los mecanismos para que sus actividades pueden desarrollarse de manera normal en todo el territorio nacional, sin pretensiones partidistas ni conspirativas.

El mismo propósito tiene el parlamento de Georgia, país euroasiático cuya vida política y social se encuentra inmersa en un caos impulsado por la OTAN, que busca hacer transparente los instrumentos financieros y logísticos de las ONG. Las protestas han escalado a nivel de golpe blando, siguiendo el mismo y manido guion, contra la implementación de la ley "Sobre la Transparencia de la Financiación Extranjera".

Desde instancias estadounidenses y europeas dicha ley perjudica el camino de Georgia hacia la UE, mientras las entidades y personas locales que reciben financiamiento extranjero se organizan para desobedecer la orden legislativa y tomar las calles en busca de un posible escenario de desestabilización a favor de un cambio de régimen. Los legisladores del partido Sueño Georgiano, bancada promotora de la ley, afirmaron el año pasado que la UE está financiando la polarización —antirrusa— en Georgia y que este proyecto de ley resolvería ese problema.

De otro modo, en Venezuela, un escenario de polarización extrema con condimentos de violencia y desestabilización social tras las elecciones presidenciales de julio —"la transición" en marcha operativa— es una posibilidad que las ONG socias de los sectores más pendencieros de la oposición venezolana contribuyan como recursos asimétricos mientras no haya una solución oficial a su regulación y fiscalización.