El exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, relacionado con actividades conspirativas, fue secuestrado el pasado miércoles 21 de febrero en Santiago de Chile y su cuerpo sin vida fue encontrado el 1 de marzo. Según medios chilenos, murió por asfixia mecánica posicional y la fecha de su deceso coincide con la del secuestro.

El secuestro tuvo lugar en la comuna de Independencia durante la madrugada, según informó el subsecretario de Interior de Chile, Manuel Monsalve, en el momento del hecho. Ojeda Moreno habría sido engañado por individuos que se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quienes lo llevaron de su casa por la fuerza.

El funcionario manifestó que era prematuro sacar conclusiones sobre los motivos del secuestro y que se estaban evaluando varias hipótesis al respecto. Ante esta situación, el gobierno chileno pidió refuerzos en los controles fronterizos y emitió una alerta a Interpol.

No obstante, la prensa internacional se ha precipitado a especular con teorías que señalan al gobierno de Venezuela como responsable del crimen, relacionándolo con la organización delictiva El Tren de Aragua. Destacan acusaciones como la del terrorista Iván Simonovis, quien afirmó que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) llevaron a cabo una "operación ilegal" en la que se hicieron pasar por funcionarios migratorios chilenos y lo secuestraron.

Ojeda fue arrestado por las autoridades venezolanas en abril de 2017, acusado de participar en actividades conspirativas y planificación de acciones terroristas junto a otros militares. Los delitos por los que fue imputado incluyeron rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria. Durante un traslado a la prisión de Ramo Verde en noviembre de 2017, logró fugarse.

En 2019 Ojeda fue degradado y expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) junto a otros 24 oficiales, y se escapó de la justicia yéndose a Chile. En noviembre de 2022 ganó notoriedad al protestar frente al Palacio de la Moneda en la capital del país, donde exigía la liberación de "presos políticos" y rechazaba el diálogo entre el gobierno y la oposición. En 2023 Chile le otorgó la condición de asilado político.

Investigaciones del Ministerio Público venezolano determinaron que Ojeda participó en la conspiración conocida como Operación Brazalete Blanco, la cual tenía como objetivo atacar instalaciones militares en Venezuela, así como asesinar al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y al presidente Nicolás Maduro.

Negocios turbios desde Estados Unidos 

Las indagaciones sobre el crimen han revelado detalles inusuales relacionados con los manejos financieros de Ronald Ojeda, lo que ha suscitado especulaciones sobre sus actividades en el país austral.

El militar venezolano residía en una lujosa urbanización en expansión en Chile, con exclusivos departamentos que ofrecen servicios como piscina, sala de eventos, gimnasio y lavandería, cuyos inmuebles alcanzan un valor de hasta 130 mil dólares.

Durante la investigación se descubrió un notable flujo de dólares provenientes de Estados Unidos en las finanzas de Ojeda. La policía chilena ha destacado que el también exmilitar Anyelo Heredia Gervacio, implicado en la Operación Brazalete Blanco, le había enviado entre 100 mil y 200 mil dólares en diversas ocasiones, llegando incluso a enviarle 1 millón de dólares en un único movimiento.

Ojeda recibía estas transferencias en cuentas bancarias en Chile, y parte de los fondos eran enviados a un amigo apodado "Fefo", quien se encargaba de distribuir el dinero en Caracas.

Además, las autoridades locales están investigando el envío de remesas en efectivo y criptomonedas, así como la participación de la hermana de Ojeda en solicitudes de créditos para negocios.

Lo que revelan las investigaciones 

Las características atípicas del secuestro y asesinato de Ojeda apuntan a una posible eliminación para evitar que filtrara información crítica sobre la Operación Brazalete Blanco y sus implicados. Así lo indica el medio digital La Tabla con datos recopilados de la investigación sobre las hipótesis del móvil del crimen.

Primero hay que estimar que hubo un gran despliegue logístico para su captura. El secuestro, que se llevó a cabo en su domicilio, contó con la participación de al menos diez individuos uniformados y vehículos para el traslado. Después está el hecho de que en la residencia también se encontraban su esposa y su hijo, los cuales no recibieron ningún daño.

Al secuestro no le siguió ninguna exigencia de rescate y el asesinato no se produjo en el mismo lugar. Fue extraído del sitio y llevado a otro donde antes de ser ultimado fue objeto de torturas —las marcas de descargas eléctricas, golpes y asfixia mecánica hallados en su cuerpo así lo indican—.

Las autoridades policiales chilenas han identificado a Walter de Jesús Rodríguez Pérez, venezolano de 29 años, como el principal sospechoso en el caso de secuestro y asesinato del exmilitar. Este individuo tiene un historial delictivo tanto en Venezuela como en Chile.

En Venezuela, Rodríguez Pérez fue arrestado por robo en febrero de 2018 en Aragua. En Chile, se le han imputado tres cargos: agresión a un guardia de seguridad en junio de 2020, secuestro exprés con el uso de un arma de fuego en junio de 2022 y secuestro seguido de asesinato en abril de 2023.

Según registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) consultados por La Tabla, el criminal trabajó en la oficina de gerencia de la gobernación de Aragua durante la gestión de Tareck El Aissami.

El contexto donde se desarrollan los hechos detrás del secuestro y el posterior asesinato permiten desmontar la narrativa que pretende vincular los organismos de seguridad del Estado venezolano como autores del mismo. Ante planes conspirativos, para las autoridades venezolanas ha sido indispensable profundizar en las investigaciones interpelando a los participantes.

La intención detrás sería la de fabricar más patrañas para agregar al expediente criminalizatorio contra Venezuela, relacionarla con estructuras criminales en la región y proporcionar argumentos falsos para que gobiernos vecinos subordinados a Washington —como podría ser el caso de Chile y Argentina— presionen política y económicamente el país, un escenario que ya hemos visto en años anteriores.

En todo caso, las evidencias públicas sugieren que todo este movimiento y dinamismo en medios de comunicación tendrían la intención de refinar un expediente que buscaría vincular la estructura criminal del Tren de Aragua con el Estado venezolano, presentarlo como un “Al Qaeda” caribeño y al gobierno bolivariano como el "régimen talibán”. Así, a falta de mecanismos políticos directos capaces de, bajo esa lógica, desequilibrar la situación a favor del cambio de régimen, la construcción de este clima podría propiciar la validación de una intervención, quizás preventiva, para garantizar el combate a la estructura criminal que afecta ya no a Venezuela sino a todo el continente.